El mapa publicado por el asesor Felipe Núñez y replicado por el Presidente Milei llevaba el sello y la leyenda: "Fuente: IAE - Informe Económico Mensual marzo 2026"; dando a entender que la información provenía del IAE Business School, la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral.

El Poder Ejecutivo Nacional inició una campaña de "limpieza cartográfica" que atenta contra la Constitución Nacional y la Ley 26.651 de Mapa Bicontinental. Tras el uso del término colonial "Falkland" en un reporte del Ministerio de Economía, el presidente Javier Milei elevó la apuesta al viralizar un mapa económico falso donde la provincia de Tucumán y el archipiélago austral fueron directamente omitidos.

La imagen, compartida por el mandatario y sus principales asesores económicos —como Felipe Núñez y Martín Vauthier—, pretendía mostrar un supuesto crecimiento económico nacional por provincias; para atacar la gestión bonaerense. Sin embargo, la pieza —presuntamente generada con Inteligencia Artificial sin control alguno— presentaba errores aberrantes: la desaparición de Tucumán y la ausencia total de las Islas Malvinas.

La gravedad del hecho se duplicó cuando la Universidad Austral (IAE Business School) emitió un comunicado urgente aclarando que el informe era apócrifo y que la institución jamás elaboró semejante cartografía.

El mapa publicado por el asesor Felipe Núñez y replicado por el Presidente Milei llevaba el sello y la leyenda: "Fuente: IAE - Informe Económico Mensual marzo 2026"; dando a entender que la información provenía del IAE Business School, la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral.

La Universidad tuvo que aclarar que ese informe no existía en sus registros y que ellos jamás habían producido esos datos ni esa cartografía. Por lo que quedó demostrado que no solo se falsearon datos económicos para la propaganda oficial, sino que se utilizó una institución académica como escudo para difundir un mapa que mutila el territorio nacional.

Una política de Estado pro-británica

Lo que el oficialismo intenta minimizar como un "error de redes sociales" es, en realidad, coherente con el ADN geopolítico de la gestión libertaria. Para un Presidente que se autopercibe admirador de Margaret Thatcher y que ha defendido la "autodeterminación" de la colonia implantada a las que él llama isleños (un concepto que el derecho internacional rechaza para poblaciones implantadas); que las Malvinas no figuren en su mapa no es un descuido: es un mensaje.

Esta conducta se suma a la reciente publicación del Monitoreo Nacional de Cultivos, dependiente de la cartera de Luis “Toto” Caputo, donde se reemplazó la toponimia argentina por la británica.

Borrar a Tucumán del mapa es una falta de respeto federal; borrar a las Malvinas es una violación al mandato constitucional que obliga a todo funcionario público a defender la recuperación del ejercicio de la soberanía.

Henriques Sanches expresó su preocupación por el impacto social y ambiental de la quita del Subsidio al Gas Envasado
La funcionaria cuestionó la falta de planificación y diálogo institucional en torno a la resolución difundida por el Ejecutivo fueguino, y advirtió que “se tomó una decisión con poca o nula información, sin relevamiento territorial ni georreferenciado y sin contemplar la realidad de las familias”.

En ese sentido, sostuvo que “esto no se trata de una obra que deban afrontar los vecinos, sino de infraestructura básica que requiere presencia y acompañamiento del Estado”, y remarcó que desde el Municipio “no se tomó ninguna decisión vinculada a la quita del subsidio”, aclarando que la medida corresponde exclusivamente al Gobierno provincial.

Asimismo, Henriques Sanches alertó sobre las posibles consecuencias urbanas y ambientales que podría provocar la medida, al señalar que “la migración hacia zonas que el Gobierno provincial deja liberadas puede derivar en nuevas ocupaciones irregulares”, con el consecuente impacto sobre el ordenamiento territorial y el ambiente.

La secretaria confirmó además que desde el Municipio se solicitó formalmente información y documentación al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Economía de la Provincia para conocer los fundamentos técnicos, sociales y económicos que respaldan la decisión de quitar o reducir el subsidio al gas envasado.

Finalmente, indicó que “una medida de estas características requiere planificación, información precisa y articulación institucional para evitar que las consecuencias terminen afectando a las familias más vulnerables de Ushuaia”.

Por: Gonzalo Benito Zamora

La Justicia Electoral de Tierra del Fuego declaró la nulidad del Decreto Provincial 751/26 mediante el cual el Gobierno provincial había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. La decisión fue firmada por la jueza electoral Mariel Zanini en el expediente “Elecciones Extraordinarias s/ Convencionales Constituyentes 2026”.

El fallo concluye que el Poder Ejecutivo avanzó con la convocatoria sin que estuviera cumplido el requisito de firmeza de la sentencia dictada previamente por el Superior Tribunal de Justicia en la causa vinculada a la reforma constitucional. Según la resolución, la existencia de una queja pendiente ante la Corte Suprema impide considerar que aquel pronunciamiento haya adquirido carácter definitivo.

En ese marco, la jueza sostuvo que “la convocatoria electoral constituye un acto jurídico sometido al control jurisdiccional” y remarcó que la legalidad del proceso electoral no puede quedar librada únicamente a una interpretación administrativa del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes centrales del fallo es la diferencia entre una sentencia ejecutoria y una sentencia firme. La resolución señala que el Gobierno provincial equiparó ambos conceptos al considerar suficiente el rechazo del recurso extraordinario federal por parte del Superior Tribunal fueguino. Sin embargo, la magistrada entendió que la revisión federal todavía sigue abierta.

La sentencia cita incluso el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que advirtió que “en el derecho procesal argentino existe una diferencia técnica crucial entre la firmeza de una sentencia y su ejecutoriedad”.

El fallo recuerda además que el propio Superior Tribunal de Justicia había condicionado expresamente el inicio del nuevo plazo electoral a que la sentencia estuviera firme. La jueza reprodujo el texto del máximo tribunal provincial, donde se establecía que “firme la presente” se otorgaría al Poder Ejecutivo un plazo de 210 días para emitir un nuevo decreto de convocatoria.

Para la magistrada, esa condición no podía interpretarse como una mera formalidad. Por el contrario, consideró que el Superior Tribunal quiso diferenciar expresamente la ejecutoriedad inmediata del fallo de la consolidación definitiva de la sentencia una vez agotadas todas las instancias recursivas federales.

En ese sentido, la resolución sostiene que “la circunstancia invocada por el Poder Ejecutivo como presupuesto habilitante de la convocatoria no implicaba aún el cumplimiento de la condición requerida por el Superior Tribunal de Justicia”.

La jueza también remarcó que la convocatoria electoral es un acto preelectoral sujeto al control de legalidad por parte de la Justicia Electoral y que los principios de “seguridad jurídica y certeza electoral” resultan esenciales para preservar la legitimidad democrática del proceso.

El nuevo revés judicial se suma al antecedente político inmediato. El viernes pasado, la Legislatura provincial insistió con la abrogación de la ley que había declarado la necesidad de la reforma constitucional. La decisión fue aprobada por 11 votos contra 3, dejando políticamente sin sustento la continuidad del proceso impulsado por el Ejecutivo.

Con estos dos hechos, la insistencia legislativa y la nulidad judicial del decreto de convocatoria, el gobernador Gustavo Melella queda sin su intento de avanzar en la modificación de la Constitución Provincial. La Legislatura dejó sin efecto la ley que habilitaba la reforma y la Justicia Electoral anuló el acto administrativo que convocaba a votar convencionales.

