El pasado 29 de septiembre, el gobierno provincial promulgó el Decreto 2484/23, una medida que reestructura la asignación del subsidio provincial para el consumo residencial de Gas Licuado de Petróleo (GLP), afectando a numerosas familias que dependen de este recurso esencial.

El instrumento introduce cambios significativos en el Subsidio a los Consumos Residenciales de GLP (Régimen de Zona Fría), administrado por la Nación a través de la Secretaría de Energía. Este programa ha sido fundamental para apoyar a los hogares de bajos recursos y a aquellos sin acceso a redes de gas natural.

Sin embargo, con la implementación del Decreto 2484/23, aquellos hogares que se encuentren fuera del Registro nacional de barrios populares (RENABAP) o de “barrios asimilables”, así como aquellos hogares con ingresos equivalentes a 5 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), dejarán de percibir el subsidio que reconoce la Provincia. En otras palabras, solo contarán con el reconocimiento nacional y deberán seguir utilizando la Tarjeta Solidaridad.

Por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia del régimen de segmentación, los hogares que no estén incluidos en el Registro nacional de barrios populares en proceso de integración urbana (RENABAP) o barrios asimilables, o que perciban ingresos mayores o iguales a 5 Salarios Mínimo Vital y Móvil (660 mil pesos a octubre) dejarán de percibir el subsidio provincial. Este será el “nivel 1”.

Aquellos incluidos en el RENABAP o barrios asimilables, o que perciban ingresos mayores o iguales a 3 SMVM (396 mil a octubre) y menores a 5 SMVM, abonarán el 10% de la tarifa final mensual del kilo de GLP, y el Estado Nacional y Provincial subsidiarán el 90% restante. Todos ellos serán incluidos en el “nivel 2”

El nivel 3 estará integrado por los hogares incluidos en el RENABAP o barrios asimilables, o que perciban ingresos menores a 3 SMVM, y abonarán el 2% de la tarifa mensual del kilo de GLP, y el Estado Nacional y Provincial continuarán subsidiando el 98% restante.

En términos absolutos el impacto es considerable, ya que en la actualidad no existe tal segmentación y la participación de los beneficiarios en el costo por kilo de GLP ronda el 0,4%. Una vez que se implemente la norma, pasarán a abonar el 2% (nivel 3), el 10% (nivel 2) y el 54% (nivel 1).

Por otra parte, una situación que puede generar polémica a la hora de su implementación es el uso de la conjunción disyuntiva en la redacción del articulado. En otras palabras, al utilizar la conjunción “o” para indicar las diferentes opciones permite interpretar una opción entre varias. En este caso una opción entre “RENABAP”, “barrios asimilables” o la cantidad de SMVM que percibe el hogar. Siguiendo este razonamiento un hogar integrado por dos empleados públicos de rango medio pasarían a integrar el “nivel 1” (más allá de la tipificación del barrio) y, por lo tanto, asumir la totalidad del subsidio provincial.

Vale la pena recordar que en la actualidad un hogar abona 2 pesos sobre los 433 que cuesta el kilo de GLP. Al tener que asumir la parte provincial, en el caso de quienes integren el “nivel 1”, el aumento en términos absolutos superaría el 11.000% (once mil por ciento), ya que pasarían a abonar 234 pesos.

El impacto sobre las familias, que no son responsables de no contar con red de gas natural, es contundente. Estas familias, muchas de las cuales ya están lidiando con dificultades económicas, ahora enfrentan un aumento en sus gastos debido a este ajuste en los subsidios.

Según los datos disponibles hay unos 6.700 beneficiarios del Subsidio a los Consumos Residenciales de GLP (Régimen de Zona Fría). En los datos que maneja el Ministerio de Economía de la Provincia, casi 900 familias (un 14% aproximadamente) perciben ingresos iguales o superiores a 5 SMVM. De todas maneras es importante comentar que existe un porcentaje importante de beneficiarios de los cuales se desconoce el nivel de ingreso, por lo que esa cifra seguramente se verá incrementada.

Además, aunque el decreto estratifica a los hogares según la cantidad de Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que percibe el grupo conviviente en el hogar, esta medida puede no reflejar adecuadamente las necesidades y circunstancias individuales de cada hogar, especialmente si tenemos en cuenta que el SMVM es una referencia nacional, que no distingue el verdadero costo de vida que rige en Tierra del Fuego.

La Responsabilidad del Estado y Camuzzi

Es importante destacar que la necesidad de estos subsidios surge en gran parte debido a la falta inicial del Estado y la empresa Camuzzi para proporcionar una red de gas natural. Las familias que dependen del GLP lo hacen porque no tienen otra opción; no tienen acceso a una red de gas natural debido a la falta inicial del Estado para proporcionar una.

Además, esta situación crea una disparidad significativa entre aquellos que tienen acceso a la red de gas natural y aquellos que no. Para poder contar con el servicio de gas en la zona más austral de la Argentina, el usuario debe abonar mucho más dinero que aquellos que cuentan con la red de gas instalada.

Si bien es comprensible que el gobierno busque mejorar la eficiencia en la administración del sistema de subsidios y lograr una mayor equidad en la distribución de los recursos públicos provinciales, es crucial que estas medidas no se implementen a expensas de las familias más vulnerables.

Es imperativo que se revisen los subsidios a nivel provincial y se articulen instrumentos efectivos para identificar una forma adecuada para segmentar los usuarios subsidiados. Sin embargo, cualquier cambio debe considerar cuidadosamente su impacto en las familias más vulnerables y garantizar que no se vean desproporcionadamente afectadas.

En última instancia, el desafío radica en equilibrar la necesidad de una administración eficiente y equitativa de los subsidios con la obligación moral y social de proteger a las familias más vulnerables.