Melella debe explicar por qué no convocó al fiscal de estado por la intervención del puerto

Gustavo Melella, es el principal responsable de que la "batalla judicial" por la recuperación del puerto, naciera muerta.

La crisis del Puerto de Ushuaia ha dejado de ser una disputa de jurisdicciones para convertirse en una exhibición obscena de desprecio por las instituciones fueguinas. Mientras el Gobierno Provincial gasta 60 mil dólares (90 millones de pesos) en un estudio jurídico privado de Buenos Aires, el Fiscal de Estado de la Provincia, el Dr. Virgilio Martínez de Sucre, confirmó oficialmente que "no ha recibido instrucciones" del Gobernador para intervenir en la defensa del mayor activo estratégico de la Provincia.

El silencio del guardián de la ley

La nota enviada por la Fiscalía de Estado al legislador Pablo Villegas —ingresada por mesa de entradas de la Legislatura este jueves 5 de febrero a las 13:44 hs.— es un documento categórico. En ella, Martínez de Sucre deja claro que Melella lo mantuvo al margen de la mayor crisis institucional de su mandato. Esta decisión no fue un olvido: fue una maniobra deliberada para eludir el control de legalidad.

¿Por qué el Gobernador prefirió endeudar a los fueguinos pagando una cifra millonaria al estudio YMAZ S.R.L. en lugar de acudir al órgano que, por mandato constitucional, debe defender el patrimonio de la provincia? La respuesta parece esconderse en las sombras de una gestión que prefiere la lealtad política a la idoneidad técnica.

El Dictamen Fiscal: Un revés anunciado

Este ocultamiento deliberado fue detectado de inmediato por la Justicia Federal. En su Dictamen N.º 3/2026, la Fiscal Federal "Ad Hoc", Candela Fernández Núñez, señaló que la comparecencia de Melella sin la representación conjunta de la Fiscalía de Estado constituye un "defecto de personería que obsta la regularidad de la actuación procesal".

La bofetada técnica es total. La fiscalía le recuerda al Gobernador que:

La Constitución Provincial (Art. 167) y la Ley Provincial Nº 3 obligan a que la Fiscalía de Estado sea parte necesaria en todo juicio donde se afecten los intereses de la provincia.
La ausencia de esta intervención torna irregular la actuación procesal y afecta el orden constitucional de distribución de competencias.
El Fiscal de Estado es el representante natural en todos los juicios donde se controviertan los intereses provinciales, cualquiera sea su fuero o jurisdicción.
¿Qué compró Melella con 60 mil dólares?

Si el gobernador contrató a "especialistas" porteños, ¿cómo es que nadie le advirtió que no podía puentear al Fiscal de Estado? ¿Cómo permitieron que el asesor Emiliano Fossatto se presentara sin matrícula federal? La respuesta es que esos 60 mil dólares no compraron seguridad jurídica, sino una puesta en escena cara y mal ejecutada.

Al intentar eludir a la Fiscalía de Estado, Melella no solo cometió un error de procedimiento; rompió el contrato de transparencia con el pueblo fueguino. Al desplazar al organismo de control para poner a funcionarios políticos sin experiencia en el fuero federal, el Gobernador se convirtió en el principal responsable de que la "batalla judicial" naciera muerta.

Las preguntas que el Gobernador debe responder

Ushuaia asiste hoy a la confirmación de lo que Agenda Malvinas venía denunciando: el desapoderamiento del puerto es el resultado de una gestión que se boicotea a sí misma.

1.    ¿Por qué eludió al Fiscal de Estado? ¿Qué temía que el órgano de control descubriera en la administración del puerto?

2.    ¿Quién autorizó el pago de 90 millones a un estudio privado cuando la provincia tiene sus propios abogados y un organismo constitucional para esta tarea?

3.    ¿Cómo piensa subsanar la "omisión irregular" señalada por la fiscalía federal tras haber perdido ocho días críticos en plena temporada récord?

La soberanía no se defiende con facturas en dólares emitidas en Buenos Aires; se defiende respetando la Constitución de Tierra del Fuego. El "atropello" del que habla Melella no viene solo de la Nación; hoy queda claro que el primer atropello contra las instituciones fueguinas se cometió en su propio despacho.