Sobre esa base, la sentencia concluye que el decreto fue emitido sin que estuviera configurado el presupuesto jurídico indispensable para habilitar el proceso electoral. En consecuencia, declaró la “nulidad del Decreto Provincial N° 0751/26” y extendió sus efectos “a los actos dictados en consecuencia directa e inmediata”.

La resolución ordena notificar al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público Fiscal y a las agrupaciones políticas reconocidas en la provincia, además de disponer su publicación en el Boletín Oficial.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, definió como “positivo” que el Gobierno provincial haya convocado a los municipios a dialogar sobre la coparticipación ya que “veníamos solicitando esa instancia”.

“Fuimos convocados para mañana miércoles a Casa de Gobierno para tener una mesa técnica y entiendo que también estarán presentes los municipios de Tolhuin y Río Grande”, precisó, y anticipó que “vamos a asistir” porque “no tenemos ningún problema en sentarnos con nuestros equipos técnicos de Economía y de Legales para tratar de ponernos de acuerdo”.

“La sociedad pide que resolvamos los problemas de la gente, no podemos estar metiendo permanentemente la política en el medio y no escuchar los reclamos de los vecinos y vecinas”, advirtió, por lo cual “vamos a escuchar los planteos” del Gobierno provincial.

Luego sostuvo que la situación en torno a la coparticipación “sigue siendo la misma” ya que “tenemos más de 30 días de atraso y la deuda es de poco más de 12 mil millones de pesos, lo que equivale a cuatro masas salariales del Municipio”.

Pese a las discusiones en la Legislatura sobre la Ley de Goteo “seguimos las vías administrativas correspondientes” para reclamar “lo que entendemos le corresponde al Municipio y a todos los vecinos”, porque “se trata de recursos que se destinan a servicios, programas, asistencia social y obra pública”.

Por su parte, el concejal Nicolás Pelloli señaló que si bien la Ley de Goteo “que daba previsibilidad a los municipios en el manejo de fondos que les corresponden” pasó a comisión en la Legislatura, “se abrió una instancia de diálogo entre la Provincia y los municipios, y esperamos que quede claro que la plata de la coparticipación es de los vecinos y las vecinas de las tres ciudades”.

“Siempre buscamos la posibilidad de dialogar, y además la gente nos pide que lo hagamos y dejemos de lado discusiones que solo importan a los que estamos dentro de la política”, concluyó el edil.

Mientras la cúpula política de Tierra del Fuego pasó de las quejas a un silencio que determina el grado de complicidad; los trabajadores de la Dirección Provincial de Puerto (DPP) de Ushuaia han decidido romper el letargo. A través de una Carta Abierta dirigida a toda la comunidad fueguina, en especial hacia las agencias marítimas y el sector turístico; los portuarios lanzaron un ultimátum definitivo: si la intervención nacional de Javier Milei persiste, no permitirán que se desarrolle la temporada de cruceros 2026/2027.

El documento gremial y humano de los trabajadores, no solo le pone nombre y apellido al saqueo del muelle, sino que expone la mayor de las paradojas: el personal de planta defiende la soberanía del patrimonio fueguino con más dignidad que el propio Gobernador Gustavo Melella y el presidente del organismo, Roberto Murcia.

El Ultimátum: "Si no hay paz para las familias, no habrá paz para la intervención"

Los trabajadores portuarios recordaron que, a pesar de encontrarse en una situación de incertidumbre absoluta, con un alto sentido de la responsabilidad; garantizaron el normal desarrollo de la temporada 2025/2026 para no destruir una de las principales actividades económicas de Ushuaia. Sin embargo, por el tenor de la carta; la tregua terminó.

Conscientes que el silencio del Gobierno y de la Legislatura provincial opera como un consentimiento implícito, los trabajadores advirtieron que las garantías operativas para el periodo 2026/2027 ya no existen. La frase de cierre de la está dirigido directamente al sector turístico: “Si no hay paz para los trabajadores y sus familias, tampoco habrá paz para la intervención. Y el Puerto de Ushuaia, tal como lo conocemos, dejará de ser una garantía de funcionamiento”.

La "Casta" Portuaria y el Senador Coto

La Carta Abierta de los trabajadores desnuda el anonimato político y burocrático de la intervención de la ANPyN. Denuncian abiertamente que detrás del zarpazo al puerto se encuentra el senador fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza), a partir de la designación de Fernando Ariel Polizzi dentro de la estructura interventora.

Asimismo, le ponen nombre propio a los ejecutores del vaciamiento, señalando a la "vieja casta mafiosa de la Administración General de Puertos (AGP)" integrada por figuras como Cristian Riguiero ("El Monje Negro"), Carlos Sposaro, Diego Salom y el sindicalista Leonardo Salom; actores cuyos antecedentes dentro del sistema portuario nacional son públicamente cuestionados. Mientras ellos operan el muelle, los fondos genuinos de Tierra del Fuego son desviados a una cuenta del Banco Nación, poniendo en riesgo el pago de los salarios de más de 140 familias fueguinas.

La desaparición de las razones de la Intervención

La decisión de la legislatura de derogar el párrafo 3° del Artículo 12 de la Ley 1596 (la normativa con la que Melella pretendía manotear el superávit del puerto para financiar la OSEF), desarticula el motivo de la intervención. Al caerse esa ley que nunca llegó a aplicarse, la presencia del organismo nacional se queda sin el argumento legal que tenía para justificar el desembarco: el supuesto desvío de fondos. Y aunque la excusa jurídica de Milei está muerta desde hace 20 días, la intervención sigue en pie.

La Carta Abierta de los trabajadores de la DPP, es la contracara a las mentiras que desnudó el Fiscal de Estado sobre las irresponsabilidades cometidas por el presidente del organismo que precedieron a la intervención; frente a los bloques parlamentarios y al silencio de los despachos de Casa de Gobierno. Mientras los representantes del pueblo asisten mudos al espectáculo de ver cómo la recaudación fueguina se escapa hacia Buenos Aires, los trabajadores de planta plantan bandera: "El Puerto de Ushuaia pertenece a la Provincia de Tierra del Fuego y debe ser administrado por la propia provincia".

Cada día que pasa queda más claro, que el puerto no está en crisis por pilotes podridos ni por falta de barcos; está intervenido por una traición política diseñada a puertas cerradas. Si en los próximos meses los poderes públicos de Tierra del Fuego no logran una salida a la intervención nacional, los trabajadores ya avisaron que la próxima temporada de cruceros se definirá en el muelle y en el ingreso del puerto, y no en las oficinas de quienes entregaron la llave marítima de la provincia. 

El intendente de Walter Vuoto participó de la inauguración del nuevo sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Ushuaia, una obra de gran importancia para el fortalecimiento del sistema de salud de la ciudad y para la atención de trabajadores y trabajadoras metalúrgicas, así como de toda la comunidad fueguina.

Durante la actividad, el jefe comunal acompañó al secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán, al secretario general de la UOM Ushuaia, Héctor 'Colo' Tapia, y al director de Sanos Salud, Claudio Ponce, junto a dirigentes sindicales, trabajadores y representantes de distintos sectores.

El nuevo “Sanatorio Ushuaia” está ubicado en la intersección de Karukinka y María Sánchez de Caballero, en cercanías del Hospital Regional Ushuaia, y cuenta con una superficie aproximada de 6 mil metros cuadrados distribuidos en seis pisos. El edificio incorpora áreas de internación general, cinco quirófanos, sala de partos, Unidad de Terapia Intensiva, maternidad, neonatología, hemodinamia y planta de producción de oxígeno central, ampliando significativamente la capacidad de atención médica de la ciudad.

