Finalmente el Gobierno de la Provincia dejó en claro sus intenciones respecto de la producción acuícola y pesquera. Aunque quiso evitar a toda costa verse involucrado con las declaraciones que hizo hace algunos meses atrás el dueño de Newsan, Rubén Cherñajovsky, para que le permitieran hacer salmonicultura, la presentación de un informe sobre el potencial de dicha actividad que hizo el Banco Mundial, junto al Gobierno y al CFI, sirvió como marco para presentar el objetivo del oficialismo. El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Provincia, Diego Marzioni, especificó la postura del Gobierno frente a la Ley 1355. 

En declaraciones al programa radial “el delivery”, Marzioni aclaró que hay “una ley con amplio consenso por un riesgo inminente que veíamos como espejo de lo que había sucedido en otros lugares, le pusimos un freno a la acuicultura masiva y salió la ley 1355 que puso límites y estrategias bien marcadas en cuanto al desarrollo acuícola de la provincia”.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la normativa no impide el desarrollo de la actividad bajo el sistema de recirculación de agua (RAS, por sus siglas en inglés) y que, reglamentación mediante, es posible pensar en un esquema a escala industrial. En este sentido, expresó que la normativa, votada en 2021 con una intensa participación de sectores científicos y ambientalistas, pone un límite de hasta 50 toneladas por año en un sistema tradicional, “que no tiene que ver con un circuito de circulado ni sistema RAS”. Agregó que el sistema mediante el cual “toman agua de un curso de un río y con piletones a la margen del rio, no puede superar las 50 toneladas anuales”, pero no hace referencia respecto de la cantidad de cultivo o desarrollo que puede tener un sistema RAS”.

“No está limitado en la ley, por eso merecemos la reglamentación a través de un debate abierto entre todos los actores, donde podamos determinar la escala, cuál es la escala del sistema RAS que queremos en la provincia”, expuso y apuntó que “aunque no necesite pasar por la Legislatura, el consenso es el debate entre todos para ver cuál es la mejor reglamentación que podemos darle a nuestra ley”.

A fin de dejar clara la postura oficial, Marzioni insistió con que la intención es “que todo el proyecto tenga esa licencia social necesaria para que no sea una política a corto plazo, sino que trascienda un periodo de Gobierno, por eso hablamos del consenso básico que debe tener todo desarrollo”. Además, aseguró que el trabajo de base que ha realizado al área de pesca provincial durante los últimos 5 años contempla el desarrollo de “una pesquería y acuicultura artesanal sostenible en Tierra del Fuego que contemple lo social, ambiental y económico” y que ambas modalidades, tanto industrial como artesanal y familiar, pueden convivir gracias a la delimitación que vienen elaborando desde el área.

Consultado por el amplio apoyo social que tuvo la Ley 1355, el funcionario expresó que, aunque no es necesario que una reglamentación se trate en el parlamento, el Gobierno buscará mantener los encuentros necesarios para lograr “licencia social”. A modo de ejemplo, aunque no de forma excluyente, planteó que el Consejo Provincial de Ambiente puede ser una “primera instancia” y que también “hay entidades académicas” y “ONG`s” que deben formar parte de la discusión. “El debate se tiene que dar allí, hacer público, pero sobre necesidades e intereses sociales, de qué es lo que quiere la sociedad en función de la transformación de un recurso natural”.

Insistió que, “aunque no necesite pasar por la Legislatura, el consenso es el debate entre todos los actores para ver cuál es la mejor reglamentación que podemos darle a nuestra ley”.