El gobernador Gustavo Melella sostuvo que el complejo escenario que atraviesa la industria fueguina exige el compromiso y la responsabilidad de todos los actores involucrados para construir acuerdos que permitan sostener la producción y preservar las fuentes laborales, reafirmando que la defensa del empleo continúa siendo una prioridad para el Gobierno de la Provincia.

En ese sentido, el Mandatario remarcó que el Estado provincial seguirá promoviendo todas las instancias de diálogo necesarias para acercar posiciones y generar las condiciones que permitan superar los conflictos laborales que atraviesan los fueguinos y fueguinas.

"El contexto que atraviesa la industria requiere del compromiso de todos los actores para encontrar consensos. Nuestro principal objetivo es defender cada puesto de trabajo y seguir acompañando a un sector que es estratégico para el desarrollo de Tierra del Fuego", expresó Melella.

El Gobernador destacó además el compromiso de los trabajadores fueguinos con la producción y consideró que el camino para afrontar las dificultades es fortalecer los espacios de diálogo entre el Estado, las empresas y los representantes de los trabajadores.

"Siempre vamos a promover una mesa de diálogo porque creemos que esa es la herramienta para resolver las diferencias y preservar el empleo. El trabajo de las familias fueguinas debe estar por encima de cualquier conflicto", afirmó.

Asimismo, Melella aseguró que el Gobierno provincial continuará trabajando junto al sector industrial para generar condiciones que fortalezcan el entramado productivo y contribuyan a sostener la actividad económica de la provincia.

"La gran mayoría de los trabajadores tiene un enorme compromiso con la industria y con su tarea. Por eso nuestra responsabilidad es acompañar todos los esfuerzos que permitan sostener la producción y proteger el empleo", señaló.

Finalmente, el mandatario ratificó que la defensa de la industria fueguina y de los puestos de trabajo seguirá orientando las decisiones del Gobierno provincial.

"Vamos a seguir trabajando para resguardar el empleo, fortalecer la industria y construir consensos que permitan atravesar este contexto. Esa es la responsabilidad que asumimos y ese va a seguir siendo nuestro camino", concluyó.

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Servicio de Odontología de Atención Primaria de la Salud (APS) Ushuaia, llevará adelante a partir de este lunes 10 de agosto la campaña “Sonrisas de Invierno”, destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años inclusive.

La iniciativa se desarrolla en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Zona Sur de Ushuaia y está a cargo de profesionales odontopediatras. La campaña se extenderá hasta la primera semana de septiembre inclusive, con cupos limitados.

La referente del Servicio de Odontología de APS Ushuaia, Nora Torrez, explicó que la propuesta consiste en la aplicación tópica de flúor y destacó la importancia de que los niños concurran a la consulta con su cepillo dental.

“Es importante que los niños concurran al CAPS con su cepillo dental porque antes de la aplicación tópica del flúor es necesario realizar un cepillado para eliminar los restos de placa bacteriana y los restos de alimento. De esta manera, el flúor entra en contacto directo con la superficie del esmalte dentario y su efecto es mucho más eficaz”, señaló.

La profesional remarcó además que la actividad busca aprovechar el momento de la aplicación para fortalecer hábitos saludables desde edades tempranas.

“Llevar el cepillo de dientes permite reforzar el hábito del cepillado correcto. Podemos enseñar y corregir la técnica de higiene bucal de acuerdo a la edad del niño, como así también aprovechar la consulta para brindar educación en salud bucal tanto a los niños como a sus familias”, agregó Torrez.

Los turnos para participar de la campaña se solicitan únicamente por WhatsApp, a través de la línea exclusiva habilitada para “Sonrisas de Invierno” 2901 569093. Al comunicarse, las familias recibirán la asignación de día y horario en uno de los CAPS de Ushuaia donde se desarrollará la campaña.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que los cupos son limitados y que la propuesta se extenderá hasta la primera semana de septiembre inclusive.

El fiscal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni explique de dónde sacó la plata para sus compras y gastos suntuosos. El documento es secreto, pero hay un resumen de 7 páginas en las que se detallan las inconsistencias.

En total, están sin explicación 43 millones de pesos y una cifra que supera los 403.000 dólares, algo que se explica porque la mayoría de las compras las hizo en efectivo en la moneda extranjera.

Adorni debe responder a este requerimiento dentro de los próximos 15 días y si las explicaciones no conforman al fiscal y al juez Ariel Lijo será llamado a indagatoria por enriquecimiento ilícito.

El requerimiento se estructura en 20 puntos concretos, entre los que se destacan:

El origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos” (sin especificar qué se vendió)
Dos préstamos de familiares (Silvia Pais y Norma Zuccolo) sin documentación de la entrega real de fondos
La compra de un Jeep
El origen de los fondos para el lote de Indio Cuá y su remodelación (incluyendo USD 245.000 pagados a un contratista)
La compra del departamento de Miró 550 y sus muebles
Ingresos “exentos” y supuestas herencias o donaciones invocadas para explicar gran parte del incremento
El uso reiterado de terceros para pagar bienes por cuenta suya, con reintegros en efectivo
Su operatoria con criptoactivos (incluyendo cuentas no declaradas inicialmente)
Comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas por más de $2 millones que no concilian con ningún medio de pago registrado
Deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre declaraciones
Honorarios notariales facturados a su cónyuge
Consumos de terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas
Las mejoras declaradas en ambas propiedades
En síntesis, el dictamen sostiene que hay una brecha patrimonial no explicada tanto en pesos como en dólares, con múltiples inconsistencias entre las declaraciones juradas sucesivas, y le da a Adorni 15 días para aportar la documentación y explicaciones que la despejen.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, destacó la importancia estratégica de la nueva usina eléctrica que se construye en la ciudad y afirmó que la obra marcará “un antes y un después”, al permitir transformar la matriz de producción de energía y generar nuevas condiciones para el crecimiento y el desarrollo de Ushuaia a largo plazo.

“Como dijo el intendente Walter Vuoto, es importante que tomemos dimensión de la obra que se está llevando adelante”, sostuvo Iriarte en diálogo con la prensa, y remarcó que “con esta nueva usina el horizonte de crecimiento de la ciudad cambia de manera muy positiva”.

En ese sentido, afirmó que la obra permitirá “proyectar la Ushuaia de los próximos 30 o 40 años”, al generar una infraestructura energética acorde a las necesidades futuras de la ciudad y acompañar su crecimiento poblacional, productivo, comercial y turístico.

Iriarte consideró que “va a ser un antes y un después” para los vecinos y vecinas de Ushuaia y también para sectores estratégicos de la economía local, ya que contar con una nueva infraestructura de generación permitirá ampliar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Por otra parte, el secretario de Gobierno valoró la presencia en Tierra del Fuego de senadoras y senadores nacionales de distintos bloques políticos y consideró “positivo” que puedan conocer de primera mano las problemáticas que atraviesa la provincia.

“Fue importante que pudieran venir, recorrer y escuchar a los vecinos y trabajadores”, señaló Iriarte, quien explicó que durante la visita se abordaron cuestiones vinculadas a la soberanía y a la situación de la industria fueguina, que atraviesa un escenario complejo con “la pérdida de 6 mil puestos de trabajo en dos años”.

Asimismo, destacó que los parlamentarios mantuvieron encuentros con vecinos y trabajadores de distintas empresas y señaló que “quedaron muy preocupados por las consecuencias negativas que generan las políticas del Gobierno nacional”.

Finalmente, Iriarte sostuvo que este tipo de intercambios “es clave también para llevar adelante la defensa de los intereses de los fueguinos ante los embates del Gobierno libertario”.

