El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, advirtió sobre “un grave vicio de ilegalidad” en el dictamen emitido por la Comisión N° 3 de la Legislatura, que avala el proyecto del Ejecutivo provincial para derogar la Ley 1355 —norma que prohíbe la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego—.

Según relató en declaraciones a Radio Provincia, el hecho ocurrió el viernes pasado en Río Grande, en una reunión convocada “de manera intempestiva, con menos de 24 horas de antelación”. Allí, la presidenta de la Comisión N° 3, legisladora Laura Colazo, manifestó su negativa a emitir dictamen y propuso continuar el debate, incluso convocando a un plenario. Sin embargo, Villegas denunció que, tras el retiro de Colazo y de él mismo, “un grupo de legisladores, por orden del Gobernador, levantó el cuarto intermedio acordado y emitió un dictamen favorable al proyecto, desconociendo las atribuciones de la Presidencia de la comisión”.

“Es la primera vez que veo una situación de estas características en todos mis años como legislador. No se trata sólo de salmoneras sí o salmoneras no, sino del respeto a las reglas de juego, al principio de soberanía popular y al sistema representativo. Pasar por encima de las atribuciones de la presidenta de una comisión es una grave falta institucional”, remarcó.

El parlamentario cuestionó el cambio de postura del Gobierno, que “ayer levantaba las banderas de defensa ambiental y hoy promueve un modelo de salmonicultura al estilo chileno, con impactos negativos comprobados en el sur del país vecino”. También calificó como “mentira” el argumento oficial de que la derogación de la Ley 1355 generará 2.400 puestos de trabajo: “Cuando se les preguntó, reconocieron que ese número corresponde a un período de 8 a 10 años, y no exclusivamente a la salmonicultura”.

Villegas ratificó que el bloque del MPF “siempre ha tenido y seguirá teniendo una posición clara: no vamos a acompañar la derogación de la Ley 1355 ni el cambio de reglas que definimos los fueguinos para un desarrollo económico compatible con nuestro ambiente y con los intereses de la sociedad”.

Finalmente, adelantó que evaluará la impugnación del dictamen: “Este procedimiento está viciado de origen. Si el Gobierno logra la mayoría para aprobar la derogación, seguramente habrá planteos judiciales. Lo que está en juego no es menor: es el límite al ejercicio del poder y el tipo de provincia que queremos para nosotros y las futuras generaciones”.