Este jueves, el jefe de Gabinete volvió a sonreír. Apenas un día después de la fallida conferencia en la que quiso retomar su estilo soberbio y confrontativo, pero terminó expuesto y golpeado. De las dudas sobre su crecimiento patrimonial, ninguna respuesta.

El miércoles dejó una escena incómoda. Manuel Adorni no logró ordenar el mensaje ni aclarar las dudas. Evitó respuestas, confrontó con periodistas y terminó la conferencia visiblemente molesto.

La puesta en escena no fue menor: ministros en primera fila, como respaldo político y señal de fuerza. Una imagen pensada para sostenerlo que, en los hechos, terminó reforzando la idea de crisis.

Menos de 24 horas después, el tono cambió. Fotos, reposteos, gestos de cercanía. Primero junto al ministro de Justicia, después con Patricia Bullrich. El mensaje: acá no pasó nada.

La estrategia del equipo de comunicación es una. Tiene que volver al personaje confrontativo, sin fisuras. Ese es el Adorni que el oficialismo quiere sostener.

En su declaración jurada 2024, el jefe de Gabinete informó dos inmuebles: uno en Caballito y otro en La Plata.

También declaró ahorros por unos 50.000 dólares, un Renault Captur, fondos de inversión y, ya en funciones, la compra de una Jeep Compass. A eso se suman deudas por miles de dólares y obligaciones con particulares por más de 40 millones de pesos.

El problema no está en lo declarado. Está en lo que no aparece.

Adorni reconoció que vive en Caballito, pero evitó decir si el departamento es suyo o alquila. Nada dijo sobre una casa en Martínez con la que se lo vincula.

Tampoco explicó la propiedad en el country Indio Cua, comprada por su esposa en 2024, que no figura en la declaración pública ni fue aclarada como parte del anexo reservado.

La única respuesta fue una frase que dejó más dudas que certezas: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Tengan paciencia”.

El viaje a Punta del Este es el otro punto crítico. Adorni insiste en que lo pagó. Pero las facturas conocidas no están a su nombre.

El vuelo de ida fue facturado a una productora vinculada a un allegado, que además tiene contratos con la Televisión Pública, un organismo del Estado bajo la órbita del propio Adorni.

El regreso, en cambio, fue facturado a un tercero, dentro de un paquete de vuelos abonado en efectivo por más de 40.000 dólares. No hay comprobantes a nombre del jefe de Gabinete.

Frente a las preguntas, Adorni se limitó a responder: “No tengo por qué explicar una transacción privada”.

El argumento oficial es que hay investigaciones judiciales en curso y que hablar podría interferir. Pero eso no elimina las obligaciones de transparencia. La Ley 25.188 exige que los funcionarios presenten declaraciones juradas completas y veraces, y el Código de Ética los obliga a decir la verdad y a explicar el origen de su patrimonio.

En ese marco, una investigación judicial no reemplaza la rendición de cuentas: la acompaña. Los tiempos pueden ser distintos, pero la obligación de dar explicaciones sigue vigente.