Mario Benedetti se preguntaba “por qué cantamos” en 1979 cuando las dictaduras oscurecían el horizonte en casi todos los países de América Latina. En épocas duras sobreviene siempre el interrogante sobre el sentido de una lucha penosa y cruel.

En la Argentina actual se plantean cuestiones similares ante la falta de perspectivas favorables. En este sentido, desde la asunción del gobierno de Milei, los docentes sufrieron la poda de más de un tercio del salario, los gastos de funcionamiento fueron severamente recortados, las obras de infraestructura frenadas, los hospitales no pudieron comprar insumos básicos y las nuevas instituciones no obtuvieron recursos para designar docentes. Sin excepciones, se desfinanciaron todas las universidades y sus diferentes funciones.

El recorte presupuestario adquirió tal magnitud que no alcanzó para morigerar sus efectos la apelación al esfuerzo personal, las búsquedas de mayor eficiencia en la gestión ni la adopción de alternativas creativas. Incluso distintas provincias y municipios, pese a sus evidentes debilidades fiscales y no ser su responsabilidad primaria, han aportado fondos para paliar situaciones extremas de restricciones de infraestructura.

Estos elementos pueden compensar o morigerar una disminución pequeña de recursos, pero resultan inútiles cuando los docentes renuncian en forma masiva, los investigadores se alejan en busca de otros trabajos u otros empleadores, los profesores deben apelar a un pluriempleo dañino para la salud y los jóvenes talentosos no se ven atraídos por cargos tan mal pagos.

La promesa electoral referida a que se bajarían impuestos y el costo lo pagaría la casta se mostró falaz y quedó claro que detrás de esa propuesta atractiva que prometía obtener los mismos beneficios sin pagarlos estaba el deterioro de todas las prestaciones estatales, con rutas, hospitales, colegios y universidades cada vez en peor estado.

Un país puede tener un esquema más liberal con impuestos y servicios menores o uno más intervencionista con impuestos y servicios mayores, pero los bajos impuestos y altos servicios son un esquema Ponzi, una estafa electoral que dura lo que la inercia de la situación previa permita hasta que el deterioro se hace intolerable, como en las universidades al día de hoy.

Debe admitirse que la universidad no es el único sector martirizado por el actual gobierno. Desde su inicio, e incluso antes en la campaña electoral, el presidente Milei lanzó una diatriba constante contra los empleados públicos y contra todas las actividades llevadas a cabo por el Estado, al punto de calificarlo como una asociación ilícita y autopercibirse como un topo que venía a destruirlo.

En estos más de dos años de gestión se pasó de la retórica a la práctica, se redujo en más del 26% el gasto público y han visto disminuido su valor no solo los salarios universitarios sino también los de los docentes de otros niveles, los médicos, policías, demás empleados públicos y jubilados. Además, se paralizó la obra pública y se redujeron diferentes transferencias sociales como los subsidios por discapacidad.

Más allá del sesgo general antiestatista, el gobierno de Milei ha tenido un encono especial con la educación, que se expresó desde su arranque con la degradación del Ministerio a Secretaría, algo sin antecedentes desde el retorno democrático, y la eliminación de casi todos los programas para la educación básica (como el FONID, la entrega de computadoras o la construcción de escuelas), entendiendo que ésta no le concernía a pesar de los mandatos legales. Asimismo, en el discurso de asunción y en los de apertura anual del Congreso omitió los temas educativos y fijó como prioridades a la defensa y la seguridad.

En lo estrictamente concerniente a la universidad, el gobierno tuvo una hostilidad manifiesta al asumir con el nombramiento de un Subsecretario de Políticas Universitarias sin antecedentes meritorios y con un discurso agresivo contra las casas de estudios y sus autoridades, a las que luego se tildó, sin ninguna prueba, de poco transparentes.

El desfinanciamiento en el primer año de gobierno fue extremo (-30%) y persistió en el período posterior. Más aún, el principal componente del presupuesto, el salarial, tuvo aumentos inferiores a la inflación en todos los meses en el último año y no hay ningún compromiso formal de recomposición o, al menos, de no detener la merma, algo compatible con el slogan de la “motosierra eterna”.

En los últimos 60 años, hubo cuatro ajustes al presupuesto universitario de gran magnitud: en el año 1976 al asumir la dictadura militar, en 1982 durante la guerra de las Malvinas, en 1989 con el episodio hiperinflacionario y en el 2001 con el colapso del Plan de Convertibilidad. En todos los casos los gobiernos apelaron a su imposibilidad de transferir más recursos, pero en este caso hay una voluntad expresa, es más un “no quiero que un no puedo”.

¿Por qué marchamos?

El Poder Legislativo aprobó una ley de financiamiento universitario que fue revalidada con una mayoría agravada luego del veto presidencial. Su incumplimiento resulta inaceptable y la Justicia ya se ha expedido en ese sentido. Los argumentos jurídicos del gobierno van de lo pueril a lo ridículo, incluyendo criterios tales como que una ley no puede derogar a otra ley o que una erogación que representa un 0,23% del PBI desbalancea el equilibrio fiscal e impide el apoyo federal para el control policial en la ciudad de Rosario mientras, simultáneamente, el propio Milei indica que redujo el 15% el gasto público y la economía creció el 10% en dos años. Con solo usar algo menos de una sesentava parte del ajuste fiscal o una cuarentava parte del aumento del PBI se podría erogar el costo de la cautelar de la ley.

Marchamos, en consecuencia, para que las universidades no se continúen degradando.
Marchamos para que los salarios no condenen a la pobreza a la mayoría de los docentes.
Marchamos para que la investigación tenga las condiciones dignas para su desarrollo y no expulse al exterior a nuestras mentes más brillantes.
Marchamos para que los alumnos puedan estudiar sin depender de la lotería de nivel económico de su familia de origen.
Marchamos, además, para que el Estado recupere su rol de garante de la educación en todos los niveles, de la salud, la vivienda y el trabajo digno como establece nuestra Constitución Nacional.
Marchamos para que el Estado de derecho sea algo asegurado y no se pueda cuestionar el cumplimiento de las leyes.
 

En síntesis, y parafraseando a Mario Benedetti,

Marchamos porque el grito no es bastante. Y no es bastante el llanto ni la bronca. Marchamos porque creemos en la gente. Y porque venceremos la derrota.

Juan Doberti y Gabriela Gabay son docentes e investigadores UBA y UNLAM.

A casi un mes de la primera muerte por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, la embarcación llegó este domingo al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, donde comenzó una compleja operación de evacuación y repatriación que finalizará este lunes.

El crucero permanece bajo un estricto perímetro de seguridad de una milla náutica para garantizar su aislamiento, mientras equipos sanitarios evalúan a los pasajeros asintomáticos que serán trasladados directamente al aeropuerto.

Los primeros en salir fueron catorce españoles, que fueron llevados al aeropuerto de Tenerife Sur en colectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de muro de protección.

Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección con los que descendieron de la embarcación y fueron desinfectados. Según lo previsto, llegarán a Madrid, donde serán enviados a un hospital militar para hacer cuarentena.

La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades. Este domingo hay vuelos previstos a los Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según indicó en conferencia de prensa la ministra española de Salud, Mónica García, quien calificó la operación como “sin precedentes”, destacando la participación de 23 países en la planificación para evitar la propagación de la rara cepa andina del virus.

El despliegue en el puerto industrial del sur de la isla cuenta con la presencia de la policía militar y equipos de respuesta ante desastres, quienes han instalado carpas de recepción con acceso restringido.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se encuentra en Tenerife supervisando el operativo y envió un mensaje de calma a los habitantes ante el temor latente de la pandemia de covid-19.

“El riesgo de contagio es bajo por la forma en que funciona el virus y por la preparación del gobierno”, aseguró el jefe de la OMS, explicando que el brote se originó en un vertedero de Argentina y que la transmisión entre humanos es inusual.

No obstante, hospitales locales como el de Candelaria permanecen en alerta máxima con unidades de aislamiento y respiradores listos para intervenir ante cualquier emergencia durante el traslado.

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Para los pasajeros, el desembarco representa el fin de muchos días de incertidumbre en alta mar, aunque el proceso culminará con largas semanas de cuarentena debido a que el virus tiene un período de incubación de hasta nueve semanas.

Carlos Ferello, un ingeniero jubilado argentino que embarcó en Ushuaia con el deseo de navegar por rutas remotas, rompió el silencio este domingo tras el arribo del crucero MV Hondius a Tenerife y calificó la experiencia como “una desgracia”.

“Iban a ser treinta y pico de días; tendría que haber estado en Buenos Aires el 5 de mayo, y ahora se va a alargar por lo menos 15 días más”, lamentó el pasajero, quien de todas formas rescató el vínculo de fraternidad que se generó a bordo tras semanas de aislamiento.

A pesar de la gravedad del cuadro sanitario, Ferello aseguró que no se vivió un clima de pánico generalizado. “Como yo estaba solo, siempre comía, desayunaba y paseaba solo; no tenía tanto contacto”, explicó, señalando que las medidas de distanciamiento ayudaron a frenar nuevos contagios.

Una vez concluida la operación, el Hondius viajará con la parte esencial de su tripulación y el cadáver de una víctima hacia su base en los Países Bajos, donde será desinfectado.