El Gobierno decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para evitar una derrota en el Senado. Sin embargo, la iniciativa que se debatirá este jueves mantiene buena parte de las reformas originales impulsadas por el Poder Ejecutivo y sigue generando fuertes cuestionamientos.

Aunque la discusión pública quedó centrada en la extranjerización de tierras, el proyecto también cambia las reglas para los desalojos, las expropiaciones, la protección de los terrenos incendiados, la regularización de viviendas y los registros inmobiliarios. En todos los casos, el objetivo declarado por el Gobierno es reforzar el derecho de propiedad y reducir la intervención del Estado.

Uno de los cambios más importantes acelera los procesos judiciales para recuperar un inmueble. Las causas pasarán a tramitar por una vía más rápida y, en algunos casos, un juez podrá ordenar la restitución del inmueble antes de que termine el juicio si considera que el derecho del propietario está suficientemente acreditado.

Para los críticos, esto deja a inquilinos y ocupantes con menos tiempo para defenderse. El proyecto incorporó algunas garantías para familias con niños, personas mayores o personas con discapacidad, aunque mantiene el objetivo de agilizar los desalojos.

Otro de los puntos más cuestionados modifica la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente impide durante décadas cambiar el uso de tierras afectadas por incendios para evitar que se prenda fuego con fines inmobiliarios, turísticos o productivos. El proyecto elimina parte de esas restricciones y limita la protección a un grupo más reducido de terrenos.

Con este cambio, el Gobierno busca facilitar futuros emprendimientos sobre tierras incendiadas y debilita una herramienta creada para desalentar incendios intencionales.

El proyecto cambia las reglas para que el Estado pueda expropiar una propiedad cuando necesita hacer una obra de interés público. Hasta ahora, si el Estado necesitaba un terreno para construir una ruta, un hospital o una escuela, debía justificar la utilidad pública y pagar una indemnización por el valor del inmueble.

La reforma agrega exigencias y amplía el monto que deberá pagar: además del precio de la propiedad, podrá incluir las ganancias que el dueño asegura que dejó de obtener, un concepto conocido como lucro cesante.

El cambio encarece las expropiaciones y puede hacer que obras necesarias para la población sean más lentas o más difíciles de concretar. En la práctica, una ruta que necesita un terreno, un hospital que requiere ampliar su espacio o una escuela que debe construirse en un barrio pueden quedar demorados si el Estado no consigue pagar los nuevos costos.

El Gobierno sostiene que con esta legislación busca proteger el derecho de propiedad. Sus críticos advierten que termina poniendo más obstáculos a la inversión pública y que el costo puede terminar pagándolo la sociedad con menos infraestructura o con obras que tardan más en llegar.

La ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, participó del Encuentro Federal de Inversión Logística de Puertos, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria estuvo acompañada por el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, y la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Mann, con quienes presentó un proyecto destinado a incorporar infraestructura eléctrica y combustibles verdes en el Puerto de Ushuaia.

Durante su exposición, Castillo defendió la soberanía provincial sobre la administración del puerto y cuestionó la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

"Más allá de la transitoria intervención ilegítima por parte de la ANPYN, la provincia continúa planificando el crecimiento del Puerto de Ushuaia y pensando en las obras que necesita para potenciar su rol como puerta de entrada a la Antártida", sostuvo.

La ministra también marcó diferencias con la postura del organismo nacional respecto del modelo de gestión portuaria.

"La ANPYN promueve la privatización de todos los puertos argentinos y sostiene que sólo crecen los puertos privados. Desde Tierra del Fuego creemos que el desarrollo requiere una articulación entre el sector público y el privado, con una presencia activa del Estado que permita planificar el crecimiento y fortalecer la matriz de transporte", afirmó.

Por su parte, Ramírez señaló que, por instrucción del gobernador Gustavo Melella, la Dirección Provincial de Puertos continúa desarrollando proyectos destinados a fortalecer la infraestructura portuaria y la cadena logística de la provincia.

Respecto del proyecto presentado, explicó que se busca obtener financiamiento para instalar sistemas de suministro eléctrico y de combustibles verdes que permitan a los buques apagar sus motores una vez amarrados.

"El objetivo es que la demanda energética de los barcos durante su permanencia en puerto sea abastecida desde tierra y no mediante la combustión de sus propios motores", indicó.

Según explicó, esta iniciativa permitiría reducir las emisiones contaminantes y posicionar al Puerto de Ushuaia como una terminal ambientalmente más competitiva para las compañías que operan campañas antárticas.

"Si las empresas cuentan con capacidad de abastecimiento energético en el puerto, podrán optimizar la logística de sus viajes al continente blanco y disminuir el consumo de combustibles", agregó.

El Encuentro Federal de Inversión Logística de Puertos reunió a representantes de once provincias: Santa Cruz, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Chubut, Chaco, Buenos Aires y Tierra del Fuego, junto con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC). Además, contó con la participación de representantes de la Embajada de Alemania.

La actividad fue encabezada por la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, junto al ministro de Educación, Pablo López Silva, y contó con la participación de funcionarios provinciales, veteranos de la Guerra de Malvinas, estudiantes y docentes de instituciones educativas, además de representantes de universidades, observatorios e instituciones de distintos puntos del país que acompañaron el lanzamiento de manera virtual.

Durante la presentación, Cubino destacó que la Plataforma Malvinas constituye una política pública pensada para fortalecer el ejercicio de la soberanía desde el conocimiento y la innovación.

"La mejor manera de ejercer soberanía es conocer lo que es nuestro. Esta plataforma no es solamente un lugar para consultar información, es una herramienta que va a generar acciones, encuentros y nuevas propuestas de malvinización durante todo el año", dijo. En este sentido, remarcó que "queremos democratizar el acceso al conocimiento y llegar también a las nuevas generaciones con herramientas tecnológicas construidas desde la mirada del Estado fueguino y argentino".

La funcionaria explicó además que el desarrollo fue realizado con criterios específicos para garantizar contenidos rigurosos sobre la Cuestión Malvinas, consolidando un espacio público de referencia para estudiantes, docentes, investigadores y toda la comunidad.

Por su parte, el ministro de Educación, Pablo López Silva, valoró la plataforma como "una herramienta fundamental" para fortalecer la enseñanza de la Causa Malvinas y anunció que el Ministerio implementará una capacitación obligatoria para todos los docentes del sistema educativo provincial, que será desarrollada a través de la plataforma junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

"Esta herramienta permitirá que las escuelas no solo accedan a contenidos de calidad, sino también compartan sus proyectos, investigaciones y experiencias para que puedan ser conocidas dentro y fuera de la provincia. Es una política que trasciende Tierra del Fuego y que podrá ser utilizada por instituciones educativas de todo el país", señaló.

En ese sentido, confirmó que este jueves presentará oficialmente la Plataforma Malvinas en el Consejo Federal de Educación, donde además impulsará la incorporación de la Causa Malvinas a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), con el objetivo de fortalecer su enseñanza en todas las jurisdicciones del país.

Como parte de la jornada también se firmó una Carta de Intención para la Gobernanza y Puesta en Marcha de la Plataforma Malvinas, dando inicio a la conformación de un comité editorial integrado por organismos provinciales, universidades nacionales, observatorios especializados y centros de veteranos de guerra.

Asimismo, se anunció la firma de convenios específicos con las instituciones participantes, la certificación académica de la curaduría de contenidos a cargo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el acceso público, abierto y gratuito a la plataforma para docentes, estudiantes, investigadores y la comunidad en general.

Se accede a la plataforma a través de este link.

