El Gobierno retiró el capítulo de la Ley de Tierras para frenar un revés y asegurar el debate

El Gobierno decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para evitar una derrota en el Senado. Sin embargo, la iniciativa que se debatirá este jueves mantiene buena parte de las reformas originales impulsadas por el Poder Ejecutivo y sigue generando fuertes cuestionamientos.

Aunque la discusión pública quedó centrada en la extranjerización de tierras, el proyecto también cambia las reglas para los desalojos, las expropiaciones, la protección de los terrenos incendiados, la regularización de viviendas y los registros inmobiliarios. En todos los casos, el objetivo declarado por el Gobierno es reforzar el derecho de propiedad y reducir la intervención del Estado.

Uno de los cambios más importantes acelera los procesos judiciales para recuperar un inmueble. Las causas pasarán a tramitar por una vía más rápida y, en algunos casos, un juez podrá ordenar la restitución del inmueble antes de que termine el juicio si considera que el derecho del propietario está suficientemente acreditado.

Para los críticos, esto deja a inquilinos y ocupantes con menos tiempo para defenderse. El proyecto incorporó algunas garantías para familias con niños, personas mayores o personas con discapacidad, aunque mantiene el objetivo de agilizar los desalojos.

Otro de los puntos más cuestionados modifica la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente impide durante décadas cambiar el uso de tierras afectadas por incendios para evitar que se prenda fuego con fines inmobiliarios, turísticos o productivos. El proyecto elimina parte de esas restricciones y limita la protección a un grupo más reducido de terrenos.

Con este cambio, el Gobierno busca facilitar futuros emprendimientos sobre tierras incendiadas y debilita una herramienta creada para desalentar incendios intencionales.

El proyecto cambia las reglas para que el Estado pueda expropiar una propiedad cuando necesita hacer una obra de interés público. Hasta ahora, si el Estado necesitaba un terreno para construir una ruta, un hospital o una escuela, debía justificar la utilidad pública y pagar una indemnización por el valor del inmueble.

La reforma agrega exigencias y amplía el monto que deberá pagar: además del precio de la propiedad, podrá incluir las ganancias que el dueño asegura que dejó de obtener, un concepto conocido como lucro cesante.

El cambio encarece las expropiaciones y puede hacer que obras necesarias para la población sean más lentas o más difíciles de concretar. En la práctica, una ruta que necesita un terreno, un hospital que requiere ampliar su espacio o una escuela que debe construirse en un barrio pueden quedar demorados si el Estado no consigue pagar los nuevos costos.

El Gobierno sostiene que con esta legislación busca proteger el derecho de propiedad. Sus críticos advierten que termina poniendo más obstáculos a la inversión pública y que el costo puede terminar pagándolo la sociedad con menos infraestructura o con obras que tardan más en llegar.