Más sucio que Espert: Fuerte repercusión nacional por el desvío de fondos públicos para financiar la candidatura de Agustín Coto

El escándalo político que sacude al espacio La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, debido a la filtración de audios del diputado nacional Santiago Pauli, alcanzó una repercusión nacional que puso bajo la lupa la coherencia del discurso libertario.

Según múltiples medios, los audios —difundidos y luego verificados— muestran al diputado Pauli exigiendo a sus asesores que le transfieran el ítem “desarraigo”, un plus salarial destinado a cubrir gastos políticos partidarios de La Libertad Avanza.

La Nación, Página/12, Ambito, Revista Noticias, Letra P, El Destape, Data Clave, BardeoNews, La Política Online, Tiempo Argentino, La Voz de Córdoba, entre otros, dedicaron espacio al escándalo libertario en Tierra del Fuego.

También los periodistas Eduardo Feinmann, Bay Etchecopart, Gustavo Sylvestre, Alejandro Bercovich, Pablo Duggan y Jorge Rial, entre otros, trataron el escándalo en televisión y radio.

Entre las frases más contundentes, Pauli dice: “Voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo”.

La denuncia proviene de un asesor identificado como Rolando Correa (“Rolo”), quien afirma que junto con otros asesores de Río Grande estaban obligados a transferir ese monto a cuentas designadas por el partido.

El plus, según los medios, rondaría los 500.000 pesos mensuales por persona en algunos casos.

Los medios nacionales tomaron la noticia, señalando la contradicción entre el discurso anti casta del espacio libertario y las acusaciones de uso irregular de fondos públicos.

Desde lo local, el escándalo ganó las portadas con los detalles de la maniobra y su implicancia política. En redes sociales también fue ampliamente comentada, señalando un posible precedente de financiamiento partidario con recursos del Estado.

El ítem “desarraigo” está concebido como un viático para facilitar la labor legislativa fuera del domicilio habitual, no como un aporte al partido. Su uso distinto puede configurar un conflicto ético o legal.

Por estas horas, con la veracidad de los los audios y las transferencias comprobadas, podrían abrirse investigaciones por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o extorsión laboral.

Hasta el momento no se ha presentado formalmente una denuncia penal que haya llevado a una causa con expediente público, según los medios consultados. Tampoco la Justicia actuó de oficio.

En definitiva, lo que comenzó como una denuncia local escaló rápidamente a un tema de alcance nacional. El caso de Santiago Pauli no solo se trata de presuntas irregularidades individuales, sino que pone en evidencia la tensión entre el discurso y los hechos dentro de un espacio político que aspiraba a marcar diferencia.

Mientras, Correa ya manifestó que teme represalias y responsabilizó a Pauli y otros dirigentes del espacio por cualquier eventual situación.