Vuoto destacó la magnitud de la obra y valoró la decisión de continuar invirtiendo en infraestructura sanitaria en un contexto complejo para el país. “Este nuevo sanatorio representa más salud, más atención y más dignidad para los trabajadores y trabajadoras. Es una inversión que fortalece a toda Ushuaia y demuestra el compromiso de la organización sindical con su comunidad”, expresó.

Asimismo, el intendente manifestó su acompañamiento a la conducción nacional de la UOM en el contexto de las recientes resoluciones judiciales vinculadas al proceso electoral interno del gremio y destacó “la legitimidad de una organización que históricamente defendió la industria nacional, los puestos de trabajo y el desarrollo de Tierra del Fuego”.

“Vamos a seguir acompañando a quienes defienden el trabajo argentino, la producción y las inversiones que mejoran la calidad de vida de nuestra comunidad”, sostuvo Vuoto, quien además remarcó el rol estratégico de la UOM en el sostenimiento del entramado industrial fueguino.

Desde la organización sindical destacaron además que la obra fue realizada por trabajadores metalúrgicos de Ushuaia y representa una inversión histórica para seguir fortaleciendo el acceso a la salud de afiliados y de toda la comunidad fueguina.

* Por Nerina Van Domselaar

La Embajada Británica en Argentina lanzó por segunda vez consecutiva, el financiamiento a proyectos innovadores en países en desarrollo a través del programa Accelerate-to-Demonstrate (A2D). Una iniciativa que ofrece hasta 65 millones de libras (unos 86.5 millones de dólares), abriendo un nuevo debate sobre el territorio argentino como región estratégica.

La propuesta se enmarca en diferentes áreas de enfoque como la del hidrógeno limpio y los minerales críticos. Siendo minerales estratégicos para el futuro energético mundial. Recursos que en la Argentina se encuentran en grandes cantidades.

Según los últimos datos disponibles, Chile, Bolivia y Argentina conforman un triángulo geográfico que alberga el 46% de las reservas mundiales. Argentina representa la tercera mayor reserva con una participación del 10,4% en litio (Li).

Ahora bien, ¿Cuál es el objetivo principal de Reino Unido? El interés británico por minerales críticos permite no solo acercarse a los mercados estratégicos, sino también, generar vínculos con empresas, proyectos locales y participar en cadenas de producción energética a futuro. La Argentina termina siendo una de las reservas más grandes para explotar estos recursos.

La disputa mundial por la transición energética también se posiciona como uno de los factores claves para entender este financiamiento. Hace varios años que los países buscan asegurar el acceso a minerales como el litio, el cobre, el hidrógeno y la energía. Recursos que definirían la economía y la tecnología futura.

Reino Unido busca ganar presencia en América Latina para no quedar detrás de potencias mundiales como China o Estados Unidos. Por lo que esto, puede interpretarse como parte de una disputa geopolítica.

En los últimos años, las políticas ambientales comenzaron a ocupar un lugar central dentro de las relaciones internacionales. Permitiendo a distintos países fortalecer alianzas y expandir su influencia.

La idea de “innovación tecnológica” también refleja un interés por impulsar tecnologías que estén alineadas con sus intereses, el objetivo es poder fortalecer alianzas científicas y los sectores tecnológicos. Los países que logren desarrollar primero estas tecnologías, obtendrán ventajas económicas y políticas.

A través de este proyecto, Reino Unido fortalece vínculos diplomáticos, construyendo una imagen de líder internacional en materia climática. Siendo parte de una misma estrategia por el posicionamiento global.

La Argentina como territorio estratégico

Argentina se volvió muy importante dentro de la transición energética y de los países extranjeros, ya que posee recursos naturales y fundamentales para las tecnologías a futuro. Permitiendo así a las potencias mundiales que financian estos proyectos generar más poder en el país.

El litio es clave para baterías eléctricas, el cobre para infraestructura energética y el hidrógeno verde aparece como alternativa energética en crecimiento. Eso hace que las potencias extranjeras se fijen cada vez más en esta región.

En este contexto, Argentina se posiciona como uno de los actores estratégicos dentro de la transición energética global, debido a sus reservas de litio y el desarrollo de hidrógeno verde. La creciente búsqueda de potencias extranjeras en estos sectores, reabre y aumenta los debates sobre la soberanía, la explotación de recursos naturales y la dependencia económica. Posiciona Argentina dentro del mapa energético mundial.

* Nerina Van Domselaar, tiene 22 años, es nacida en la ciudad de Chivilcoy y actualmente está cursando el tercer año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

La Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante trabajos de repavimentación sobre distintos tramos de la calle Magallanes, en el marco del Programa de Recuperación Vial que se ejecuta con recursos propios.

Las tareas fueron realizadas íntegramente con personal municipal, maquinaria propia y material producido en la Planta de Asfalto Municipal. En una primera instancia se efectuó el fresado de la calzada entre Darwin y Marcelino Jerez, y entre Karukinka Norte y Pontón Río Negro.

Posteriormente, durante la jornada de hoy, se avanzó con la repavimentación de aproximadamente 1.400 metros cuadrados de calzada, en un tramo de más de 400 metros lineales, utilizando alrededor de 110 toneladas de asfalto elaboradas por la Planta Municipal.

Desde el área indicaron que estas intervenciones forman parte del sostenido plan de mejoramiento de la infraestructura vial que impulsa el municipio en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones de circulación para vecinos y vecinas.

La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, en un trabajo conjunto con la Cooperativa K'aux, realizó el envío de exportación de 15 toneladas de residuo valorizable de plástico PET al continente.

Dicha iniciativa, que es impulsada por la Cooperativa K'aux a través de un convenio con la Municipalidad de Ushuaia, involucra la recuperación de residuo valorizable desde las campanas ecológicas de Agrotécnica Fueguina situadas en distintos puntos de la ciudad, la separación de los mismos y el acopio para su posterior traslado al continente donde los materiales son procesados para su reutilización.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, detalló que “siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto de pensar una Ushuaia más sustentable y amigable con el medioambiente a través de la campaña de reciclado, estamos generando este envío de la Cooperativa K'aux, donde 16 familias de la ciudad trabajan día a día para potenciar la economía circular y reducir el impacto ambiental de los residuos”.

Quienes deseen conocer más sobre el trabajo de recuperación y reciclado que la Municipalidad de Ushuaia impulsa, podrán visitar las redes de la misma en @AmbienteCulturaEducacion.Ush así como las de la Cooperativa K'aux en @KauxCooperativa

El “topo” sigue destruyendo el Estado desde adentro, y a ritmo acelerado. La nueva víctima de la saga del ajuste en loop es el Ministerio de Capital Humano, que sufrirá una reestructuración a fondo de sus funciones y alcances, con el consecuente recorte de áreas, subsecretarías y direcciones generales. De acuerdo a documentos internos de la cartera que conduce Sandra Pettovello—y que todo indica verán la luz como una resolución ministerial dentro de las próximas 48 horas— la poda se aplicará sobre unas 58 áreas organizativas que pasarán a mejor vida y sobre otras 42 que se unificarán o degradarán. El resultado será un adefesio administrativo con menor capacidad de intervención frente a una situación social cada vez más delicada. El hachazo implica un “ahorro” de unos $2.500 millones por año, según los cálculos del propio Gobierno, en sintonía con la bajada de línea achicar lo más posible el gasto que baja desde Economía. Los gremios estatales ya se anticipan a una posible tanda de despidos --podrían superar los mil--, otra más de las tantas que ya vienen sacudiendo al sector.

