La secretaria de Coordinación del Ministerio de Educación, María Fernanda García, valoró el inicio del tratamiento en la Comisión N° 4 de la Legislatura Provincial del proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Fueguino y destacó la importancia de avanzar hacia un esquema de recursos previsibles y sostenibles para la educación.

Tras la reunión desarrollada en la Legislatura, García señaló que desde el Ministerio de Educación “valoramos que se haya llevado adelante en la Comisión N° 4 el inicio del tratamiento del Proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Fueguino”.

La funcionaria explicó que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo, integrado por recursos de afectación específica y exclusiva para el sistema educativo provincial.

A la reunión de la Comisión de Educación asistió además el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y la secretaria de Educación, Fernández Gutiérrez, quienes respondieron las consultas de los parlamentarios.

“El objetivo es establecer un sendero de crecimiento previsible que procure alcanzar de forma progresiva una meta del 7,8% del Producto Bruto Geográfico provincial en un plazo de hasta cinco ejercicios fiscales, resguardando siempre la sostenibilidad según la evolución real de la economía”, explicó García.

En este sentido, sostuvo que la propuesta busca generar “previsibilidad y estabilidad” respecto de la inversión que la Provincia debe realizar en educación, y remarcó que el nuevo fondo se plantea como una herramienta complementaria de los mecanismos de financiamiento actualmente existentes.

Durante el encuentro legislativo también se detalló la distribución mínima y obligatoria prevista para los recursos del fondo, con el objetivo de fortalecer áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del sistema educativo.

De acuerdo con la propuesta, al menos el 50% de los recursos estará destinado al fortalecimiento de la pauta salarial docente, mientras que un 25% tendrá como destino el mantenimiento, los servicios, las mejoras y las nuevas obras de infraestructura escolar.

Asimismo, se prevé asignar un mínimo del 15% al equipamiento tecnológico y a los recursos didácticos destinados tanto a estudiantes como a docentes. El remanente estará orientado a atender contingencias y requerimientos operativos del sistema.

Para García, esta distribución permite establecer prioridades concretas y garantizar que los recursos adicionales tengan una afectación definida dentro del sistema educativo.

La secretaria de Gestión Operativa también se refirió a algunas de las inquietudes planteadas durante la reunión por los distintos bloques y legisladores, y consideró que el intercambio permitió avanzar en una discusión más amplia sobre las fuentes de financiamiento y los distintos artículos de la iniciativa.

En ese marco, sostuvo que el proyecto “lejos de ser considerado como un ‘impuestazo’, implica la necesaria revisión en conjunto sobre las posibles fuentes de financiamiento y de otros artículos de la misma”.

García remarcó que el debate legislativo constituye una instancia necesaria para analizar las distintas alternativas y enriquecer la propuesta original.

“Reivindicamos el trabajo en la Legislatura como el ámbito idóneo para enriquecer el texto original”, afirmó.

Finalmente, la funcionaria destacó que durante el encuentro existió coincidencia entre los participantes respecto de la importancia de la educación como una política estratégica para la provincia.

“Todos y todas las presentes estuvimos en concordancia al pensar que la Educación es un pilar fundamental de la provincia”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, señaló que desde el Ministerio existe el compromiso de continuar trabajando en comisión y de brindar a los legisladores toda la información técnica que sea requerida para profundizar el análisis del proyecto.

“Es importante seguir compartiendo con los legisladores la información técnica que se requiera para alcanzar los consensos legislativos que permitan transformar esta propuesta en una ley indispensable para el futuro de la educación de nuestras hijas e hijos”, concluyó García.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, con que el presidente Javier Milei sacó para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó, una vez más, que el Gobierno gire los fondos a las casas de estudio.

Mediante ese DNU, el Poder Ejecutivo había promulgado la ley, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación práctica debido a la supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Congreso.

Al momento de suspender la aplicación, el Gobierno se basó en el artículo 5° de la Ley N°24.629, redactado en consonancia con el artículo 38° de la Ley de Administración Financiera, el cual sostiene que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En un fallo de 50 hojas, el juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 con el que Milei había promulgado la Ley N°27.795 (Financiamiento Universitario) y suspendido su aplicación

Según explicó el magistrado, y contrario a lo que sostiene el Gobierno de Milei, “la propia Ley N°27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la Ley".

“En este sentido, asignar una mayor jerarquía a dos artículos sancionados en leyes pasadas -en donde se prevé una especificación presupuestaria concreta-, respecto de una ley más reciente, presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones, como en su insistencia posterior, desconocen el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo”, indicó el juez.

“Sin embargo, un análisis más razonable de las tres leyes es que, habiendo analizado leyes previas, el Poder Legislativo, en su primera aprobación como en su insistencia, entendió como cumplidos los recaudos del artículo 5° de la Ley N°24.629 con el artículo 9° de la Ley N°27.795″, señaló Cormick.

Por lo tanto, “el Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”, insistió el magistrado.

El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. Sin embargo, el 9 de octubre de ese mismo año el Poder Ejecutivo observó en su totalidad el proyecto de ley mediante el Decreto 647/25.

Luego, tanto la Cámara de Diputados como el Senado confirmaron la iniciativa parlamentaria con dos tercios de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83° de la Constitución Nacional.

En un acto que fue cuestionado por varios expertos en materia jurídica, el 20 de octubre de 2025 el Gobierno promulgó mediante el Decreto 759/25 la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendiendo su aplicación, basándose “en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”, que “dispone que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, y que en caso contrario, queda suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

En consecuencia, el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo colectiva con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y, por el otro, que se ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick dictó una medida cautelar -mientras se analizaba la cuestión de fondo, que finalmente se resolvió este martes-, mediante la cual se declaró “inaplicable el segmento suspensivo del Decreto (de Milei), ordenando a cumplir de modo inmediato los artículos 5° y 6°” de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias.

La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.

Como el Gobierno seguía sin cumplir, en septiembre de 2026 el juez intimó en dos oportunidades al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar, hasta que finalmente este martes resolvió sobre la cuestión de fondo, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenando al Gobierno de Javier Milei a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante octubre, los hospitales públicos de la provincia llevan adelante una campaña de mamografía destinada a promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso al estudio.

En el Hospital Regional Ushuaia, la campaña se realizará los sábados 10, 17 y 24 de octubre, de 10 a 17 horas, por orden de llegada. Para acceder al estudio es necesario presentar orden médica.

La referente del Programa Cáncer de Mama, Estefanía Curró, explicó que las personas que concurren deben presentarse en el hall del hospital y realizar el ingreso administrativo correspondiente. Luego, el estudio se realiza mediante un sistema digitalizado y las imágenes pueden consultarse posteriormente a través del Portal Pacientes, mediante un código QR que se entrega al finalizar la atención.

En el caso de las personas sin obra social, deberán presentar la documentación que acredite su incorporación al sistema de cobertura gratuita del Estado.

En el Hospital Regional Río Grande, la campaña está dirigida principalmente a personas de 35 a 70 años, sin antecedentes, que no se hayan realizado una mamografía o cuyo último estudio haya sido hace más de dos años.

Para solicitar un turno, pueden acercarse todos los jueves a las 8 horas a la mesa de entrada del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Es necesario concurrir con orden médica y, en caso de contar con obra social, presentar también la autorización correspondiente.

La mamografía es una herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer de mama. Realizar los controles indicados según la edad, los antecedentes y las recomendaciones del equipo de salud permite favorecer un diagnóstico oportuno.

La Municipalidad de Ushuaia acompañó este domingo la conmemoración del 66° aniversario del Parque Nacional Tierra del Fuego, en el marco de la jornada denominada “Marcha Verde”, que reunió a la comunidad para celebrar y poner en valor el patrimonio natural y cultural del área protegida.

