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Cerca de 17.000 empleos estarían en riesgo si prosperara el proyecto de ley de la Coalición Cívica para eliminar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Así lo aseguró Juan Ignacio García, el secretario de Industria fueguino.

El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para la “eliminación progresiva del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, creado por la Ley 19.640”. Dentro de algunos aspectos del texto se destaca: “suprimir los gastos tributarios que conlleva” y “promover el acceso y la disponibilidad de productos electrónicos en el país”.

Para los diputados del espacio fundado por Elisa Carrió, el Régimen de Promoción Industrial genera el mayor gasto tributario nacional. El mismo proyecto reconoce que los trabajadores del sector industrial perderían sus empleos en caso de que la ley prospere. Para eso, los diputados de la CC proponen reemplazar puestos de trabajo por subsidios por desempleo. “La creación de una asignación especialmente dirigida a garantizar el 80% de los ingresos de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el marco del régimen promocional”.

Para los promotores del proyecto los beneficios de la Ley 19.640 “son inaceptablemente acumulados por un puñado de empresarios, a costa de las cuentas fiscales de la Nación” y la derogación de la ley permitirá “un aumento de la oferta y baja de los precios de los productos electrónicos en beneficio de todos los consumidores argentinos”.

Este martes, el gobernador de Tierra del Fuego y el intendente de Río Grande firmaron un documento en defensa de la Ley 19640 y fue puesto “a disposición de todos aquellos que quieran adherir con su firma”. “Buscamos enfrentar un nuevo golpe de parte de un grupo, en este caso de la Coalición Cívica y de Juntos por el Cambio, contra la 19.640 que afecta la vida cotidiana de todo el pueblo de Tierra del Fuego”, argumentó el mandatario provincial”, citado por el portal local Infofueguina.com.

En ese contexto, PERFIL habló con Juan Ignacio García, secretario de Industria de Tierra del Fuego, quien dimensionó la magnitud del “desastre” que causaría que un proyecto de ley como el que busca derogar la 19.640 fuese aprobado.