La Legislatura Fueguina silencia la entrega del Puerto de Ushuaia a Milei

Virgilio Martínez de Sucre “desmintió a Murcia en su cara” y “lo puso en una situación muy incómoda”; cuando aseguró que el 16 de diciembre se había reunido con Murcia y laconsejado presentar una “cautelar urgente”.

El pasado miércoles 8 de abril, en el seno de la Comisión N° 2 de la Legislatura fueguina, la gestión de Gustavo Melella sufrió un colapso moral definitivo. No fue una reunión consultiva más; fue el escenario donde el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, quedó expuesto como el ejecutor de una maniobra de entrega del mayor activo estratégico de Tierra del Fuego, luego de reconocer que mintió en cuanto a no haberse reunido con al Fiscal de Estado previo y después de la intervención por el gobierno nacional.

Ese día, la Comisión Nº 2 - Economía, presupuesto y hacienda- que preside Matias Lapadula, realizó en el edificio de los bloques políticos de la ciudad de Ushuaia (San Martín 1431); una reunión pública y abierta entre las 14 y las 16; y una reunión confidencial y cerrada, desde las 16 y las 18.

Durante la sesión pública, frente a los legisladores Matías Lapadula, Federico Sciurano, Pablo Villegas, Raúl Von Der Thusen, Laura Colazo, Natalia Gracianía, Juan Carlos Pino, Tomás Garcia y Victoria Vuoto, los trabajadores portuarios y la prensa; Roberto Murcia había explicado que no había dado intervención al Fiscal de Estado, porque desde 1992 el puerto “es un organismo autárquico”. Que por tal motivo había considerado que no era necesario, ya que el Fiscal de Estado no tenía competencia y porque además él se comunicaba con la Secretaria Legal y Técnica del Gobierno. Por lo tanto, dijo interpretar; que era esa área quien estaba en contacto con el Fiscal de Estado. Lo máximo que atinó a decir fue: "Me puedo haber equivocado en no haber consultado al Fiscal de Estado".

Las respuestas del presidente del organismo portuario, en cuanto a los desmedidos alcances de la autarquía con la que defendió su accionar, generó más de un reproche de los legisladores; teniendo en cuenta que Murcia estaba reconociendo desconocer la Constitución de Tierra del Fuego y sus leyes, o que mentía sabiendo que las violó con plena conciencia de sus actos.

Dos horas después, en el seno de la reunión de la Comisión y a puertas cerradas, Roberto Murcia quedó expuesto ante una verdad que él mismo ocultó durante 90 días, detrás de evasivas y mentiras.

Según confirmaron tres legisladores a Agenda Malvinas, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, “desmintió a Murcia en su cara” y “lo puso en una situación muy incómoda”; cuando aseguró que el 16 de diciembre -el mismo día de la notificación nacional informando su decisión de intervenir el puerto- se había reunido con Murcia y aconsejado presentar una “cautelar urgente”.

Martínez de Sucre no fue solo. Fue a la reunión acompañado de cinco profesionales de la Fiscalía, dos de los cuales habían estado presente junto al Fiscal el 16 de diciembre cuando se produjo la reunión oficial con Murcia.

También los legisladores tomaron conocimiento, que horas después de ejecutada la intervención por Agencia Nacional de Puertos y Navegación el 21 de enero; la Fiscalía de Estado volvió a comunicarse con Murcia, donde le solicitaron datos precisos de la documentación que los miembros de la intervención presentaron para tomar control del puerto y de las acciones que llevaron adelante. Respuesta que Murcia realizó tarde e incompleta.

“Virgilio lo mató”, expresó un legislador. Otro, en el mismo tono; utilizó la siguiente expresión: “El Fiscal de Estado lo cocinó. Murcia quedó destruido”. Una legisladora transmitió: “Murcia no dijo una sola palabra. Estaba muy mal. Por un momento estaba como descompensado. Algunos creímos que después de eso iba a presentar la renuncia”.

Queda claro que ahora, oficialmente; la legislatura tomó conocimiento del propio Fiscal de Estado; que el Poder Ejecutivo sí lo consultó y que no solo ignoró el consejo del máximo órgano de control de la provincia, sino que ocultó esa información, dando vía libre a una intervención federal ejecutada -según dijo Murcia- a las 23:59 del 20 de enero. 

Hoy domingo 26 de abril, aniversario 36 de la Provincialización de Tierra del Fuego, y a 18 días después de aquella reunión reveladora; lo más alarmante no es solo lo que conoce de lo que ocultó Murcia; sino el silencio absoluto de los legisladores. Tras escuchar, registrar y ser testigos presenciales de cómo el Fiscal de Estado dejaba a Murcia "sin palabras" al descubrir sus mentiras; ningún bloque, ningún legislador se ha expresado con franqueza y claridad, ni ha impulsado una resolución contundente, ni ha exigido la renuncia del funcionario.

La intervención del 21 de enero no fue una sorpresa; fue una entrega acordada. El Gobierno de Melella ejecutó una "zona liberada" administrativa: vació las cuentas, desoyó al Fiscal de Estado, contrató estudios privados para simular una defensa y hoy permite que el control del puerto y su recaudación, está en manos del gobierno nacional.

Si Murcia aún no ha renunciado tras ser descubierto en una mentira ante los miembros de la comisión parlamentaria, por la máxima autoridad de control de la provincia, es porque su permanencia es necesaria para completar la entrega.

Entiéndase; el puerto de Ushuaia no fue robado; fue cedido llave en mano. Y el silencio de una mayoría de la Legislatura, 19 días después de conocer la verdad, empieza a sonar a consentimiento.