La actividad contó con la participación del secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, de la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, representantes del Instituto Municipal de Deportes y del intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, Marcelo Almirón.

La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, como responsable por parte de la Municipalidad de Ushuaia frente al convenio con la Administración de Parques Nacionales, señaló que “este aniversario nos encuentra trabajando codo a codo con Parques Nacionales, consolidando un modelo de gestión donde el turismo y la conservación van de la mano. El Parque Nacional Tierra del Fuego es nuestro gran pulmón verde y un motor fundamental para Ushuaia, por lo que estar presentes hoy reafirma nuestro compromiso con el cuidado de nuestro patrimonio y la excelencia en la atención a quienes nos visitan”.

Además, la funcionaria remarcó el rol estratégico del Parque Nacional como uno de los principales atractivos del destino y valoró el trabajo conjunto que se lleva adelante. “El Parque Nacional es uno de los principales íconos de nuestra oferta turística y refleja la riqueza natural y cultural que caracteriza a Ushuaia ante el mundo. A través del convenio vigente con Parques Nacionales, no solo fortalecemos la asistencia y atención diaria a quienes nos visitan, sino que también avanzamos en mejoras concretas de infraestructura, como las refacciones en los edificios de la portada y el mantenimiento y puesta en valor de los caminos internos, garantizando una mejor experiencia y promoviendo un turismo cada vez más responsable y sustentable”.

Asimismo, destacó que “celebrar estos 66 años es también reconocer el trabajo que se viene realizando para proteger este lugar y renovar el compromiso de seguir trabajando entre las instituciones y la comunidad”.

Por su parte, Becerra destacó la importancia “de acompañar este tipo de iniciativas” y señaló que “el Parque Nacional Tierra del Fuego es parte de nuestra identidad y de un patrimonio natural que tenemos la responsabilidad de cuidar entre todos”, al tiempo que valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad para fortalecer la conciencia ambiental.

La propuesta se desarrolló a través de distintos senderos del Parque Nacional Tierra del Fuego, promoviendo la concientización sobre la conservación del ambiente y el vínculo responsable de la comunidad con los espacios naturales protegidos. La celebración concluyó con la entrega de premios a quienes participaron de la propuesta y una merienda compartida con la comunidad.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo el Instituto Fueguino de Turismo junto con representantes de Río Grande y Tolhuin, y de las comunas chilenas de Porvenir, Timaukel y Primavera, presentaron un nuevo circuito une a las Provincias de Tierra del Fuego argentina y chilena.

Con la presencia de autoridades y referentes del sector turístico nacional se realizó la presentación oficial de “Ruta del Fuego: una experiencia binacional en el Fin del Mundo”, donde el Presidente del INFUETUR, Dante Querciali y la Directora Pcial. de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte,

Stella Alazard, efectuaron la apertura destacando esta iniciativa articulada desde el Instituto con municipios, comunas chilenas, cámaras empresariales, consulados y prestadores turísticos. 

Al respecto, Querciali destacó la cooperación entre los referentes de Argentina y Chile “para contar con este nuevo itinerario turístico que va a promocionar los destinos emergentes con gran potencial y valor por sus paisajes e historias, consolidando un circuito que hasta ahora se brindaba de forma aislada en algunos sectores y hoy se va a poder vivir como una experiencia en el Fin del Mundo”. 

“Mostrar Ruta del Fuego en FIT en esta feria internacional del turismo es muy importante, porque nos brinda el marco para exponer la diversificación de los productos”, explicó el titular de ente provincial, indicando que “a este producto de nicho tenemos que continuar acompañándolo desde el sector público y desde el privado para que se sumen a este circuito”.

De esta manera, Querciali destacó que Ruta del Fuego “va tener un gran crecimiento para el desarrollo turístico desde el lado argentino y del lado chileno, somos parte de una Isla Grande que tiene un gran potencial y es maravillosa, somos el Fin del Mundo y para el turista no hay fronteras, tenemos que mostrar todo lo que tenemos para promocionar los espacios naturales e históricos trabajando en conjunto”.

Por su parte, Stella Alazard, quien llevó adelante este proyecto desde el INFUETUR, sostuvo que “siempre el turismo une a Chile y Argentina, y hoy estamos presentando esta iniciativa acompañados por el sector público y el privado. Somos una isla con dos países y un territorio por recorrer, por ello este circuito terrestre que se integra a partir del paso fronterizo San Sebastián y el paso fronterizo Bella Vista, el más austral del mundo, tiene 1800 kilómetros con diferentes atractivos, paisajes, comunidades y servicios dentro de la Ruta del Fuego”.

“Estamos en una etapa de vinculación con prestadores turísticos y empresas que quieran sumarse a esta iniciativa, y continuamos con la promoción para fortalecer este proyecto de integración turística de Tierra del Fuego, ampliando la visibilidad de sus destinos y generando nuevas oportunidades que ponen en valor la identidad fueguina y los lazos con la identidad chilena”, sostuvo Alazard.

Cabe destacar que este circuito une diferentes territorios y comunidades a partir de una identidad común, incorporando propuestas relacionadas con estancias, costas, bosques, turberas, glaciares, patrimonio cultural y experiencias vinculadas a las comunidades locales, entre otros atractivos. Tiene como eje el desarrollo de Tolhuin y Río Grande en el sector argentino, y del sector chileno Timaukel, Porvenir y Primavera vinculados por su naturaleza y cultura.

En la presentación participaron los diputados nacionales Agustín Tita y Miguel Rodríguez; el alcalde de Timaukel Luis Barría Andrade; el concejal de Timaukel Facundo Hernández; la representante de la Comuna de Porvenir, Nicole Velázquez; el vicepresidente de Cámara de Turismo de Timaukel, Jorge Guic Zolezzi; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luis iglesias y el Presidente de la Cámara de Turismo de Tolhuin, Raúl Moreira junto con autoridades municipales, prestadores turísticos de Tierra del Fuego y público en general.

Javier Milei se considera un profeta. Entre otras cosas, porque dice que a todo candidato que él apoya, gana las elecciones. El domingo por la noche compartió una lista que enumeraba lo que apoyó: “A Trump en EEUU, a Paz en Bolivia, a Kast en Chile, a Keiko en Perú, a Abelardo de la Espriella en Colombia y a Bolsonaro en Brasil”, y resumió: “Todos ganaron”. Ese mensaje, además, fue reforzado por el propio Bolsonaro Jr., que compartió un video donde Milei le dice que va a ganar y consignó: “No es un Presidente, es un profeta”. En la reunión de gabinete de este lunes, de hecho, el presidente habló de las elecciones en Brasil y también adelantó que viajará a España después del anuncio de que habrá elecciones en ese país.

Milei encabezó la reunión con sus ministros tras un fin de semana signado por las elecciones en el país vecino y anunció que, además de viajar a Estados Unidos la semana que viene, el 19 partirá con rumbo a España. El Presidente, según contaron desde el Gobierno, “se mostró muy satisfecho con el resultado en Brasil, al que consideró un gran triunfo”, y señaló que, durante el último tramo de la campaña, “Lula desplegó un plan platita que no tuvo el efecto esperado”.

Además, aprovechó para mandar un mensaje a todos aquellos que le dicen, incluso dentro del gobierno, que sería conveniente poner plata en el bolsillo de los trabajadores de cara al año electoral en la Argentina. Él dijo que, a su entender, lo que ocurrió en Brasil “demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales”.

El mandatario ingresó a la Casa Rosada pasadas las 9.30 y también el resto de los funcionarios, pero algo llamó la atención: no apareció el ministro de Economía, Luis Caputo. Según dijeron desde el Ministerio de Economía para justificar el faltazo, el ministro no fue a la reunión de gabinete porque “se sentía mal”. Desde Rosada aclararon que, además, en los próximos días el ministro viajará al exterior. Irá a Bangkok, donde se realizarán las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Milei no tiene previsto participar de ese evento en Tailandia.

