El Ministerio de Economía de la Provincia dispuso un aumento del 25 por ciento en la alícuota que integra el Fondo de Prestaciones Prioritarias, financiado con un porcentaje de la recaudación de Ingresos Brutos previo a la distribución secundaria. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución M.E. N° 040/26 y tendrá impacto directo en los recursos que reciben los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin a partir de la liquidación correspondiente a febrero de 2026.

El Fondo tiene como finalidad sostener el sistema de provisión de gas licuado de petróleo para uso domiciliario y respaldar el Plan de Remediación y Fortalecimiento Ambiental. Hasta ahora se conformaba con el siete por ciento de la recaudación provincial por Ingresos Brutos, pero la normativa habilita al Ministerio de Economía a incrementar ese porcentaje cuando se producen variaciones en el precio de la materia prima.

El incremento del fondo se aplicará antes de la distribución secundaria, lo que implica una reducción directa de los recursos que perciben Ushuaia, Río Grande y Tolhuin

En los considerandos, la resolución fundamenta la medida en que “el precio del kilogramo de GLP en el mercado ha experimentado sucesivas actualizaciones a nivel nacional”, lo que impacta en los costos que debe afrontar la Provincia para garantizar el abastecimiento. El texto también menciona el “congelamiento del aporte reconocido por el Gobierno Nacional”, como un factor adicional que presiona sobre las finanzas provinciales.

El Ejecutivo resolvió aplicar el máximo incremento permitido, llevando la alícuota al 8,75 por ciento. El objetivo declarado es “asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para mantener la estabilidad en el suministro del GLP”, aunque el efecto concreto es una menor masa de fondos a distribuir entre los municipios, que verán reducido el monto que reciben por coparticipación.

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Del contenido del acto administrativo no surge que haya existido un proceso de diálogo institucional previo con las autoridades municipales, ni la elaboración o difusión de estudios públicos que detallen el impacto económico de la medida, tanto para las cuentas provinciales como para las finanzas de las ciudades. Tampoco se explicitan evaluaciones comparativas sobre los efectos concretos de la reducción de la masa coparticipable en cada localidad.

El incremento del fondo se aplicará antes de la distribución secundaria, lo que implica una reducción directa de los recursos que perciben Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Ese punto es el que encendió las críticas desde el ámbito municipal. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, advirtió que “esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad”.

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe comunal cuestionó el procedimiento adoptado por el Ejecutivo provincial al señalar que resulta “particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión, sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”. En ese sentido, afirmó que “la medida deja a los vecinos y vecinas en una situación de indefensión, ya que reduce la capacidad del Municipio de dar respuestas concretas en materia de pavimento, operativo invierno, servicios de salud, educación y el mantenimiento general de la ciudad”.

Finalmente, Vuoto remarcó que “las decisiones que impactan de forma directa en las ciudades requieren diálogo, coordinación y responsabilidad institucional”, y sostuvo que “gobernar implica escuchar, administrar prioridades y construir consensos, especialmente en escenarios económicos adversos”.

La medida abre así un nuevo foco de conflicto, esta vez entre el Gobierno provincial y las administraciones locales, en un contexto nacional marcado por la reducción de los subsidios y la dinámica de precios del GLP, decisiones que exceden a los municipios. Mientras la Provincia refuerza un fondo específico para sostener el abastecimiento, el ajuste recae sobre los recursos municipales, reconfigurando el equilibrio fiscal interno en un escenario económico más restrictivo.