En una reciente entrevista realizada en el programa radial "el delivery", el Legislador provincial por el Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Pablo Villegas, abordó en detalle la crisis carcelaria que afecta a la provincia. El parlamentario expuso la situación crítica que atraviesan las unidades penitenciarias, haciendo hincapié en la sobrepoblación y, por lo tanto, la afectación a derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El Comité de Prevención de la Tortura, que él preside, presentó un hábeas corpus y una medida cautelar para que “se ordene al Poder Ejecutivo que no ingrese más gente” y que se reduzca la cantidad al cupo establecido según la normativa.

“Como integrante del Comité de Prevención de la Tortura de Tierra del Fuego, y luego de aproximadamente dos años de reclamos entre las distintas autoridades administrativas, particularmente el Servicio Penitenciario, el Poder Ejecutivo Provincial, nos dimos la obligación de presentar un habeas corpus colectivo-correctivo, que es una herramienta legal que nos permite denunciar una situación de agravamiento ilegítimo de las condiciones en que las personas cumplen", expresó Villegas, destacando la labor del Comité en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

El legislador señaló que la situación más crítica se encuentra en la Alcaldía de Lasserre y Deloqui, así como en los Anexo 1, 2 y 3, ubicados en Goleta Florencia y Andrade. Villegas enfatizó en la sobrepoblación carcelaria como uno de los principales problemas, citando cifras alarmantes: "El servicio penitenciario dice que pueden tener cabida 44 y en realidad hay 94 personas allí", afirmó.

Las condiciones de hacinamiento y falta de infraestructura adecuada han generado una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. “La sobrepoblación carcelaria es manifiesta, además está reconocida de manera extrajudicial por las propias autoridades del servicio penitenciario”, agregó. 

Villegas manifestó que la Constitución y las leyes establecen que, cuando una persona, por orden judicial, se vea privada de su libertad ambulatoria, no se la “prive del derecho a la dignidad humana, del derecho a la educación, del derecho a la salud y de tantos otros derechos a la integridad física, a la integridad emocional, a la integridad psicológica”. Sin embargo, lo que sucede en Tierra del Fuego en la actualidad es que existe una veintena de personas durmiendo en colchones, hay carencia de espacios, de instalaciones sanitarias acordes e, incluso, “conexiones clandestinas de electricidad”.

La situación descripta por Villegas produce “un sinnúmero de situaciones que en los hechos implican, atentados contra la dignidad de esas personas que están cumpliendo condenas”.

El legislador opinó que uno de los grandes problemas es la falta de coordinación entre los distintos poderes del Estado para abordar integralmente el asunto. “Falta coordinación”, sostuvo. “Cuando nosotros planteamos desde el Comité de Prevención de la Tortura y se habla de este hábeas corpus colectivo-correctivo, pedimos precisamente para que haya un abordaje transversal entre los tres distintos poderes del Estado, que se celebre una audiencia que se los cite a los tres poderes del Estado, a representantes de los tres poderes del Estado, para tratar de utilizar, en el buen sentido de la palabra, ese marco legal que da ese hábeas corpus colectivo-correctivo para sentar a los representantes de los tres poderes del Estado y empezar a trabajar en una solución integral del problema”.