Este nuevo ajuste administrativo al interior de Capital Humano se complementa con el que ya sufrió la semana pasada con la decisión Administrativa 20/2026 que Luis “Toto” Caputo aplicó de manera transversal a todo el gasto público por $2,5 billones. La cartera de Pettovello no se llevó la peor parte, pero igualmente vio cómo la motosierra pasaba por programas sociales sensibles.

Entre ellos hubo algunos de asistencia directa que contaban con créditos de la CAF, como “Acciones de Inclusión Social”, al que se le drenaron nada menos $27 mil millones; o “Acciones de Empleo”, de la Secretaría de Trabajo, al que se le ajustaron $16.674.897. También la ligaron programas de asistencia indirecta a través de comedores que gestionan las organizaciones sociales.

De acuerdo a los documentos a los que accedió este diario, la poda sería de una magnitud brutal y alcanzaría direcciones completas de Recursos Humanos; de Gestión Administrativa; de Legales y Asesoramiento Jurídico, y de Auditoría Interna de las ahora secretarías (antes ministerios) de Educación, Trabajo y Niñez (ex Desarrollo Social).

El ajuste, así, dejaría enclenques y con personal mínimo funciones muy sensibles del ministerio hacia adentro, comandadas en casi todos los casos por profesionales, como la gestión de personal, el control presupuestario, las compras y contrataciones, el soporte técnico informático, el mantenimiento de edificios y el asesoramiento jurídico técnico, entre otras.

El resultado será un ministerio todavía de una gran magnitud (unificó tres exministerios importantes para gestiones anteriores) combinado con una estructura administrativa mínima. Según fuentes gremiales, afectaría las funciones cotidianas de la cartera e, indirectamente, a la población a la que están dirigidas las políticas sociales.

Entre los argumentos para el ajuste, los documentos mencionan la necesidad de que Capital Humano “esté alineado con las políticas de transformación y simplificación de la Administración Pública Nacional”, por lo que detrás de la decisión se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, cuentan, aceptó el rediseño que le impuso Federico Sturzenegger con la misma resignación con la que acató los recortes en distintos programas sociales que ordenó “Toto” Caputo.

La poda en términos presupuestarios alcanza los $2.597.505.424,56 anuales, unos usd 200 millones al tipo de cambio actual.

De acuerdo a los cálculos que manejan en los gremios, la nueva tanda de despidos podría rondar los mil, dentro de un ministerio como el de Pettovello que ya sufrió varias sangrías: aportó por lo menos diez mil de los más de 60 mil trabajadores estatales despedidos en la era Milei, casi un sexto del total.

“Bajo la excusa de una reorganización del organigrama, se busca expulsar trabajadores y trabajadoras técnicos y profesionales que fueron formados durante años en el Estado Nacional”, denunció este martes por la tarde el gremio UPCN.

“Un Estado que desconoce las especificidades de sus áreas administrativas y elimina sectores estratégicos no está reduciendo estructuras redundantes: está desmantelando las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar el funcionamiento de cualquier política pública", dijeron. “Más que apuntar a la eficiencia ministerial, esta nueva estructura expresa un proceso de vaciamiento de la administración pública, mediante la disolución de políticas de Estado y el despido de trabajadores y trabajadoras“, agregaron.

“Desde UPCN nos mantenemos en estado de alerta e instamos a las autoridades a garantizar la continuidad laboral de todas y todos los trabajadores, así como el sostenimiento de las políticas públicas fundamentales para nuestras comunidades", concluyeron.

También desde ATE abrieron el paraguas. “Desde la Junta Interna de ATE-Trabajo expresamos nuestro rechazo a esta iniciativa de reestructuración, reclamamos la continuidad plena de estas funciones vitales para el funcionamiento cotidiano de nuestro organismo y exigimos a la ministra Sandra Pettovello el respeto riguroso de todos los puestos de trabajo que puedan verse comprometidos con esta eventual nueva estructura”, sostuvieron.

“Este intento de reestructuración interna, fundamentada en la supuesta búsqueda de eficiencia, es forzada y no tiene ningún tipo de sustento. Todas las tareas formales y cotidianas que realiza cada trabajador/a en las áreas administrativas son absolutamente valiosas e indispensables para el funcionamiento tanto de la actual SENAF, como del Ministerio de Capital Humano”, dijeron desde la junta interna del SENAF.

“Estamos en estado de alerta permanente en nuestro organismo, con presencia en cada uno de los sectores, como así también nos encontramos trabajando en articulación con nuestro sindicato y las Juntas Internas de ATE que integran Capital Humano (Trabajo, Educación, ex SENAF) con el objetivo de defender todos los puestos de trabajo”, concluyeron.

Schreiber aseguró que “el sector comercial está muy caído. Tenemos un problema nacional de punta a punta. Soy parte del Centro de Almaceneros de la República Argentina. Estamos mal. Acá en Río Grande se nota más que en Ushuaia, porque nos estamos quedando con un alto nivel de desempleo. La mayoría de las fábricas que han dejado gente en la calle son de acá”.

En esta línea, expuso que “en una familia en la que antes entraban 3 sueldos, hoy ingresa uno y se sostienen todos. Se ve muy difícil la situación. Convengamos que siguen aumentando las tarifas de gas y de luz. Ahora nos quieren sacar la zona fría, pese a que algunos diputados digan que no la van a tocar”.

El referente comercial denunció que los representantes alineados con el Gobierno nacional no defienden los intereses provinciales, y que “del otro lado tampoco tenemos grandes voces, porque no hay una oposición muy clara y con ideas distintas. Estamos viviendo eso”.

Sobre la caída del consumo, detalló que “dos o tres carnicerías han cerrado sucursales. Aparte, el consumo de carne viene cayendo porque la gente puede comprar cada vez menos. Lo que destinaba a eso, lo gasta en otras cosas que rinden más. Se reemplaza con pollo o con menos cantidad. Antes alguno llevaba un kilo y medio de picada, pero hoy lleva medio kilo y le mete más fideos. Se la rebuscan para llegar a fin de mes”.

Mientras que los almaceneros “antes vendían 10 gaseosas de primeras marcas, pero hoy se venden 5 más baratas y 5 jugos en sobre. Si bien la gente busca llevar cosas a sus mesas, las reemplaza con productos más baratos”. “Con eso, tenés que afrontar servicios más caros. Uno no piensa hacerse rico con un negocio, pero sí quiere pasarla mejor. Atrás del mostrador tengo más de 36 años y nunca viví un momento como este. Esto se está volviendo muy duro y no entiendo qué seguimos esperando”, dijo.

También habló sobre la polémica generada luego de conocerse un proyecto para crear un paseo de compras en el local donde funcionaba Montecarlo, frente a la Plaza Almirante Brown: “En Ushuaia tenés el shopping apartado, con 80 locales y estacionamiento. Tiene comodidades que acá no se podrían tener. De pronto, dicen que van a hacer 120 locales. Todo esto tiene que ver con la falta de empleo y la gente que se quedó en la calle. Si una persona va a estar todo el día en un local de 2x2 para vender dos camisas, no le va a redituar. Si le ofrecés un empleo digno se va a ir”.

“Nos tienen en esta discusión entre comerciantes cuando el problema de fondo es otro. No hay empleo, no se genera y nuestros dirigentes no despiertan cierta preocupación. Deberíamos estar más ocupados en marchar para que no nos saquen la zona fría, que ver si habilitamos o no, o qué exenciones damos a un local”, siguió.

“A mí me pidieron contrato y desinfección ¿ahí se lo pedirán a todos?, ¿quién hace el negocio? Ese es el malestar. Cuando nadie vende nada todos estamos irritables. En épocas de abundancia ni se te ocurre hacer algo así”.