Sin los votos necesarios, el Gobierno aprieta a los aliados y colaboracionistas que dudan sobre la conveniencia de dar quórum y votar la entrega del territorio nacional que implica el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los senadores y las senadoras que permanecen “indecisos” podrían darle con su apoyo vía libre a la extranjerización de zonas fronterizas, montañas con múltiples minerales y grandes reservas de agua dulce. Un nuevo intento de la Casa Rosada de blindar una entrega planificada de soberanía y recursos naturales. En esa línea están varios del bloque de la UCR y también otros que responden a sus gobernadores o tienen “juego propio” en la Cámara Alta.

En Balcarce 50 cuentan como propios al menos 34 senadores, entre los 21 libertarios, los 3 del PRO, al menos 7 de los 10 del bloque de la UCR que comanda el correntino Eduardo Alejandro Vischi y de quienes responden a los gobernadores de fuerzas provinciales colaboracionistas con la gestión ultraderechista del Gobierno central: entre ellos, la salteña Flavia Rayón, la neuquina Julieta Corroza y la tucumana Beatriz Ávila, con juego propio en su provincia.

Enfrente tendrán la anunciada resistencia de los 21 senadores del peronismo que encabeza José Mayans y los 3 que se desprendieron de esa bancada para formar Convicción Federal, que preside la jujeña Carolina Moisés. También se sumaron al rechazo el radical bonaerense Maximiliano Abad y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, que en este tema prefirió diferenciarse de la postura más permisiva con la Casa Rosada de su sucesor, Martín Llaryora, al frente del peronismo cordobesista en la provincia.

De todas maneras, el oficialismo libertario deberá torcer la voluntad de al menos otros 3 senadores para alcanzar el número mágico de 37 (la mitad más uno del total de la Cámara), que se necesitan para alcanzar el quórum que abra el debate y para dirimir a su favor la votación. Una cacería que todos los operadores libertarios lanzaron sobre un puñado de “indecisos” que integran una decena de senadores que evitaron pronunciarse a favor o en contra del proyecto y que serán clave para la suerte que pueda correr el Gobierno.

En la lista aparecen los dos representantes del Frente Renovador de la Concordia misionero en el Senado: Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut, envueltos en la puja interna de la fuerza provincial, donde el gobernador Hugo Mario Passalacqua llama a votar por el rechazo y el líder de la fuerza provincial, Carlos Rovira, se encolumna con la Casa Rosada. Misiones es la provincia más extranjerizada de la región mesopotámica: el 11,29% de su territorio, más de 325.750 hectáreas, están en manos de capitales extranjeros.

También se incluyen entre los “indecisos” los dos senadores por Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal: José María Carambia y Natalia Elena Gadano. Vidal, que mayormente acompañó las iniciativas de Milei, también dividió el voto de sus dos representantes en la Cámara alta frente a otros proyectos del oficialismo. Ahora, en medio de la crisis económica en su provincia, ahogada por la política del Gobierno central, duda frente a la resistencia que genera el proyecto de ley en su población, donde 1,9 millones de hectáreas de su territorio están en manos extranjeras, según el Observatorio de la Tierra.

Lo mismo sucede con la senadora chubutense Edith Elizabeth Terenzi, que integra el monobloque Despierta Chubut y que responde al gobernador macrista Ignacio “Nacho” Torres, otro de los mandatarios provinciales dispuesto a acompañar iniciativas de la Casa Rosada. Terenzi figura en la lista de indecisos de la Casa Rosada, a diferencia de la otra senadora por esa provincia, Andrea Marcela Cristina, que integra el bloque del PRO y que acompañaría los deseos del oficialismo nacional. Chubut, como toda la Patagonia y en especial la comarca andina, es un territorio codiciado por compradores y magnates extranjeros.

El correntino Carlos “Camau” Espínola, que ingresó al Senado en las listas del Frente de Todos y que ahora integra el bloque Provincias Unidas, comparte el conglomerado de indecisos y sobre él opera el oficialismo para captar voluntades.

La presión del Gobierno también se cierne sobre otros dos radicales en duda: el pampeano Daniel Ricardo Kroneberger y el catamarqueño Flavio Sergio Fama, que también están jaqueados por la conducción nacional de la UCR para que no se sumen a la propuesta oficialista.

De la decisión que finalmente adopten algunos de estos “indecisos” dependerá la suerte del proyecto mileísta que entrega el territorio nacional al mejor postor.

El presidente Javier Milei brindó una larga entrevista en un canal de streaming, donde repitió sus insultos a la prensa, volvió a autocelebrar el rumbo de su gobierno y se desentendió de la crisis económica casi terminal que atraviesan algunos sectores.

“¿Somos suiza? No, pero la tendencia sigue siendo maravillosa", dijo el mandatario y luego habló sobre los salarios. “Sabés a quién es a quién más le bajó el salario real desde que yo asumí, a mí”, lanzó.

Sostuvo que los sueldos del sector privado le empatan a la inflación y que los del sector informal “vuelan”. “Y la verdad que eso es la mitad de los trabajadores”, festejó.

“El salario real del sector público cae, pero ese es un resultado deseado del modelo”, admitió también.

Milei volvió a negarse a ofrecer una solución a los múltiples sectores de la economía que se caen a pedazos por su modelo económico. “La distinción entre la micro y la macro es un error”, sentenció.

Y luego preguntó, indignado: “¿Qué pretendés, que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector?“. Puso como ejemplo al “kiosquero de la esquina” e insistió: “Si tiene un negocio que no rinde, con qué lo salvo”.

Tras un disparatado ejemplo sobre la suba de los precios de los barbijos durante la pandemia, sentenció que “los que quieren tocar la micro son asesinos potenciales”.

A continuación reiteró que están “en máximos históricos” el consumo, las exportaciones y la actividad económica.

Consultado sobre quién lo acompañará como candidato a vicepresidente en las elecciones del año que viene, Milei dijo tener “un conjunto de opciones, un órden de mérito”. Dentro de esa lista incluyó a la senadora Patricia Bullrich pero aclaró que “el lugar que decida ocupar Patricia para mi va a estar bien”.

“Es algo que está abierto, depende de la evolución de la política”, dijo para luego repetir varias veces que está haciendo “el mejor gobierno de la historia”.

Celebró haber recibido distintos premios “en todas partes del mundo” y avisó: “¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Los resultados”.

“Nadie es profeta en su tierra. Viajo por el exterior, todo el mundo reconoce lo que estamos haciendo, me condecoran en todas partes del mundo”, insistió y reiteró una vez más: “Estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”.

Durante la entrevista, Milei reafirmó los ataques contra su par brasileño. “Es un ladrón, estuvo preso y lo sacaron de prisión por un argumento administrativo”, repitió y se esperanzó con una victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre.

También volvió a atacar al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la crisis migratoria en Ceuta y lo acusó de “panquequear”.

Sobre la cuestión migratoria, dijo que “no es lo mismo la inmigración que la invasión”. “La invasión son personas que vienen, no cambian su cultura y se expanden dentro de tu territorio y después e ganan las elecciones y tu país se convierte en otra cosa”, definió.

“Sorete”, “mierda humana”, “basura”, repitió el Presidente varias veces durante el reportaje. Le apuntó especialmente a un periodista, sin nombrarlo, por poner en duda la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo. “Yo tengo una relación simbiótica con Toto”, aseguró.

Milei reiteró su idea de que “el 95% de los periodistas miente”.

El Gobierno nacional intimó a los 450 peritos navales encargados de maniobrar buques de gran porte en vías navegables a levantar el paro que iniciaron ayer y que mantiene frenada la salida y entrada de naves con cargas de exportación e importación. A través de la Prefectura Naval, los conminó a retomar los servicios de manera urgente bajo amenaza de sumarios y penas de prisión.

El paro por tiempo indeterminado de los prácticos navales –así se llama al personal especializado en conducir naves comerciales por ríos, canales e hidrovías hasta el puerto de destino- fue producto de un cuestionable decreto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que desregula la actividad y empeora las condiciones laborales de esos peritos.