Milei, más allá de la ausencia de Caputo, decidió que la economía sea uno de los ejes centrales del encuentro. Invitó al economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último trabajo: “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Según contaron los presentes, el mandatario “repasó los avances económicos e hizo especial hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó fueron muy positivos”, pero inmediatamente se justificó y “analizó el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, entre ellos el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, así como las altas tasas de interés de Estados Unidos”.

Ades, con Caputo ausente, expuso sobre la situación económica global y “los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022″, año que identificó como “un punto de quiebre”. Por último, contaron que el economista analizó la posición de la Argentina en ese nuevo escenario y, según dijo, “tiene potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales”.

El encuentro de Milei con sus ministros duró cerca de dos horas. Tras la reunión, el Presidente salió al balcón presidencial a saludar a un grupo de niños que circulaban por Plaza de Mayo.

Además de hablar de Brasil, también se analizó la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente de ese país, Pedro Sánchez. En ese marco, Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a España y que el 21 participará en Madrid de “una serie de actividades”, aunque no especificaron cuáles.

El mandatario tiene la fantasía de ser el líder de derecha de la región y el elegido por Donald Trump para recorrer el mundo y esparcir sus ideas. Si bien la figura de un presidente de derecha en Brasil lo puede llegar a opacar, en la Casa Rosada festejan por adelantado el triunfo de Bolsonaro, aunque aún falta la segunda vuelta, y no creen que, en caso de ganar, su puesto como mejor alumno de los Estados Unidos esté en duda.

La semana pasada no hubo reunión del mandatario con sus ministros porque el martes por la noche Milei viajó a París para participar de la Argentina Week en Francia junto a un grupo de 13 gobernadores. La semana que viene, en tanto, posiblemente tampoco haya porque Milei viajará, una vez más, a Estados Unidos. Esta vez, lo hará para participar en Washington de la “gala hispana”, un evento que organiza el portal Derecha Diario --cuyo fundador es Fernando Cerimedo--, junto con otras organizaciones vinculadas al partido de Donald Trump.

El viaje de Milei a Estados Unidos, previo al de España, se dará después de los resultados en Brasil, que llevarán al país vecino a una segunda vuelta dentro de tres semanas. También, después de las declaraciones de este fin de semana del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent en las que dijo que, en caso de ser necesario, volvería a apoyar financieramente a la Argentina. “¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto”, respondió el republicano cuando fue consultado por el tema.

El gobierno de Trump, mediante el Tesoro, ya hizo un salvataje al gobierno de Milei. En medio del último proceso electoral en la Argentina desembolsó 20.000 millones de dólares para que el mandatario llegue bien a los comicios.

Por último, expresaron que el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas a la repentina malvinización del Gobierno. Allí mencionó “el avance del pedido de arbitraje internacional”.

Nada, sin embargo, dijeron sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el decreto 70. Ese texto fue firmado por el propio Milei, y, tras la decisión del máximo tribunal, dejó al país libre para que cualquier extranjero venga y se compre la porción de territorio que le plazca. Incluso, como dijo el propio Quirno hace tan solo unos meses, esos extranjeros podrán venir a la Argentina y comprar provincias enteras.

Editorial

Por Daniel Guzmán

Director de Agenda Malvinas

La diplomacia de la República Argentina frente a la Cuestión Malvinas ha quedado atrapada en su propio laberinto de contradicciones, incoherencias y claudicaciones políticas. En el último mes, tras la reunión cumbre entre Javier Milei y José Antonio Kast en Santiago, el Gobierno nacional y el canciller Pablo Quirno desplegaron una ofensiva discursiva y legal contra la República de Chile por el interés de abrir nuevamente el corredor comercial marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Se apeló a los tratados bilaterales, se desempolvó el régimen sancionatorio y se invocó el compromiso de la región.

Sin embargo, antes de rasgarse las vestiduras y apuntar con el dedo acusador al vecino trasandino, el Estado argentino tiene una deuda previa e ineludible con la verdad y con los países sudamericanos: debe pedir perdón. Debe disculparse por más de una década de zigzagueos, desidia y traición a sus propios mandatos legales, que dinamitaron la confianza regional y vaciaron de legitimidad moral cualquier reclamo frente a los socios latinoamericanos.

La construcción del cerco regional y la anomalía de Montevideo

Para comprender la raíz del conflicto, hay que remontarse al 20 de diciembre de 2011, cuando la diplomacia argentina impulsó y logró la firma de la Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados sobre buques que enarbolan la bandera ilegal de las Islas Malvinas en Montevideo. En ese documento, las naciones del bloque —incluidos de manera explícita Chile y Uruguay— asumieron el compromiso de impedir el ingreso a sus puertos de buques con la insignia colonial de la usurpación y coordinar el rechazo regional.

Chile, en cumplimiento de ese entendimiento, interrumpió desde 2012 sus líneas de abastecimiento regular con las islas, asumiendo un costo económico directo que la propia dirigencia de Magallanes cifra hoy en 300 millones de dólares de pérdidas acumuladas.

¿Qué hizo la Argentina frente a la República Oriental del Uruguay? Absolutamente nada. Durante todos estos años, mientras Chile cerraba sus terminales y acataba el bloqueo, el puerto de Montevideo funcionó como el gran nodo de aprovisionamiento de víveres, pertrechos y servicios de ultramar para la colonia implantada, además de servir como base de operaciones y descanso a la flota pesquera internacional que depreda el Atlántico Sur bajo licencias británicas espurias. La Cancillería argentina miró para otro lado, toleró el usufructo uruguayo del expolio colonial y jamás aplicó el peso de sus leyes sobre las navieras y agencias que operan desde la Banda Oriental.

¿Con qué argumento ético la Argentina puede exigirle hoy a Chile que siga asumiendo sacrificios económicos, cuando durante catorce años convalidó en silencio que Montevideo lucrase sin consecuencias con la renta del saqueo?

Diez años de auto-boicot: De Foradori-Duncan a Mondino-Lammy

La herida de la desconfianza no termina en el doble estándar con Uruguay. El motivo central por el cual el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, se siente habilitado a calificar los acuerdos del Mercosur como meros compromisos "políticos y no obligatorios legalmente" radica en una certeza demoledora: fue la propia Argentina la primera en dinamitar esos acuerdos y perforar sus propias leyes.

El 16 de marzo de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.659, una norma de orden público que prohibió en forma taxativa cualquier actividad, transacción comercial, financiera, técnica o logística vinculada a la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, tipificando delitos con penas de hasta 15 años de prisión e inhabilitaciones perpetuas.

Sin embargo, a partir de 2016, los sucesivos gobiernos argentinos se encargaron de desmantelar esa muralla defensiva:

1.    La entrega del Pacto Foradori-Duncan (13 de septiembre de 2016): Bajo la administración de Mauricio Macri, la Cancillería firmó un comunicado conjunto donde la Argentina capituló de manera vergonzosa al acordar: "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos". Es decir, el propio Estado argentino se comprometió con Londres a facilitar el desarrollo del enclave, violando la Ley 26.659 y dejando en ridículo a los países de la región que en 2011 habían cerrado filas por pedido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

2.    La continuidad del Acuerdo Mondino-Lammy (24 de septiembre de 2024): Lejos de haber sido un extravío pasajero, la política exterior del actual gobierno profundizó ese curso. La entonces canciller Diana Mondino firmó en Nueva York la reapertura de la cooperación en pesquerías, conectividad aérea y desarrollo económico de las islas, ratificando la misma matriz de entendimiento que privilegia el bienestar económico de los ocupantes por sobre la integridad territorial.