Finalmente, Schreiber advirtió que “según los informes del Banco Central la gente está muy endeudada. Ya no pueden pagar los mínimos y cada vez se complica más. La comida se paga en tres cuotas ¿qué va a pasar en dos meses? Es una solución para hoy y un problema grandísimo para mañana. A nosotros también nos pasa que estamos cada vez más endeudados con los mayoristas, que restringen los días porque tienen problemas. Ahora tienen cuatro veces más deudas de comerciantes”.

“Antes comprábamos mercadería de contado y hoy firmamos las boletas para pagar la semana que viene. No hubo suba de precios importantes, pero sí firmes y constantes. Antes un kilo de azúcar salía $1.000 y hoy está $1.600. No es inflación cero como te la están dibujando”, culminó.  

Nuevamente de la mano de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei encabezó un acto sobre “inserción laboral” durante el cual defendió su modelo económico que incrementó el nivel de desempleo. Rodeado de empresarios y funcionarios, confirmó que el Gobierno avanza hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aseguró que “la economía empieza a expandirse” y prometió “seguir apretando la política monetaria” para “derrotar a la inflación”.

“Estamos a las puertas de un milagro. Si logramos sostener este camino, vamos a lograr lo que siempre soñamos”, enfatizó el jefe de Estado durante su discurso en el evento “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”, organizado por VALO, el Banco de Valores que reúne a parte del círculo rojo que respalda las políticas de ajuste de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

La cita tuvo lugar en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), un escenario que en el ideario mileísta guardaría alguna relación con la temática disertada. Allí, el jefe Estado intentó convencer a su auditorio de las bondades de su modelo económico utilizando un singular argumento con el que, de paso, volvió a atacar a la prensa.

“Si un marciano llegara a la Argentina” y viera los datos oficiales de la economía, diría que “la reconstrucción de este país es maravillosa y en 30 años va a ser una de las primeras potencias mundiales”, dijo suponiendo que un extraterrestre se preocuparía por los datos económicos de LLA.

Sin embargo, prosiguió, si ese mismo marciano “leyera los diarios, va a creer que está en el peor de los infiernos”. La metáfora que también ofrece la interpretación de que sólo un marciano aprobaría la política económica de su gobierno fue también un enmascarado ataque a la prensa ya que, según Milei, el país se dirime “entre los que dicen los medios y lo que dicen los datos”. “Esto se debe llamar ‘abstinencia de pauta’” publicitaria oficial, agredió.

El discurso de Milei a sus pares de VALO fue un repaso más de sus exageraciones, datos incomprobables, chicanas a los adversarios y jactancia de las políticas de empobrecimiento y desindustrialización.

Aseguró que su gobierno “no va a ceder ni un ápice en la política contra la inflación”, sostuvo que los saltos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fueron un efecto temporal de “intentos de golpes” contra su Gobierno y defendió “el espíritu empresarial”. “Sin empresarios no hay nada”, lanzó.

También se jactó de haber “cambiado la lógica de la política social”, y para sostenerlo utilizó la vieja y cuestionada figura del pescador y el pescado. “Pasamos de la política que le regalaba el pescado a la gente, a enseñarles a pescar”.

“Estamos contribuyendo a que los que quedaron postergados del sistema tengan herramientas para poder salir adelante por ellos mismos”, dijo parado en su atril frente a las personas convocadas para escucharlo hablar sobre el slogan de la convocatoria: “Inserción laboral y potencial productivo”.

Desde que Milei es presidente, la tasa de desempleo creció durante cinco ediciones consecutivas. Cuando asumió, la cantidad de desocupados era del 5,7 por ciento del total de la población económicamente activa. Sin embargo, el último dato indicó que esa cifra subió a 7,5, es decir algo así como 1,1 millón de personas más sin trabajo.

Ante el aplauso del jefe de Gabinete investigado por corrupción, Manuel Adorni; del ministro del Interior, Diego Santilli; y del resto de la platea, Milei anunció que los acuerdos comerciales con los Estados Unidos fueron “la primera etapa de un acuerdo de libre comercio” que firmará con ese país.

También reiteró que la Argentina “va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria”, es decir hacia el fin del cepo cambiario que sin embargo sigue encorsetado en un esquema de bandas de flotación que el Ministerio de Economía teme romper.

“Sacamos prácticamente el 95 por ciento del cepo. Con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en 1.100”, dijo confusamente.

Y cerró su idea peor: “El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares. Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”.

Lo que sí dejó claro es que su “convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación”, y para que esto suceda es necesario “que el Estado pague achicándose”. “No es la solución más eficiente pero es mucho mejor que otra alternativa”, se sinceró.

Las autoridades del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia; calificaron a la propuesta del Veterano de Guerra Alejandro Diego, como “una hoja de ruta para la rendición definitiva”.

Lo que dio inicio a una conferencia académica en la Universidad de Manchester, Reino Unido, comienza a desatar una respuesta negativa de proporciones en el seno de la comunidad de Veteranos de Guerra y en la política soberana de nuestro país. La exposición del veterano Alejandro Diego en el foro británico —donde propuso un esquema de “soberanía compartida” y la creación de una "provincia autónoma" fuera del control fueguino—, fue calificada por las autoridades del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia; como “una hoja de ruta para la rendición definitiva”.

Ushuaia marca la cancha: "Malvinas no se desmiembra"

La entidad que congrega a los Veteranos de Guerra de Ushuaia, rompió el silencio este lunes 18 de mayo con un Comunicado de Prensa, que no deja lugar a grises. En respuesta a lo que consideran un "ensayo de laboratorio" destinado a medir la resistencia del pueblo argentino, los veteranos recordaron que Malvinas no es un ente aislado, sino parte indisoluble de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El punto más crítico de la denuncia de los Excombatientes, radica en el intento de despojar a la provincia de su jurisdicción sobre el archipiélago. "Crear una 'provincia autónoma' es una figura de sedición jurídica que busca desmembrar nuestra provincia para facilitar el saqueo de recursos naturales", sentenciaron desde el Centro que hoy preside el Veterano de Guerra Juan Carlos Parodi; haciendo hincapié en que esta maniobra viola el Artículo 13 de la Constitución Nacional.

La trampa de los "Derechos Adquiridos"

Sobre el planteo de Alejandro Diego de preservar los "derechos adquiridos" de los isleños y las empresas transnacionales; el comunicado de los Excombatiente de Ushuaia es tajante: “lo que el ocupante posee hoy no son derechos, son actos de piratería”. Aceptar el manejo del petróleo, la pesca y la economía en manos de la colonia implantada, bajo un paraguas de soberanía compartida; es legalizar el robo de nuestras riquezas y renunciar al futuro de las próximas generaciones, manifiestan.

Un llamado al rechazo masivo en todo el país

El Centro de la capital malvinera no se limitó al rechazo local. En un párrafo cargado de peso político, instó a todas las organizaciones de veteranos del País, a los Concejos Deliberantes, a las Legislaturas y al Congreso Nacional a repudiar formalmente la propuesta de Alejandro Diego.

La indignación de los excombatientes radica en dos puntos éticos fundamentales:

1.   La falta de respeto a los caídos: Se denunció el uso de un supuesto "brote místico" o mensaje del "más allá" de un héroe enterrado en Darwin para justificar que la bandera enemiga flamee junto a la celeste y blanca.

2.   El secretismo ante los pares: Se recrimina que Diego haya elegido un Zoom británico y a Infobae para lanzar su plan, en lugar de debatirlo de cara a sus compañeros de trinchera y a las organizaciones legítimas de la sociedad civil.

