El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo que suspendió este lunes la aplicación de más de 80 artículos de la Ley de reforma laboral, al dar lugar a un recurso cautelar presentado por la CGT. Allí, se pide declarar la “inconstitucionalidad” de más de 80 artículos de la norma sancionada por el Congreso el pasado 26 de febrero.

La decisión fue emitida por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dijeron fuentes de Casa Rosada, al tiempo que recalcaron la legitimidad parlamentaria de la normativa.

El encargado de presentar la apelación del Gobierno será el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En un comunicado difundido este lunes, la cartera que conduce Sandra Petovello “reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores”.

Según señala en el mismo comunicado, “se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno".

Y agrega que “rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”.

El juez Jorge Ojefa, del fuero laboral resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la vigencia de distintos artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión tiene carácter provisorio y regirá mientras se tramita el proceso principal en el que la central obrera pide la declaración de invalidez constitucional de esos cambios.

El fallo señala que la CGT como entidad colectiva en representación de todos los trabajadores, cuestiona numerosos artículos de la reforma por entender que introducen cambios que afectarían derechos laborales y sindicales, además de modificar distintos aspectos del régimen vigente y que vulneran principios constitucionales vinculados con la protección del trabajo y la libertad sindical.

El planteo sindical sostiene que la ley implica cambios que reducen niveles de protección en distintos institutos del derecho laboral y alteran reglas que regulan las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

En la resolución el juzgado Laboral remarca que el dictado de la cautelar busca evitar efectos que podrían resultar difíciles de revertir si la ley comenzara a aplicarse plenamente antes de que exista un fallo definitivo.

El juez Ojeda sostuvo que la suspensión provisoria puede prevenir daños jurídicos o materiales de difícil reparación para los trabajadores, mientras continúa el proceso.