Tal como lo explicó el ministro a través de un posteo en sus redes sociales, el decreto 690/2026 exime a las empresas navieras de la obligación de contratar a prácticos y flexibiliza esa práctica para cualquier otro personal.

También quita los topes a la escala salarial por esa prestación, limita la cantidad de buques que puedan entrar y empeora las condiciones de seguridad y traslado de esos peritos, entre otras cuestiones.

La medida desató la reacción inmediata de los prácticos que garantizan la seguridad de la entrada y salida de buques y barcos al país, ya que debido a su fino conocimiento de las vías navegables acompañan al capitán de navegación para reducir los riesgos de colisión, derrame y de cualquier accidente que pueda poner en peligro tanto las cargas como las rutas naturales.

Pero el punto que más cuestionó Sturzenegger es la tarifa que cobra un práctico. La prestación para las maniobras de ingreso o egreso de buques ronda los 15 mil y 20 mil dólares por prestación. Lo mismo o más de lo que cobra un capitán por la totalidad del viaje.

Sin embargo, los valores fueron fijados a través de un tarifario vigente desde el gobierno de Mauricio Macri y no son parte de los gastos de Estado que Sturzenegger dice defender.

“No nos paga ningún ciudadano argentino, nos paga la empresa naviera” que en su mayoría son extranjeras, aclaró Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina.

Producto de la protesta iniciada en las últimas horas, se mantiene paralizado el comercio internacional por vía naval. Embarcaciones con granos, insumos energéticos y mercaderías de distintas características están frenadas desde las últimas horas.

Debido a esta medida “Sturzenegger se acaba de gastar más de lo que dice que se va a ahorrar con sus nuevas tarifas”, cuestionó Morales durante una entrevista por Urbana Play.

Lejos de disuadir, llamar al diálogo o revisar su decreto desregulador que deroga la reglamentación de la actividad vigente desde 1991 (retocada durante el gobierno de Mauricio Macri), la decisión del Gobierno fue salir a confrontar.

Ordenó a la Prefectura Naval Argentina (PNA) que, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificara a los prácticos que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente bajo amenaza de sumarios administrativos y denuncias penales que contemplan prisión de hasta ocho años.

Sturzenegger descalificó a la actividad del practicaje, la denominó un “kiosco”, dijo que sus costos son “exorbitantes”, consideró que la prestación es “un servicio innecesario” y concedió esa tarea a los capitanes de buques y hasta a personal de Prefectura.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, definió el funcionario en su posteo provocador.

El decreto también modificó los criterios de dimensión de los buques a partir de los cuales era obligatoria la contratación de un práctico, y eliminó los requisitos que deben tener las embarcaciones que conducen a los prácticos desde un puerto hasta el buque.

Morales calificó de “mentiras” a los argumentos del ministro Sturzenegger y consideró que las medidas del decreto que desregula la actividad y reducen las condiciones de seguridad de las naves fueron tomadas por falta de conocimiento en la materia por parte del funcionario. “Si no fuera por un profundo desconocimiento del tema, sería porque es un mentiroso contumaz”, recalcó.

“Fuimos al paro porque al limitar la cantidad de buques que pueden navegar, aumentan los riesgos de colisión” y cualquier otros accidentes en las vías navegables, añadió el perito para fundamentar sobre el peligro del decreto desregulador.

En un nuevo capítulo de la interna libertaria, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su preocupación por el estado mental del presidente Javier Milei -con quien se encuentra peleada desde hace más de dos años- y por sus “persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

Las declaraciones de la vicepresidenta se dieron a partir de una publicación de un usuario en la red social X que asegura que Milei retuiteó una teoría conspirativa de la diputada Lilia Lemoine que sostiene que “desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X”.

“Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio”, respondió Villarruel en un comentario de la publicación.

Minutos después, la vicepresidenta dejó otro comentario cuestionando el retuit de Milei: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”.

Horas más tarde, luego de que la publicación se llenara de mensajes, Villarruel redobló la apuesta y agregó: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

El posteo de Lemoine que retuiteó el Presidente e hizo enfurecer a Villarruel afirma que las publicaciones de la vicepresidenta en X serían manejadas por la diputada Marcela Pagano.

“Desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X. Se las escribe... Han tenido publicaciones espejadas y operan de la misma manera y en coordinación con los castrochavistas. Insultan similar. Dejan fijados sus tuits de forma parecida. Tienen trato común con Guillermo Moreno”, aseguró Lemoine en su publicación.

“Ya en 2024 empezaron a mostrar su acercamiento hacia el peronismo solapadamente. Confieso haber contribuido fuertemente en haber saboteado sus planes... Así es. Comparten asesores y fueron cómplices para intentar hacerle juicio político a Javier Milei. ¿Cómo creen que Villarruel está en contacto con el Chiqui Tapia? Pregúntenle a la vice qué opina de las SAD”, agregó la legisladora.

Y concluyó: “¡lncluso ambas comparten callcenter! Son como Rusia e Irán... fingen ser enemigos pero son socios contra Occidente. Incluso les molesta Israel por igual, claro que no pueden decirlo. El alineamiento Villarruel - Pagano - Kicillof es cada vez más obvio. La van a dejar afuera a Bregman, finalmente, solo va a ser colectora”.

Tras no recibir ofertas, el Ministerio de Economía declaró formalmente desierta la licitación pública para privatizar la empresa Intercargo, encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos.

Mediante la Resolución 1148/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó que el proceso de selección para desprenderse del 100% del paquete accionario de la compañía no recibió ninguna oferta.

El final vacante de la operación, que tenía un precio base de 45 millones de dólares, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta por parte de inversores nacionales o internacionales.

Ante este escenario, la Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc” recomendó dar por finalizado el procedimiento actual sin éxito.

Según la plataforma oficial Contrat.Ar, cinco empresas habían manifestado interés en el proceso, pero ninguna presentó la documentación requerida ni acreditó las condiciones económicas y técnicas exigidas para quedarse con la compañía.

El intento de privatización estaba encuadrado en la Ley Bases, que declaró a Intercargo como una de las empresas “sujetas a privatización”, para lo que luego se facultó a la cartera económica a adoptar las medidas necesarias a fin de concretar la venta de acciones.

El esquema propuesto para la privatización preveía mantener a Intercargo como unidad operativa, con continuidad de contratos y licencias en los aeropuertos donde presta servicio.

Tras declarar “desierta” la licitación pública, el Gobierno nacional deberá ahora evaluar los pasos a seguir respecto al futuro de la firma que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas. En lo que va de gestión de Javier Milei, se autorizó la operación de varias empresas que ofrecen el mismo servicio, tras la desregulación del sector.

Por el momento, dado el resultado negativo en el proceso licitatorio, la empresa seguirá en manos del Estado. Sin embargo, el marco legal vigente bajo los decretos 695/2024 y 198/2025 mantiene la autorización para que Economía continúe buscando los mecanismos operativos para concretar la transformación o venta de la empresa en el futuro.

Durante décadas, recordó Gabriel Mocho Rodríguez, exsecretario de Aviación Civil (2009-2025) de la ITF (Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte) y consultor aeronáutico internacional, Intercargo operó como una red integrada de servicios aeroportuarios donde las terminales rentables de los grandes centros urbanos financiaban la viabilidad de las plazas más pequeñas en el interior del país.

“Las empresas de handling aeroportuario como Intercargo son fundamentales para las líneas aéreas, ya que prestan los servicios de carga y descarga de pasajeros, equipaje, correo, etc., en los aeropuertos donde a la aerolínea no le conviene contratar personal y tener maquinaria pesada dedicada. Los aeropuertos con pocas frecuencias de vuelos (como los de la mayoría de nuestras provincias) necesitan un proveedor local de esos servicios”, explicó el experto en la nota, donde reflexiona sobre el fracaso del intento privatizador.