La batalla por la soberanía cultural

La escena montada en Manchester, buscaba producir consenso y moldear interpretaciones. Sin embargo, la reacción de los custodios directos de la soberanía —los veteranos fueguinos— ha puesto un freno seco a esta avanzada.

Para los Excombatientes de Ushuaia, no hay "sueño" ni "mirada disruptiva" que valga, si el precio es la entrega del territorio.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, advirtió que si los recursos de coparticipación que debe enviar el Gobierno provincial “no llegan a corto plazo” el Municipio “se va a ver altamente perjudicado”, ya que “nos ahogan financieramente y está en juego la prestación de servicios y los programas municipales”.

En declaraciones radiales la funcionaria apuntó que a causa de la inacción del Ejecutivo fueguino “hoy están en juego los recursos de Agrotécnica Fueguina, del Operativo Invierno, del transporte”, y también “las prestaciones de salud, la asistencia social, el pago a los proveedores, la continuidad de diversos programas municipales y la posibilidad de negociar aumentos salariales”.

“Esos fondos son fundamentales incluso para el día a día de la gestión”, explicó, y si bien “sabíamos que el 2026 iba a ser muy complejo por las políticas del Gobierno nacional y que los municipios no íbamos a estar exentos ya que la recaudación bajó y por ende se redujo la coparticipación, no preveíamos las demoras en la transferencia de los fondos de la Provincia a los municipios”.

Por otra parte, Garay sostuvo que el Gobierno provincial debe “sincerar su situación financiera” y explicar “por qué está en la situación en que se encuentra, porque a ellos los recursos de Nación les llega semanalmente pero no los envía a las ciudades”.

Sin embargo, “no te llaman ni te convocan a una discusión” cuando “la construcción tiene que darse desde las dos partes”, por lo que “si hay una parte que no tracciona nosotros no podemos unilateralmente hacer la nuestra; hay que discutir las cuestiones técnicas asociado a lo institucional y lo político”.

Por último, Garay recordó que el intendente Walter Vuoto “dijo en más de una oportunidad que estamos dispuestos a sentarnos a una mesa y la verdad es que nos pusimos a disposición desde el primer día; nosotros ponemos palabra, damos explicaciones y mostramos los números, ellos no”.

Organizaciones sociales de derechos humanos están en estado de alerta por la filtración de datos personales de una mujer que tuvo que realizarse una interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de Buenos Aires y fue contactada desde una cuenta que está ligada a organizaciones antiderechos. La mujer presentó una denuncia penal que pide, entre otras cosas, que se investigue si “si personal de Medicus o cualquier otro organismo público o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional”. Preocupa además la aparición de otros casos en los que algunas prepagas incumplen la ley 27.610, al obstaculizar el acceso al aborto.

Esta semana la Red de Abogadas Feministas presentó una denuncia penal para que se investigue el acceso ilegítimo y circulación de datos médicos sensibles vinculados a salud sexual y reproductiva de una mujer por los posibles delitos de acceso ilegítimo a bases de datos personales, violación del secreto médico/profesional y ejercicio ilegal de la medicina.

El 7 de mayo, Alejandra Iriarte, integrante de la Red, quiso comprar Misoprostol para realizar una ILE indicada por su médico obstetra ya que se había interrumpido de manera espontánea el embarazo que cursaba. Pidió autorización a su prepaga y le autorizaron la cobertura del 40 por ciento del costo. “Mandé un email a Medicus diciendo que la ley establece el 100 por ciento y al mismo tiempo llené el formulario de la Superintendencia de Servicios de Salud para casos de ILE/IVE. No me contestaron, ninguno de los dos”, dijo Alejandra a PáginaI12. Al día siguiente Alejandra fue contactada vía WhatsApp y teléfono insistentemente, por personas desconocidas que le consultaban “si había confirmado el embarazo” y la invitaban a una “charla informativa gratuita” en Viamonte y Talcahuano.

“En dicha conversación expresé mi absoluto asombro y preocupación respecto del conocimiento y circulación de información sumamente sensible vinculada a mi estado de salud y situación médica. Frente a esto no me dieron ninguna respuesta. Yo en ese momento no entendí de qué se trataba y me despedí dando por finalizada la conversación. Posteriormente les escribí por WhatsApp para consultarles de donde habían obtenido mis datos pero no obtuve respuesta”, denunció Alejandra. También denunció que “dichas personas se identifican o se vinculan con una página de Instagram y Facebook denominada ‘tudecision.embarazo’, donde realizan publicaciones vinculadas a embarazos no deseados. Que esta información se encuentra disponible en la descripción de su WhatsApp”.

En la denuncia, solicitó que se investigue:

“Cómo obtuvo la organización y/o página ‘tudecision.embarazo’ mis datos personales y mi información médica sensible.
Si existió acceso ilegítimo a bases de datos personales y/o filtración de información confidencial vinculada a mi historia clínica o trámites de cobertura médica.
Si personal de Medicus o cualquier otro organismo público, o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional.
Si la organización mencionada se encuentra realizando prácticas compatibles con el ejercicio ilegal de la medicina y/o captación indebida de personas en situaciones vinculadas a salud sexual y reproductiva”.
 

La cuenta ‘tudecisión.embarazo’ fue creada en el mes de abril y tiene 1 seguidor.

Allí hablan de “embarazo inesperado”, lo que remite a una concepción acerca de la gestación que suelen reproducir grupos religiosos que promulgan en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir si quieren llevar adelante un embarazo, en Argentina y América Latina. Hay otras cuentas conceptual y estéticamente similares de Argentina y Chile. Y numerosas páginas web de organizaciones antiderechos que ofrecen consejos y charlas a las mujeres que se encuentran cursando un “embarazo inesperado”. Como denunció este diario el año pasado, estas organizaciones ya desembarcaron en la ciudad de Buenos Aires e intervienen en casos de lo que llaman “embarazos vulnerables” para persuadir a las mujeres de no abortar.

Finalmente Alejandra tuvo que recurrir al hospital Argerich para llevar adelante el procedimiento. De todas formas, decidió hacer la denuncia para que se investigue quién filtró sus datos. “La situación es súper grave. Estamos hablando de datos médicos sensibles y de información protegida por el secreto profesional y el derecho a la intimidad. Me preocupa profundamente pensar en cuántas otras mujeres y personas gestantes –muchas atravesando situaciones de enorme vulnerabilidad– pueden quedar expuestas a este tipo de persecución, presión o captación por parte de estos grupos”, dijo Alejandra. En el mismo sentido, desde la Red de Abogadas Feministas plantearon que “ninguna persona debería ser contactada por terceros que manejan información sobre su embarazo, sus decisiones reproductivas o sus tratamientos médicos sin consentimiento. Resulta especialmente preocupante que estos contactos estuvieran vinculados a perfiles relacionados con organizaciones que intervienen sobre embarazos no deseados y sectores antiderechos. También exigimos que se investigue si la filtración pudo haber provenido de una empresa de medicina prepaga, organismos públicos o circuitos vinculados al sistema de salud. La confidencialidad en el acceso a la ILE/IVE es un derecho, que comprende el derecho a la privacidad, al secreto médico y al acceso seguro a la salud sexual y reproductiva.”