El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su oposición.

“Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población. Si ellos quieren violentar a la comunidad autónoma y a la voluntad de las instituciones canarias, lo van a hacer ellos desde el Gobierno de España, pero no con nuestra complicidad”, aseguró el presidente canario, Fernando Clavijo.

“El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia”, dijo este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de su Partido Socialista en Andalucía.

En tanto, el papa León XIV, que visitará el archipiélago en abril dentro de un viaje a España, exclamó desde la Plaza de San Pedro: “¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos!“.

El miércoles 8 de abril, en el seno de la Comisión Nº 2 de la legislatura fueguina; el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, desnudó ante los parlamentarios la red de mentiras y omisiones con las que Roberto Murcia facilitó la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Hoy domingo 10 de mayo, 32 días después, de esa revelación oficial: ¿Cuál es la razón por la qué Murcia sigue en su cargo?

En cualquier Estado con salud democrática, un funcionario que reconoce ante el máximo órgano de control y ante el Poder Legislativo que "se pudo haber equivocado" al no consultar al Fiscal de Estado sobre una intervención federal, debería haber presentado su renuncia inmediatamente después de salir del edificio.

Murcia no solo "se equivocó". Según el Fiscal Martínez de Sucre, se le aconsejó explícitamente el 16 de diciembre presentar una cautelar urgente para frenar el zarpazo de la ANPyN. Los legisladores y legisladoras saben que Murcia desoyó el consejo de la Fiscalía, que ocultó la información y permitió que el puerto fuera cedido "llave en mano" a las 23:59 del 20 de enero. 

El Enigma de la Legislatura

Es muy llamativo que los legisladores presentes —quienes vieron a un Murcia "visiblemente afectado y sin palabras" al ser descubierto en su mentira— no hayan emitido hasta la fecha una sola resolución desnudando las revelaciones del Fiscal de Estado y exigiendo la remoción de toda la cúpula de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego.

¿La Legislatura se comunicó con el gobernador Gustavo Melella para transmitirle lo transcurrido y pedirle explicaciones? Si los representantes del pueblo permiten que un funcionario mienta en una comisión y continúe administrando (aunque sea formalmente) el mayor activo estratégico de la provincia, están enviando un mensaje de impunidad.

¿Para quién gobierna Melella?

La responsabilidad última recae sobre el Gobernador. Si Melella no ha apartado a Murcia de su cargo ni ha ordenado una investigación interna, está ratificando que el accionar del presidente de la DPP fue, en realidad, una orden ejecutada. Mantener a Murcia, es mantener el plan de la "zona liberada".

El Puerto de Ushuaia hoy recauda para la AGP nacional. La "llave de la provincia" fue entregada por un funcionario que mintió y por un sistema político que hoy elige callar. La permanencia de Roberto Murcia es el monumento a la desidia fueguina. Si no hay renuncia, si no hay sumario y si no hay acción legislativa, es porque en Tierra del Fuego la soberanía se declama en los actos, pero se entrega en la puerta cerrada de los despachos.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresó un fuerte rechazo a la presencia de la diputada nacional Sabrina Ajmechet en Ushuaia y la declaró “persona no grata”, luego de que volvieran a viralizarse antiguos mensajes publicados por la legisladora sobre la cuestión Malvinas.

Las publicaciones, realizadas en 2012 en la red social Twitter, generaron una nueva ola de críticas en Tierra del Fuego. En uno de los posteos, Ajmechet escribió: “Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers”. En otro, sostuvo: “Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas”.

Aunque los dichos tienen más de una década, distintos sectores políticos, sociales y sindicales remarcaron que continúan causando un profundo rechazo en la provincia, donde la causa Malvinas ocupa un lugar central en la identidad fueguina.

A través de un comunicado, el SUTEF sostuvo que las expresiones de la diputada representan “una ofensa” para el pueblo fueguino, los veteranos de guerra y los familiares de caídos en el conflicto del Atlántico Sur. Además, ratificó el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La polémica también escaló dentro del propio oficialismo nacional. Días atrás, la vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó públicamente a Ajmechet y reflotó los antiguos posteos de la legisladora, en medio de la creciente interna dentro del Gobierno nacional.

Según publicó Página/12, Villarruel calificó a Ajmechet como “una vergüenza” al recordar el tuit de 2012 en el que afirmaba que “las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”, lo que derivó en un fuerte intercambio en redes sociales y sumó tensión a la disputa interna del oficialismo.

Desde el gremio docente fueguino insistieron en que “el pueblo tiene memoria” y remarcaron que no se trata de declaraciones menores ni aisladas, sino de expresiones que contradicen el reclamo histórico de soberanía sostenido por la Argentina.

En los últimos días circularon en medios de Tierra del Fuego dos afirmaciones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo y a la baja de la natalidad: por un lado, que las mujeres utilizan el aborto como método anticonceptivo; por otro, que la caída de los nacimientos en la provincia se explica por el acceso a la IVE y por el trabajo en anticoncepción. Frente a esas lecturas, desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva plantearon que se trata de interpretaciones simplificadas, que no se corresponden con los datos disponibles ni con la complejidad de las situaciones que atraviesan las personas que acceden a la práctica.

El doctor Jorge Farina, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Tierra del Fuego, fue categórico al rechazar la idea de que pueda afirmarse que el aborto sea utilizado como método anticonceptivo. “Eso no lo podemos afirmar como tal”, señaló, y explicó que, cuando existen situaciones de interrupciones previas, generalmente aparecen asociadas a fallas en los métodos anticonceptivos o a dificultades en la adherencia al método indicado. En ese sentido, remarcó que la mayoría de las mujeres que llegan a la consulta acceden por primera vez a una IVE, un dato que contradice la idea de un uso sistemático de la práctica como reemplazo de la anticoncepción.

En la misma línea, la licenciada en obstetricia Fabiana D’Ippolito, subreferenta del programa, sostuvo que reducir el acceso al aborto a una única causa “no parece correcto”. Según explicó, las situaciones que atraviesan las mujeres son múltiples: condiciones económicas, vínculos de pareja, proyectos de vida, adolescencias y juventudes que no desean interrumpir sus estudios, mujeres que ya tienen hijos y no quieren volver a maternar, situaciones de violencia, presiones familiares o de pareja, consumos problemáticos y distintos contextos personales.

D’Ippolito aclaró que pueden existir casos en los que una mujer no haya sostenido un método anticonceptivo o haya tenido dificultades para cuidar su salud sexual, pero advirtió que eso no permite convertir una situación particular en una conclusión general sobre todas las mujeres. Para la profesional, el problema de esa narrativa es que borra la diversidad de realidades que llegan al sistema de salud y transforma una discusión sanitaria, social y humana en una acusación moral sobre las personas que consultan.

La segunda afirmación cuestionada por los profesionales es la que vincula directamente la baja de la natalidad con la legalización del aborto y con el acceso a métodos anticonceptivos. Farina explicó que, al analizar los nacimientos en el Hospital Regional Ushuaia, la caída comienza a observarse desde 2015, varios años antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Recién desde 2021, con la ley vigente, el sistema cuenta con registros formales de interrupciones, por lo que no hay datos previos comparables que permitan medir cuánto incidía la práctica cuando era clandestina.

Para Farina, la baja de la natalidad no es un fenómeno exclusivo de Tierra del Fuego ni de Argentina, sino una tendencia que se observa a nivel mundial. Entre los factores que mencionó aparecen los cambios en los modelos de familia, parejas que deciden tener un solo hijo, personas que optan por métodos anticonceptivos quirúrgicos, transformaciones en la vida laboral de las mujeres, nuevas pautas de crianza y las condiciones materiales necesarias para sostener la maternidad o paternidad. “Hay otros factores fuera de lo médico que influyen también en la caída de la natalidad”, explicó.

Farina también introdujo una aclaración clave para leer correctamente la comparación entre interrupciones del embarazo y nacimientos. Según explicó, las IVE se realizan en el sistema público porque el sector privado no lleva adelante esta práctica. Dentro del sistema público, además, Ushuaia concentra una mayor cantidad de interrupciones porque en Río Grande y Tolhuin no hay profesionales de segundo nivel que las realicen.

En cambio, los nacimientos se distribuyen entre el sistema público y el privado: de acuerdo con Farina, la cantidad de partos en el sector privado es más o menos similar a la que se registra en el público. Por eso, comparar solo las IVE del sistema público con los nacimientos de un hospital público puede llevar a una lectura incompleta. Si se considera también el sector privado, la cantidad total de nacimientos es considerablemente mayor que la que aparece en el registro hospitalario público, lo que permite inferir que en la provincia los nacimientos superan ampliamente a las interrupciones voluntarias del embarazo.

En definitiva, las declaraciones de Farina y D’Ippolito permiten ordenar el debate público sobre bases más serias. Los datos disponibles no sostienen que las mujeres usen mayoritariamente el aborto como método anticonceptivo, ni permiten afirmar que la caída de la natalidad en Tierra del Fuego sea consecuencia directa de la IVE o de las políticas de anticoncepción. Lo que muestran las voces del Programa de Salud Sexual y Reproductiva es otra cosa: que detrás de cada consulta hay trayectorias personales, condiciones económicas, vínculos, violencias, proyectos de vida y decisiones que no pueden explicarse con consignas rápidas ni con lecturas simplificadas.

