El dictamen emitido por el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego concluyó que la acción judicial presentada por los concejales Valter Tavarone y Vladimir Espeche contra el Concejo Deliberante de Ushuaia es improcedente. Los concejales habían solicitado una medida autosatisfactiva para frenar el tratamiento de un proyecto de ordenanza sobre la creación del Ente Municipal de Turismo, alegando irregularidades en el procedimiento legislativo. Sin embargo, la fiscalía sostiene que los argumentos planteados están más cerca de un interés académico y que carecen de relevancia jurídica concreta.

Según el fiscal, los accionantes no lograron acreditar legitimación activa, un requisito fundamental para que su reclamo prospere en sede judicial. En este sentido, señaló que las cuestiones planteadas corresponden al ámbito interno del Concejo Deliberante, siendo materia exclusiva de su regulación interna, sin que se trate de una ley en sentido formal que cause efectos jurídicos a terceros. Por lo tanto, sostuvo que este tipo de asuntos no son pasibles de revisión judicial, al menos en los términos planteados en el caso.

El dictamen también destaca que aceptar esta acción implicaría una temprana intromisión del Poder Judicial en un proceso legislativo que aún no ha concluido, lo que podría quebrantar el principio republicano de división de poderes. Según el fiscal, el procedimiento cuestionado aún no ha derivado en un acto normativo definitivo, condición necesaria para habilitar un control judicial.

En su análisis, el fiscal coincidió con precedentes del Superior Tribunal, como el caso "Garramuño c/ Concejo Deliberante". Allí, se estableció que para la legitimación activa es imprescindible la existencia de un interés jurídicamente tutelado, actual o inminente, lo cual no se demostró en este caso. Además, subrayó que los argumentos presentados por los concejales tienen más interés académico o abstracto que relevancia jurídica concreta.

Por otro lado, el fiscal valoró que el Concejo Deliberante brindó una explicación razonable y no arbitraria sobre su actuación en el tratamiento del proyecto. En este sentido, consideró que no hay elementos que justifiquen una intervención judicial ni que los argumentos presentados por los accionantes alcancen el umbral necesario para invalidar las decisiones del órgano legislativo.

El dictamen concluye que la acción entablada carece de fundamentos suficientes para proceder, reafirmando el margen legítimo de actuación del Concejo Deliberante en este tipo de cuestiones. El caso se encuentra ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá dictar sentencia en los próximos días.