Más allá de la filtración de datos, el caso evidencia otro problema: la actuación de la prepaga, que según relató Alejandra, entorpeció el acceso a la ILE, desconociendo la ley. Un problema que excede este caso puntual. Viviana Mazur, Referente Acceso IVE/ILE, Coordinación Salud sexual VIH e ITS del gobierno de la ciudad, dijo a este diario que si bien algunas prepagas garantizan el acceso a ILE/IVE, otras dan vueltas y las usuarias terminan resolviendo en sistema público. Según explicó “antes de la ley, las obras sociales y las prepagas hacían mucho más lo que querían, muy pocas daban acceso a ILE, y había algunas otras que venían dando acceso”. “El panorama era súper restrictivo, había médicos/as que hacían ILE en el público pero en las prepagas no hacían porque sentían que no tenían respaldo para hacerlo y que tampoco había módulos que les pagaran adecuadamente esa prestación”, agregó.

A partir de la aprobación de la ley, desde la Coordinación entraron en diálogo con algunos efectores privados, hicieron capacitaciones y articularon con distintas prepagas y obras sociales y algunas respuestas de estas instituciones fueron mejorando pero todavía tienen que intervenir ante reclamos de usuarias que no reciben respuestas adecuadas de los privados frente a la necesidad de una ILE/IVE.

Frente a este panorama, la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las redes de profesionales de la salud que trabajan en los espacios de salud pública y privada de CABA y docentes por el derecho al aborto que imparten ESI en las escuelas, están en alerta por el tema y lo sumarán a sus acciones del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Este viernes 15 de mayo, el gobernador Gustavo Melella y el Jefe de Gabinete Jorge Canals, vetaron la derogación legislativa a su proyecto de Reforma Constitucional, aprobado por la más amplia mayoria del parlamento fueguino.

La crisis institucional que atraviesa Tierra del Fuego ingresó en una fase todavía más delicada. Ya no se trata únicamente de una discusión jurídica sobre la viabilidad de una reforma constitucional o sobre la interpretación de determinados artículos de la Constitución provincial. Lo que comenzó como un debate político derivó en un escenario de presión abierta sobre el Poder Judicial, cuestionamientos públicos a decisiones jurisdiccionales y un clima de confrontación entre poderes que amenaza con erosionar gravemente la institucionalidad fueguina.

En el centro de la escena quedó la decisión de la jueza electoral Mariel Zanini de no avanzar, por el momento, con el cronograma para la elección de convencionales constituyentes prevista para el 9 agosto. La magistrada resolvió dar intervención al Ministerio Público Fiscal ante la evidente existencia de un conflicto de poderes, luego de que la Legislatura aprobara la derogación del proceso reformista mientras el Ejecutivo insistía en sostenerlo a fuerza de veto y decretos.

La reacción del Gobierno fue inmediata y cada vez más agresiva. Primero aparecieron cuestionamientos técnicos desde el área Legal y Técnica. Luego, el tono escaló con las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien acusó a la magistrada de generar “dilaciones”, de sostener postulados “que uno no comprende” y de impedir deliberadamente el proceso electoral.

Reforma sin consenso y Gobierno a la defensiva

El trasfondo político explica buena parte de la virulencia oficial. La reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella nunca logró construir legitimidad social. En una provincia golpeada por una de las peores crisis económicas y sociales de los últimos años, con caída del empleo, deterioro salarial y creciente incertidumbre productiva, el intento de modificar la Constitución es percibido por amplios sectores como una prioridad ajena a las demandas reales de la población.

La sospecha de que el verdadero objetivo del oficialismo es habilitar mecanismos de perpetuación política terminó de debilitar el exiguo respaldo público a la iniciativa. En ese contexto, cada obstáculo judicial o legislativo es interpretado por el Ejecutivo como una amenaza para su supervivencia política.

Por eso la ofensiva contra la jueza electoral encendió alarmas incluso dentro del ámbito jurídico. El ex juez electoral Isidoro Aramburu calificó como “gravísimas” las declaraciones de Canals y sostuvo que podrían encuadrarse en delitos penales vinculados con amenazas coactivas o intimidación a la administración pública.

Avasallar límites institucionales

La posición del Ejecutivo exhibe además una contradicción cada vez más evidente. Mientras reclama respeto irrestricto a un fallo del Superior Tribunal que consideraría firme el proceso reformista, descalifica y presiona públicamente a una jueza por adoptar medidas precautorias precisamente frente a un conflicto institucional abierto.

Distintos constitucionalistas sostienen que la decisión de Zanini no constituye una paralización arbitraria, sino una respuesta prudente ante un escenario excepcional: una Legislatura que aprobó la derogación de la convocatoria por amplísima mayoría, un Ejecutivo que veto la decisión legislativa y un proceso electoral atravesado por recursos aún judicializados.

Sin embargo, lejos de descomprimir el conflicto, el oficialismo eligió profundizar la confrontación. La insistencia en avanzar a cualquier costo con una reforma resistida política y socialmente, incluso tensionando los límites con el Poder Judicial, empieza a configurar una dinámica muy peligrosa para el sistema institucional fueguino.

La discusión ya no pasa solamente por la reforma constitucional. Lo que hoy aparece en debate es hasta dónde está dispuesto a avanzar un gobierno acorralado políticamente para sostener un proyecto cuya legitimidad social se erosiona día a día.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo miércoles un proyecto impulsado por el oficialismo, que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables. La iniciativa recibió dictamen de mayoría y apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, enfocando los recursos en las regiones tradicionalmente beneficiadas y corrigiendo distorsiones que surgieron tras la ampliación del régimen en 2021.

El nuevo texto redefine el universo de la Zona Fría para circunscribirlo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados. Sin embargo, quedarán fuera de la norma 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

El proyecto establece que el beneficio quedará restringido a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye a hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El subsidio alcanza también a aquellas familias donde al menos un miembro cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos. Así se segmenta el acceso al subsidio tanto por criterios geográficos como socioeconómicos.

De esta manera, la reforma busca resolver las distorsiones generadas en 2021, cuando la extensión del régimen hizo que prácticamente la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas accedieran al beneficio, incluyendo a personas con alto poder adquisitivo. Esta situación llevó a una revisión del esquema de financiación para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

En aquel entonces, y a través de la reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.

Durante el plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti expuso: “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”.

También añadió: “El subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia que nosotros vemos en eso. Y, además, ¿cómo se financia? Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, o sea, gente de altos ingresos, gente de medianos ingresos y gente de bajos ingresos que incluso no están en la zona fría”. Y determinó que el Estado Nacional "está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país".

Por último, la Secretaria de Energía detalló: “La gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía sobre los metros cúbicos de gas que consumen, porque consumen entre 4 y 7 veces más que el resto del país, eso es una realidad. Pero en el resto del país lo que estamos haciendo es focalizando lo que se recauda en el fondo con esta alícuota del 7,5% a exclusivamente los usuarios que los necesitan”.

El tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados podría definir el futuro de la política de subsidios energéticos en las zonas de bajas temperaturas, con impacto en miles de hogares de Argentina que dependen de estos beneficios para afrontar el costo de los servicios durante el invierno.

A través de su cuenta de X, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, criticó la decisión del gobernador Gustavo Melella de vetar la Ley de Goteo y la derogación de la Ley 1529, que establecía la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de Tierra del Fuego.

En esta línea, el mandatario denunció que se trata de “dos vetos que le dan la espalda a los municipios y a la voluntad popular”

“El gobernador Melella vetó la ley que fortalecía la autonomía y previsibilidad financiera de los municipios, una herramienta importante para seguir dando respuestas a nuestros vecinos y vecinas”, expresó.

Además, Walter Vuoto manifestó que el gobernador “decidió desoír el mensaje de gran parte de la sociedad y de la propia Legislatura, que había avanzado en frenar la reforma constitucional en este contexto social y económico tan complejo”.