Además, “el esquema de Intercargo no era un monopolio arbitrario: era la única forma de garantizar que aeropuertos con menor tráfico —pero esenciales para la conectividad federal— mantuvieran servicios de rampa, equipaje y asistencia operativa". Las aerolíneas, indicó Mocho Rodríguez, “pagaban tarifas que, en conjunto, permitían sostener operaciones en lugares donde una lógica puramente comercial nunca hubiera justificado la inversión”.

Cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, abrió el mercado del handling, permitió que aerolíneas y competidores privados ingresaran a competir en las terminales más atractivas. “El resultado fue previsible: las rentas de Ezeiza, Aeroparque y Bariloche quedaron expuestas a la competencia directa, mientras que la responsabilidad de sostener las plazas del interior permanecía sobre una empresa estatal debilitada”, señaló el experto, al remarcar que “la desregulación no creó competencia en toda la red” sino que “desarmó el mecanismo de subsidio cruzado que hacía viable el sistema completo”.

Para cuando el gobierno fijó un precio base de 45 millones de dólares, Intercargo ya había perdido la exclusividad en mangas y pasarelas en sus terminales más rentables. “Ninguna firma privada quiso asumir el negocio completo porque el mercado solo veía valor en los aeropuertos con alto tráfico, no en la red integrada que garantizaba conectividad nacional, pero que había sido desmembrada”, resumió el especialista, quien consideró que “el Estado se encontró en una paradoja: había desarmado la lógica económica del activo antes de ponerlo en venta, y luego nadie quiso comprar lo que quedaba”.

Este jueves, a las 20 horas, Javier Milei va a hablar por cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada para anunciar el envío al Congreso de un proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Para dimensionar la importancia que le asigna, cabe remarcar que el Presidente no hizo cadena nacional para anunciar la Ley Bases o la Reforma Laboral, a los que considera dos de sus grandes hitos de gestión.

La Carta Orgánica del Banco Central establece los principios fundamentales de la entidad monetaria, su finalidad, sus principales funciones y facultades. En su artículo 3 dispone que “tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Una de las claves de la reforma que va a anunciar este jueves Milei es que el objetivo del BCRA sea únicamente cuidar el valor de la moneda, por lo que el resto del párrafo se eliminaría. En los hechos, elimina la posibilidad de que el BCRA emita dinero para financiar el déficit del Tesoro, incluso tipificando la emisión injustificada en el Código Penal.

El Gobierno busca retrotraer la Carta Orgánica al texto escrito en 1992 durante la presidencia de Carlos Menem, para lo cual quiere anular las modificaciones realizadas en el segundo mandato de Cristina Kirchner en 2012.

“En 2012 la urgencia surgió porque cada vez que intentaba financiar PyMES y achicar la diferencia entre las tasas que pagan y cobran los bancos, que eran muy amplias, no se podía hacer nada porque el mandato lo impedía”, explica Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central en aquel entonces.

La exfuncionaria recuerda el programa Línea de Inversión Productiva que lanzaron apenas se aprobó la reforma de la Carta Orgánica en el Congreso. La misma establecía un cupo mínimo de créditos que tenía que otorgarse a las PyMES, a tasas blandas para inversiones productivas.

“Con esta reforma eso no sería posible, como tampoco regular a los bancos y billeteras virtuales que cobran tasas altísimas. Entre las pocas funciones que le quedarían al BCRA estarían regular la base monetaria, comprar dólares, fijar la tasa de referencia y los encajes”, añade Marcó del Pont.

“La reforma tiene cuestiones discutibles que tienen que ver con si el mandato tiene que ser dual o único, si es estabilidad o también empleo”, plantea Facundo Martínez, jefe de la consultora Macroview. “En cuanto a prohibir los adelantos al Tesoro, quizá está bien tener la botella de vino lejos”, grafica.

En esa reforma de 2012 también se aumentó el tope máximo de emisión para financiar al Tesoro. Combinado con una economía bimonetaria como la Argentina, tan susceptible al ruido externo, esto generó una actividad económica que el BCRA no siempre podía respaldar con los dólares necesarios para financiar importaciones. El resultado fueron restricciones para importar y, por ende, tensiones cambiarias que derivaron en una mayor inflación.

“Esto es como volver a la convertibilidad porque prohíben una política económica para reaccionar ante crisis internas o externas como la mexicana del 94, la rusa del 98 o la brasileña del 99″, alerta otra exalta autoridad del Banco Central en diálogo con este medio.

“Si fuera por mí, nunca financiaría al Tesoro con emisión ni letras intransferibles“, asegura. Pero añade: “En 2020 el propio FMI reconocía que la deuda externa era impagable, Macri defaulteó la deuda en pesos y encima vino la pandemia. Era emitir o defaultear, ¿si no cómo pagabas el IFE y el ATP para sostener empleo y empresas?”.

Por su parte, Marcó del Pont sostiene: “Es cierto que se ha financiado déficit con adelantos. Pero el proceso inflacionario en Argentina está más relacionado al dólar y a la deuda externa que a la política monetaria. En ese contexto de economía bimonetaria es razonable que haya un límite a la emisión porque te puede generar inflación, pero eliminarlo es un error”.

El Presidente adhiere a la teoría monetarista, cuyo axioma es que la inflación es en todo momento un fenómeno monetario, y es por eso que busca esta reforma. “En la práctica, para bajar la inflación, Milei disciplina salarios —al ponerle techo a las paritarias—, abarata dólar, abre la economía y retrae el consumo”, matiza Marcó del Pont.

“Se elimina la estafa de las Letras Intransferibles”, adelantó el propio Milei. Son “papeles” que el Tesoro emitió a 5 o 10 años a cambio de pedirle dólares al BCRA para pagar deuda externa. Su origen se dio en enero de 2006, cuando Néstor Kirchner decidió cancelar el total de la deuda con el FMI por US$ 9.530 millones. En síntesis, se cambió deuda externa por deuda intraestatal (del Gobierno con el Banco Central), que hoy representa 30 mil millones de dólares.

“Lo de Letras Intransferibles es un asiento contable. La deuda que antes era del BCRA ahora la traspasaron al Tesoro”, sintetiza Martínez. Justamente, el argumento del Gobierno es que el nuevo préstamo por 20 mil millones de dólares con el FMI, en abril de 2025, no es nueva deuda porque se utilizó para cancelar esa deuda intraestado.

“Esto es lo que más me preocupa”, alerta Marcó del Pont. “Hacia adelante hay buenas proyecciones de ingreso de dólares como para acumular reservas. ¿Por qué cambiarías deuda intraestado por deuda externa con un organismo internacional?“, cuestiona.

“Las Letras Intransferibles fueron el único recurso para pagar la deuda en 2006. No se podía emitir deuda en mercados internacionales porque te la confiscaban los fondos buitres. ¿La alternativa era defaultear?“, se pregunta otro exalto cargo del BCRA.

Las modificaciones que planea el Gobierno también apuntan a evitar que el Banco Central le gire dividendos al Tesoro, ya que implica darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentar el gasto público. “Es algo que este Gobierno hizo este año por 24 billones de pesos —de los cuales 6 fueron para gasto— y el pasado por más de 11″, recuerda el economista de Macroview.

Otro punto importante de la reforma que Milei va a mandar al Congreso está relacionado con dificultar la remoción del presidente y el directorio del BCRA. Si bien se mantendrá el mecanismo de nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, para echarlos se necesitarán dos tercios del Congreso, tanto de Diputados como de Senadores.