La Corte Suprema rechazó el per saltum que había presentado el Gobierno de Javier Milei por la reforma laboral, que viene siendo objetada en los tribunales por la Confederación General del Trabajo (CGT). Con este movimiento, los cortesanos ganan tiempo y permiten que la discusión sobre un tema sensible, que mantiene en vilo a trabajadores y organizaciones sindicales, siga en instancias inferiores.

Al filo de la medianoche del 15 de abril, el Gobierno presentó un per saltum, un recurso que permite saltear instancias y llevar un debate directamente al máximo tribunal. Lo que buscaba la Casa Rosada era un atajo para discutir la medida cautelar que frenaba la aplicación de más de 80 artículos de la llamada Modernización Laboral.

El 30 de marzo, la CGT había obtenido una primera victoria en esta batalla. Fue cuando el juez Raúl Ojeda frenó la reforma en el fuero laboral.

A partir del fallo de Ojeda, el Gobierno desplegó una estrategia en distintos frentes para que la reforma volviera a estar vigente. Por un lado, apeló la resolución ante la Cámara Nacional del Trabajo (CNT). Además, intentó llegar a la Corte mediante un per saltum. Al mismo tiempo, buscó sacar la discusión del fuero laboral —considerado históricamente más proclive a los trabajadores— y llevarla al contencioso-administrativo, donde se dirimen las cuestiones vinculadas con la administración estatal.

En ese camino, el Gobierno fue consiguiendo varios logros. El 10 de abril, la jueza Macarena Marra Giménez dijo que el caso debía tramitar en los tribunales en lo contencioso-administrativo, por lo que le pidió el expediente a Ojeda, su colega del fuero laboral.

Para la Casa Rosada, el fallo de Marra Giménez fue importante, aunque previsible. Lo más significativo sucedió en la CNT. El 23 de abril, la Sala VIII —integrada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino— dejó sin efecto la cautelar de Ojeda, por lo que la reforma volvió a estar vigente.

Pesino y González no analizaron si la decisión del juez estaba bien o mal. Únicamente suspendieron la cautelar mientras se tramitaba la apelación del Gobierno.

La retribución de la Casa Rosada no se hizo esperar. A las pocas horas, el Ministerio de Justicia informó en el Boletín Oficial que había iniciado los trámites para que Pesino continúe en el cargo después de cumplir 75 años.

La CGT recurrió esa decisión. También recusó a la Sala VIII en pleno. Alegó que no debió intervenir en la discusión porque otra sala de la CNT ya estaba analizando un planteo sobre la reforma laboral. Respecto de Pesino, denunció que hubo una toma y daca con el Gobierno.

La recusación de González y Pesino aún no fue resuelta. Es un trámite importante de cara a la pulseada con la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que le reclamó a Ojeda que envíe el expediente. La CNT podría declararse competente y esa disputa debería dirimirse en la Corte Suprema.

Este jueves hubo acuerdo en la Corte Suprema. Después de casi dos semanas en las que el expediente deambuló de vocalía en vocalía, a los supremos les bastaron unas pocas palabras para sellar su intervención en un caso que mantiene en vilo al mundo del trabajo.

“Que a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia”, escribieron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde la CGT dijeron que veían en esta decisión un freno a la argumentación del Gobierno de que había un tema de gravedad institucional por la cautelar que había conseguido la central obrera de parte del juez Raúl Ojeda.

Los gremios estatales de Tierra del Fuego atraviesan un escenario de fuerte conflictividad, marcado por medidas de fuerza, movilizaciones y reclamos por recomposición salarial. Sin embargo, en las últimas horas se abrió una instancia de diálogo que genera expectativa: el Gobierno provincial convocó a una mesa paritaria para el próximo lunes 11 de mayo.

La convocatoria está dirigida a los gremios ATE y ATSA, y se realizará a las 12 del mediodía en la delegación de Gobierno en Tolhuin. El llamado llega luego de semanas de reclamos por la falta de negociación salarial y tras el endurecimiento de las medidas sindicales.

Hasta ahora, sindicatos como ATE, ATSA y el SUTEF venían profundizando su plan de lucha ante lo que consideran una pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Entre las principales demandas, los gremios exigen una recomposición salarial urgente y cuestionan las últimas propuestas oficiales (2%), que fueron rechazadas por considerarse insuficientes. Desde ATE, incluso, calificaron algunos ofrecimientos como “muy por debajo de la realidad económica”.

La falta de convocatoria a paritarias había sido uno de los principales detonantes del conflicto, con medidas como quite de colaboración, paros y movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

Expectativa, pero sin tregua

La confirmación de la reunión para el lunes abre un canal formal de negociación, aunque desde los gremios anticipan que mantendrán el estado de alerta hasta conocer una propuesta concreta.

En ese sentido, advierten que la discusión no se limita a una actualización salarial, sino que también incluye reclamos vinculados a condiciones laborales y a la pérdida acumulada frente a la inflación en los últimos meses.

Por ahora, la convocatoria aparece como un primer gesto de distensión en un conflicto que atraviesa a distintos sectores del Estado fueguino, pero cuyo desenlace dependerá del resultado de la mesa paritaria.

El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Pablo Villegas, presentó un proyecto de ley que busca establecer un esquema claro, uniforme y previsible para el pago de los haberes jubilatorios y pensiones en la provincia, iniciativa que ya comenzó a ser analizada en el ámbito legislativo.
La propuesta fue presentada en la 2ª sesión ordinaria del pasado 30 de abril y actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión N° 1, donde se recibió a Patricia Blanco, representante de los jubilados ante la Caja de Previsión Social, en el marco del análisis del proyecto.

Desde el espacio se remarcó que “resulta necesario dar previsibilidad y seguridad jurídica a los beneficiarios de la Caja”. La iniciativa establece que los pagos mensuales se realicen de manera íntegra el último día hábil de cada mes, eliminando la discrecionalidad en la confección de cronogramas y brindando mayor certidumbre a miles de beneficiarios.

Asimismo, el proyecto determina fechas concretas para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC): la primera cuota deberá abonarse hasta el 30 de junio y la segunda hasta el 18 de diciembre de cada año. También contempla que, en caso de coincidir con días inhábiles, los pagos se adelanten al día hábil inmediato anterior.

“Los haberes previsionales tienen carácter alimentario y, en muchos casos, constituyen el único ingreso de nuestros jubilados y pensionados. Por eso, resulta imprescindible garantizar previsibilidad y seguridad jurídica en su cobro”, sostuvo Villegas.

Desde el bloque del MPF señalaron que la propuesta busca fortalecer el sistema previsional, ordenar la gestión financiera del Estado y asegurar que los beneficiarios accedan en tiempo y forma a sus ingresos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Finalmente, Villegas solicitó el acompañamiento de sus pares para avanzar con una iniciativa que considera clave para consolidar derechos y brindar certezas a uno de los sectores más sensibles de la sociedad.

El concejal de Ushuaia por el Partido Justicialista, Nicolás Pelloli, cuestionó al gobernador Gustavo Melella por definir a la Ley de Goteo como “destituyente” y subrayó la necesidad de que la Legislatura avance en la insistencia en caso de que la normativa sea vetada.

En contacto con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, Pelloli recordó que “el mismo gobernador, cuando era intendente, planteaba la necesidad de una Ley de Goteo. Otros legisladores han reclamado y llevado al Poder Judicial los reclamos de la deuda. En un país y una provincia seria, con una Municipalidad que trabaja en la búsqueda del ordenamiento y tiene los pagos al día en la Obra Social y la Caja, la discusión está en que quieran dejar de enviarte fondos o retrasártelos para que percibas menos dinero. Evitemos una cuestión judicial, una confrontación política y que lo que ingresa por goteo se derrame a los diferentes Ejecutivos”.

En esta línea, comentó que “la Caja de Jubilaciones pidió no ser incluida, porque hoy está bien. Se respeta ese planteo. Pero en la Obra Social y las Municipalidades hay que respetar el monto de dinero que debe ingresar. No es de Walter Vuoto, sino de todos los vecinos y vecinas. Es con lo que se pueden hacer obras como Héroes de Malvinas, la Pasarela Fique, el bacheo, el asfalto o embellecimiento”.

Asimismo, alertó respecto a que “la situación social es crítica. Tenemos fábricas cerradas en Río Grande. En Ushuaia analizamos el porvenir de cada una de ellas. Vemos lo que pasa con los comercios. Ahogar financieramente a los Municipios nos parece un error”.

Y ponderó que “el intendente Walter Vuoto ha puesto de manifiesto cuál es la deuda y la situación a la que están llevando a la Municipalidad. Se puso en defensa de los recursos de cada vecino y vecina de la ciudad. Esta Ley no beneficia sólo a Walter Vuoto y a los otros dos intendentes. Es a futuro. Quien ocupe la intendencia sabrá que tiene la garantía de los fondos que son para los Municipios”.