Fueron diez años ininterrumpidos en los que la dirigencia política argentina decidió deliberadamente incumplir sus propias normas internas y boicotear los consensos regionales que ella misma había solicitado. ¿Cómo se le puede exigir a Chile, a Brasil o a cualquier socio sudamericano que sea más leal a la soberanía argentina de lo que fueron sus propios presidentes y cancilleres?

La hora de la coherencia y el fin del doble estándar

El 3 de septiembre de 2026, acorralado por el avance inminente del yacimiento petrolero Sea Lion y cooptado por un repentino brote patriótico, el presidente Milei dio un volantazo por cadena nacional: publicó el Decreto 868/2026, reactivó las sanciones de la Ley 26.659 y ordenó enviar notificaciones a los saqueadores del petróleo.

Ese giro, aunque indispensable, no puede ocultar la hipocresía de origen. Si la Argentina pretende recomponer su soberanía en el Atlántico Sur y recuperar el liderazgo diplomático regional, debe empezar por ordenar su propia casa y terminar con las imposturas:

Sanciones sin excepciones: Las penalidades de la Ley 26.659, el Decreto 868/2026 y el Decreto 256/2010 no pueden tener un sesgo selectivo. Si se inhabilita y procesa a Easter Island Naviera y a las firmas de Punta Arenas que preparan el buque Danstar para zarpar en diciembre, se debe proceder con exactamente el mismo rigor administrativo y penal contra toda la cadena logística, los armadores y las agencias marítimas que operan desde el puerto de Montevideo.
Reconstrucción del consenso regional con humildad: La Cancillería de Pablo Quirno debe dejar de emitir advertencias vacías y convocar formalmente al Mercosur y a los Estados asociados para poner las cartas sobre la mesa. No para exigir subordinación ciega, sino para ofrecer disculpas por una década de bandazos diplomáticos que licuaron la solidaridad latinoamericana, y reconstruir desde allí una política de Estado que no cambie con cada inquilino de la Casa Rosada.
El reclamo del alcalde de Punta Arenas por la renta de la usurpación y las declaraciones del ministro de Defensa de Chile llamando "amigo" a Gran Bretaña causan profunda indignación. Pero esa afrenta no germinó de la nada: creció al amparo de la desidia, la vista gorda con Montevideo y los pactos claudicantes que la propia diplomacia argentina suscribió con Londres. La soberanía no se defiende con indignaciones selectivas; se defiende con coherencia moral, apego a la ley y la dignidad de no exigir a los vecinos lo que durante diez años no se tuvo el coraje de sostener en casa.

El trámite, que deberá realizarse de forma presencial en la institución ubicada en Chubut N° 1857, podrá hacerse desde el día lunes 5 al viernes 16 de octubre de 14:00 a 15:00 horas.

Quiénes deseen realizar una consulta, podrán comunicarse al 2901-408037 o al correo electrónico laslengasprimario@tdf.edu.ar a fin de conocer más sobre el proceso.

En el marco del mes aniversario de Ushuaia, la Municipalidad llevó adelante este sábado el acto en homenaje a los Pioneros y Antiguos Pobladores de la ciudad, como reconocimiento a quienes fueron parte de la construcción de la comunidad y dejaron su huella en la historia de la capital fueguina.

El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, destacó "la importancia de mantener viva la memoria de quienes construyeron la Ushuaia de hoy y valoró el encuentro como un espacio para reconocer a las familias pioneras que, junto a los pueblos originarios, forman parte de la identidad de la ciudad".

Durante el acto se puso en valor "la historia de los pueblos originarios Yámanas y Selk'nam, primeros habitantes de estas tierras, y el aporte de las familias pioneras e inmigrantes que atravesaron las dificultades propias del aislamiento y las condiciones del territorio para echar raíces y contribuir al crecimiento de Ushuaia".

Participaron también la vicegobernadora Mónica Urquiza, funcionarios del Gobierno provincial y autoridades municipales, entre ellas el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti; Carolina Yutrovic, secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, y concejales de la ciudad.

El encuentro permitió renovar el reconocimiento a quienes forman parte de la memoria viva de Ushuaia y reafirmar el compromiso de preservar la historia, la identidad y las raíces de una comunidad que continúa proyectándose hacia el futuro.

La Justicia volvió a intimar al Gobierno para que cumpla con la medida cautelar que ordenó aplicar dos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 Martín Cormick le otorgó al Estado cinco días para cumplir, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas por el incumplimiento de la orden judicial.

La nueva resolución fue dictada después de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra la intimación anterior. Frente a ese planteo, el magistrado decidió ampliar los fundamentos de su decisión y ratificó que la cautelar se encuentra firme.

En primer lugar, el juez analizó el cumplimiento del artículo 5° de la Ley 27.795, referido a los salarios universitarios. Reconoció que el Estado acreditó algunos avances: “Se han documentado los aspectos de cumplimiento temporáneo en las convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago”.

Sin embargo, consideró que eso no alcanza. Según sostuvo, “no surge en igual modo respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas (…) haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”.

Uno de los datos centrales de la resolución aparece cuando el juez analiza la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, período que toma como referencia para evaluar el cumplimiento de la cautelar.

Con base en el IPC del INDEC, señaló que “la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes junio de 2026… resultó ser del 312,19%”.

A partir de ese dato, concluyó que de las respuestas presentadas por el Estado “no se advierte que se haya alcanzado dicho incremento”.

El magistrado también rechazó el argumento del Gobierno de que la cautelar ya habría sido cumplida. Recordó que esos planteos habían sido analizados anteriormente, cuando el juzgado rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar el 1° de septiembre, decisión que quedó firme.

Por eso, sostuvo que, “contrariamente a lo que invoca el demandado (…) no se ha agotado el alcance de la cautelar”.

El segundo punto de la resolución está relacionado con las becas estudiantiles. El artículo 6° de la ley establece la recomposición de los programas de becas según la variación acumulada del IPC e incluye expresamente a Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras.

En este aspecto, el juez detectó otra diferencia entre lo ordenado y lo informado por el Gobierno.

La propia representación del Estado sostuvo que, según su interpretación de la ley, “la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano”.

Y agregó en su presentación: “De esta forma, ni las becas Progresar, ni las denominadas de enfermería corresponden al aludido programa, y tampoco las ‘otras’ tal como incorrectamente señala la ley en cuestión”.

Para el magistrado, esa explicación no acredita el cumplimiento de la cautelar. En la resolución remarcó que el Estado “admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas”.

Por eso, concluyó: “el cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente en relación a éste punto”.

La resolución aclara que esa consideración no implica anticipar una decisión sobre el fondo de la cuestión, pero sí determina que, desde el punto de vista cautelar, la orden judicial continúa incumplida.

Luego de analizar los argumentos del Gobierno, el juez decidió mantener el criterio fijado en la resolución del 22 de septiembre y rechazó conceder el recurso de apelación presentado en subsidio.

Finalmente, ordenó una nueva intimación al Estado Nacional: “intímese nuevamente al Estado Nacional -P.E.N- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”.

La medida cautelar dictada en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires está firme, tras una resolución de la Corte Suprema de junio pasado que avaló la decisión del juez.

La relación diplomática entre Uruguay y Argentina viene enfrentando episodios de tensión respecto de la causa Malvinas, sobre todo, luego de que el gobierno de Javier Milei endureciera su postura en el reclamo de soberanía sobre las islas; y al respecto se refirió el canciller Mario Lubetkin, que llamó a "una reflexión" frente a una nueva fase del conflicto.

Primero por un stand británico en la Expo Prado, luego por la supuesta instalación de un cable submarino entre Montevideo y las islas y, ahora, por la posible adquisición de dos buques de guerra de la Marina Real para la Armada Nacional: en las últimas semanas, los cuestionamientos por parte del país vecino al gobierno uruguayo giraron en torno a la postura local frente al Reino Unido y la llamada causa Malvinas. El momento no es casual: la gestión de Milei endureció su postura en el reclamo de soberanía sobre el territorio isleño luego de que se conociera la actividad de prospección sísmica que llevan a cabo los británicos en dicha área.

