Vecinos y vecinas del barrio Akawaia reclaman contra del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), acusándolo de adjudicar de manera irregular a un particular un terreno que originalmente estaba destinado a convertirse en un espacio comunitario. 

En declaraciones al programa El Delivery, Viviana Brond, referente de la Comisión Vecinal, dijo que al presentar el reclamo ante el IPV, la respuesta fue que "no nos tenían que dar explicaciones, porque ellos eran los dueños del terreno". Sin embargo, Brond puntualizó que el terreno en cuestión fue adjudicado al barrio a través de un decreto nacional en 1987, cuando Tierra del Fuego aún era un Territorio Nacional.

La denuncia se agrava con la revelación de que la persona beneficiada sería una funcionaria de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), específicamente del área de Catastro, quien ya habría rechazado anteriormente dos soluciones habitacionales ofrecidas por el IPV en la ciudad de Río Grande porque "no eran de su gusto". Brond sostuvo que esta persona, aprovechando su acceso a información privilegiada debido a su cargo, habría solicitado el terreno por medio de una nota al IPV con todos los datos necesarios del predio.

La comunidad barrial no se ha quedado de brazos cruzados. Con la ayuda de un abogado particular, cuyos honorarios debieron afrontar los propios vecinos ante la falta de un Defensor del Vecino, una figura creada pero aún sin designar, ya se han realizado presentaciones ante la Justicia, incluyendo a la Fiscalía de Estado.