El discurso malvinero de Milei esconde un acuerdo que puede consolidar la ocupación británica

Por: Gonzalo Benito Zamora

Mientras Javier Milei incorpora la defensa de Malvinas a su discurso patriótico, su gobierno impulsa un acuerdo que puede fortalecer la posición británica en los territorios ocupados. El expediente PE 294/26, ingresado por el Senado, propone aprobar el Acuerdo de Biodiversidad Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como BBNJ o tratado de alta mar, firmado por la entonces canciller Diana Mondino en 2024. La contradicción merece discutirse antes de que las declaraciones soberanistas sirvan para dar por resueltas las preguntas que plantea esa decisión.

Según el análisis del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, Pesca y Alimentos de la Patagonia perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Chubut (CIDAPAL), el peligro consiste en que la Argentina conserve formalmente sus derechos mientras la administración británica gana capacidades, relaciones y aceptación cotidiana. El reclamo puede permanecer intacto y las condiciones para recuperar el ejercicio de la soberanía volverse más adversas. Para comprender cómo podría ocurrir, hay que mirar qué aporta cada país al funcionamiento del acuerdo y quién está en mejores condiciones de influir sobre sus decisiones.

Al incorporarse al BBNJ, la Argentina participaría de un sistema internacional del que también forma parte el Reino Unido, donde se presentan propuestas de conservación, se evalúan estudios y se articulan consultas y cooperación. Esas tareas requieren información sobre especies, registros de actividades, cartografía y equipos de investigación. Quien dispone de esos recursos tiene más posibilidades de orientar las propuestas y convertirse en una referencia para llevarlas adelante.

En Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los británicos ya sostienen una administración que autoriza actividades, facilita investigaciones y mantiene relaciones con instituciones de distintos países. Esa estructura puede aportar datos y servicios a los proyectos de conservación. Si los mecanismos del tratado recurren a esas capacidades, la administración de la ocupación podría ampliar su red de colaboradores y su influencia sobre la gestión ambiental del Atlántico Sur.

A eso se refiere el “reconocimiento práctico”, una idea central para entender la advertencia. No significa que otro Estado declare que las islas pertenecen al Reino Unido, sino que termine recurriendo a sus instituciones porque tienen la infraestructura, los conocimientos y los datos necesarios para trabajar. Se las consulta, se utilizan sus registros y se organizan actividades con su apoyo. Sin reconocerle jurídicamente la soberanía, otros actores pueden terminar aceptando en los hechos su papel como administrador al que hay que acudir.

Si una investigación necesita años de registros sobre una especie y apoyo para realizar una campaña, la institución que reúne esa información y puede facilitar las operaciones ocupa una posición ventajosa. Cuando esa relación se repite, sus servicios se vuelven habituales y sus vínculos se amplían. La hipótesis de CIDAPAL advierte que ese proceso puede fortalecer la estructura británica aun cuando quienes cooperan con ella no se pronuncien sobre la disputa soberana.

Además, el propio Reino Unido ha explicitado la relación entre conservación y objetivos territoriales. En su marco de gestión de Georgias del Sur y Sandwich del Sur para 2021–2025, la administración británica presentó la protección ambiental y la proyección de la soberanía del Reino Unido como objetivos centrales de su política. También destacó las asociaciones institucionales como una herramienta para ampliar su capacidad de acción en un territorio sin población permanente.

Frente a esa definición, resulta difícil justificar que la Argentina evalúe estos instrumentos únicamente por sus propósitos ecológicos. Una medida puede proteger especies y, al mismo tiempo, fortalecer a quien la diseña, la aplica y consigue que otros colaboren con ella. Londres reconoce esa relación y desarrolla herramientas para aprovecharla.

A través del programa Blue Belt, el Reino Unido articula conservación marina, asistencia técnica, monitoreo y fiscalización. Por su parte, SAERI, el instituto de investigación del Atlántico Sur radicado en Malvinas, desarrolla actividades de gestión de datos, investigación pesquera y planificación espacial marina. Sus proyectos se vinculan con necesidades de la administración isleña y de sectores económicos, mientras su red de colaboración reúne universidades, organismos públicos y organizaciones de conservación.

Aunque una universidad busque producir conocimiento y una ONG procure preservar un ecosistema, su cooperación puede aportar recursos y continuidad a esa estructura. No hace falta atribuirles una intención política común para examinar sus efectos. La administración británica puede beneficiarse de relaciones científicas y ambientales que sus participantes consideran ajenas al conflicto territorial.

En esa discusión también corresponde examinar el papel de organizaciones como WCS, Por el Mar, Sin Azul No Hay Verde y Greenpeace, entre otras, y las propuestas que acercan a los dirigentes argentinos. Cuando la promoción de acuerdos ambientales fortalece redes, conocimientos e instituciones vinculados con las potencias que ya controlan un territorio, puede funcionar como una herramienta de poder blando, incluso sin que sus impulsores lo declaren como objetivo. Por eso, cualquier iniciativa que estas organizaciones promuevan en Tierra del Fuego debe evaluarse por sus consecuencias sobre la soberanía, la producción y la capacidad científica nacional. La legitimidad de una causa ambiental no coloca a sus promotores por encima del debate sobre los intereses que sus propuestas pueden favorecer.

Si bien las salvaguardas del BBNJ protegen las posiciones jurídicas sobre soberanía, no eliminan ese riesgo. La incorporación argentina tampoco vuelve legítima por sí sola la ocupación. El problema consiste en participar de mecanismos cuyo funcionamiento podría reforzar a quien ocupa el territorio reclamado, mientras terceros encuentran cada vez más útil mantener su relación con esa administración.

Desde Tierra del Fuego, las consecuencias también se expresan en trabajo, infraestructura y oportunidades. Las campañas científicas necesitan buques, laboratorios, abastecimiento y puertos. Una red organizada alrededor de Malvinas puede fortalecer su posición logística, mientras Ushuaia y los organismos argentinos necesitan recursos para ampliar su propia capacidad de intervención. Defender la soberanía exige sostener la investigación pública y las herramientas materiales para actuar en el mar.

Por haber ingresado el proyecto por el Senado, la responsabilidad alcanza especialmente a quienes representan a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sus senadores y senadoras deberían encabezar la oposición a esta iniciativa y exigir que la discusión contemple sus consecuencias para la recuperación de las islas. Esa obligación atraviesa las pertenencias partidarias y no puede quedar satisfecha con una declaración de adhesión a la causa Malvinas.

El Senado debería rechazar el expediente PE 294/26 porque los riesgos señalados comprometen la estrategia nacional. La protección del océano requiere una política que conserve los ecosistemas y fortalezca las capacidades argentinas. Para defender la aprobación del tratado, no alcanza con invocar sus objetivos ambientales y las cláusulas que preservan el reclamo.

Mientras Milei se presenta como un presidente patriota y malvinero, el proyecto que envió al Congreso obliga a medir ese discurso contra sus decisiones. El Reino Unido ya explicó que utiliza la protección ambiental para proyectar su soberanía. Los representantes argentinos deberían impedir que nuestro país contribuya a esa estrategia con un voto afirmativo.