Consultado al respecto, Lubletkin señaló este hecho como un punto de inflexión en el ya histórico conflicto entre Argentina y el Reino Unido, y advirtió sobre el inicio de una nueva etapa en el mismo.

"Hablamos de un tema que es mucho más grave, que es el tema de las Malvinas", señaló el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), en diálogo con Canal 10, respecto del encuentro que mantuvo con su par argentino, Pablo Quirno, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Allí, el tema de conversación no fue la eventual adquisición de los buques británicos, sino el reclamo de soberanía en forma más amplia.

"¿Por qué digo que es más grave? Porque creo que cuando empezó el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido, a la isla, cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas. Ese es el tema del que estamos hablando con los amigos argentinos. Porque una cosa es la isla invadida, una cosa es la lucha contra el colonialismo que expresa las Malvinas, otra cosa es cuando de allí se saca mucho dinero fruto del resultado de la prospección, o sea, del uso económico de la isla tomada colonialmente, porque eso significa que detrás viene la articulación militar, porque tú vas a tratar de defender esos fondos que vas a llevar a un lugar bien alejado de Argentina”, apuntó Lubetkin.

En ese sentido, sostuvo que Uruguay debe pasar a "otra fase" en relación al conflicto por las islas del Atlántico Sur, y llamó a "una reflexión" en el gobierno, en el Frente Amplio (FA), y en todo el sistema político: “Ahora lo que se viene es por muchos años y es totalmente diferente a lo que pasó hasta ahora. Ahora hay dinero de por medio, no solamente la invasión a una isla, y ahí, cuando entra el dinero, también puede entrar la capacidad militar de diferente tipo”.

Respecto al cambio de postura de Argentina respecto de las islas, "una postura que algunos dicen es más agresiva", Lubetkin remarcó que "están defendiendo sus derechos, su patrimonio, ese es el punto de partida nuestra y de ahí no nos movemos”; ratificando así el apoyo uruguayo a la causa Malvinas y en favor del reclamo del país vecino.

“Tenemos que reflexionar y definir que lo que teníamos hasta ahora como claramente la posición de todo el sistema político, creo, de que las Malvinas son argentinas, tiene la misma validez, pero debajo de eso ahora hay una explotación económica de las Islas Malvinas que genera una lógica estructural en la isla que, como dicen los argentinos, es robarle el patrimonio propio y llevárselo hasta la otra punta del mundo”, agregó, insistiendo en la nueva complejidad que se suma al conflicto.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, volvió a reclamar a los directivos de Mirgor que reviertan los despidos y abran una instancia de diálogo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), luego de que la empresa comunicara este miércoles alrededor de 130 nuevas desvinculaciones, pocos días después de finalizada la conciliación obligatoria.

Vuoto recordó en la red social X y a través de una carta abierta que hace poco más de un mes había pedido a la empresa que reincorporara a los trabajadores despedidos y que buscara una salida a través del diálogo. En ese sentido, cuestionó que trabajadores con años de antigüedad se hayan presentado a cumplir su jornada y se encontraran con sus tarjetas bloqueadas en el ingreso a la planta de Río Grande.

El intendente sostuvo que el contexto de apertura de importaciones y reducción de aranceles dispuesto por el Gobierno nacional afecta a la industria fueguina, pero remarcó que las decisiones empresariales sobre los despidos corresponden a la conducción de cada compañía. También cuestionó especialmente la desvinculación de representantes gremiales y reclamó a Mirgor que cumpla con las obligaciones pendientes con sus trabajadores.

“Todavía están a tiempo de revertir estos despidos, pagar lo que deben y sentarse con la UOM. Ushuaia no mira para el costado. Esta no es una pelea de otra ciudad, es de toda Tierra del Fuego. Esta provincia no se construyó con telegramas, se construyó con trabajo”, afirmó Vuoto.

La posibilidad de crearse un corredor logístico y comercial entre Magallanes y las Islas Malvinas, dio inició ayer en la apertura de un encuentro empresarial en Punta Arenas y avanzará este martes 29 de septiembre con una segunda jornada, en el Hotel Cabo de Hornos; donde se conocieron los nombres de los actores corporativos involucrados.

Los reportes publicados por la prensa regional trasandina —tanto por Radio Polar como por La Prensa Austral— confirmaron el saldo de las dos jornadas del denominado primer "Encuentro Empresarial Punta Arenas – Las Islas". Donde más de medio centenar de firmas magallánicas y 28 corporaciones y entidades de la ocupación colonial cerraron acuerdos de abastecimiento de alimentos, materiales de obra pesada y repuestos técnicos, con el objetivo de inaugurar a fin de año la ruta marítima mensual que operará la naviera chilena Easter Island.

El cónclave no es una exploración abstracta. La publicación de la nómina de las compañías magallanicas expone el entramado comercial que prepara sus bodegas para nutrir al enclave británico, en abierta contradicción con los consensos regionales de no asistencia al usurpador.

De acuerdo con el relevamiento difundido por La Prensa Austral, un total de 53 empresas magallánicas participaron formalmente de las mesas de negociación con la comitiva británica. El cronograma dividió la actividad en dos etapas: la jornada del lunes concentrada en los rubros alimentario y ferretero, y la del martes abocada al sector constructivo.

Entre las compañías chilenas individualizadas que buscan convertirse en proveedoras directas de la colonia figuran firmas de primer orden regional:

Alimentos y bebidas: Distribuidora Tío Rico, Distribuidora Rofil, Distribuidora Oviedo, Carnes Natales, Comercial Patagona y la Embotelladora Andina.

Construcción y ferretería: Bolt Chile, Corcoran y Crosur.

Sector agropecuario y naval: Covepa y Servinaut.

Sebastián Prado, gerente de Ferretería Bolt, celebró abiertamente la iniciativa municipal señalando ante los medios locales: "Agradecer a la municipalidad y al alcalde Claudio Radonich por este primer encuentro empresarial con las islas. La verdad es que estamos bastante optimistas (...) Esperemos que sea una jornada llena de buenos contactos y posibilidades de negocio".

"El gran supermercado y el gran home center": El rol de la intendencia

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, volvió a asumir públicamente la defensa del negocio. En declaraciones recogidas por los medios locales, el jefe comunal describió el papel logístico que asumirá su ciudad en desmedro de la ruta por Montevideo:

"Vamos a ser como el gran supermercado, el gran home center para los habitantes de la isla (...) Si una familia quiere ampliar la casa o ampliar el baño, podrá comprar esos artículos en Punta Arenas; saldría mucho más barato que traerlos de Uruguay", afirmó Radonich, detallando la demanda de cemento, madera, congelados, abarrotes y repuestos automotores.

Las declaraciones del alcalde desnudan la subordinación de los compromisos de Estado ante la rentabilidad municipal: para abaratar las ampliaciones habitacionales o los suministros básicos de la población colonial británica, la alcaldía magallánica asume la tarea de construir una cabecera de abastecimiento que, en los hechos, actúa como la retaguardia indispensable para abaratar los costos operativos generales de la usurpación y sus proyectos offshore.

El gerente general de la naviera Easter Island, Pablo Pacheco, aportó precisiones sobre el esquema náutico:

Características del buque: Operará una embarcación de bandera chilena con capacidad para 2.600 metros cúbicos.

Capacidad de carga: Transportará abarrotes, insumos de construcción, congelados y gas licuado, un insumo crítico para la energía de las islas y la infraestructura auxiliar.

Operatividad: La navegación insumirá dos días y medio de navegación, con una frecuencia regular de un viaje al mes a partir de fines de 2026.

