Zanini pedirá la opinión del Ministerio Público Fiscal antes de definir (o no) el calendario electoral

Por: Gonzalo Benito Zamora

La superestructura política y judicial de Tierra del Fuego sigue atenta al trámite de la reforma constitucional que el gobernador Gustavo Melella impulsa cada vez con mayor soledad. Este 12 de abril se cumplió el plazo legal para que el Juzgado Electoral, a cargo de Mariel Zanini, resuelva el calendario electoral de cara a la elección convocada para el próximo 9 de agosto. O quizás no.

Fuentes de esa institución confiaron a el delivery que este miércoles no habría calendario electoral para la mentada reforma. En cambio, se abriría un nuevo capítulo, esta vez con intervención del Ministerio Público Fiscal. Según indicaron a este medio, Zanini remitirá las actuaciones a ese organismo “para que tome intervención” en el marco de la Ley N° 470 y de la Ley N° 147. Desde el momento en que el expediente ingrese al ámbito fiscal, correrá un plazo de cinco días hábiles para la emisión de una opinión.

Allí aparece el primer escollo: Qué fiscal debe intervenir. Formalmente, debería hacerlo el Fiscal Mayor. Sin embargo, ese cargo se encuentra vacante, por lo que habrá que aguardar si interviene el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, o si el expediente queda en manos de Nicolás Arias, quien actualmente se encuentra de guardia.

Las consultas realizadas por este medio permiten reconstruir algunos de los argumentos que evalúa por estas horas el Juzgado Electoral para solicitar la opinión del Ministerio Público Fiscal.

El primero tiene que ver con el propio decreto de convocatoria firmado por el gobernador Melella. El Gobierno fundó la validez del acto en el fallo del Superior Tribunal de Justicia dictado en la causa iniciada por el legislador Jorge Lechman. Sin embargo, el artículo 4° de esa sentencia otorga un plazo de 210 días para la emisión de un nuevo decreto una vez que el fallo se encuentre “firme”. Es decir, una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la queja presentada nuevamente por Lechman. “Incluso la Jueza María del Carmen Battaini usa la frase ´firme la presente´”, señaló una de las fuentes consultadas, que pidió estricta reserva.

De este modo, la posible intervención de la Corte Suprema, que ya acumula antecedentes en conflictos vinculados a intentos de reformas constitucionales en distintas provincias, aparece como un elemento que el Juzgado Electoral no estaría dispuesto a pasar por alto. Este medio consultó el sitio web del Poder Judicial de la Nación y constató que el expediente CSJ 002872/2025-00, caratulado como “Lechman, Jorge Andres c/ Provincia de Tierra del Fuego s/accion meramente declarativa”, se encuentra “en despacho” y registra como último movimiento el pasado 30 de marzo.

Pero ese no es el único punto de tensión. Para Zanini tampoco pasaría inadvertido que, en la última sesión ordinaria, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una norma que deroga la ley que sirve de fundamento al llamado a reforma constitucional. El documento que será remitido a la fiscalía dejaría plasmado que esa ley, que llegó al recinto con dictamen de comisión y fue aprobada por 11 votos afirmativos, produce un grado de “incertidumbre jurídica” notable sobre el proceso.

Cabe recordar que el prestigioso constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo la semana pasada en el programa La Ciudad Despierta que al encontrarse en una etapa "preconstituyente" la decisión tomada por el parlamento "debe prevalecer" y la ley de abrogación no se puede vetar. Un día más tarde el ex juez electoral, Isidoro Aramburu, también opinó que el trámite se encuentra en un estadío "preconstituyente" y que de continuar en el cargo optaría por la máxima prudencia, algo que parece estar haciendo su sucesora, Mariel Zanini, quien entiende que el contexto actual dista mucho de aquel de 2024.

Un proceso electoral debe contar, por su propia naturaleza, con estabilidad y reglas de juego claras. Según indicaron a el delivery, la vigencia del trámite judicial ante la Corte Suprema, sumada a la sanción de la ley que abroga la norma original, podría configurar una “situación de inestabilidad” que impediría garantizar un nivel razonable de “certeza y seguridad jurídica al proceso”.

A la fecha, el Juzgado Electoral cuenta con presentaciones de tres partidos políticos que solicitan la emisión de un cronograma electoral para contar con previsibilidad de cara al eventual proceso eleccionario. La inquietud no es menor. “¿Qué tranquilidad pueden tener los partidos políticos para hacer sus frentes electorales o definir sus candidaturas si todo el trámite está controvertido?”, se preguntó otra de las fuentes consultadas. Y agregó que el escenario es todavía “más sensible para la ciudadanía”.

En el Juzgado Electoral entienden que los riesgos de “frustración, suspensión o alteración del proceso electoral” son elevados en este momento. Por eso, la opinión del Ministerio Público Fiscal resulta relevante para la magistrada, quien tampoco desconoce que el dictamen podría incluir una mirada sobre su propia competencia para intervenir.

Mientras tanto, la discusión institucional sigue encerrada en expedientes, plazos, leyes derogadas, decretos publicados y presentaciones judiciales. La reforma constitucional, que el Gobierno intentó presentar como una discusión de futuro, quedó atrapada en una trama de incertidumbre jurídica y aislamiento político. Afuera de esa superestructura, la vida cotidiana de la provincia sigue corriendo por otro carril.