Por: boca de pozo

El senador Pablo Blanco brindó detalles sobre su participación en la sesión del Concejo Deliberante de Río Grande, en la que se debatió el desmantelamiento del radar de Leolabs, Como único representante del Senado en dicho encuentro, asumió un papel protagónico desde el principio.

Durante la reunión, expresó su punto de vista en relación con la instalación del radar y las responsabilidades tanto a nivel provincial como nacional. La convocatoria resultó sumamente interesante, con la presencia de diversos actores, entre ellos Andrés Dachary, representando al gobierno provincial, Daniel Guzmán, en representación de los excombatientes, Horacio Miranda, miembros de la comunidad de Ushuaia, el Observatorio de Malvinas, representantes de la UOM y Moisés Solorza como representante de Soberanx de Tierra del Fuego AeIAS, entre otros.

El consenso general entre los presentes fue la urgencia de desmantelar el radar de manera inmediata como medida para garantizar que deje de funcionar, independientemente de las afirmaciones de la Secretaría de Comunicaciones. En este sentido, Blanco subrayó su escepticismo sobre la desactivación efectiva del radar, señalando que hasta ese momento no había sido desmontado.

El senador explicó que esta reunión se enmarcó en una Minuta de Comunicación que está siendo considerada por el Concejo Deliberante, propuesta por la concejal ‘Laly’ Mora, quien solicita la formación de una comisión investigadora a nivel legislativo para esclarecer las responsabilidades en este asunto. En este contexto, Pablo Blanco fue invitado y reafirmó su postura previamente expresada a través de los medios de comunicación.

Además, informó sobre la presentación de un proyecto ante el Ejecutivo, enfocado en la necesidad imperante de proceder al desmantelamiento del radar, dado que persistían dudas acerca de su desactivación. El senador enfatizó que el objetivo inmediato debe ser el desarme, pero subrayó la importancia de continuar investigando las responsabilidades a nivel provincial y nacional relacionadas con este tema.

Las declaraciones y advertencias emitidas por el senador fueguino se basan en la evidente intención del gobierno de Tierra del Fuego de prolongar las decisiones locales, evitando así tomar medidas concretas que la sociedad fueguina lleva tiempo reclamando.

El senador expresó su preocupación de la siguiente manera: «Si no están cumpliendo con lo que dictaminó el Ministerio de Defensa hace ya 20 días, señalando que se vulnera la seguridad nacional, que se pone en riesgo la soberanía argentina y que nos expone a posibles objetivos militares, y además no están cumpliendo con el desarme, creo que están navegando en una delicada línea que podría llevarlos a enfrentar juicios políticos. Aunque puedan creer que tienen el respaldo de la composición legislativa o que están fuera de peligro, esto es una situación grave que podría cambiar en cualquier momento».

Posteriormente, profundizó en sus declaraciones al afirmar: «Las responsabilidades de este asunto recaen claramente en el Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, después de que el Ministerio de Defensa de la Nación se pronunciara al respecto. El gobierno provincial está al borde de cruzar una línea peligrosa, y si no se toma ninguna medida, estarían permitiendo una situación ilegal en la provincia, lo que podría llevar a un proceso de juicio político. Estamos rozando la irresponsabilidad, y es legítimo considerar la posibilidad de un juicio político».

Además, destacó que «la vulneración de la seguridad nacional ya ha sido señalada por el gobierno nacional, que canceló la autorización precaria y notificó al gobierno provincial. Si la provincia está al tanto de estas advertencias y no toma acción, no podemos garantizar que no se estén poniendo en riesgo graves consecuencias».