En la práctica, ese artículo blindaría a las autoridades de la entidad monetaria y, según el Presidente, las dotaría de mayor autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. Tanto con este como con otros gobiernos, el BCRA es un brazo del Ministerio de Economía: Santiago Bausilli se reúne y reporta constantemente a Luis Caputo.

El ejemplo que pone el Gobierno es Perú, donde, a pesar de la enorme inestabilidad política, con presidentes que duran menos que un suspiro, la cabeza del Banco Central es la misma desde hace dos décadas. Eso le otorga previsibilidad y estabilidad al país, aunque en condiciones de desigualdad y marginalidad muy importantes.

“El problema es que es una reforma fuera de tiempo. Primero, que sea un Banco Central, que hoy no lo es; después, que sea independiente. Tenemos reservas negativas en 6 mil millones de dólares. Hay 30% de inflación, el 80% de la economía está parada y todavía no hay régimen cambiario libre”, detalla Martínez.

“Esta idea de independencia del poder político, democráticamente elegido, termina siendo dependencia de los mercados financieros. Así como está, el Banco Central mantiene un grado alto de independencia en comparación con otras áreas”, asegura Marcó del Pont.

“El problema es que todos los gobiernos quieren hacer todo a las patadas, sin ponerse de acuerdo. Otro gobierno con otras ideas no va a aceptar todas estas limitaciones, entonces van a reformar otra vez la Carta Orgánica y eso genera inestabilidad institucional. No se puede estar cambiando todo el tiempo algo tan sensible”, se queja otro antiguo jerárquico del Central.

“La independencia es necesaria, pero el tema es en qué momento lo haces. Primero necesitas sumar reservas y ganar confianza, lo cual se hace con el correr de los años. En este contexto, donde el BCRA está muy fundido con el Ministerio de Economía, capaz aplicas la reforma y no cambia nada", puntualiza Martínez.

“Terminás quemando un instrumento de shock que puede ser muy importante. Además, deberías afinar procesos de selección para formar un directorio que sepas que es idóneo, porque después no lo podes cambiar. “Yo, por el momento, dejaría las cosas como están”, sentencia.

“Creo que la urgencia es blindar el modelo económico hacia adelante. Esta reforma siempre fue un objetivo del FMI, siempre lo solicitaban”, reconoce Marcó del Pont.

Un documento publicado por la petrolera Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., refleja la radiografía perfecta del capitalismo especulativo que opera sobre la plataforma continental argentina robada.

Un nuevo documento publicado en el mes de mayo por la petrolera Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., al que tuvo acceso Agenda Malvinas; permite ir armando el rompecabezas histórico de la Licencia de Producción PL001. El bloque de 1.126 km² ubicado en la Cuenca Malvinas Norte aledaño a Sea Lion. Un documento que refleja la radiografía perfecta del capitalismo especulativo que opera sobre la robada plataforma continental argentina.

Tras el abandono de las grandes multinacionales (Amerada Hess y Shell) a fines de la década de 1990, la firma británica con sede en Puerto Argentino, Argos Resources Limited, logró retener el 100% de los derechos del bloque durante más de 25 años mediante sistemáticas prórrogas otorgadas por la administración colonial. Sin embargo, incapaz de afrontar los costos millonarios de la exploración profunda, convirtió la concesión en una mercancía financiera. 

El remate inicial de Argos a JHI (2023)

El 3 de mayo de 2023, Argos Resources anunció un acuerdo para desprenderse del 100% de la licencia del área petrolera PL001. El comprador fue la firma canadiense JHI Associates Inc.

Los términos del traspaso expusieron el remate del activo: Argos entregó el bloque a cambio de £303.500 libras esterlinas en efectivo (aproximadamente unos 380.000 dólares al tipo de cambio de la época) y un paquete de 8,46 millones de acciones ordinarias.

Una vez cerrado el acuerdo en mayo de ese año, Argos canceló su cotización en la Bolsa de Londres (AIM: ARG.L) y en septiembre de 2023 formalizó su disolución y liquidación voluntaria. La petrolera fundada en las islas vendió su único activo en el Atlántico Sur, cobró el efectivo, repartió los títulos y bajó la persiana.

De JHI a la absorción por Eco Atlantic (2026)

La permanencia de JHI como única titular de la licencia del área PL001 duró poco. La canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., que ya poseía una participación minoritaria del 6,6% en JHI, ejecutó la absorción total.

El 10 de marzo de 2026, Eco Atlantic firmó el acuerdo vinculante para adquirir el 93,4% restante del paquete accionario de JHI. Según consta en la presentación oficial a los mercados de valores de Toronto y Londres (TSX-V / AIM) del 11 de mayo de 2026, la transacción para quedarse con JHI —y por ende con los derechos sobre el bloque Malvinas— fue valuada en 52,3 millones de dólares.

El pacto del 65/35 con Navitas Petroleum

Pero Eco Atlantic no encarará la exploración en soledad ni vendió la totalidad de su participación. Previo al cierre de la absorción, en febrero de 2026, JHI y Eco suscribieron un pacto de cesión de derechos (farm-out) con la israelí Navitas Petroleum:

Navitas Petroleum tomó el 65% de la participación operativa de la licencia PL001, comprometiendo un programa de financiamiento exploratorio (carried interest) de hasta 40 millones de dólares brutos (que incluyó un préstamo directo inicial de 14 millones).
Eco Atlantic retuvo el 35% de participación indirecta, asegurando un lugar en el negocio sin desembolsar capital de riesgo directo para esta fase.
Extensión colonial: El acuerdo incluyó la exigencia de solicitar a la administración de ocupación una prórroga de 5 años para la concesión del bloque. 
Lo que en 2023 se vendió a cambio de un puñado de libras en efectivo, en 2026 se convirtió en un activo empaquetado dentro de un acuerdo de 52,3 millones de dólares. Un circuito de especulación transnacional que opera libremente sobre la soberanía del subsuelo marítimo de la Argentina.

Fuente: Agenda Malvinas

Este martes comenzó el operativo de descarga, traslado y almacenamiento de más de 6.200 toneladas de equipamiento para la nueva usina de Ushuaia. Las tareas se extenderán aproximadamente durante diez días y estarán a cargo de Logística Antártica S.A., empresa responsable del despliegue logístico, junto a Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., con la articulación y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia; la Dirección Provincial de Energía; la Dirección Provincial de Vialidad y la participación de Tránsito municipal.

El operativo contempla movimientos de contenedores, cargas convencionales y piezas de gran porte que requerirán vehículos especiales, carretones y unidades de acompañamiento para garantizar la seguridad durante cada maniobra.

La jornada inició alrededor de las 7 de la mañana cuando se comenzaron a descargar del barco los primeros elementos. Están afectados a las maniobras 15 camiones y 5 carretones, que en total realizarán más de 250 viajes hasta finalizar el traslado de todo el equipamiento hasta el predio de la nueva usina.

La Ministra de Energía, Gabriela Castillo, sostuvo que “es realmente una jornada histórica con el inicio de este operativo que no tiene antecedentes en la ciudad de Ushuaia”.

“A lo largo de estos días los vecinos y vecinas de la ciudad van a ver de primera mano el movimiento que genera el traslado de todo este equipamiento desde el barco hasta el predio de la usina. Es un trabajo que requirió mucha preparación y coordinación para garantizar que los elementos lleguen a destino de manera segura”, agregó.

Asimismo la funcionaria expresó que “estamos realmente muy contentos porque esta obra representará el futuro energético de Ushuaia, garantizando el desarrollo y crecimiento de la ciudad por las próximas décadas”.

El recorrido inicia en el Puerto de Ushuaia y continúa por Avenida Perito Moreno hasta el predio de la nueva Usina. Las tareas se llevarán adelante entre las 7 y las 19 horas. En ese horario se realizarán los movimientos de cargas convencionales, mientras que los traslados de mayor porte se desarrollarán entre las 9 y las 17 horas, franja establecida para garantizar mejores condiciones de visibilidad y seguridad durante las maniobras.

