Piden conformar una causa única para investigar los vuelos de la muerte en el Primer Cuerpo de Ejército

El eslabón final del exterminio. Una “forma cristiana” de muerte. La posibilidad de borrar toda evidencia de los crímenes. Los vuelos –“fantasma” o “sin puertas”– fueron para la dictadura un mecanismo tan siniestro como sofisticado para administrar la muerte de quienes habían estado cautivos en los campos de concentración. Medio siglo después, el conocimiento sobre los vuelos sigue siendo fragmentado. Para avanzar con la búsqueda de verdad y la identificación de los responsables, el abogado querellante Pablo Llonto le pidió al juez federal Daniel Rafecas que conforme una causa para investigar los vuelos que partieron desde la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

A Luis Alberto Martínez lo conocían en la Policía Federal como el “Japonés”. Durante los primeros años de la dictadura, prestó funciones en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y pululó por distintos centros clandestinos de detención. En 1981, el “Japonés” fue detenido en Suiza mientras intentaba cobrar un secuestro extorsivo.

En julio de 1981, el “Japonés” le dio una declaración a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La declaración completa nunca se conoció. En el documento que el organismo hizo circular, se podía leer un detalle sobre lo que años después se conocería como los “vuelos de la muerte”.

Martínez le habló del “destino final” a una argentina que trabajaba para la FIDH. “Los oficiales y algunos suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones Pick Up cerrados con destino al Aeroparque Jorge Newbery sobre Costanera, por la entrada de Avenida Sarmiento. Antes de llegar a la vía del ferrocarril había una entrada, custodiada por efectivos de la Aeronáutica. Estos traslados se hacían siempre de noche”, decía la declaración.

Martínez daba más detalles. Contaba que, al llegar, los prisioneros eran inyectados con Ketalar o Valium. Las drogas llegaban en unos envoltorios identificados como del Ejército Argentino. Los vuelos, según su relato, duraban una media hora.

En algunos casos, los cuerpos aparecían en las costas. Si esto sucedía, intervenía la policía y después llegaba la orden de cerrar la investigación diciendo que se trataba de personas que se habían ahogado. Este mecanismo era el que se seguía entre 1975 y 1976, dijo ante la enviada de la FIDH.

Casi quince años después, el periodista Horacio Verbitsky consiguió en Página/12 la confesión del marino Adolfo Scilingo, que reconocía haber participado en dos vuelos de la muerte con prisioneros que eran sacados de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los dichos públicos de Scilingo --que incluso señalaban que se hicieron con el beneplácito de la Iglesia-- volvieron a los vuelos de la muerte una verdad tan inconcebible como innegable y obligaron a las Fuerzas Armadas a ensayar autocríticas sobre su accionar durante los años del terrorismo de Estado.

Tras la reapertura de las investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura, se fueron sumando declaraciones de exintegrantes de las fuerzas que daban cuenta de este mecanismo. La investigadora María Laura Guembe habla en su libro Tekmerion de un “efecto Scilingo”. Dentro de la lista de quienes contaron lo que sabían después de la confesión del marino se encuentra Federico Talavera, exgendarme del Destacamento Móvil 1 con asiento en Campo de Mayo.

Talavera declaró haber manejado desde el Olimpo –el centro clandestino que funcionó entre 1978 y 1979 en el barrio porteño de Floresta– hasta el Aeroparque. Talavera conducía un furgón en el que viajaban unas 45 personas que iban directo hacia la muerte. El exgendarme también dijo que le tocó ir a buscar militares al Aeropuerto de Ezeiza, pero que, en ese caso, no había prisioneros.

Omar Torres es un gendarme que declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Reiteró su testimonio en el Juicio a las Juntas y en los procesos posteriores. En el caso de Torres, él refirió que los prisioneros eran llevados a la Base Aérea del Palomar. El dato fue corroborado por el fiscal federal Federico Delgado, que investigaba los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército junto con Rafecas.

Desde 2017, la justicia empezó a dictar sentencias en las que se reconocían los vuelos de la muerte. Ese año, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó a los pilotos del Skyvan de la Prefectura que partió desde el Aeroparque a las 21.30 del 14 de diciembre de 1977. A bordo iban tres Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete militantes que solían reunirse en la Iglesia de la Santa Cruz. Todos ellos fueron arrojados adormecidos a las aguas.

En 2022, el TOF 2 de San Martín condenó a la plana mayor del Batallón de Aviación 601. Sus integrantes fueron considerados responsables de los vuelos de la muerte que partían desde la guarnición de Campo de Mayo.

En mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a tres gendarmes a prisión perpetua por su participación en el vuelo del 6 de diciembre de 1978 con un grupo de secuestrados que fueron sacados desde el Olimpo.

En su presentación, Llonto remarca que está claro que hubo vuelos con prisioneros del Primer Cuerpo de Ejército desde el Aeroparque y desde la Base del Palomar. Por eso, le pide a Rafecas que conforme una causa única y que centre su mirada en el rol que jugaron la Fuerza Aérea y la Policía Federal –particularmente la Superintendencia de Bomberos.

“Es imprescindible a esta altura de los juicios que se cite a todo el personal que trabajó en las bases aéreas para que cuenten lo que saben”, dice Llonto.

“No es posible que los pilotos de los vuelos de la muerte del Primer Cuerpo y gran parte de los de ESMA y Campo de Mayo aún no hayan sido juzgados hasta el momento cuando se tienen los listados completos. Sólo falta determinar quiénes de esos listados pilotearon esos aviones o helicópteros y quiénes fueron sus jefes que organizaron este método de exterminio. Seguiremos buscando las pruebas pero necesitamos que la justicia se mueva más rápido que nunca con las causas de lesa humanidad”, completa.

Hace unos meses, Rafecas le pidió información al ministro de Defensa Carlos Presti sobre los aviones que estaban en Aeroparque y Ezeiza. La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) también remitió un informe con documentación sobre este tema.

En la web vuelosdelamuerte.org, las investigadoras Ximena Tordini y Natalia Federman reconstruyeron que, entre abril de 1976 y abril de 1979, aparecieron, al menos, 76 cuerpos en las costas argentinas y uruguayas. Solo 47 pudieron ser identificados.