Según el edil, desde el Municipio no pueden “cerrar ningún canal de discusión o debate, porque tenemos una responsabilidad institucional. Si hablamos de lo político y partidario podemos discutir otras cosas. Nosotros tenemos un acuerdo con la sociedad, que nos dice que reclamemos lo que le corresponde a Ushuaia para usar obras, servicios y trabajo. Vamos a seguir defendiendo cada peso”.

Al mismo tiempo, advirtió que “tenemos una obra social que pone en jaque la salud pública. Es la más grande de la provincia. En Ushuaia tiene un coseguro de 20 mil pesos. Eso porque no tiene dinero, no se paga a proveedores. Ahora la Provincia, con el dinero que le corresponde, administrará de la mejor manera. La Municipalidad y la obra social, también”.

Consultado por la derogación de la Ley que establece la Necesidad de Reforma de la Constitución de Tierra del Fuego, Pelloli entendió que “es una discusión que se da desconectada de lo que pasa. La sociedad no pide una elección más, ni un gasto, ni que ahoguen o dejen de brindar servicios las municipalidades o la obra social. Siempre es importante tener oportunidad para modificar y debatir los cambios constitucionales, pero en lo inmediato no soluciona nada”.

“La reforma no soluciona los problemas de las escuelas, ni los problemas de los salarios de los trabajadores, ni la falta de conexión de servicios en diferentes lugares de la provincia, o lo que ocurre con el subsidio de gas. Quizá el gobernador debería poner el foco en las necesidades reales de la provincia y no en las necesidades de la política. Ahí se desconecta de la realidad, cuando discutimos estos temas y no cómo atraer más empresas a la provincia o cómo reformamos para que Río Grande pueda volver a crecer y no tenga protesta tras protesta por comercios cerrados”, sentenció.

Para cerrar, insistió en la importancia de colocar las necesidades de la gente en la agenda pública y manifestó: “Estás pensando cómo llegar a fin de mes y tenés que ir a votar en una elección que no va a resolver nada en lo inmediato. Las discusiones que se han planteado no le solucionan ni le cambian la vida a nadie”.

“Es importante la Constituyente. Nadie desmerece eso. Pero en este contexto, es ver la situación de la provincia y creer que estamos en Narnia. No entiendo estas ganas de belicosidad constante con los Ejecutivos y los trabajadores. Es hora de sentarse”, culminó.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, sostuvo que la Ley de Goteo de la coparticipación aprobada por la Legislatura fueguina “era algo que había que discutir”, y destacó que “quedó claro” que defender los recursos y la autonomía de los municipios “no era solo un planteo del PJ o del intendente Walter Vuoto” ya que “hubo otros actores políticos que tienen la misma mirada”.

En declaraciones a FM Monumental, Garay consideró que “es un momento de mucha tensión institucional y política” en el que “cada uno tiene un posicionamiento en defensa de sus propios recursos”, por lo que en la discusión en el Parlamento provincial “tenían que estar todas las miradas y los representantes de las tres ciudades”. En ese marco “algunos empujamos esa ley y otros no tanto, cuando en el fondo también se van a ver beneficiados”.

Por otra parte, criticó los dichos del gobernador Gustavo Melella en cuanto a que la aprobación de la ley tiene como objetivo su destitución: “Me parece que hablar con tanta liviandad de algunas cosas no nos hace bien, se pone en juego la estabilidad institucional, política y social de la provincia”.

“Si Melella dice que detrás de esto hay un intento de destitución la pregunta que tendrían que responder desde el Gobierno es si los fondos de la coparticipación están o no, si llegan o no llegan desde Nación”, cuestionó, porque “la realidad marca que la plata no está en la salud, ni en educación, ni en la Policía, ni en la obra social, ni en la Caja de Jubilaciones ni en obra pública”.

Para la jefa de Gabinete del Municipio de Ushuaia “hay preguntas para hacerse dentro del marco del respeto institucional y la defensa que cada uno tiene que hacer de los recursos”, y dejó en claro que “estamos lejos de querer destituir al gobernador, pero sí vamos a defender los recursos y a dar las discusiones y batallas necesarias”.

Finalmente, Garay planteó que “si ellos no cumplen con su responsabilidad pero creen que los vamos a destituir o que vamos a generar nosotros la incapacidad del Gobierno provincial de pagar sueldos, la verdad es que la discusión está en otro lado”.

Por otra parte, la concejala ushuaiense Vanina Ojeda (PJ), evaluó que la sanción de la Ley de Goteo “es algo histórico”, ya que permitirá que los municipios “dejen de depender de la Provincia” recibiendo la coparticipación “en tiempo y forma” sin que se generen “atrasos desmesurados y deudas”. 

“Esperemos que el gobernador no la vete y que tenga la voluntad de escuchar lo que la gente está pidiendo”, indicó la edila, y cuestionó al gobernador por “no hacerse cargo y echarle la culpa al otro” cuando habla de un intento de destitución. “Parece que no escucha o no está entendiendo lo que está en juego”, aseveró.

Finalmente, Ojeda indicó que el intendente Walter Vuoto “siempre estuvo dispuesto al diálogo para resolver la situación” de la coparticipación, pero “el gobernador nunca levantó el teléfono”.

Adorni es Milei. Ése fue el mensaje que bajó este martes desde Casa Rosada con la ratificación en su cargo del jefe de gabinete. El Presidente se subió al avión rumbo a Los Ángeles para su enésima gira por EEUU pero Karina eligió quedarse: alguien debe tirarse sobra la granada que hizo explotar el contratista Matias Tabar con su testimonio del lunes en Comodoro Py. La cascada, el jacuzzi, la pileta climatizada y los 250 mil dólares de la refacción a nuevo que el exvocero y su mujer Bettina Angeletti habrían pagado para su casa del country Indio Cua --todos gastos solventados con un sueldo de motosierra y un monotributo clase A-- generaron un cimbronazo, pero éste no fue suficiente para un recambio de figuritas. Frente a ese panorama, las preguntas que surgen en los pasillos del poder pasan por dilucidar por qué el Gobierno sigue eligiendo pagar el costo político de sostener al exvocero; de dónde pudo haber salido el dinero para afrontar facturas tan abultadas y si, quizás, las respuestas para ambos interrogantes guardan alguna relación entre sí.

Según las cuentas que hace la justicia, Adorni y su esposa acumularon gastos y compromisos de pago en los últimos dos años de por lo menos 840 mil dólares. El grueso del crecimiento patrimonial de la pareja se explica por la compra del semipiso en Miró al 500 y de la casa en Indio Cua, cada una con sus respectivas reformas (con mejor o peor gusto). El cálculo, sólo en propiedades, da unos US$ 450.000 ya erogados --prácticamente todo en efectivo-- más otros US$ 335.000 en deudas a cancelar en el corto plazo. Al combo se le agregan los cuatro viajes conocidos al exterior (Punta del Este, Nueva York, Madrid y Aruba) y otros por el interior (Bariloche, Iguazú) que suman otros US$ 35 mil y completan el número total. ¿Cómo hizo Adorni para pagar semejante suma con un salario que hasta enero era de 3,5 millones de pesos?

Una de las respuestas más suspicaces la dio la diputada Marcela Pagano, enemiga íntima de LLA, quien llegó a pedir la detención de Adorni. “Lo dije frente a un fiscal y frente a un juez. Adorni es el cajero Javier Milei”, disparó este martes en C5N.

La hipótesis de Pagano es que parte del enriquecimiento del funcionario estuvo relacionado a su rol de ladero de los hermanos presidenciales, a los que habría acompañado en sus negocios, por ejemplo el de cobrar por reuniones con el ahora Presidente. Sobre todo a empresarios e interesados en hacer lobby para sus negocios, desde algun tiempo antes de las elecciones de 2023.

Algo de eso puede intuirse a partir de las revelaciones de la causa $LIBRA, gracias de las filtraciones del contenido del celular del criptobró Mauricio Novelli, nexo entre los Milei y el norteamericano Hayden Davis. Tal como publicó Página/12, Adorni estaba pautado para ser parte del Tech Forum edición 2025 como su orador de apertura. “Hola Fede! Importante, pagá el lunes el posteo de Manuel adorni comokey note speaker” (orador principal). Opening(vocero presidencial)”, dice un mensaje de Novelli al grupo de whatsapp donde se organizaba aquél foro, la réplica del de 2024, durante el cual muchos empresarios denunciaron que les pidieron plata para reunirse con Milei y de las que Adorni también participó. La hipótesis de la querella en la causa $LIBRA es que sin el Tech Forum de 2024 no hubiera habido criptoestafa ni tampoco hubiera existido el tuit de Milei del día de los enamorados promocionando la moneda.

“No hay dudas que se llevaba su parte”, agregó Pagano sobre Adorni. “Yo di presiciones de cómo re reunían, cómo cobraban y a quién le cobraban. Estamos en manos de la justicia. Desde que el Presidente fue electo sucede, yo me enteré más tarde. Yo fui a varias fuentes y varios vinieron a mí. Cinco de los empresarios más poderosos de la Argentina vinieron a mí para decirme que les pedían plata para reunirse con él. Adorni era uno de los que recolectaba”, describió.

