Desde la Asociación Manekenk ratificaron que acudirán a la Justicia para solicitar la ‘inconstitucionalidad’ de la nueva ley de acuicultura aprobada por la Legislatura fueguina el lunes último, reclamando además que se restituya la vigencia de la Ley 1355.

“Nada de lo ocurrido será naturalizado ni olvidado. La modificación de la Ley 1355 no cierra este conflicto: lo abre”, resaltaron desde la ONG a través de un comunicado, ratificando que la “frente a un proceso viciado, regresivo y contrario a la normativa ambiental vigente, recurriremos a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada y se restituya la plena vigencia de un marco que protegía bienes comunes esenciales”.

Para la entidad ambientalista “la defensa del ambiente no prescribe, y quienes levantaron la mano para habilitar la destrucción deberán hacerse responsables, en los tribunales y en la memoria colectiva”.

“La sociedad fueguina ya demostró que no se resigna. Esto no termina acá: empieza una nueva etapa de organización, de acción judicial y de construcción de memoria para que este atropello no se repita”, agregaron.

En ese sentido, alertaron que “no vamos a permitir que decisiones tomadas a puertas cerradas, ignorando informes técnicos, dictámenes oficiales y la voluntad popular, queden impunes bajo el paso del tiempo”.

“El 15 de diciembre de 2025 quedará registrado como un día oscuro para la política ambiental de Tierra del Fuego”, se titula el comunicado al que accedió Crítica Sur tras la sanción de la nueva ley de acuicultura.

Para Manekenk la sanción de la nueva ley se dio “en una sesión marcada por la irregularidad y el cierre del debate público”, cuestionando a los “legisladores y legisladoras que aprobaron la modificación de la Ley Provincial N° 1355, un marco normativo ambiental de referencia a nivel nacional y regional que protegía los mares, ríos y lagos fueguinos de la industria salmonera”.

“La Ley 1355, de orden público y construida con amplio consenso social, científico y político, fue alterada de manera ilegítima, autoritaria y a puertas cerradas, desconociendo su espíritu original y la voluntad popular que la sostuvo desde su sanción. Con esta decisión, la protección de los ecosistemas acuáticos frente a una de las industrias más contaminantes del mundo llega, al menos por ahora, a su fin”, resaltaron.