El fiscal federal Ramiro González emitió un dictamen clave en el caso de la banca vacante del fallecido diputado Héctor Stefani, planteando que la misma debería ser ocupada por Dalila Nora, segunda en la lista de titulares de la alianza Juntos por el Cambio en 2021. González argumentó que respetar la literalidad del artículo 164 del Código Electoral Nacional, que prioriza el género del titular original, podría perpetuar desigualdades, beneficiando al suplente varón Ricardo Garramuño.

El fiscal sostuvo que la Ley de Paridad de Género debe interpretarse en su espíritu original: garantizar la igualdad real de oportunidades para las mujeres en espacios de representación política. En este sentido, destacó que otorgar la banca a Nora preserva el propósito progresista de la ley 27.412, que busca reparar históricas desigualdades de género en el acceso al poder.

El dictamen profundiza en el concepto de igualdad sustantiva, apelando a la Constitución y tratados internacionales, como la CEDAW, que instan a medidas concretas para garantizar la paridad en espacios de toma de decisión. Para González, no se trata solo de respetar las normas, sino de asegurar que su aplicación cumpla con la finalidad de transformar realidades.

El dictamen también plantea una alternativa: declarar inconstitucional el artículo 164 en caso de que su aplicación formal contradiga los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos. La decisión final recae ahora en la Cámara Nacional Electoral, que podría sentar un precedente crucial en el debate sobre paridad y representación política.

El juez de primera instancia, Federico Calvete, falló a favor de Dalila Verónica Nora, segunda en la lista de titulares, basándose en el principio de igualdad y el espíritu de la Ley de Paridad. Este enfoque considera que asignar la banca al suplente masculino, Ricardo Garramuño, contradice el propósito de dicha ley al perpetuar desigualdades de género.

Por su parte, los apelantes argumentaron que la ley exige que el reemplazo respete el género del diputado saliente y priorice a los suplentes del mismo sexo, afirmando que cualquier otra interpretación sería contraria a la literalidad de la norma.

El Ministerio Público Fiscal apoya el fallo inicial, destacando la necesidad de interpretar las normas en favor de la igualdad sustantiva. Considera que aplicar el criterio de género de manera estricta beneficiaría a grupos históricamente privilegiados, contradiciendo los objetivos de las acciones afirmativas. También señala que la situación específica de Tierra del Fuego, al elegir solo dos diputados, acentúa el riesgo de exclusión de mujeres.