“Más allá de la relación política y hasta la sumisión política de Adorni con los Milei, él estuvo en la mesa de decisiones, fue armado del Tech Fórum, fue uno de los interlocutores con los empresarios criptoque finalmente armaron $LIBRA, es decir, hay un circuito de corrupción en el Gobierno donde hay áreas que se roba y se distribuye a otras, y seguramente Adorni o formó parte o tiene información de esto. O forma parte, o sabe”, sentenció para Página/12 el diputado nacional Esteban Paulón.

Pagano también amplió su denuncia la semana pasada, en simultáneo al informe de gestión en el Congreso, y aportó nuevas hipótesis: describió una posible operatoria de retornos a través de los programas de Marcelo Grandio en la TV Pública de la mano de la pauta oficial.

En ese escrito, Pagano también aportó nuevos datos sobre IMGROUP S.A.S., una productora constituida en mayo de 2022 en Montevideo por Grandio y su esposa, Mónica Nofal. La fecha de inscripción coincide con el inicio de supuestas transferencias bancarias de IMHOUSE hacia Adorni. Miembros de la familia Nofal, además, fueron aportantes de la campaña de LLA en 2023.

Los cuñados de Grandio, Daniel y Esteban Nofal, están vinculados con aportes a la campaña de La Libertad Avanza y la marca CIMA, que aparece como auspiciante en el programa estatal. Esteban Nofal es titular de CIMA Investments S.A., empresa que ha intervenido en operaciones con Celulosa Argentina y Vicentin.

Este martes, el juez Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba que apuntan a conocer el listado de llamados desde el teléfono de Grandio hacia uno de sus socios, de apellido Silva. La idea es cruzar esos datos con el análisis de las fechas importantes de los contratos de TV pública que Adorni le firmaba a su amigo.

Grandio fue quien le pagó a Adorni el pasaje de ida a Punta del Este. Otro de los diputados que investiga al jefe de gabinete --lo que le valió una denuncia del Gobierno--, Rodolfo Tailhade, sugirió públicamente que esa escapada no sólo pudo estar vinculada al placer y el descanso, sino que hay testimonios que señalan que también hubo un paso por la Trump Tower de esa ciudad costera de Uruguay en la que Adorni dio una conferencia a miles de dólares por cabeza el ingreso. El mangazo y el manotazo pareciera un patrón de comportamiento.

Trascendidos en distintos medios este fin de semana acuñaron una palabra que fue un clásico durante el menemismo: los sobresueldos para funcionarios a través de fondos reservados de la SIDE. La inquietud se transformó en pregunta durante la conferencia de prensa de este lunes, y Adorni pateó la pelota afuera.

“No analizamos notas periodísticas”, contestó Adorni y, lejos de cerrar el tema, lo abrió.

“Apenas conocimos el escándalo Adorni yo planteo dos hipótesis: la primera es de la corrupción. Que él fuera parte de esa trama de corrupción que detalla Spagnuolo, y con Calvete después, donde bastante prueba para tener la certeza de que había sobreprecios y el resultado de eso se distribuía en el Gabinete. La otra hipótesis que aparece ahora es la de sobresueldos; una práctica que evidentemente muy cercana a este sector político. La vimos en los 90 con el menemismo: Gobiernos que se atan a narrativas de austeridad política y por otro lado pagan con sobresueldos para contener a los cuadros políticos”, sostuvo Paulón al respecto.

Otra canilla abierta es la de la Fundación Faro. Creada en 2024 sobre la estructura de la Fundación Valorar, que funciona bajo el liderazgo de Agustín Laje, aparece entre los interrogantes al pensar este entramado. La fundación gastó $1.079 millones (unos US$ 821 mil) en Facebook e Instagram entre 2025 y 2026. Pero no hay registro de presentación de balances ante la Inspección General de Justicia, según verificó el sitio Chequeado.

Los cinco aviones Super Étendard Modernis fueron adquiridos en 2017 por 13 millones de dólares, para elevar la seguridad de la reunión del G-20 en Argentina que se realizó en 2018, pero los aviones llegaron en 2019 y nunca pudieron ser puestos en servicio.

Mientras la cúpula militar británica despliega su sistema Sky Sabre y declara "alerta máxima" en el Atlántico Sur, la Armada Argentina termina de sepultar una de las operaciones más escandalosas de su historia reciente. El Estado Nacional ha decidido dar de baja formalmente los cinco aviones Super Étendard Modernisé (SEM) adquiridos durante la gestión de Mauricio Macri, confirmando que los 13 millones de euros invertidos fueron, en la práctica, un gasto sin retorno por aeronaves que jamás estuvieron en condiciones de despegar.

Una compra contra los informes técnicos

La auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de 2022 ya había sido lapidaria. En su informe reveló que el entonces Ministerio de Defensa, bajo la titularidad de Oscar Aguad, avanzó con la compra en 2017 desatendiendo las advertencias de la propia Armada Argentina. Los informes preliminares ya señalaban que el potencial de las aeronaves era "débil" y que la propia Marina Nacional francesa ya las había retirado de servicio por su obsolescencia.

El objetivo original era que estas naves custodiaran la cumbre del G-20 en 2018, pero la realidad fue muy distinta: los aviones arribaron al país en mayo de 2019, medio año después de la cumbre para la que supuestamente se necesitaban. Ahora, a la fecha de su baja; las aeronaves ya suman siete años en el país, sin prestar servicio debido a la falta de repuestos críticos, como los componentes de los asientos eyectables. Aunque una de las falencias más graves detectadas por la SIGEN, fue la omisión de que varios repuestos esenciales tienen origen inglés, lo que hizo imposible su adquisición debido al embargo militar que Londres mantiene sobre Argentina desde 1982.

El portazo final de Francia

Los intentos por rescatar la inversión también fracasaron. Según trascendió, durante el gobierno de Alberto Fernández se solicitó formalmente a Francia gestiones para obtener las piezas faltantes. La respuesta del Ministerio de Defensa francés fue definitiva: tras evaluar todas las posibilidades, informaron que no era posible poner los aviones en condiciones de vuelo.

Contraste Geopolítico: Escudos vs. Chatarra

Este escándalo adquiere una dimensión mayor cuando se cruza con la actualidad en las Islas Malvinas. Mientras el jefe de la RAF, Sir Harv Smyth, presume de una defensa instalada en el territorio argentino usurpado, el despliegue británico actual exhibe una superioridad tecnológica abrumadora en sus tres componentes:

·         Poder Aéreo (RAF): El Reino Unido mantiene cuatro cazas Eurofighter Typhoon en alerta de reacción rápida (QRA) las 24 horas. Estas aeronaves cuentan con misiles aire-aire de largo alcance y están respaldadas por aviones de transporte C-130 Hércules operando desde la base de Mount Pleasant.

·         Defensa Terrestre: El archipiélago está custodiado por unos 1,000 soldados de infantería ligera. La pieza central es el sistema de misiles Sky Sabre, valorado en £250 millones, capaz de interceptar simultáneamente aviones de combate, drones y bombas inteligentes guiadas por láser a una distancia de 25 kilómetros.

·         Poder Naval (Royal Navy): La presencia marítima incluye permanentemente un patrullero oceánico, buques de apoyo y la capacidad de desplegar de forma intermitente destructores, fragatas o submarinos nucleares de las clases Trafalgar o Astute equipados con misiles Tomahawk.

La operación no solo incluyó los 12,5 millones de euros por el material, sino que el Estado argentino asumió todos los gastos de retiro y transporte, totalizando una cifra cercana a los 14 millones de euros por aviones que terminaron siendo piezas de museo antes de tocar la pista.

Lecciones de una defensa robada

El episodio con los Super Étendard quedará como un monumento a la desinversión, la mala praxis administrativa y a la estafa. En un contexto donde el Atlántico Sur vuelve a ser un foco de tensión global, la Argentina se encuentra dando de baja "chatarra" millonaria mientras los países vecinos y los okupas de Malvinas, refuerzan sus fronteras con tecnología del siglo XXI.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció nuevas disposiciones en el Registro Nacional de Armas (Renar) relacionadas a las condiciones para ser “legítimo usuario”, una flexibilización para personas expuestas (como jueces y empresarios) que solicitan la portación, trazabilidad para las armas de personas fallecidas y la habilitación a las fuerzas federales para utilizar proyectiles de punta hueca.

En cuanto al autorización para ser “legítimo usuario”, Adorni precisó que la resolución del Ministerio de Seguridad --cartera de la que depende el Renar-- incorporó la obligatoriedad de presentar un certificado médico de condiciones psíquicas y físicas; y otro de idoneidad en el manejo de armas, extendido por un instructor registrado en el organismo de control.

En los casos de portación de armas, Renar modificó el plazo de vigencia hasta un máximo de 5 años, de acuerdo a la evaluación del organismo, y flexibilizó el criterio para personas expuestas como jueces, fiscales y empresarios, precisó el jefe de Gabinete.

Adorni explicó que el cambio de criterio tiene que ver con ya no será necesario acreditar de forma concreta y documentada una amenaza contra las personas que solicita la portación.

“Era una lógica paradójica, en la que el riesgo se tenía que materializar antes de solicitar protección”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Por otra parte, Adorni señaló que se buscará “eliminar un vacío legal que favorecía la circulación de armas sin registro” a partir de autorizar un trámite exprés para dar mayor trazabilidad a las armas habilitadas de personas fallecidas.