Por la parte británica, la misión estuvo comandada por las máximas autoridades de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC): la subdirectora general Louise Ellis, el gerente de proyectos estratégicos Sam Cockwell y la responsable de comunicaciones Jane Clarke. A ellos se sumó la plana mayor de la Cámara de Comercio de las islas, encabezada por su director, Mike Summers, exmiembro de la asamblea legislativa colonial.

Ellis calificó el inicio de los contratos como un hecho "extremadamente emocionante" para "reconectar las comunidades", mientras que Summers ponderó la recomposición de los vínculos históricos.

La divulgación pública de las 53 empresas magallánicas y de la naviera Easter Island termina con cualquier margen de ambigüedad. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) ya intimó por carta documento al canciller Pablo Quirno a ejecutar las competencias del Decreto 868/2026 y aplicar las inhabilitaciones y sanciones penales de la Ley 26.659.

Dicha normativa argentina castiga no solo la exploración ilegal directa, sino todo acto de asistencia, provisión, transporte y logística que beneficie a las entidades en la zona en disputa. Al mismo tiempo, el Decreto PEN 256/2010 impone la obligatoriedad de autorización previa a toda embarcación que pretenda cruzar aguas de jurisdicción argentina con destino a Malvinas.

Mientras en el Hotel Cabo de Hornos se rubricaron listas de precios y órdenes de compra de cemento, alimentos y gas licuado, los nombres de las compañías y los operadores navales han quedado formalmente expuestos: la ley argentina y la defensa soberana en el Atlántico Sur exigen que cada eslabón de esa cadena de suministro afronte las consecuencias legales de cooperar con la potencia colonial.

En el país hoy se le da una segunda vida apenas al 1 por ciento de las 1.600.000 toneladas de alimentos que se desperdician por año. Es decir, solo se aprovechan 16 mil toneladas que no se venden o consumen por su circuito habitual, pero que todavía son aptos para comer. Estos ingresan, a organizaciones sociales a través de los bancos de alimentos. El 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para visibilizar este problema global y promover soluciones sostenibles. En la Argentina, para las empresas es más caro tirar un alimento que donarlo.

Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos de Buenos Aires, explica que las donaciones de alimentos están regidas por la Ley Donal, que exime de responsabilidades a los donantes en la medida en que lo hagan a través de las organizaciones especializadas para esto. “También hay una oportunidad en los incentivos fiscales y económicos para las empresas: modificar el tratamiento del IVA sobre los alimentos donados. Hoy, cuando una empresa descarta un alimento y lo envía a disposición final, puede recuperar el IVA asociado a ese producto, asegura. “Ahora bien, cuando se dona un alimento, lamentablemente, no se puede tomar el IVA. Con lo cual, para una empresa que no tuvo ganancias, como pasó en algunas empresas los últimos años, evidentemente, es más caro donar un alimento que tirarlo”.

La cuestión impositiva es un tema que viene de larga data --desde la creación de la ley de IVA-- y que, según Uranga, debería reformularse para tener la oportunidad de agilizar las donaciones y que sean una solución privada que inclusive pueda ayudar a todo el país. “Ese alimento está disponible. Lo único que falta es generar los incentivos suficientes para que llegue a manos de quien lo necesita”.

Países como Colombia, Brasil y Chile están dando incentivos económicos para que las empresas donen sus productos. “Esto no solo genera beneficios económicos para el país sino que brinda oportunidades para el futuro, porque ese chico que está bien nutrido es un chico que puede estudiar y que luego entra en el mundo del trabajo”, remarca Uranga.

El modelo de trabajo de Banco de Alimentos incluye la distribución hacia 1300 organizaciones. Así es como llegan a los comedores y a hogares. Durante los 20 años de trabajo del Banco de Alimentos se rescataron 66 millones de kilos de alimentos y productos. Desde la institución, en 2020 se gestionaron 7,6 millones de kilos que iban a desecharse, entre los cuales un 20 por ciento fue de fruta y verdura.

Laura Gancedo es coordinadora del proyecto Plato Lleno, una ONG que tiene como misión rescatar alimentos y distribuirlos. “Las empresas no quieren dar alimentos por miedos legales. Este es la mayor traba con la que nos encontramos. Nuestro rescate es como un delivery. Nosotros rescatamos los alimentos y en quince minutos estamos en el comedor más cercano haciendo la entrega. Los rescatistas envasan todos los alimentos en bandejitas y los enfilman. Utilizan una indumentaria especial para la manipulación de los alimentos. Lo que llega es clasificado por los voluntarios que también revisan la inocuidad, que no haya nada vencido o que no tenga el empaque primario roto. El comedor nunca sabe de dónde viene el alimento, sino que el responsable es Plato Lleno”.

Todos los rescatistas tienen realizado el curso de manipulación de alimentos y eligen lo que rescatan y lo que no. Gancedo asegura que la mayoría de las empresas que tienen alimentos para destruirlos deben pagar porque no pueden donarlos o dejarlos en la puerta de la empresa o de un supermercado. Esa destrucción tiene un costo que siempre es muy elevado. “Consideramos que la persona que tiene el alimento es responsable de ese alimento y está solicitando un servicio de rescate. Entonces, le pedimos una contribución económica al solicitante, en este caso, que es a quien pide el rescate, más que nada para cubrir gastos de logística, nafta y materiales, y no le cobramos al hogar o institución que recibe el alimento”.

El desperdicio de alimentos también ocurre puertas adentro. Una medición realizada en hogares urbanos de la Argentina registró un promedio de 71,9 kilos descartados por persona al año, casi 200 gramos por día. El estudio, elaborado por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI) en el marco del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, puso una balanza donde hasta ahora había, sobre todo, estimaciones y percepciones. La diferencia entre ambas es reveladora: el 63,1 por ciento de los encuestados cree que en su casa se desperdicia poca comida, pero el pesaje arrojó un promedio de 198 kilos por hogar al año. El principal motivo declarado fue el deterioro durante el almacenamiento, mencionado por el 76 por ciento de los hogares. También aparecen las porciones que se preparan de más, los productos que vencen y la comida que queda en el plato. Las frutas y verduras encabezan la lista de alimentos que los participantes dijeron descartar.

El estudio calculó que se descartan 71,9 kilos de alimentos por persona al año. Pero esa cifra no equivale a 71,9 kilos de comida aprovechable: también incluye cáscaras, huesos y otras partes que los hogares suelen tirar. Según el informe, el 58 por ciento del peso corresponde a esos descartes habituales; el 28 por ciento, a alimentos que normalmente se comerían pero terminaron desechándose; y el 14 por ciento, a líquidos.

En los grupos de conversación del estudio surgieron escenas conocidas: una sobra que tapa otra en la heladera, una compra olvidada al fondo de la alacena, fruta que madura antes de que alguien la coma. Tirarla provoca bronca por la plata gastada y, en algunos casos, culpa frente a quienes no tienen qué comer.

El Gobierno de la Provincia continúan desarrollando las mesas de trabajo previstas en el Acuerdo Salarial e Integral para Fortalecer la Educación Fueguina al que se llegó con el SUTEF, avanzando en el análisis de los distintos aspectos que hacen al funcionamiento del sistema educativo provincial y en la definición de acciones destinadas a atender sus necesidades.

Como parte de este proceso, se llevó adelante la primera reunión de la comisión de Infraestructura, uno de los espacios de trabajo acordados en la última mesa paritaria. El encuentro permitió comenzar a profundizar el relevamiento del estado actual de los establecimientos educativos de toda la provincia y avanzar en la planificación de las intervenciones y las inversiones necesarias.

La secretaria de Infraestructura Educativa, Victoria Castro, explicó que durante la reunión “hemos presentado un programa de carga para todas las instituciones de la provincia”, herramienta que permitirá sistematizar la información sobre las condiciones edilicias y organizar las tareas de mantenimiento de acuerdo con las necesidades relevadas.

