El sometimiento de las Fuerzas Armadas Argentinas a la agenda EE.UU viola su ley de defensa

El gobierno de Javier Milei ha dado un paso irreversible hacia la extranjerización de la política de seguridad nacional. Bajo el mando del ministro de Defensa, Carlos Presti, la República Argentina ha sellado en la sede del Comando Sur (Florida, EEUU.) un pacto que integra a nuestras Fuerzas Armadas en una "coalición multilateral" contra el narcoterrorismo. Este acuerdo no es una simple cooperación; es un giro estratégico que compromete la autonomía del país, viola leyes fundamentales y desvía el eje de la defensa nacional hacia conflictos ajenos.

1. El fin de la Autonomía: Fuerzas Armadas al servicio del Comando Sur

El corazón de este pacto es la integración operativa de militares argentinos en una fuerza multinacional liderada por Washington. Bajo el concepto de "distribución de cargas", Argentina se compromete a aportar personal y recursos para intervenir en lo que Estados Unidos define como "narcoterrorismo".

Este despliegue tiene consecuencias gravísimas:

Entromisión en asuntos internos: El pacto habilita la posibilidad de que tropas argentinas participen en operaciones dentro de otros países de la región o que, bajo la excusa de la coalición, se permita la injerencia extranjera en asuntos de seguridad interna de nuestro propio país.
Violación de la Ley: El acuerdo esquiva el control del Congreso de la Nación. Al redefinir misiones militares para combatir el narcotráfico, el Ejecutivo está violando de hecho la Ley de Defensa Nacional 23.554 y la Ley de Seguridad Interior 24.059, que prohíben taxativamente que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos domésticos.
2. La claudicación estratégica: Narcotráfico sí, Malvinas no

Mientras el Gobierno invierte tiempo, energía y el adiestramiento de sus cuadros en una guerra dictada por el Pentágono, el vacío en la defensa del propio territorio nacional es absoluto. Argentina es un país con 1,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio usurpado por Gran Bretaña, pero el Plan de Defensa Nacional parece haber desaparecido.

Es una contradicción sangrienta: el mismo Estado que envía a sus militares a Florida para planificar la lucha contra los cárteles, no tiene un plan de adiestramiento, reequipamiento ni disuasión frente al colonialismo británico en el Atlántico Sur. El direccionamiento es claro: las Fuerzas Armadas argentinas han dejado de ser el escudo de la Nación frente al invasor extranjero para convertirse en una fuerza auxiliar de seguridad para la agenda de Donald Trump.

3. El trasfondo de la crisis: Cuarteles vacíos y salarios de miseria

Este pacto de sumisión se firma sobre las cenizas de una institución que el propio Gobierno está desmantelando desde adentro. Para que este esquema de "fuerza auxiliar" funcione, el Estado ha dejado caer la dignidad del personal militar:

Deserción y muerte: La desmoralización en los cuarteles es total. El reciente deceso de un soldado voluntario en Salta —el sexto caso en el término de un mes— es el síntoma de una tropa abandonada.
Sueldos de indigencia: Con salarios que no cubren ni la mitad de la canasta básica, el profesionalismo militar se desmorona. Un soldado que no puede alimentar a su familia es más vulnerable a aceptar estas misiones de riesgo "terciarizadas" por mandos extranjeros.
Un pacto a espaldas de la Constitución

El "Pacto de Doral" no es otra cosa que un acta de entrega. La remasterización de la Doctrina de Seguridad Nacional de la década de 1970. Al no pasar por el Congreso, carece de legitimidad democrática. Se está utilizando a los militares argentinos como "mano de obra barata" para una guerra de fronteras que no es la nuestra, mientras se renuncia de facto a la custodia del Mar Argentino y la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

Un país que no entrena a sus hombres para recuperar lo propio, pero los ofrece para patrullar lo ajeno, ha dejado de tener una política de Defensa para pasar a tener una política de subordinación colonial.