A partir de la nueva resolución, un familiar podrá quedarse con el permiso de uso o portación acreditando su vínculo y registrando el arma bajo su nombre tras la muerte del familiar, sin esperar a que se realiza la declaratoria de herederos.

Por otra parte, la nueva resolución del Ministerio de Seguridad autoriza a la Policía Federal y todas las fuerzas federales --dejando fuera a civiles y Fuerzas Armadas-- a la utilización de “munición de proyecto expansiva”, más conocidas como balas de punta hueca.

Adorni explicó que estos proyectiles tienen “mayor poder detención y menor sobrepenetración, lo que reduce el riesgo de atravesar el objetivo y dañar a terceros”.

El jefe de Gabinete señaló que son de uso “habitual” en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, pero no precisó cuál es el objetivo de la modificación.

En 2025, el archivo de casos de Correpi, registró 148 casos de gatillo fácil en el país, la segunda cifra más alta en la historia.

Por último, el ministro informó sobre una ampliación de tipos de armas para tener dentro de las viviendas y para ámbitos deportivos o recreativos.

En el primer caso, Adorni enumeró que se incorpora la posibilidad de tener en el domicilio cascos o placas balísticas. Mientras que para utilizar en polígonos o predios autorizados para deporte o recreación se podrán adquirir: suspensores de sonido, visores nocturnos y dispositivos infrarrojos de puntería.

Según una encuesta difundida este martes, la desaprobación de la ciudadanía hacia la administración de Javier Milei llegó en mayo al 64,5%, con “apenas 34,3% de aprobación”.

En tanto, el estudio reveló que el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de Gobierno.

La consultora Zuban-Córdoba y Asociados, a cargo de la encuesta, destacó la importancia de estos números “no porque hayan cambiado de forma dramática respecto del mes anterior, sino porque se consolida una tendencia" en la desaprobación de la gestión ultraderechista.

“Con 64,5% de desaprobación y apenas 34,3% de aprobación, la gestión se estabiliza en niveles que, en perspectiva histórica, configuran una administración con problemas políticos serios a mitad de mandato“, remarcó el informe.

Los resultados de la nueva encuesta de a Zuban-Córdoba y Asociados “reafirman, además, una fractura que el gobierno no logra cerrar: casi el 70% de las mujeres reprueba la gestión libertaria, casi 10 puntos por encima del rechazo masculino“.

“No es un dato coyuntural ni un ruido estadístico; es una señal estructural que cualquier estrategia electoral libertaria debe procesar, porque sin recuperar terreno en ese segmento será difícil mover el techo de 2027”, analizó la encuestadora.

El sondeo, realizado del 25 de abril al 1 de mayo de 2026, entre ciudadanos mayores de 16 años, abarcó un total de 2.000 casos con un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de +/- 2 %.

Respecto a la imagen de las figuras oficialistas, la consultora advirtió “otra paradoja incómoda: quien mejor sale parada es Patricia Bullrich, con una imagen negativa del 55,5%, y no el Presidente, cuya imagen negativa llega al 60,6%“.

“El resto de los referentes oficialistas -Karina Milei y Manuel Adorni, que superan el 65% de imagen negativa- acumulan un desgaste que ya no es solo presidencial, sino que se extiende al conjunto del armado político y comunicacional del gobierno", agregó el informe.

Asimismo, Zuban-Córdoba y Asociados destacó como un dato saliente que “el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de gobierno”, y dijo que “en otro contexto político, esa cifra se leería como el obituario de una gestión”.

Sin embargo, según la encuestadora, existe un escenario con “complejidad”, porque el hecho de que “la mayoría quiera un cambio no significa que sepa quién debería protagonizarlo ni que confíe en alguna alternativa concreta” que permita optar por otro camino.

“La demanda de cambio existe; la oferta creíble, todavía no. La Argentina de mayo de 2026 es, en definitiva, una sociedad que sabe con mucha más claridad lo que no quiere, que lo que quiere“, advirtió la consultora.

Argentina tiene “un Gobierno que perdió la iniciativa política y una oposición que todavía no terminó de encontrarse” y “en ese empate de debilidades, quien primero logre articular una propuesta que combine credibilidad y amplitud tendrá una ventaja que hoy no tiene ningún actor del sistema“, concluyó Zuban-Córdoba y Asociados.

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, junto a la Ministra de Salud, Judit di Giglio, a la Subsecretaria de Políticas de Salud, Nazarena Puig y a la Jefa de Farmacia del Hospital Regional Río Grande, Karen Lassen, anunció la puesta en marcha el Programa Provincial de Medicamentos Fueguinos (PROMEFU), una medida de carácter estratégico destinada a garantizar la continuidad en el acceso a la salud. La iniciativa surge como respuesta a la decisión del Gobierno Nacional de interrumpir la prestación del histórico programa REMEDIAR, que hasta el momento aseguraba la provisión de fármacos esenciales a la población sin cobertura de obra social.

La ministra de Salud de la provincia, Judit Di Giglio, explicó al respecto que “a través del programa de medicamentos fueguinos veníamos trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud de la Nación desde 2001, cuando se creó el programa Remediar. Cada provincia fue adecuando su implementación y, en nuestro caso, invertíamos alrededor de 350 millones de pesos en fármacos destinados a pacientes sin obra social que no estaban incluidos en el programa, como por ejemplo la insulina, que los pacientes retiraban en farmacias convenidas”.

“Lo que estamos haciendo actualmente es incorporar al vademécum del programa provincial todos los medicamentos que se proveían a través de la Nación. En un inicio el programa nacional contaba con 104 medicamentos, luego pasó a 79 hasta el mes de abril, y progresivamente ese número se reducirá a 3 o 4 presentaciones, según lo defina Nación. Por lo tanto, en esta etapa de transición estamos incorporando todos esos medicamentos al vademécum provincial para garantizar que cada persona sin obra social pueda acceder a ellos en farmacias convenidas”, subrayó.

En esa línea, la funcionaria adelantó que “a futuro también estamos evaluando realizar compras para que estos medicamentos estén disponibles en los centros de salud y puedan ser dispensados directamente allí a las personas sin cobertura social”.

Por último, Di Giglio aclaró que “las personas sin obra social no deben realizar ningún trámite adicional para acceder a los medicamentos. Solo necesitan contar con una receta médica emitida en el sistema público de salud. Si el medicamento aún se encuentra disponible a través del programa Remediar, se entrega en el centro de salud; de lo contrario, se emite la receta y el paciente lo retira en las farmacias convenidas”, concluyó.

La implementación del PROMEFU ocurre en un momento crítico, marcado por un aumento de la demanda en el sistema sanitario estatal. Así, las personas sin obra social en Tierra del Fuego (empadronadas) que reciben cobertura gratuita de salud por parte del Gobierno provincial pasaron de 53.577 en diciembre a un pico de 55.826 durante el mes de marzo. Este crecimiento obliga a la Provincia a redoblar esfuerzos para garantizar que el incremento de usuarios sea acompañado por una respuesta estatal eficiente.

REMEDIAR incluía una amplia variedad de fármacos esenciales para la atención primaria, entre ellos analgésicos, antiácidos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, broncodilatadores, diuréticos, vaso dilatadores, corticoides, hipoglucemiantes orales, soluciones oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas.

Sin embargo, en los últimos meses se evidenció un progresivo vaciamiento del programa nacional. Mientras que anteriormente el programa REMEDIAR permitía superar las 10.000 recetas mensuales en la provincia —entendidas como medicamentos efectivamente entregados a la población—, en el último período el envío de fármacos se redujo drásticamente, alcanzando apenas las 7.000 recetas mensuales distribuidas entre los 27 efectores de salud de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

Esta merma responde a un recorte sostenido en la composición del beneficio: mientras que en 2020 Tierra del Fuego recibía botiquines con 104 medicamentos o presentaciones, esa cifra se reducirá paulatinamente a solo 3 variedades en septiembre de este año.

En este escenario, y como respuesta directa al deterioro del esquema nacional, el PROMEFU absorberá la demanda que hasta ahora cubría el programa REMEDIAR, y el vademécum provincial pasará a contar con más de 300 fármacos para personas sin obra social. Bajo esta nueva dinámica, los pacientes podrán retirar sus medicamentos de forma directa en farmacias adheridas, presentando únicamente su DNI y la prescripción electrónica.

Para acceder al PROMEFU, las personas deberán cumplir con los requisitos del padrón provincial de personas que reciben cobertura gratuita de salud por parte del Gobierno fueguino, es decir, no contar con obra social. El trámite de empadronamiento se realiza en todos los hospitales y centros de salud de Tierra del Fuego. Asimismo, se aclara que aquellas personas que hayan dejado de contar recientemente con una obra social no podrán adherirse de manera inmediata al programa, ya que mantienen la cobertura de su obra social anterior por un período de hasta 3 meses desde la finalización del vínculo laboral.