El intendente entendió que “había una oportunidad para escuchar, dialogar y construir consensos. Eligieron el camino contrario. Concentrar decisiones y desconocer lo que expresaron democráticamente los representantes del pueblo”.

Por último, indicó que “defender la autonomía municipal y respetar la voz de la comunidad también es defender la democracia”. 
 

El gobernador Gustavo Melella vetó la ley que establecía un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios, al considerar que el mecanismo resulta institucional, operativa y financieramente inviable, además de poner en riesgo el funcionamiento integral del Estado provincial.

Al respecto, el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, comentó que “esta ley es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”.

“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos de los enviados por Nación habría que enviar a los municipios”, agregó.

Barrozo dijo además que “este veto no es en contra de los municipios ni mucho menos. Hay cuestiones institucionales y financieras que impiden un mecanismo de este tipo como lo ha demostrado la historia en esta provincia”.

En los fundamentos del veto se aclara que no se encuentra en discusión la coparticipación municipal, ni los recursos que corresponden a cada municipio, sino la implementación de un esquema rígido y automático que, según los organismos técnicos competentes, no puede aplicarse sin afectar seriamente la administración financiera provincial.

En ese sentido, la Contaduría General, el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos del Ejecutivo coincidieron en advertir que el sistema aprobado carece de viabilidad técnica y operativa.

Particularmente, la Contaduría General señaló que una transferencia automática diaria, sin contemplar los procesos de control, registración y determinación definitiva de los fondos coparticipables, podría generar transferencias indebidas y afectar recursos con asignaciones específicas establecidas por ley.

Se remarca remarcó además que la Provincia administra fondos destinados al sostenimiento de áreas esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos, por lo que un esquema compulsivo y sin flexibilidad financiera puede comprometer seriamente la capacidad operativa del Estado en un contexto económico complejo.

En los fundamentos también se advierte que la implementación de un sistema de goteo diario podría impedir a la Provincia disponer de recursos suficientes para atender situaciones de emergencia, afectando derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso situaciones que comprometan la vida.

Ademá, la ley vetada avanza sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y altera el funcionamiento constitucional de la administración financiera provincial, al intentar imponer automatismos que desconocen los mecanismos técnicos de control previstos en la Constitución y en las leyes vigentes.

Finalmente, se indica que el veto constituye una decisión de responsabilidad política e institucional orientada a preservar el equilibrio financiero de la Provincia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla espera explicaciones de Manuel Adorni. Esta semana, el jefe de Gabinete –agobiado por las incesantes revelaciones sobre su incremento patrimonial– deberá responder qué piensa hacer el Gobierno de Javier Milei para mantener en funcionamiento al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo que se encarga de hacer los análisis para identificar a los bebés que fueron robados durante la última dictadura.

La situación en el BNDG es crítica. Tan crítica que la directora técnica, Mariana Herrera Piñero, informó el 8 de mayo a distintos juzgados, tribunales y fiscalías que ya no podría seguir tomando muestras biológicas para identificar si una persona es hija de desaparecidos.

Solo se aprobó un 55 por ciento del presupuesto necesario para este año, por lo que ya no hay recursos para garantizar ni la seguridad del edificio, las muestras, la documentación ni los datos almacenados en el sistema. Las autoridades tampoco tienen recursos para garantizar la limpieza ni el mantenimiento. En un instituto científico, estos no son datos cosméticos, ya que ponen en riesgo la conservación de las muestras y la cadena de custodia.

A partir de esta descripción del estado del BNDG, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), que dirige el fiscal Pablo Parenti, y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, que integran el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, pidieron la intervención del Poder Judicial.

El jueves, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina y le ordenó al Gobierno que garantice el correcto funcionamiento del BNDG, una institución modelo creada en 1987 por decisión de Raúl Alfonsín tras un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que entendieron que solo a través de la ciencia podrían identificar a los nietos que les habían robado durante los años del terrorismo de Estado.

Adorni tiene cinco días hábiles para contestar qué piensa hacer para preservar el BNDG. El mismo plazo rige para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para responder cómo podría afectarse el servicio de justicia con la paralización de la búsqueda de los nietos y las nietas.

En La Plata estiman que la respuesta de la Jefatura de Gabinete debería llegar, a más tardar, el viernes próximo, porque fue notificada inmediatamente después de que se dictara la medida cautelar interina. La contestación del Ministerio de Justicia podría demorarse hasta el martes 26 gracias al feriado del 25 de mayo.

En Justicia admiten estar al tanto del tema y dicen que algunos jueces de Comodoro Py y representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) hicieron saber su preocupación sobre el futuro del BNDG. Por el momento, no hay indicios de que la Jefatura de Gabinete o el Ministerio de Economía vayan a disponer una partida presupuestaria para garantizar que siga operando el laboratorio –que es esencial, como consignó Ramos Padilla, para acreditar la identidad de una persona víctima de apropiación ilegal durante el terrorismo de Estado.

Por ahora, el único juez que le ordenó al Gobierno preservar el BNDG es Ramos Padilla. Su colega Ernesto Kreplak le requirió más información a Herrera Piñero. Le preocupan el estado de las muestras y unos análisis que él ordenó en casos de personas cuyos certificados de nacimiento fueron firmados por parteras asociadas al tráfico de niños o a la apropiación durante el terrorismo de Estado. Kreplak también espera esa respuesta para proceder.

Las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron que el Poder Judicial y el Congreso exhorten al Gobierno a sostener una herramienta central para la búsqueda de los bebés robados. “Éste es el tercer intento que hace esta administración por desarmar el BNDG. Primero lo hizo a través de la Ley Bases; después a través del decreto 351/2025 –que implicó una intervención de hecho y tuvo que ser rechazada por ambas cámaras del Congreso– y ahora a través del ahogo presupuestario”, dice Guillermo Pérez Roisinblit, integrante de la comisión directiva de Abuelas.

“Estamos buscando desaparecidos con vida, y el Estado tiene obligaciones frente a esto. El Gobierno no habría podido llegar hasta acá si los controles y contrapesos estuvieran funcionando. Salvo honrosas excepciones, esto no sucede”, agrega Pérez Roisinblit.

“Estamos expectantes para ver qué va a hacer el Gobierno frente a la cautelar que dictó Ramos Padilla. Lamentablemente tenemos el antecedente de fallos a favor del financiamiento universitario que el Gobierno no cumple. En el caso del BNDG, las consecuencias son irreversibles”, afirma Victoria Montenegro, otra de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. “Tenemos que defender el BNDG porque es el único organismo que, a través de sus pericias, hace nacer a la verdadera vida a personas que fuimos apropiadas”.

El diputado nacional Horacio Pietragalla Corti está convocando a una sesión informativa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para tratar la situación del BNDG, que, por ley, es una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos”.

“Es política de este Gobierno no buscar a los nietos que faltan. La apropiación es el delito más sensible de la dictadura y es con el que se hace añicos el relato de los dos demonios. Éramos bebés quienes fuimos víctimas del accionar de los represores que ellos defienden”, dice Pietragalla.

Desde que llegó al poder, La Libertad Avanza (LLA) tomó una serie de medidas tendientes a obstaculizar la búsqueda de los niños apropiados. En primer lugar, tanto Defensa como Seguridad rechazaron enviar documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). En segundo lugar, Milei firmó un decreto para eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Conadi y la habilitaba a acceder a los archivos en poder del Estado.

Las Abuelas fueron víctimas en más de una oportunidad de la campaña de desprestigio oficial. A pesar de todo, ellas siguieron encontrando nietos: tres personas restituyeron su identidad en lo que va de la administración de Milei.