En este sentido, la funcionaria destacó la importancia de contar con un diagnóstico actualizado que permita ordenar las prioridades y proyectar las acciones a desarrollar. “Estamos trabajando mucho en la carga del estado actual de las instituciones”, señaló.

El trabajo también contempla la planificación de las tareas que se desarrollarán durante los próximos meses, particularmente durante el receso de verano, así como la proyección de las intervenciones previstas para 2027. Al respecto, Castro explicó que el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas requiere una planificación específica para garantizar que las tareas puedan realizarse de manera organizada y eficiente.

“Estamos trabajando para programar todo lo que tiene que ver con el operativo durante el receso, y poder también proyectar el 2027”, indicó.

Asimismo, explicó que las intervenciones se organizan a partir de un sistema de reclamos y prioridades que permite atender las situaciones de acuerdo con su nivel de urgencia, considerando el desgaste propio de los edificios escolares y su utilización cotidiana por parte de estudiantes y trabajadores de la educación.

“Tenemos semaforizadas las tareas, porque hay situaciones que a veces tienen que esperar un poco más que otras. Vamos a lo que realmente es importante, que puede ser gas, agua, calefacción”, detalló.

Como parte de los mecanismos de seguimiento y registro, cada institución educativa cuenta además con un libro de actas en el que se dejan asentadas las tareas realizadas por el área de Infraestructura Educativa. “Está disponible para quien tenga alguna duda de qué tareas se desarrollan”, sostuvo Castro.

De esta manera, la comisión de Infraestructura se incorpora al proceso de análisis y trabajo conjunto previsto en el Acuerdo Salarial e Integral para Fortalecer la Educación Fueguina, permitiendo avanzar en un diagnóstico de las condiciones del sistema y en la definición de acciones orientadas a atender sus distintas necesidades.

En continuidad con esta agenda, el próximo 9 de octubre se realizará una nueva reunión con la comisión de Infraestructura correspondiente a Río Grande y Tolhuin. Posteriormente, está prevista una mesa de trabajo de alcance provincial con la participación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de articular las obras que lleva adelante esa cartera con las tareas de mantenimiento y servicios a cargo de Infraestructura Educativa.

La confianza en el gobierno de Javier Milei mostró una caída de 5,9% en septiembre, en relación con el mes anterior, y se ubicó en el valor más bajo de su mandato junto a los registrados en septiembre de 2025 y en julio pasado, según el índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. La caída de la confianza en la gestión de Milei acumula una caída del 21,4% desde el fin del año pasado.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) valora la confianza en el gobierno de 1 a 5, a partir de una encuesta de opinión pública a nivel nacional. La caída 1,94 puntos en septiembre, con relación al 2,06 registrado en agosto, se mantiene en los parámetros que registra la gestión Milei desde una caída marcada que registró entre los meses de enero y mayo.

Para septiembre, los cinco componentes del ICG registraron descensos. El de mayor caída fue el de “Preocupación por el interés general”, con un derrumbe del -12,3%. En tanto, “Honestidad” cayó un -2,9%, “Capacidad para resolver problemas” un -4%, “Eficiencia” un -3,5%. También registró una fuerte caída la categoría “Evaluación general del gobierno” -9,3%.

En cuanto a los rangos etarios, Milei perdió mayor confianza entre los más jóvenes, en los segmentos de 18 a 29 años, a pesar de que continúa siendo el rango con más alto nivel de ICG. La brecha de género continúa mostrando una mayor confianza entre los hombres es de 2,19 puntos, con una caída mensual del -3,0%, mientras que entre las mujeres cae a 1,62 puntos, -9,2% en el mes.

Entre quienes poseen instrucción terciaria o universitaria, el nivel en confianza marcó su mayor caída (-14,4%), seguido por quienes tienen instrucción primaria (-11,2%) solo registró una suba elevada entre quienes completaron nivel secundario (+15,5%).

En el plano geográfico, el ICG presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior del país, pero con una caída del -8,4% en la comparación intermensual. Dentro del AMBA, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires se ubican en 1,84 puntos (-4,2%) y en el Gran Buenos Aires se ubicó en 1,72 puntos, con una leve suba de 0,2%.

A pesar de la baja en el nivel de confianza registrada desde enero, el nivel de confianza en el mes 33 de la presidencia de Javier Milei continúa 10,7% por encima de la presidencia de Mauricio Macri, y 57,4% mayor que el de la de Alberto Fernández, en el mismo mes de gestión.

El ICG se confecciona desde noviembre de 2001 y en la comparación con todas las presidencias sucedidas desde entonces, en el mismo periodo, se mantiene en niveles relativamente altos. La valoración es comparable a los obtenidos por Mauricio Macri, y por debajo de los de Néstor Kirchner (las dos presidencias con mayor ICG promedio de las seis anteriores).

En el mes 33 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión (2,62; -26,1%). En cambio, el 1,94 de este mes es superior al observado en el mes 33 de los mandatos de Cristina Kirchner I (1,77; +9,4%), Mauricio Macri (1,75; +10,7%), Cristina Kirchner II (1,71; +13,6%) y Alberto Fernández (1,23; +57,4%).

Luego de su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS, el juez federal Ariel Lijo pidió recibió este este lunes el pedido de detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por las supuestas irregularidades en la entidad.

El pedido al magistrado fue “en virtud de los nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión”.

El escrito presentado por el abogado Gregorio Dalbón apuntó a los informes en los que “se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados”.

“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS”, se sostuvo en el texto.

En este marco, Gregorio Dalbón solicitó la detención urgente del ex funcionario, remarcando su reciente procesamiento por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumo médicos a determinados laboratorios y empresas con coimas y sobreprecios.

Además, advirtió sobre el posible “peligro de entorpecimiento”, la posibilidad de que Spagnuolo “destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba”, que “influya para que testigos o peritos” e incluso pidió evaluar el “peligro de fuga”.

El proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías, que ya contaba con media sanción de Diputados, se convirtió en ley este jueves por la tarde al ser aprobado por el Senado por 38 votos afirmativos y 8 negativos. Tras dar luz verde, pero con cambios, a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el oficialismo se anotó una victoria legislativa en la iniciativa que reduce el alcance del subsidio al gas natural en regiones de bajas temperaturas.

La normativa se había ampliado durante el gobierno del Frente de Todos que impulsó Máximo Kirchner en 2021. Finalmente, después de intensas negociaciones que llevó adelante el jefe de Gabinete Diego Santilli con los gobernadores del Norte Grande -a quienes les prometió un régimen de subsidios a las tarifas eléctricas por “Zonas cálidas”- el oficialismo obtuvo los votos suficientes para avanzar con la modificación.

El proyecto que recorta el régimen de subsidios al gas alcanza, entre otros, a municipios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo. En las regiones incorporadas en 2021 desaparecerá el beneficio automático y solo podrán acceder a un descuento quienes acrediten vulnerabilidad económica.

Según informó la secretaria de Energía, María Tettamanti, de los 3,4 millones de usuarios actualmente alcanzados por el régimen, 1,6 millones perderían el beneficio.

La performance malvinera de Javier Milei en Naciones Unidas (ONU) no sólo desató el rechazo al diálogo por parte del gobierno británico sino que ahora despertó los alaridos de la ultraderecha en la Cámara de Representantes, que exigió “fortalecer” la presencia militar en las Islas Malvinas para que la Argentina desista de su reclamo por soberanía.

Sorprendentemente, el encargado de pedir que se redoble el poderío armamentístico en el archipiélago argentino fue Nigel Farage, el legislador del partido Reform UK que por muchos es considerado como “el Milei británico” o algo así.