La geopolítica del Atlántico Sur ha vuelto a su cauce histórico en cuestión de horas. Aquella amenaza filtrada desde el Pentágono, que sugería que Donald Trump podría retirar el apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas como castigo por la tibieza del Primer Ministro británico Keir Starmer ante Irán, se ha disuelto en el mismo momento en que el Rey Carlos III pisó de la Casa Blanca.

Donald Trump: "La revolución angloamericana por la libertad humana nunca se extinguió; es un fuego que iluminó el mundo entero y que Roosevelt y Churchill mantuvieron vivo en los momentos más oscuros".

La visita de Estado del monarca, no solo ha servido para celebrar el 250° aniversario de la independencia estadounidense; ha funcionado como una magistral operación de "limpieza diplomática".

De la "Herramienta de Presión" a la "Amistad Eterna"

Hace apenas unos días, el mundo hablaba de una ruptura sin precedentes entre Washington y Londres. Trump, enfurecido por la negativa británica de ceder sus bases para bombardear Irán, amagaba con golpear donde más le duele al Reino Unido: su orgullo imperial. Pero la diplomacia de la corona británica demostró ser más resiliente que la política transaccional de la Casa Blanca.

En un discurso cargado de simbolismo, Trump olvidó las ofensas a Starmer y declaró: "Los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos". La referencia al encuentro entre Churchill y Roosevelt no fue casual; fue el recordatorio de que, más allá de quién ocupe el 10 de Downing Street, el eje angloamericano es el diseño maestro del orden occidental.

La predicción de Bonomi: La unidad de los imperios

Este giro confirma la tesis del Licenciado Bruno Bonomi: la solidaridad en la alta política no existe, pero los intereses estructurales sí. El "imperio viejo" (Gran Bretaña) y el "nuevo" (EE. UU.) pueden tener desacuerdos tácticos sobre Irán o Ucrania, pero su unidad en materia de defensa atlántica es innegociable.

Rey Carlos III: "Teniendo presente el espíritu de 1776, tal vez podamos coincidir en que no siempre estamos de acuerdo, ¡al menos en primera instancia! Pero los amigos pueden discrepar sin que ello rompa los lazos inquebrantables que los unen".

Bonomi advirtió que esperar que la Doctrina Monroe operara a favor de la Argentina era una trampa. Los hechos le dan la razón: Malvinas fue solo un "rehén temporal" en una negociación mayor. Una vez que el Rey Carlos III reafirmó el compromiso británico de aumentar el gasto en defensa y recordó que han estado "hombro con hombro" durante un siglo, el interés por el reclamo argentino desapareció de la agenda de Trump.

La ironía de los "Dos Reyes"

La jornada dejó momentos de una ironía histórica punzante. Mientras Carlos III recordaba sutilmente en el Congreso que la democracia depende de normas y no de voluntades imperiales, Trump se dejaba fotografiar bajo el lema "Dos Reyes".

Rey Carlos III: "Inmediatamente después del 11-S, respondimos juntos al llamado. Hemos estado hombro con hombro a través de dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Esa unidad es, y será siempre, inquebrantable".

Incluso el regalo del monarca fue un mensaje: la campana del HMS Trump, un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Un recordatorio de que, cuando las papas queman, Londres y Washington comparten el mismo sonar.

¿Dónde queda Argentina?

Para el gobierno de Javier Milei -como le sucedió a la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri en 1982-, la lección es dura. El alineamiento total con Trump no garantizó que la Casa Blanca sostuviera la presión sobre Londres. Una vez más, Malvinas fue utilizada como una ficha de cambio en una partida donde Argentina no estaba sentada a la mesa.

La soberanía, como adviertió Bonomi, no puede depender de los humores de Washington, especialmente cuando estos cambian al ritmo de un desfile de 21 cañonazos y un té privado en el Salón Oval.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue contundente y afirmó que no pensaba renunciar. Si bien pidió que el informe de gestión no se convierta en un juicio público, aseguró sin matices que no había cometido ningún delito, que podía explicar su patrimonio y que pagó sus viajes familiares de su bolsillo. Ahora la palabra final la tendrá la Justicia.

Bajo la atenta mirada del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y todos los ministros del Gabinete, que fueron a mostrar su apoyo, Adorni cerró la primera parte de su presentación con tono desafiante. “Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, dijo. Y remató: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

Las explicaciones del jefe de Gabinete -que leyó sus palabras durante toda la jornada- llevaron tranquilidad a la bancada libertaria, donde la estrategia oficial de exponer al funcionario generaba mucha preocupación. “Fue muy bueno el discurso, muy contundente, lo que se necesitaba”, analizó un diputado de La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, haber abordado de frente los cuestionamientos sobre su patrimonio le quitó tensión a la sesión ya que la oposición anticipaba que el funcionario iba a negarse a hablar sobre las denuncias. Por eso esperaban poder arrinconarlo al momento de las preguntas. “La estrategia fue generar muchas expectativas y que después no pase nada, dio todas las explicaciones y fue un éxito”, opinaron cerca de Martín Menem.

“En realidad no contestó nada y todavía hay muchas dudas sobre su patrimonio, por ejemplo no explicó de dónde salen los fondos para pagar viajes o devolver tantos préstamos. También había dicho que nunca se había tomado vacaciones y ahora dijo que los pasajes los pagó de su bolsillo”, se quejaba un diputado de la oposición. En las filas del peronismo se mostraron optimistas tras la sesión porque consideraron que “dejaron en evidencia” que Adorni no podía contestar con ningún detalles las preguntas sobre sus propiedades.

Adorni habló durante más de una hora de los principales logros económicos del gobierno nacional, como la baja de la inflación, la eliminación del déficit y el fin de los piquetes. Pero el foco siempre se mantuvo en los cuestionamientos en su contra.

Al referirse al viaje que hizo su esposa junto con la comitiva oficial a Estados Unidos, el jefe de Gabinete aseguró que no se violó ningún procedimiento oficial y que fue una decisión “discrecional” de Presidencia, conforme al Decreto 713/16. En esa línea, afirmó que “no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado Nacional y que no existió incumplimiento en su invitación”.

También aseguró que pagó de su bolsillo sus viajes familiares al exterior. “No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo”, detalló.

Por otro lado, si bien no habló del origen de los fondos ni de los préstamos que recibió, Adorni explicó que todos sus bienes serán consignados en su declaración jurada, para la cual no se ha vencido el plazo de presentación. Sobre ese punto también adelantó que presentará toda la documentación pertinente a la Justicia.

La primera parte del informe transcurrió sin mayores sobresaltos, a excepción de algunos ocasionales intercambios de chicanas con los diputados del Frente de Izquierda. Uno de los cruces se produjo cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla a Milei. Pero el Presidente simplemente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón. En otro momento, los acusó de defender ideas (comunismo) que causaron “más de 150 millones de muertes”.

No obstante, a Milei sí se lo vio más enojado en los pasillos del Palacio Legislativo. Cuando salía de la oficina de Menem para dirigirse al palco al inicio de la jornada, un periodista le preguntó si Adorni era corrupto. Sin frenar y sin mirarlos, el Presidente gritó: “Ustedes son corruptos”.

Cuando se retiraba, la situación se repitió. Al ser consultado si las explicaciones de Adorni habían sido suficientes, Milei arremetió: “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

El clima de la sesión se distendió aún más cuando el presidente Milei y los miembros del gabinete se retiraron. Solo quedó el ministro de Interior Diego Santilli sentado solo en un palco por algunas horas más.

Al momento de las preguntas y respuestas, los bloques más chicos se concentraron en la situación económica. Pero igualmente continuaron los dardos contra Adorni. “No voy a renunciar, de hecho, estoy acá dando la cara”, desafió ante el planteo de que otros funcionarios ante denuncias similares habían sido eyectados de la gestión. Además, apuntó directamente contra el kirchnerismo: “Ustedes no tienen derecho a pedirle explicaciones judiciales a nadie”.

El jefe de Gabinete aprovechó los cuartos intermedios que se pidieron después de cada tanda de preguntas para ordenar junto a su equipo las respuestas. Siempre leyó y en pocas ocasiones se apartó del guión elaborado por sus asesores.

“Si no le traían todas las cosas que le dieron para leer, no podría haber contestado ninguna pregunta. Eso es muy grave”, protestó el peronista Germán Martínez. En definitiva, el ministro coordinador logró manejar los tiempos de la sesión, no pronunció ninguna frase desafortunada y salió indemne de la interpelación “blue” que había preparado la oposición.

En el marco de la convocatoria a elecciones a Convencionales Constituyentes para reformar la Constitución Provincial, el gobernador Gustavo Melella puso en valor la necesidad de avanzar en la reforma y remarcó que se trata de un proceso que ya está en marcha, orientado a abrir una instancia amplia de debate colectivo sobre el presente y el futuro de Tierra del Fuego.

En ese sentido, el Mandatario sostuvo que la actualización de la Carta Magna responde a los profundos cambios que atravesó la provincia en las últimas décadas, y señaló que “nuestra provincia no es la misma que cuando se sancionó la Constitución”, y que “cambiaron los contextos sociales, económicos, tecnológicos y también el rol del Estado y por eso necesitamos darnos una discusión profunda que nos permita proyectar el futuro con herramientas acordes a esta etapa”.

