"El radar que la filial argentina de la empresa de capitales ingleses e irlandeses LeoLabs instaló en las cercanías de la ciudad de Tolhuin debe ser inmediatamente desmantelado por las autoridades competentes. Incompetentes son todas aquellas reparticiones y funcionarios que le otorgaron personería jurídica en nuestra provincia", aseguró el senador radical Pablo Blanco.

Por medio de una gacetilla de prensa Blanco recordó que "ya han pasado casi tres meses desde que descubrí esta maniobra turbia que vulnera nuestra integridad aeroespacial y nuestra soberanía nacional. Luego de varias idas y venidas por fin la Jefatura de Gabinete de Ministros ordenó su cancelación total".

Y responsabilizó al gobernador Melella por la demora en cumplir la orden del Ministerio de Defensa Nacional. "Cualquier fueguino de ley debe entender que esto significa que lisa y llanamente que no funcione más, que se desmantele y desaparezca. Por eso, no se comprende la lentitud del gobierno provincial para llevar a cabo lo que indican el sentido común y el mandato del Poder Ejecutivo Nacional".

Insistió en que "mientras el radar siga emplazado nadie nos asegura que no funcione. Máxime cuando es de público conocimiento que cuenta con un grupo electrógeno propio y que puede ser activado a distancia sin la necesidad de operadores físicos. Sólo cuando el radar no esté más, tendremos la plena certeza de haber recuperado soberanía aeroespacial y suprimido una amenaza activa que, además, tiene rango y capacidad efectiva para vigilar la órbita baja correspondiente al sur chileno".

También pidió una investigación, posterior a la baja del radar, para encontrar a los responsables que permitieron su funcionamiento en suelo fueguino, "una vez quitado el radar habrá que realizar una profunda investigación que avance sobre las responsabilidades que en esto tuvo, sin la menor duda, el gobierno fueguino. Triste ha sido el papel de la Legislatura Fueguina que se limitó a pedir informes sin accionar ante la falta de respuestas en tiempo y forma".

"Esto no ha sido una desprolijidad administrativa sino el resultado de una voluntad política que aún no sabemos a qué responde. Por eso, no abandonaré esta cuestión hasta que se esclarezca el caso porque su resolución no depende de la Justicia sino de la política. Política ha sido la decisión de permitir que este radar se instale y política debería ser la sanción para hasta el último de sus responsables", aseguró Blanco.