La crisis política desatada por la investigación del fiscal Franco Picardi sobre el esquema de coimas, sobreprecios y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya cobró su primera consecuencia en Tierra del Fuego.

Ornella Calvete, representante del Gobierno Nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), debió presentar su renuncia después de que su nombre apareciera involucrado en la causa que sacude al gobierno de Javier Milei.

Calvete, directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía y una de las voces más críticas del subrégimen industrial fueguino dentro de la CAAE, mantenía comunicaciones directas con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un operador clave del entramado delictivo en ANDIS.

Los chats incorporados al expediente revelan gestiones, favores y comentarios que la vinculan con empresarios del sector ortopédico y con el flujo de dinero investigado.

El episodio más contundente ocurrió el 9 de octubre, cuando un allanamiento judicial en su domicilio terminó con el secuestro de 700.000 dólares sin justificar. Según la investigación, la funcionaria incluso intentó construir una coartada sobre el origen del dinero antes del operativo.

La renuncia de Calvete deja al Gobierno sin representación en una de las mesas más sensibles para Tierra del Fuego y vuelve a exponer el impacto político del caso ANDIS, una trama que ya obligó a desplazar a funcionarios nacionales y que continúa escalando hacia los niveles más altos del poder.