Científicos y científicas del Conicet convocan a una manifestación contra el ajuste en la ciencia y tecnología argentina este miércoles, en el aniversario de la Noche de los Bastones Largos, a las 10 horas en el Polo científico-tecnológico (Godoy Cruz 2320, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

“Venimos desde hace varias semanas en un plan de lucha sostenido, en particular, por un conflicto muy doloroso que es el despido de 400 becarios y becarias posdoctorales, cuyas becas culminan el 31 de julio”, contó el secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Conicet, Gonzalo Sanz Cerbino, a Radio 750, sobre el último conflicto que enfrentan los trabajadores y trabajadoras del organismo de promoción de ciencia y tecnología nacional.

Estos becarios y becarias posdoctorales están a punto de quedarse sin trabajo. Son científicos que se habían presentado al concurso para el ingreso a la carrera de Investigador Científico del Conicet, pero a raíz del ajuste en el organismo, se demoró el proceso más de dos años.

“No pueden esperar, como normalmente se hacía, los resultados con sus becas doctorales”, continuó Sanz Cerbino en Escuchá Página|12. “Estamos demandando una prórroga, pero esta es una gota que rebalsa el vaso”.

Esta situación es urgente. Pero en los dos años y medio de presidencia que lleva Milei, la pérdida de puestos de trabajo asciende a 2400 personas y el ajuste incluye una multiplicidad de realidades, como el aumento de la precariedad laboral, la baja de concursos avanzados y una pérdida del poder adquisitivo del salario de más de un 40 por ciento.

“Prácticamente estamos cobrando la mitad de lo que cobrábamos antes de que asuma Javier Milei”, aclaró el secretario general adjunto de ATE. Y continuó: “Nos parecía importante, en este aniversario de la Noche de los Bastones Largos, señalar que, quizás sin esa violencia que se vivió hace 60 años, aunque sí hemos sufrido represión en las últimas semanas lamentablemente, pero estamos atravesando el mismo proceso: la expulsión de una generación de científicos y científicas en Argentina”.

De la convocatoria participarán la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, el exsecretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2019-2023), Diego Hurtado, y los diputados y diputadas nacionales Néstor Pitrola, Adriana Serquis y Julia Strada.

“El presupuesto que se necesita está entre 2 y 3 mil millones de pesos, son recursos que Conicet tenía hace apenas dos meses y por un recorte que se decidió arbitrariamente desde la Jefatura de Gabinete de Ministros le fueron quitados y por eso no le puede hacer frente a éstas prórrogas”, reveló Sanz Cerbino.

Hasta el momento, los trabajadores y trabajadoras fueron recibidos por el Directorio del Conicet, no así por su presidente, Daniel Salamone, quien se ausentó durante el encuentro. Allí se reconoció que a los becarios y becarias les corresponden las prórrogas. Desde ATE Conicet intentaron comunicarse a través de cartas y solicitudes de reuniones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Aún no tuvieron respuesta.

De los 20 millones de argentinos endeudados, seis millones no pueden afrontar los pagos en Argentina. “Un dato muy importante en este momento es que estamos hablando de lo registrado, es decir, no del prestamista de barrio”, advirtió el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.

La situación de los endeudados es límite y a medida que se profundiza el problema se produce un deterioro mayor en el origen de la deuda, es decir, el acreedor se vuelve más informal.

Sumado a las tasas que superan (y por mucho) a la inflación tanto en bancos como en billeteras virtuales (y también los prestamistas informales), las entidades financieras persiguen a los deudores con metodologías que exceden los límites legales.

“A mí me escribieron varios por redes sociales que les mandan cartas y fotos escrachándote a tu familia, a tu esposa, al lugar donde trabajás, cosas que no se pueden hacer porque además hay leyes que defienden a los deudores”, contó Letcher. “Es una persecución y ni siquiera te mandan la deuda, entonces terminás pagando no sabés qué. El banco no te lo hace, pero cuando tercerizás la deuda lo termina haciendo”.

Pero a pesar de que el problema de la morisidad crece mes a mes y que los deudores ya tienen atrasos de 90 días, el gobierno nacional se ha referido a este tema con poca sensibilidad.

“Tenemos que volver a aprender cuál es el límite al que nuestros ingresos nos permiten acceder”, dijo Adrián Ravier en su semana de estreno como vocero presidencial. La declaración le valió un pedido de disculpas.

“Las soluciones son dos y muy concretas. La principal es que los salarios le ganen a la inflación y es la más difícil porque el gobierno insiste con que ese no es el problema”, lamentó el director de CEPA en Lo viejo funciona. “La segunda cosa que hay que hacer es que bajen las tasas, pero en el nivel en el que estás (6 millones de personas que no pueden pagar), el origen del problema, que es lo salarial, si yo te bajo la tasa a cero, igual no lo resuelvo”.

El problema, subrayó, no es financiero sino salarial porque una persona que cobra alrededor de 1.200.000 pesos, hoy puede tener una deuda de 5 millones que contrajo con el supermercado para pagar comida. “Al mes siguiente tiene que pagar la cuota y comprar comida igual”, reflejó Letcher.

El economista ofreció a quienes se encuentren en esta situación que, a través de sus redes sociales (@hernanletcher), se comuniquen de manera privada con él para contactarlos con un equipo de abogados. La idea es que quienes necesiten ayuda puedan hacer un recorrido con asesoriamiento particular de su caso, quizás no para eliminar la deuda completamente pero sí para negociar una parte.

El eslabón final del exterminio. Una “forma cristiana” de muerte. La posibilidad de borrar toda evidencia de los crímenes. Los vuelos –“fantasma” o “sin puertas”– fueron para la dictadura un mecanismo tan siniestro como sofisticado para administrar la muerte de quienes habían estado cautivos en los campos de concentración. Medio siglo después, el conocimiento sobre los vuelos sigue siendo fragmentado. Para avanzar con la búsqueda de verdad y la identificación de los responsables, el abogado querellante Pablo Llonto le pidió al juez federal Daniel Rafecas que conforme una causa para investigar los vuelos que partieron desde la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

A Luis Alberto Martínez lo conocían en la Policía Federal como el “Japonés”. Durante los primeros años de la dictadura, prestó funciones en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y pululó por distintos centros clandestinos de detención. En 1981, el “Japonés” fue detenido en Suiza mientras intentaba cobrar un secuestro extorsivo.

En julio de 1981, el “Japonés” le dio una declaración a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La declaración completa nunca se conoció. En el documento que el organismo hizo circular, se podía leer un detalle sobre lo que años después se conocería como los “vuelos de la muerte”.

Martínez le habló del “destino final” a una argentina que trabajaba para la FIDH. “Los oficiales y algunos suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones Pick Up cerrados con destino al Aeroparque Jorge Newbery sobre Costanera, por la entrada de Avenida Sarmiento. Antes de llegar a la vía del ferrocarril había una entrada, custodiada por efectivos de la Aeronáutica. Estos traslados se hacían siempre de noche”, decía la declaración.

Martínez daba más detalles. Contaba que, al llegar, los prisioneros eran inyectados con Ketalar o Valium. Las drogas llegaban en unos envoltorios identificados como del Ejército Argentino. Los vuelos, según su relato, duraban una media hora.

En algunos casos, los cuerpos aparecían en las costas. Si esto sucedía, intervenía la policía y después llegaba la orden de cerrar la investigación diciendo que se trataba de personas que se habían ahogado. Este mecanismo era el que se seguía entre 1975 y 1976, dijo ante la enviada de la FIDH.