Farage no es cualquier dirigente de derecha sino el principal referente ultra de ese espacio que más se abre paso hacia el cargo de primer ministro, que en la actualidad ostenta el aletargado Keir Starmer.

A través de su cuenta de X, el integrante de la Cámara de Representantes salió a confrontar con el argentino con quien se lo compara y que ayer interpretó otro de sus papeles de provocador en la Asamblea General, cuestionando al organismo e insistiendo con su demagogia malvinera.

“Debemos fortalecer la guarnición en las Malvinas para hacer que sea demasiado costoso para Argentina siquiera considerar una intervención militar”, escribió Farage, conocido por su acérrima defensa del nacionalismo británico, su postura contraria a la inmigración y por ser uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Ahora, es la hora de actuar”, exhortó en su mensaje el dirigente conocido desde hace décadas en su país pero cuyo nombre fue puesto en la palestra por ser el creador e impulsor del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea concretada hace seis años.

El objetivo de Farage fue ponerle un freno a la intentona del gobierno de Javier Milei de prohibir la explotación ilegal de hidrocarburos en el archipiélago argentino, como así también sancionar a las empresas que participen esas actividades.

El “Milei británico” está entre los primeros nombres para suceder a Starmer, a pesar de que sobre él pesan diversas causas por presuntos casos de corrupción.

Su partido desplazó a los conservadores y tiene la mira puesta en los comicios de 2029. En las municipales de mayo Reform UK ganó un escaño parlamentario, una intendencia, diez municipios y con ello casi la mitad de los concejales electos desplazaron a los conservadores a un tercer lugar y les ganó en algunos distritos al laborismo.

Pero Farage no fue el único que pidió reforzar la presencia militar británica en las islas. También se había expresado de esa manera el expremier Boris Johnson, quien cuando Milei agitó las sanciones a las petroleras en Malvinas le reclamó al Ministerio de Defensa británico que refuerce la presencia militar británica en el Atlántico Sur con “más aviones, tropas o barcos”.

Eso sí, en su pedido dijo lo que el presidente argentino es en verdad: “Milei es anglófilo y admirador de Thatcher”, sostuvo y advirtió que podría buscar apoyo político al “agitar el sentimiento popular apelando al tradicional nacionalismo”.

La Cámara de Senadores debatirá desde este mediodía el proyecto del oficialismo que modifica el régimen de Zona Fría, que llega que llega con media sanción de la Cámara de Diputados convertirse en ley, reduciría el alcance del subsidio al gas natural en regiones de bajas temperaturas.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió que, de aplicarse estos cambios, pueden verse afectados 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios bonaerenses. En este sentido, argumentó que los usuarios excluidos por la ley pueden sufrir un incremento automático de entre el 50% y el 100% en sus boletas de gas.

El régimen de Zona Fría está vigente desde 2002. Fue creado originalmente para compensar el mayor consumo de gas en regiones de extremas temperaturas bajas: la Patagonia, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.

En 2021, la Ley 27.637 extendió este beneficio a más de 230 departamentos en 14 provincias a partir de parámetros bioambientales. De esta manera, se incorporaron zonas que hasta entonces no estaban cubiertas, en Buenos Aires, Córdoba, Santa FecubiertasSanta Fe y San Luis.

En concreto, el beneficio tarifario consiste en un descuento del 30% general y del 50% para usuarios vulnerables sobre el componente de gas de la factura.

El proyecto de reforma que presentó La Libertad Avanza (LLA) —el cual llega con luz verde desde Diputados y sin modificaciones—, plan— plantear los artículos centrales de la última remodelación del documento para retrotraer el esquema al criterio climático original del régimen. Es decir, el subsidio automático queda reservado exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Así, la modificación del régimen limitará los descuentos para el resto de las regiones incorporadas en 2021 exclusivamente a los hogares vulnerables que estén inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El nuevo criterio para pertenecer al SEF establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC. Estarán inscriptos automáticamente los hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque estos últimos serán evaluados por la Secretaría de Energía.

Otra contrapartida de la reforma es que la cuantía del beneficio para dichos usuarios no estará más fijada en la ley: quedará librada a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

El subsidio recaería exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes que integran una boleta residencial. Los otros dos —el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo; y el costo del transporte troncal, así como la carga impositiva —dejarían de estar cubiertos.

De acuerdo con el proyecto de LLA, en la provincia de Buenos Aires el único municipio que conservaría el subsidio por pertenecer formalmente a la Patagonia es Patagones. Los 94 distritos restantes que quedarían excluidos del régimen general son:

25 de Mayo
9 de Julio
Adolfo Alsina
Adolfo Gonzales Chaves
Alberti
Arrecifes
Ayacucho
Azul
Bahía Blanca
Balcarce
Baradero
Benito Juárez
Bolívar
Bragado
Cañuelas
Capitán Sarmiento
Carlos Casares
Carlos Tejedor
Carmen de Areco
Castelli
Chacabuco
Chivilcoy
Colón
Coronel Pringles
Coronel Rosales
Coronel Suárez
Daireaux
Dolores
Florentino Ameghino
General Alvarado
General Alvear
General Arenales
General Belgrano
General Guido
General La Madrid
General Las Heras
General Lavalle
General Madariaga
General Paz
General Pinto
General Pueyrredon (Mar del Plata)
General Rodríguez
General Viamonte
General Villegas
Guaminí
Hipólito Yrigoyen
Junín
La Costa
Laprida
Las Flores
Leandro N. Alem
Lincoln
Lobería
Lobos
Maipú
Mar Chiquita
Marcos Paz
Mercedes
Monte
Monte Hermoso
Navarro
Necochea
Olavarría
Pehuajó
Pellegrini
Pergamino
Pilar
Pinamar
Puan
Ramallo
Rauch
Rivadavia
Rojas
Roque Pérez
Saavedra
Saladillo
Salliqueló
Salto
San Andrés de Giles
San Antonio de Areco
San Cayetano
San Nicolás
San Pedro
Suipacha
Tandil
Tapalqué
Tordillo
Tornquist
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Tres Lomas
Villa Gesell 
Villarino
¿Qué pasa con las otras provincias alcanzadas por la modificación de la ley? En este marco, para conseguir apoyos, el Gobierno libertario negoció en agosto con gobernadores de las provincias del norte un esquema de compensación eléctrica para las zonas bioambientales cálidas y muy cálidas.

Según trascendió, el acuerdo indica que Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy recibirían subsidios eléctricos durante los meses de mayor temperatura. Ese acuerdo, sin embargo, no fue incorporado al texto de la Ley que se vota hoy y no contempla ningún esquema de compensación para las zonas frías de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, criticó la reforma que busca ejecutar el Gobierno al sostener que dejará a “unas 136 mil familias pampeanas” sin subsidios, padeciendo “aumentos de entre el 40 y el 60% en las tarifas de gas”.

En conversaciones con Radio Splendid, el mandatario sostuvo que la medida “genera aún más asimetrías sociales” y aseguró que responde a “un modelo que hoy impera en la República Argentina, que cada vez implica mayor concentración de la riqueza en pocas manos y empobrecimiento progresivo de la mayoría de los argentinos”.

“Supuestamente se habla de un ordenamiento energético y de buscar mayor eficiencia fiscal, pero por otro lado se condonan deudas a los grupos concentrados de poder. Claramente vemos que es un gobierno que solo busca ajustar a la gente”, afirmó Ziliotto.

En cuanto a Santa Fe, los medios locales indicaron que la modificación dejaría fuera del beneficio climático general a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, ocasionando incrementos de hasta el 60% en las boletas de gas.

Desde Córdoba, la senadora peronista Alejandra Vigo explicó en sus redes sociales que la reforma provocará que “unos 700.000 usuarios pierdan los subsidios sin importar la zona en la que vivan”.