Sobre esto, remarcó que la reforma no responde a intereses individuales ni coyunturales y afirmó: “No es un capricho ni un berrinche, es una necesidad de la provincia”, a la vez que agregó: “el objetivo es construir consensos amplios que nos permitan fortalecer derechos, mejorar el funcionamiento del Estado y pensar una provincia más justa para todos los fueguinos y fueguinas”.

Al mismo tiempo, planteó que uno de los ejes centrales del proceso es avanzar en una mayor equidad institucional. En relación a ello, sostuvo que “es momento de terminar con ciertos privilegios de la política que la sociedad ya no acompaña y que algunos todavía no quieren discutir”, y enfatizó que la reforma permitirá abordar temas como la limitación de reelecciones, la revisión de cargos vitalicios y la construcción de un Estado más eficiente y transparente.

En la misma línea, el Gobernador destacó que la discusión constitucional permitirá consolidar nuevos acuerdos en torno a derechos y desarrollo. Así, explicó que “queremos garantizar la educación como un derecho esencial junto con salarios dignos para nuestros docentes, proteger la inversión privada pero también a los trabajadores, y establecer reglas claras y modernas que acompañen el crecimiento de la provincia”.

Por otra parte, hizo especial hincapié en el carácter participativo del proceso constituyente. En esta línea, expresó que “no es una discusión de la dirigencia política solamente, es una oportunidad histórica para que participen todos los sectores: el Estado, el sector privado, los trabajadores, los jóvenes y cada una de las comunidades de la provincia”.

Finalmente, Melella reafirmó que el proceso ya se encuentra en curso y convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente. “Nos merecemos como fueguinos y fueguinas dar este debate entre todos, con responsabilidad y con una mirada puesta en el futuro. Lo que está en juego es la provincia que vamos a construir para los próximos 30 años”, concluyó.

Ni en la peor época de la crisis de Mauricio Macri los números del consumo fueron tan malos como los que logró el gobierno de Javier Milei. De los 27 meses que lleva en el poder, sólo en 3 creció marginalmente el gasto de los hogares en consumos básicos de supermercados y barrios. Es decir, el gobierno libertario lleva dos años enteros con el consumo desplomado. Con un aditamento: ni siquiera supera números interanuales muy malos. El 2026 cae contra el 25, el 2025 hace lo propio con el 2024 y el 24 pierde contra el 2023.

Los datos se desprenden del último informe que dio a conocer la consultora Scentia y al que accedió Página I12, que reportó en marzo una baja del 5,1 por ciento interanual si se miden todos los consumos juntos (super, barrios, farmacias, mayoristas, e-commerce y kioscos); mientras que si se toman sólo hipermercados y barrios, la caída fue del 5,1 por ciento.

Vale decir que Scentia, como muchas consultoras, empezó a medir consumo general (mezclando todos los rubros) en el mismo momento que lo hicieron otras consultoras que por pedido del Gobierno intentaban ver si licuando los rubros el número daba positivo. Eso ocurrió en el inicio, pero hace 3 meses que esta “jarra loca” de datos también viene cayendo.

Sacando abril del 2025 (+0,2) y septiembre octubre de ese mismo año (+1,8 y +1,3, respectivamente), en el resto de los meses en los que gobernó Milei hubo caídas interanuales muy fuertes en ventas en supermercados y barrios. En los cuatro años de Macri y medido con la misma serie de la consultora Scentia, hubo sólo dos o tres meses con mejora del consumo, pero lo números de caídas de ventas eran mucho menos fuertes que con Milei. La coincidencia es que buena parte de la caída de la venta de minorista se explica por la misma razón: con Macri, los tarifazos de la energía cortaron la posibilidad de un gasto extra. Con Milei, esos mismos tarifazos llevaron el esquema de costos fijos de las familias a niveles imposibles de sostener. Además, en este período, los sueldos pierden poder adquisitivo mucho más rápido que con Macri.

Cuando se mira por sectores, el informe muestra una caída de 7,1 por ciento en grandes hipermercados; un 5,1 por ciento en comercios barriales; una caída del 4,5 por ciento en quioscos y del 8,8 por ciento en mayoristas. Sólo se salvan Farmacias, donde se creció 0,9 por ciento e e-commerce, que aumentó 34,4 por ciento.

En el caso de los supermercados y comercios barriales, el dato más fuerte es que se venía de caer 4,9 por ciento interanual en febrero, y en marzo se cayó 6,1 por ciento. Es decir, no se está comprando ni lo más básico.

Uno de los datos llamativos del trabajo es que, en el caso de los hipermercados, en marzo cayó la venta en todos los rubros y a niveles muy altos: un 5,3 en Alimentación; un 8,5 en Bebidas con Alcohol; un 10,4 en Bebidas sin Alcohol, 7,5 en Higiene y Limpieza, 6,3 en Merienda y más de 10 por ciento en Perecederos. En este tipo de grandes superficies comerciales no alcanzan ni las promos especiales para apalancar la demanda. Hay comercios que tienen hasta dos o tres días semanales con descuentos de 15 y 20 por ciento sin tope para comprar con billeteras virtuales, y aun así el nivel de volumen vendido no mejora, sino que cae mes tras mes.

En el caso de los comercios barriales, sólo subió un rubro: Alimentos mejoró 1 por ciento interanual. El dato es de alarma, porque es un rubro que ya con el crecimiento poblacional debería empujar ventas mayores.

Por otra parte, en el canal de venta mayorista, también hay un solo rubro que creció interanual en marzo: Impulsivos, las golosinas que venden al costado de las cajas de pago, mejoró 14,6 por ciento. Lo atribuyen a la mayor compra de estos productos por el inicio de clases.

Asimismo, en el e-commerce, que no explica más del 6 por ciento del total del consumo masivo, las ventas fueron muy buenas en crecimiento porcentual contra el año pasado. Con subas de hasta el 44 por ciento en unidades en Alimentos.

Al Gobierno se le acaban las maniobras para dilatar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y mientras tanto, presionaron a los rectores de las universidades nacionales a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano exigiendo medidas contra paros docentes y no docentes, en pos de “garantizar, de manera efectiva y sin interrupciones, el derecho de enseñar y aprender”. El docente y secretario de la CONADU, Federico Montero, determinó que “además de ser medio floja, la nota se equivocó de destinatario: quien debería cumplir la normativa vigente para garantizar el derecho a la universidad es el Gobierno”.

En el horizonte está la cuarta marcha federal del 12 de mayo anunciada hace unos días por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que promete tener tanta convocatoria como la del pasado abril del 2024. Este lunes,además, el Gobierno publicó otro comunicado que sostiene una “extrema preocupación” por la suspensión de la actividad académica, donde los estudiantes parecen ser “víctimas de los paros impulsados por los gremios”. Ante las incongruencias del planteo, en diálogo con Página/12 Montero invitó a los funcionarios de Educación “a que vengan a alguna de las clases públicas a tomar nota”.

El documento firmado por el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, solicitó a los rectores una serie de informes a entregar en menos de 48 horas, o de lo contrario “el incumplimiento de lo aquí requerido habilitará la revisión de la asignación, ejecución o transferencia de recursos presupuestarios nacionales”. Para el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquin Carvalho, está claro que esto forma parte de “una cortina de humo para no cumplir con sus responsabilidades”.

Entre los puntos a cumplir por los rectores figuran el cumplimiento del calendario académico, la apertura de los edificios, la implementación de clases virtuales y reprogramaciones para “garantizar continuidad” en las cursadas. En sus redes sociales, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello compartió que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.

Con cierto desconcierto, el secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), Pablo Perazzi, sostuvo que “el Gobierno no puede exigir absolutamente nada porque está incumpliendo una ley que tiene dos fallos de cámara, mientras nosotros cumplimos sistemáticamente con nuestras tareas y obligaciones”. Hace más de dos años que las universidades públicas resisten gracias a la labor de sus docentes y no docentes, que continúan pese a que sus salarios fueron devaluados.

Desde Feduba, tras la llegada de estos comunicados oficiales anunciaron una clase pública titulada “Definime conocer”, a cargo del profesor de filosofía del lenguaje Federico Penelas. Será en Miró y Bonifacio este miércoles a las 16 horas, bajo el polémico departamento de lujo adquirido por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, que ahora se encuentra en investigaciones por enriquecimiento ilícito.

En relación al cuarto llamado a las calles, Carvalho determinó que “la marcha del 12 de mayo está tomando cuerpo, y va a ser multitudinaria, a eso le teme el gobierno nacional y en este caso la ministra de Capital Humano”. La convocatoria fue organizada por la FUA, el CIN y diversos frentes gremiales. El objetivo es exigir el cumplimiento de la ley para que los trabajadores universitarios recuperen salarios dignos, y los establecimientos se financien para poder funcionar con normalidad. “Ya logrado el objetivo legislativo y judicial, lo que resta es la calle, el pueblo”, sostuvo el presidente de la FUA.

Lo único que rescata Perazzi de la nueva movida libertaria es que “por primera vez en dos años y seis meses que llevan de gestión, reconocieron a la educación como un derecho, algo inédito”. Para la comunidad universitaria, no caben dudas de que la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo genera muchas expectativas. El secretario general de Feduba aseguró que al Gobierno “le entró la bala”.