Casi quince años después, el periodista Horacio Verbitsky consiguió en Página/12 la confesión del marino Adolfo Scilingo, que reconocía haber participado en dos vuelos de la muerte con prisioneros que eran sacados de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los dichos públicos de Scilingo --que incluso señalaban que se hicieron con el beneplácito de la Iglesia-- volvieron a los vuelos de la muerte una verdad tan inconcebible como innegable y obligaron a las Fuerzas Armadas a ensayar autocríticas sobre su accionar durante los años del terrorismo de Estado.

Tras la reapertura de las investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura, se fueron sumando declaraciones de exintegrantes de las fuerzas que daban cuenta de este mecanismo. La investigadora María Laura Guembe habla en su libro Tekmerion de un “efecto Scilingo”. Dentro de la lista de quienes contaron lo que sabían después de la confesión del marino se encuentra Federico Talavera, exgendarme del Destacamento Móvil 1 con asiento en Campo de Mayo.

Talavera declaró haber manejado desde el Olimpo –el centro clandestino que funcionó entre 1978 y 1979 en el barrio porteño de Floresta– hasta el Aeroparque. Talavera conducía un furgón en el que viajaban unas 45 personas que iban directo hacia la muerte. El exgendarme también dijo que le tocó ir a buscar militares al Aeropuerto de Ezeiza, pero que, en ese caso, no había prisioneros.

Omar Torres es un gendarme que declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Reiteró su testimonio en el Juicio a las Juntas y en los procesos posteriores. En el caso de Torres, él refirió que los prisioneros eran llevados a la Base Aérea del Palomar. El dato fue corroborado por el fiscal federal Federico Delgado, que investigaba los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército junto con Rafecas.

Desde 2017, la justicia empezó a dictar sentencias en las que se reconocían los vuelos de la muerte. Ese año, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó a los pilotos del Skyvan de la Prefectura que partió desde el Aeroparque a las 21.30 del 14 de diciembre de 1977. A bordo iban tres Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete militantes que solían reunirse en la Iglesia de la Santa Cruz. Todos ellos fueron arrojados adormecidos a las aguas.

En 2022, el TOF 2 de San Martín condenó a la plana mayor del Batallón de Aviación 601. Sus integrantes fueron considerados responsables de los vuelos de la muerte que partían desde la guarnición de Campo de Mayo.

En mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a tres gendarmes a prisión perpetua por su participación en el vuelo del 6 de diciembre de 1978 con un grupo de secuestrados que fueron sacados desde el Olimpo.

En su presentación, Llonto remarca que está claro que hubo vuelos con prisioneros del Primer Cuerpo de Ejército desde el Aeroparque y desde la Base del Palomar. Por eso, le pide a Rafecas que conforme una causa única y que centre su mirada en el rol que jugaron la Fuerza Aérea y la Policía Federal –particularmente la Superintendencia de Bomberos.

“Es imprescindible a esta altura de los juicios que se cite a todo el personal que trabajó en las bases aéreas para que cuenten lo que saben”, dice Llonto.

“No es posible que los pilotos de los vuelos de la muerte del Primer Cuerpo y gran parte de los de ESMA y Campo de Mayo aún no hayan sido juzgados hasta el momento cuando se tienen los listados completos. Sólo falta determinar quiénes de esos listados pilotearon esos aviones o helicópteros y quiénes fueron sus jefes que organizaron este método de exterminio. Seguiremos buscando las pruebas pero necesitamos que la justicia se mueva más rápido que nunca con las causas de lesa humanidad”, completa.

Hace unos meses, Rafecas le pidió información al ministro de Defensa Carlos Presti sobre los aviones que estaban en Aeroparque y Ezeiza. La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) también remitió un informe con documentación sobre este tema.

En la web vuelosdelamuerte.org, las investigadoras Ximena Tordini y Natalia Federman reconstruyeron que, entre abril de 1976 y abril de 1979, aparecieron, al menos, 76 cuerpos en las costas argentinas y uruguayas. Solo 47 pudieron ser identificados.

Este lunes arribó al Puerto de Ushuaia el buque que transporta el equipamiento para la nueva usina termoeléctrica de la ciudad. La llegada de la embarcación constituye un hecho histórico para Tierra del Fuego, ya que marca el inicio de una de las etapas más trascendentes de una obra destinada a transformar el sistema energético de la capital fueguina.

El barco llegó con 6.200 toneladas de equipamiento distribuidas en 1.840 bultos que incluyen turbinas, generadores, transformadores, estructuras metálicas, contenedores y piezas de gran porte que serán trasladadas durante los próximos días hasta el predio donde se construye la nueva central. Debido a las dimensiones de la carga, el despliegue demandará un importante operativo logístico y de tránsito coordinado entre distintos organismos provinciales, municipales y empresas especializadas.

El presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano Dalessio, calificó el momento como "un hecho histórico para la provincia" y aseguró que también representa "un hito de gestión muy importante y fundacional para Terra Ignis". En ese sentido, destacó el trabajo realizado por la empresa provincial durante los últimos meses para acompañar el proyecto. "Colaboramos con la empresa china en todos los trámites, autorizaciones y estudios de base que había que realizar para que hoy este barco esté llegando a Ushuaia. Después de varios meses de trabajo, estamos muy contentos de alcanzar este momento", expresó.

Por su parte, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, sostuvo que la llegada del buque materializa años de planificación y gestión. "Cuando empezamos con este sueño había una necesidad energética muy importante y teníamos la firme convicción de que debíamos concretarlo. Ver ingresar este barco con las 6.200 toneladas de equipamiento es un hito histórico para la provincia y el comienzo de una nueva etapa", afirmó.

Asimismo, la funcionaria remarcó que "cuando esta usina esté conectada a la red, Ushuaia empezará otra historia, con una generación principal y un sistema de respaldo que permitirá sostener el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de nuevos proyectos por las próximas décadas".

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano y de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, continúa desarrollando con gran convocatoria los Talleres de Invierno en el Centro Comunitario KyD, una propuesta gratuita destinada a niños y niñas que, debido a la extensión del receso escolar, continuará durante esta semana.

A lo largo de las primeras semanas, las infancias participaron de actividades culturales, recreativas y deportivas que incluyeron juegos, propuestas artísticas, jornadas de movimiento, espacios de recreación y el reciente taller de malambo, realizado de manera conjunta entre ambas secretarías y coordinado por el profesor Jonathan Ramos.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que "la respuesta de las familias demuestra la importancia de seguir generando espacios gratuitos donde las infancias puedan disfrutar, aprender y compartir durante las vacaciones. La extensión del receso escolar nos brinda la posibilidad de continuar acompañándolas con nuevas propuestas durante esta semana".

Por su parte, la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, expresó que "los centros comunitarios son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos con las familias y permiten acercar actividades recreativas y culturales a cada barrio. Nos alegra poder extender esta propuesta durante esta semana para que más niños y niñas sigan disfrutando de sus vacaciones".

En ese marco, el coordinador de Inclusión Educativa de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas y responsable del Programa Socioeducativo Municipal "Filomena Grasso", Jorge Enciso, invitó a las familias a conocer la propuesta que se desarrolla durante todo el año en distintos barrios de la ciudad. "Desde el Programa Filomena Grasso acompañamos las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a través de clases de apoyo para los niveles primario y secundario. Invitamos a las familias a acercarse a nuestras sedes y conocer este espacio pensado para fortalecer el aprendizaje y brindar herramientas que acompañen el recorrido escolar de cada estudiante", expresó.

Durante esta semana continuarán las actividades especialmente diseñadas para promover el juego, la creatividad, la participación y la convivencia, consolidando a los centros comunitarios como espacios de inclusión y desarrollo para las infancias de la ciudad, en una propuesta articulada entre la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas.