El concejal de Ushuaia por el bloque del Partido Justicialista, Nicolás Pelloli, aseguró que el justicialismo continuará trabajando para consolidarse como una alternativa política tanto en Tierra del Fuego como a nivel nacional, en el marco del proceso de reorganización que atraviesa el espacio con vistas a las próximas elecciones.

En una entrevista concedida al programa “La Mañana de la Tecno”, que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, el edil sostuvo que el Partido Justicialista mantiene una presencia institucional importante en la provincia y continuará fortaleciendo su proyecto político.

Según expresó, el partido se encuentra enfocado actualmente en la gestión cotidiana de quienes ocupan responsabilidades institucionales, mientras avanza el debate interno sobre el escenario electoral.

 Reordenamiento político

Pelloli señaló que el justicialismo atraviesa una etapa de reordenamiento tanto en el ámbito nacional como provincial y consideró que las definiciones sobre candidaturas llegarán más adelante.

En ese contexto destacó el rol del presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego e intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, a quien definió como un dirigente con diálogo permanente con distintos referentes nacionales del peronismo.

A su entender, primero deberán consolidarse los acuerdos políticos nacionales para luego avanzar en las definiciones provinciales.

Defensa de la producción fueguina

Durante la entrevista, el concejal cuestionó distintas políticas impulsadas por el Gobierno nacional al considerar que afectan el empleo, la industria y el desarrollo económico de Tierra del Fuego.

En ese sentido defendió la vigencia del régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640 y sostuvo que resulta necesario impulsar políticas que fortalezcan la producción, el consumo y la generación de puestos de trabajo.

También planteó la necesidad de recuperar herramientas orientadas al acceso al crédito, la construcción de viviendas y el fortalecimiento del mercado interno.

Proyecto político

Pelloli sostuvo que el justicialismo buscará presentarse ante la sociedad con una propuesta basada en la justicia social, el desarrollo económico y la defensa del empleo.

Finalmente consideró que el principal desafío del espacio será construir una alternativa capaz de responder a la situación económica actual mediante políticas públicas orientadas al crecimiento y al fortalecimiento de la actividad productiva.

La Comisión Especial Investigadora creada por resolución de Cámara Nº 131/26, acordó por unanimidad de sus integrantes la creación de un espacio específico dentro del sitio oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego destinado a la publicación de toda la documentación vinculada a su actuación institucional en el marco de la investigación sobre la instalación del radar de Leolabs en Tolhuin.

La medida fue adoptada por consenso con el objetivo de garantizar la transparencia de la labor de la Comisión, fortalecer la publicidad de los actos públicos y facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la información pública correspondiente.

El nuevo apartado, disponible en la página oficial de la Legislatura bajo el título “Comisión Especial Investigadora – Resolución de Cámara Nº 131/26”, reunirá de manera progresiva las actuaciones, informes, convocatorias, comunicaciones, documentación y demás material que la Comisión disponga para su publicación.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en que el acceso a la información constituye un principio esencial del funcionamiento institucional y una herramienta indispensable para fortalecer la confianza pública, por lo que se resolvió centralizar en un único espacio toda la documentación oficial relacionada con la investigación.

Asimismo, señalaron que esta iniciativa busca promover una mayor participación ciudadana y permitir que cualquier persona pueda realizar un seguimiento permanente del trabajo que lleva adelante la Comisión Especial Investigadora.

En ese sentido, destacaron que la investigación reviste una especial trascendencia institucional y que su desarrollo debe estar acompañado por mecanismos que garanticen la máxima transparencia posible, el acceso a la información pública y la publicidad de las actuaciones que legalmente puedan ser difundidas.

El repositorio documental será actualizado de manera permanente y concentrará toda la información oficial vinculada a la Comisión Especial Investigadora.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Cruz condenó hoy a tres años de prisión condicional al excapitán de navío destituido de la Armada Argentina Claudio Javier Villamide por su responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

En el mismo veredicto, el tribunal absolvió al contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66), al capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y al capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57), quienes también habían llegado a juicio acusados por esos hechos.

Por mayoría, el TOF de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, condenó a Villamide (62), quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos, como autor penalmente responsable de los delitos de incumpliendo de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

Además de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, le impusieron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena y reglas de conducta durante tres años, entre ellas la obligación de fijar domicilio y mantener actualizado un número telefónico.

En el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por un equipo de fiscales conformado por Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzan —designados por el procurador general interino mediante la Resolución MP 267/2025— quienes anticiparon que, luego de que el 21 de agosto se difundan los fundamentos, analizarán la posibilidad de recurrir el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En su alegato del 22 de junio pasado, los representantes del MPF habían solicitado que López Mazzeo y Villamide fueran condenados a cinco años de prisión, Alonso a cuatro años y Correa a tres años y seis meses, además de la imposición de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Para la fiscalía, los cuatro eran autores penalmente responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de las 44 víctimas, en concurso ideal.

El veredicto

La audiencia comenzó esta mañana con las últimas palabras de los cuatro imputados, quienes se declararon inocentes y cuestionaron la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. Tras un cuarto intermedio, el tribunal dio a conocer el veredicto al mediodía.

En primer término, el tribunal rechazó, por mayoría, los planteos de nulidad formulados por la defensa respecto de la acusación fiscal. Luego, anunció la condena para Villamide, en su rol de Comandante de la Fuerza de Submarinos, y las absoluciones para López Mazzeo, en su rol de Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y de Alonso y Correa, integrantes de la plana mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Asimismo, declaró improcedente el pedido vinculado con la aplicación de la Resolución PGN 58/2024  de la Procuración General de la Nación que instruye a los fiscales federales y nacionales a promover medidas cautelares sobre activos para garantizar su decomiso o el pago de multas y/o indemnizaciones.

Por último, rechazaron por improcedente el pedido del MPF de levantar la suspensión de la actuación administrativa REAAM -Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares- iniciada el 22 de noviembre del 2017 por el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad y suspendida el 1° de diciembre del 2017, a los efectos de determinar el costo de reposición de la perdida material del submarino ARA San Juan, sin perjuicio de lo cual dispusieron librar oficio a la Armada sobre el asunto a los fines que estimen corresponder.

El juicio

El debate oral comenzó el 3 de marzo  y se extendió durante cuatro meses. A lo largo de las audiencias declararon especialistas, familiares de los 44 submarinistas fallecidos y exintegrantes de la Armada.

También se incorporó abundante prueba documental e informes técnicos de especialistas, incluida una inspección ocular realizada sobre el submarino ARA Santa Cruz, en las instalaciones de Tandanor, que permitió observar la estructura y el funcionamiento de una nave gemela del ARA San Juan.
 

La navegación del patrullero oceánico británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina sin comunicación previa a las autoridades nacionales volvió a poner bajo tensión un aspecto sensible de la relación bilateral con el Reino Unido: el cumplimiento de los mecanismos de confianza militar establecidos tras la posguerra de Malvinas y el creciente entramado logístico que sostiene la presencia militar británica en el Atlántico Sur.

Fuentes oficiales confirmaron que la Armada Argentina detectó entre el jueves y el viernes el desplazamiento del buque de guerra británico navegando en dirección al Estrecho de Magallanes luego de zarpar desde las Islas Malvinas. El patrullero ingresó en aguas de jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin que existiera comunicación alguna por parte de las autoridades militares británicas.

El episodio llegó rápidamente a la Cancillería, donde se analizaba la posibilidad de presentar una protesta diplomática por canales reservados debido al incumplimiento de los procedimientos previstos en el denominado Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para evitar incidentes militares entre ambos países.

La situación ocurre mientras la administración de Javier Milei profundiza su alineamiento estratégico con Estados Unidos y procura consolidar una agenda de acercamiento con el Reino Unido, dejando en un segundo plano la confrontación diplomática que caracterizó etapas anteriores respecto de la cuestión Malvinas.

En ese contexto, el tránsito del HMS Medway sin previo aviso obliga a la Cancillería a administrar un delicado equilibrio. Una protesta diplomática demasiado enérgica tensionaría un vínculo político que el Gobierno busca preservar. El silencio, en cambio, podría interpretarse como una aceptación tácita del incumplimiento de compromisos bilaterales que durante más de tres décadas constituyeron uno de los pocos instrumentos de confianza mutua construidos entre Buenos Aires y Londres.

El denominado Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (un anexo del Madrid II) fue diseñado después de la normalización de relaciones diplomáticas para garantizar que Londres y Buenos Aires notificaran previamente los movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental.

El protocolo estableció comunicaciones permanentes entre las autoridades navales y aéreas de ambos países, pruebas periódicas de los sistemas de enlace y avisos anticipados cuando un medio militar operara en zonas sensibles. Nada de eso ocurrió durante el tránsito del HMS Medway.

Ni el comandante de las Fuerzas Británicas asentadas en Malvinas, brigadier Charlie Harmer ni la comandante del patrullero, la capitán de corbeta Lucía Ramsay, utilizaron los canales de comunicación previstos en el acuerdo para informar el desplazamiento del buque.

Los sensores electrónicos desplegados en el litoral austral detectaron la derrota del buque británico y activaron el seguimiento operativo. Una aeronave Beechcraft B-200M "Cormorán" del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10 incorporado mediante programas de cooperación bilateral con Estados Unidos. El monitoreo fue coordinado por el Área Naval Austral bajo la conducción del contraalmirante Guillermo Prada.

Paradójicamente, la capacidad tecnológica empleada para seguir al buque británico proviene de la cooperación militar con Washington, principal aliado estratégico de Londres en el Atlántico Norte y uno de los actores con mayor influencia sobre la arquitectura de seguridad del Atlántico Sur.

En el ámbito militar consideran que la omisión trasciende una simple falta de cortesía diplomática. Los mecanismos de confianza creados hacen más de tres décadas buscan reducir la posibilidad de errores de cálculo, evitar incidentes operacionales y mantener abiertos canales de comunicación permanentes entre fuerzas que continúan desarrollando actividades en una de las zonas geopolíticas más sensibles del hemisferio.

Su incumplimiento erosiona uno de los pocos instrumentos de diálogo militar que sobrevivieron desde la firma de los Acuerdos de Madrid. Para el Gobierno, el desafío ya no consiste únicamente en decidir si presenta una protesta diplomática por la transgresión.

La cuestión de fondo será definir si el reclamo de soberanía continúa siendo un componente activo de la política exterior o si queda subordinado al nuevo esquema de alineamientos internacionales que impulsa la Casa Rosada.

Tras atravesar el extremo austral, el HMS Medway recaló el domingo en Punta Arenas (Chile), donde permanecería hasta el 8 de julio realizando tareas de reaprovisionamiento. La escala vuelve a colocar bajo análisis el papel que desempeña Chile dentro del esquema logístico británico en el Atlántico Sur.

Aunque Londres sostiene su principal dispositivo militar desde la base de Monte Agradable en Malvinas, la continuidad operacional también depende de una red regional integrada por puertos, aeropuertos y servicios de apoyo distribuidos sobre el extremo sur del continente.

Durante la década pasada los países de la Unasur y del Mercosur habían acordado acompañar la estrategia impulsada por Argentina para impedir que buques militares británicos procedentes de Malvinas utilizaran puertos regionales como escala logística.

Ese consenso regional comenzó a diluirse con los cambios políticos en América del Sur. De hecho, en 2022 el gobierno de Gabriel Boric impidió el ingreso del HMS Forth (gemelo del HMS Medway) a Punta Arenas para abastecerse antes de participar de la feria Exponaval en Valparaíso, decisión que entonces fue interpretada como un gesto de respaldo hacia la posición argentina.

La escala actual del HMS Medway muestra que aquella política regional dejó de aplicarse de manera uniforme y que Chile volvió a convertirse en un nodo relevante dentro del sistema logístico británico.

El HMS Medway reemplazó a comienzos de 2026 al HMS Forth como patrullero permanente asignado al dispositivo naval británico en torno a las Islas Malvinas. Ambos pertenecen a la clase River Batch 2, buques concebidos para vigilancia oceánica, control marítimo y presencia permanente.

Equipados con un cañón automático Oerlikon de 30 milímetros y capacidad para operar helicópteros Merlin, constituyen una pieza estable del despliegue militar británico en el Atlántico Sur.

Su misión excede la vigilancia de las Islas. También cumplen tareas de presencia naval, patrullaje sobre amplias áreas oceánicas, asistencia a territorios británicos de ultramar y protección de rutas marítimas consideradas estratégicas por Londres.

En términos geopolíticos, el episodio vuelve a exhibir una realidad que trasciende el diferendo bilateral por Malvinas: la presencia británica en el Atlántico Sur no descansa únicamente sobre la base militar instalada en las islas, sino sobre una infraestructura regional que involucra puertos, corredores marítimos y apoyos logísticos distribuidos en el Cono Sur.

Mientras Argentina mantiene limitadas capacidades navales y continúa demorando la recuperación integral de sus medios de superficie, el Reino Unido consolida un esquema de presencia permanente apoyado en una red que asegura movilidad, abastecimiento y continuidad operacional.

El tránsito sin notificación previa del HMS Medway terminó exponiendo algo más profundo que un incumplimiento administrativo: dejó nuevamente al descubierto la asimetría estratégica existente en el Atlántico Sur y la fragilidad de los mecanismos diplomáticos destinados a administrar una disputa de soberanía que, cuarenta y cuatro años después de la guerra, continúa condicionando el equilibrio geopolítico de la región.

Este lunes en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismos y referentes de derechos humanos acompañaron la presentación judicial de un grupo de defensorías públicas en la búsqueda de que se declare la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que entre otros aspectos habilita la prisión para jóvenes desde los 14 años de edad. Además de la CPM participaron la APDH, la CTA Autónoma, el Instituto Gino Germani de la UBA, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Foro por los Derechos de la Niñez, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh), el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh), el SERPAJ, Defensa de los Niños Internacional (DNI), SUTEBA y otras.

La jornada estuvo encabezada por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina–Autónoma, Hugo Godoy, junto a organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos, con el objetivo común conseguir la declaración de la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil.

“Nos juntamos para tratar de frenar esta idea tan descabellada que es la baja de la edad de punibilidad y la reforma del régimen penal juvenil”, expresó Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, al abrir la presentación.

Ricardo Berenguer, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata y miembro del Foro, planteó que la reforma que impulsó el gobierno libertario que entrará en vigencia el 5 de septiembre va “contra la Constitución y contra la Convención de los Derechos del Niño”. Además, “incluye como sancionables un montón de delitos menores que la ley vigente no los contemplaba” y “prioriza la pena de prisión para los pibes”.

Luego tomó la palabra Pérez Esquivel, quién apeló a su idea de la rebeldía de conciencias. “El desguace del país perjudica a los más débiles, que son los niños y las niñas, llevamos 40 años trabajando con ellos con afecto y escuchando lo que tienen que decir, porque no siquiera les permiten la palabra”, dijo el premio Nobel. Y propuso “unir las fuerzas para resistir esta ley que es inconstitucional y afecta la vida, porque los niños no son un peligro, están en peligro de manera permanente”. Antes de cerrar su discurso, el referente propició “mucha fuerza y esperanza hasta la nulidad de esta ley inmoral e injusta”.

A continuación, Dora Barrancos agradeció “los esfuerzos que se han sumado para oponernos a esta nueva calamidad que se nos viene en este ciclo doloroso de regresión de derechos humanos”. A su criterio, el gobierno se “anima a plantear esta ley por la atmósfera que ha creado, tiene el oxígeno de los tiempos que corren”. Barrancos aludió a “ese sentido común berreta” según el cual “un estado punitivista puede resolver todas las problemáticas sociales”.

En tanto, Alcira Daroqui, miembro de la CPM e integrante del Gespydh, recordó que llevan décadas resistiendo intentos de sancionar leyes como la que ahora denuncian como inconstitucional. “Incluso cierto sector de la progresía llegó a decir que bajar la edad de punibilidad era dar garantías”, mencionó. “Esto es como un poder ilimitado, aunque no sabemos si van a salir a capturar niños y niñas, sí queda claro que dejan la vara alta para el punitivismo en el poder judicial y el poder de las policías en los territorios”, expresó. “Hay que voltear esta ley para frenar el avance de los sectores dominantes sobre los sectores desposeídos”, sintetizó.

Desde el Observatorio de Prisiones, el escribano Antonio Cartaña envió un mensaje de apoyo a la iniciativa y agregó: “Debemos hacer de este apoyo una cruzada nacional”.

Los participantes coincidieron en denunciar la “violación a los principios de progresividad-no regresividad, de culpabilidad y proporcionalidad de las penas y al derecho a la no autoincriminación”, en pedir la suspensión de la Ley, y en advertir que el sistema de encierro va a ‘colapsar’”. Siempre la política de mano dura acusa a niños, niñas y adolescentes de la inseguridad, cuando su incidencia en el delito nunca supera el 3%. Si este tipo de iniciativas no prospera, todo será peor para ellos y ellas.

En dos años, el gobierno de Milei logró un record en materia educativa: hizo que el presupuesto destinado a esta área a nivel nacional se redujera casi a la mitad. Es la grave conclusión que saca el informe “El futuro del financiamiento educativo en debate”, elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

A contramano de la promesa de Milei al presentar la ley de presupuesto 2026, todo indica que, además, lejos de cumplirse con el incremento “de un 8 por ciento” que el gobierno pronosticaba, a menos que ocurra algún milagro como deflación o asignación sorpresa de recursos, se sumará un 13 por ciento más a esta ya abrupta caída.

“La combinación más letal de motosierra y licuadora que trajo este gobierno le cayó al sistema educativo, también a la ciencia y la tecnología”, resume Javier Curci, investigador del IIEP y director del Departamento de Economía de la facultad.

El informe revela además que el financiamiento para educación y cultura sufrió un ajuste mayor al del gasto nacional general. Esto es, perdió participación en el PBI y dentro del presupuesto total.

El trabajo de los economistas de la UBA se publica también, advierte Curci, en un momento en que el gobierno vuelve a intentar poner en el debate público su Proyecto de Ley de Libertad Educativa, como ocurrió en una reciente presentación auspiciada en la Fundación Faro. Este proyecto viene a plasmar una ambición que el gobierno nacional parece estar llevando a cabo en los hechos, según reflejan los datos comparativos y las conclusiones a las que arriba este estudio: transferir en la mayor medida posible las erogaciones de educación a las provincias y jurisdicciones. Y concentrar los mayores recursos, según muestra el informe, en el Plan Nacional de Alfabetización, de todos modos también “licuado”, por la inflación acumulada.

 “La función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PIB en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales”, puntualiza el trabajo.

Y resalta que, aunque esto se da en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional -ya conocido y sufrido en distintas pareas- “la contracción educativa fue más profunda en términos relativos”.

“En 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con una nueva caída real de 7,9% respecto del ejercicio previo”, indican los números.

¿Dónde se concentra el ajuste, dentro de la gran área educativa? En particular en las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias.

“Las transferencias destinadas al financiamiento universitario -a través del programa Desarrollo de la Educación Superior- registraron una caída real de 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5% en términos reales”, se describe.

Hubo una excepción a esta regla de recorte: el Plan Nacional de Alfabetización, “que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría”. El ajuste, entonces, no fue homogéneo entre programas ni áreas educativas. Si la universidad fue la más afectada, el Plan Nacional de Alfabetización parece ser la apuesta en la que concentra esfuerzos el gobierno.

“Ya es un hecho que, de cada 2 pesos que ingresaron al sistema educativo en diciembre de 2023, hoy ese mismo sistema tiene uno. 2026 todavía es incierto, porque el año y el presupuesto no cerraron, pero todo indica que el ajuste se va a profundizar”, marca Curcio.

En el informe queda claro que gran parte de la reducción se explica por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que reforzaba salarios docentes en las provincias: una de las primeras medidas educativas del gobierno de Milei, fue de hecho cerrarlo por completo.

“El Fonid representraba entre un 5 y 15 pr ciento del salario docente. Fue uno de los temas que el gobierno central ‘tiró’ a las provincias. Hoy hay un par de provincias que pueden compensar con partidas propias, como Neuquén o Corrientes. Pero en el resto, la pérdida fue absoluta", observa Curcio.

El informe marca, finalmente, que “en los últimos años, la discusión no se ha centrado únicamente en el nivel de gasto destinado al sector, sino también en los mecanismos de asignación de recursos, la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias, el rol del sector privado y los mecanismos de evaluación del sistema educativo”.

“El futuro del financiamiento educativo argentino se encuentra en debate porque están cambiando simultáneamente el volumen de recursos, los actores responsables de sostenerlos, las reglas de asignación y los instrumentos de coordinación federal”, advierte la investigación.

“La pregunta central es qué modelo de financiamiento se configura: uno con mayor capacidad nacional de compensación, planificación y garantía de pisos comunes, u otro más descentralizado, con mayor peso de las provincias, las familias, las instituciones y los mecanismos de demanda. La calidad y la equidad del sistema educativo dependerán de cómo se resuelva esa tensión”, concluye.

Cuatro meses de denuncias, una investigación judicial y un respaldo político que Javier Milei sostuvo hasta último momento no alcanzaron para contener el impacto del caso Manuel Adorni. Según el informe mensual de Ad Hoc, el escándalo fue el tema que más castigó la imagen digital del ultraderechista durante junio y confirmó una tendencia que preocupa al Gobierno: por quinto mes consecutivo predominan las menciones negativas y baja el interés por la figura presidencial.

Según reveló el informe de Ad Hoc, el problema no fue solo la investigación contra Adorni, sino también cómo reaccionó el Gobierno. Mientras se acumulaban las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y crecían las dudas sobre compras millonarias y gastos bajo investigación judicial, Milei eligió respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. Esa decisión hizo que el caso siguiera dominando la agenda durante meses.

El estudio muestra que la conversación negativa sobre Milei volvió a imponerse durante junio. Es el quinto mes consecutivo en que las menciones críticas superan a las positivas y, al mismo tiempo, el volumen total de conversaciones sobre el Presidente continúa cayendo.

Uno de los datos que más preocupa al oficialismo es justamente esa pérdida de centralidad.

Las menciones a Milei disminuyeron un 32 por ciento respecto del pico registrado en octubre del año pasado. Para la consultora, cuando baja el interés por la figura presidencial, también empieza a debilitarse la capacidad del Gobierno para instalar temas, ordenar el debate público y marcar la agenda política.

El informe de Ad Hoc identifica al caso Adorni como el principal factor detrás del deterioro de la imagen digital de Milei durante junio. Pero el desgaste no se explica solo por las denuncias contra el exjefe de Gabinete. Según el relevamiento, la estrategia que eligió el Gobierno para defenderlo terminó prolongando una crisis que ya llevaba meses abierta.

Cinco entrevistas de Adorni, una conferencia de prensa y las reiteradas muestras de respaldo del ultraderechista y de todo el gabinete parecen haber incentivado la conversación en los momentos en los que el escándalo parecía perder fuerza.

El resultado fue que el oficialismo casi no encontró margen para cambiar el eje de la discusión. De acuerdo con el informe, la comunidad libertaria solo consiguió generar conversaciones mayormente positivas cuando habló de la baja de la inflación y del triunfo del dirigente colombiano Abelardo de la Espriella. Todo lo demás -con el caso Adorni como principal protagonista- quedó asociado a menciones negativas sobre Milei.

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de Centro Municipal de Salud Abierto, que se llevará adelante el próximo sábado 11 de julio, de 10 a 15 horas, en el Centro de Salud Municipal, ubicado en 12 de Octubre 951.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a distintos controles y prestaciones, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención primaria de la salud y promover hábitos de cuidado y prevención.

Entre las prestaciones previstas se encuentran controles de agudeza visual y atención en Enfermería, Pediatría y Medicina General. Además, a partir de las 12.30 horas se realizará una jornada de vacunación con aplicación de las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación para niños, niñas y personas adultas.

La iniciativa busca acercar los servicios de salud a la comunidad, facilitando el acceso a controles preventivos y promoviendo el cuidado integral de las personas.

La actividad es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.

El diputado nacional Juan Marino, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat, radicó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Se los acusa de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y, de manera subsidiaria, Traición a la Patria, tras haber salteado por completo la intervención del Congreso de la Nación en los recientes ejercicios militares con los Estados Unidos.

La presentación judicial, que recayó en el Juzgado Federal 10 bajo el expediente 3303/2026, denuncia que el Poder Ejecutivo dictó de manera irregular el DNU 264/2026 para autorizar el ingreso de medios, tecnología y personal del Pentágono. El objetivo fue realizar los ejercicios "DAGA ATLÁNTICA" y las maniobras de patrullaje PASSEX en la Zona Económica Exclusiva, un mecanismo que —según la acusación— sirvió como pantalla para transferir secretos militares y realizar un mapeo de recursos estratégicos clave a espaldas del Poder Legislativo.

El bypass constitucional y el secreto militar

La Constitución Nacional es taxativa: el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la Nación es una atribución exclusiva del Congreso (Artículo 75, inciso 28). Al forzar un DNU para habilitar el despliegue de la Cuarta Flota en nuestras aguas, el Gobierno no cometió un error administrativo; ejecutó una maniobra para ocultar la "letra chica" de los compromisos asumidos con Washington.

El texto de la denuncia penal desarma de manera quirúrgica las consecuencias de esta capitulación: “El adiestramiento de fuerzas especiales extranjeras bajo doctrina, estándares y certificación de la estructura militar estadounidense y de la OTAN en territorio nacional; la integración de oficiales argentinos a un Estado Mayor Multinacional bajo mando de la Cuarta Flota; y la habilitación de una arquitectura de vigilancia del Atlántico Sur con posible acceso extranjero a datos estratégicos son actos objetivamente idóneos para transferir parcelas de la soberanía militar argentina a una nación extranjera”.

Este párrafo de la acusación judicial confirma punto por punto lo denunciado por Agenda Malvinas: las donaciones de sensores ISR (como el sistema WESCAM MX-10) y los aviones Textron B-360ER no vienen a fortalecer la soberanía, sino a integrar a la Armada Argentina como un "sensor remoto" subordinado al procesamiento de datos e inteligencia del Pentágono.

La denuncia penal coincide temporalmente con un escenario de desmantelamiento estructural y asfixia presupuestaria planificada de las Fuerzas Armadas. Como advirtió el dirigente Claudio Lozano al sumarse al reclamo de un juicio político, existe un "creciente proceso de ocupación" que abarca desde el Atlántico Sur hasta la injerencia del Comando Sur en la vía troncal del Río Paraná.

Al conectar las piezas, el diseño de la indefensión nacional queda al descubierto:

1.    Asfixia y Humillación: El Ejecutivo les aplica un recorte de $59.000 millones de pesos a las fuerzas y licúa el salario militar un 80% frente a la inflación, obligando por decreto a oficiales y suboficiales altamente capacitados a trabajar como choferes de Uber o repartidores para subsistir.

2.    Desmantelamiento Institucional: Se alimentan reformas dirigidas por Federico Sturzenegger para disolver y fusionar la Armada con la Prefectura, reduciendo la capacidad de defensa militar estratégica a tareas de comisaría marítima.

3.    Endeudamiento Multidimensional: Mientras no hay combustible para patrullar el mar ni pagar la luz de los cuarteles, el Gobierno compromete $400 millones de dólares con el contratista Raytheon para comprar misiles AMRAAM condicionados y controlados por el software de Washington; el mismo misil que EE.UU. le provee al usurpador británico en las Islas Malvinas.

El cerrojo legal a favor de Gran Bretaña

Al anexar el Mar Argentino a la doctrina de seguridad nacional estadounidense bajo el rótulo de "Protección de los Bienes Comunes Globales" (Protecting Global Commons), el Gobierno nacional ha otorgado a una potencia extranjera la supervisión operativa de nuestras aguas.

La consecuencia jurídica y geopolítica de este acto es devastadora para el reclamo histórico por Malvinas. Si el Atlántico Sur pasa a ser considerado un "bien común global" administrado conjuntamente por la Cuarta Flota y una Armada Argentina degradada a fuerza auxiliar, la base militar de la OTAN en Monte Agradable y el saqueo pesquero británico dejan de ser una ocupación colonial ilegal para convertirse en un componente más de la "gestión compartida" del espacio marítimo.

La causa que hoy tramita en Comodoro Py no solo juzga la violación formal de una ley de ingreso de tropas; juzga la entrega planificada del mar, el cielo y el suelo argentino a la estrategia global de Washington, en un modelo de protectorado que amarra el futuro de la soberanía nacional.

Fuente:

El Destape

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva jornada de desnaturalización de documentación en el marco del proceso de expurgo previsto por la Ordenanza Municipal N.º 5826, que permite optimizar la gestión documental y promover prácticas ambientalmente responsables.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la empresa ushuaiense Pulpo, dedicada al reciclaje, donde se concretó la desnaturalización de la documentación que previamente había cumplido con todas las etapas administrativas y legales exigidas para su disposición final.

Durante la jornada fueron intervenidas 40 cajas, que contenían alrededor de 5.500 causas. El procedimiento fue supervisado por la jueza administrativa municipal de faltas, Dra. Silvina Oyarzún Santana, y contó con la participación de la escribana municipal Pamela Demartín y personal de la Subsecretaría de Legal y Técnica, quienes acompañaron el proceso garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

La jueza administrativa municipal de faltas, Silvina Oyarzún Santana, explicó que "el expurgo de expedientes es el resultado de un trabajo previo muy riguroso que realiza la Dirección de Administración del Juzgado, donde se verifica el cumplimiento de los plazos legales, se controla la trazabilidad de cada actuación, se resguarda la documentación en formato digital y se cumplen todos los procedimientos administrativos necesarios antes de autorizar su desnaturalización".

Asimismo, destacó que "esta jornada comprendió la desnaturalización de alrededor de 5.500 causas, distribuidas en 40 cajas de expedientes, lo que representa un avance importante en la organización y optimización de nuestro archivo documental. Estas acciones nos permiten liberar espacio físico, mejorar la gestión administrativa y hacer más eficiente el funcionamiento del Juzgado, sin dejar de lado el compromiso con el ambiente, ya que todo el material intervenido es destinado al reciclaje para su reutilización como papel".

Por último, Oyarzún Santana sostuvo que "este tipo de procedimientos forman parte de una política de modernización administrativa que busca garantizar una gestión transparente, ordenada y sostenible, combinando eficiencia en la administración de los recursos públicos con el cuidado del ambiente. Además, trabajar junto a una empresa local dedicada al reciclaje fortalece el compromiso de la Municipalidad de Ushuaia con la economía circular y la gestión responsable de los residuos".

La Secretaría de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS desarrolló una agenda estratégica de reuniones con representantes diplomáticos de Perú, Brasil, Austria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, así como con autoridades del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el propósito de consolidar vínculos institucionales, promover oportunidades de inversión y ampliar las posibilidades de inserción internacional de la provincia.

Durante los encuentros se presentaron las principales fortalezas productivas de Tierra del Fuego, entre ellas la acuicultura, la pesca, la producción agroganadera, el sector forestal, el turismo, la economía del conocimiento.

La agenda permitió avanzar en la identificación de oportunidades de cooperación técnica, intercambio de experiencias y generación de negocios con mercados que representan un alto potencial para el desarrollo provincial.

En el caso de Perú, se abordaron oportunidades vinculadas a la industria alimentaria, la pesca y la acuicultura, así como la posibilidad de participar en espacios internacionales de promoción comercial y fortalecer vínculos con empresas y cámaras sectoriales. Con Brasil se dio continuidad al trabajo conjunto iniciado durante la participación fueguina en la Seafood Show Latin America, analizando futuras acciones de cooperación en acuicultura, sanidad, turismo e intercambio empresarial, además de avanzar en propuestas para la realización de misiones comerciales y técnicas. La reunión con Austria permitió explorar alternativas de cooperación en innovación, tratamiento de efluentes, eficiencia energética, tecnologías aplicadas a la producción y vinculación con centros tecnológicos, universidades y empresas especializadas. Con Turquía se dialogó sobre las posibilidades de cooperación en tecnologías para acuicultura, equipamiento, sistemas de cultivo, procesamiento y agregado de valor, además de analizar oportunidades de inversión y transferencia de conocimiento para el sector. Por su parte, el encuentro con Emiratos Árabes Unidos estuvo enfocado en la promoción de inversiones, el acceso a mercados para productos premium fueguinos, el desarrollo de certificaciones internacionales y la identificación de oportunidades en sectores estratégicos como infraestructura turismo y alimentos.

Asimismo, durante la reunión con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se analizaron mecanismos de cooperación técnica internacional para fortalecer el desarrollo agroproductivo provincial, el acceso a programas de capacitación, financiamiento y redes científicas internacionales.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de internacionalización de Tierra del Fuego, orientada a generar nuevas oportunidades para las empresas locales, atraer inversiones, incorporar tecnología y promover el desarrollo económico sostenible de la provincia.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este jueves que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que desató alarma internacional terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.

El jefe de la organización declaró en una rueda de prensa que está “muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó”.

Es preciso recordar que se registraron 13 casos relacionados con el crucero que zarpó del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

“La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa”, declaró Ghebreyesus en Ginebra.

Y confirmó que “no se ha notificado ningún otro caso desde el 25 de mayo”.

En total, aseguró el jefe de la OMS, se “han identificado y seguido más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios”.

Los 13 casos identificados en este episodio constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus —un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico— registradas cada año.

Pero la mayoría de estas infecciones se deben a un contagio directo a partir de un animal, generalmente un roedor.

La preocupación en torno al crucero se centraba en el riesgo de transmisión de persona a persona: la cepa implicada, conocida como de los Andes, es la única que permite este tipo de contagio.

Diana Rojas Álvarez, jefa de epidemias de alto impacto de la OMS, coincidió con su colega al afirmar que el brote del Hondius podía darse por terminado, ya que ya no constituía un riesgo para la salud pública.

No obstante, señaló que el virus Andes y otros hantavirus siguen siendo una amenaza para la salud pública en Sudamérica y en otras zonas endémicas", señaló.

“El trabajo sobre los hantavirus debe continuar con el tiempo”, agregó.

El 1 de abril de este año el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas aisladas del Atlántico Sur.

Tras descubrirse el brote, el barco se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, para evacuar allí el 10 de mayo a más de 120 pasajeros.

Luego, en Róterdam, en los Países Bajos, una tripulación reducida se vio obligada a varias semanas de cuarentena.

Pese a los estudios e investigaciones, el origen del foco aún no ha sido identificado.

En ese sentido, Tedros indicó que la OMS seguirá colaborando con los gobiernos y sus socios para profundizar en el conocimiento de este brote y del hantavirus en general.

“También estamos coordinando un estudio con la participación de 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad, lo que contribuirá al desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes”, agregó el director general.

Finalmente, agradeció a “Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y, especialmente, España, por la colaboración y por haber actuado a conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional”.

Encuentros con delegaciones de Perú, Brasil, Austria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y el IICA permitieron explorar nuevas oportunidades de inversión, cooperación y comercio.

En los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el planteo de la defensa de CFK contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso.

También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

En la sentencia condenatoria, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz.

En esa causa también fueron condenados Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros exfuncionarios.

El 13 de noviembre de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia y el 10 de junio de 2025 la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes. Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso.

En la actualización del monto intervinieron el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público. La cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización.

Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Este jueves, finalmente, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar los condenados en la causa Vialidad.

La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra las y los migrantes encontró un freno rotundo en un fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró nulo el DNU 366/2025, que en mayo del año pasado puso obstáculos para el acceso de extranjeros a la ciudadanía argentina, les fijó requisitos y arancelamiento para acceder a la salud y la educación y trasladó las decisiones sobre naturalización, que por ley tomaba el Poder Judicial, a la Dirección de Migraciones, que depende del Ministerio de Seguridad. Los camaristas sostienen que es un decreto inconstitucional porque alteró leyes, no demostró necesidad ni urgencia para hacerlo y se metió con una de las materias vedadas por la Constitución, que es la electoral. El Poder Ejecutivo, concluyen, excedió sus facultades. El otorgamiento de la ciudadanía “es condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos”, dijeron. Lo que sucede, explicaron, es que el Gobierno confunde la cuestión migratoria con el trámite de la nacionalidad.

“La decisión anula el DNU por completo y el Gobierno no lo puede aplicar porque lo consideramos nulo”, tradujeron en la Cámara Electoral ante la consulta de Página/12. Por eso, en la misma resolución, se notifica a la Dirección de Migraciones y a los jueces federales con competencia electoral. Lleva las firmas de los jueces Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía. Santiago Corcuera no votó porque está de licencia. Como es obvio, si la Casa Rosada se decide a no acatar, si no quiere acatar, todavía puede apelar ante la Corte Suprema.

El fallo se refiere al caso de Liping Yang, un hombre de nacionalidad china que llegó a la Argentina en el año 2015, se estableció y puso un supermercado. Vive con su esposa y su familia en Entre Ríos, en Oro Verde. Migraciones no le reconoce la residencia y pretende su expulsión. Pero el hombre cumple con los requisitos de la Ley de Ciudadanía, según remarca la Cámara Electoral: no tiene antecedentes penales y tiene más de dos años de residencia continuos previos a su solicitud, además de ser mayor de 18 años y manifestar su voluntad de convertirse en ciudadano argentino.

El DNU, que firmaba todo el gabinete libertario, alegaba entre sus fundamentos que la Dirección de Migraciones (o sea, el Gobierno) es la que se debe ocupar del otorgamiento de la ciudadanía “para verificar en forma adecuada la pertinencia del otorgamiento en cada caso específico” y porque “resulta a todas luces irrazonable que un trámite administrativo (…) continúe en la órbita del Poder Judicial, lo que implica la asignación de recursos que podrían ser utilizados para el cumplimiento de las funciones específicas de dicho poder”. Es decir, le quitaron a los tribunales la competencia que tienen por ley. Modificaron por DNU las leyes de Migraciones y de Ciudadanía.

Como es evidente, lo único que le importaba al Gobierno de Milei era alinearse con la política antimigrantes que esgrime el gobierno de Donald Trump, que justo este mismo martes tuvo un revés de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ratificó el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes.

Pero la Cámara Electoral fue demoledora y dijo que las explicaciones que expuso el DNU “expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo, pues no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del régimen de naturalización sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recurrir al cauce ordinario que la Constitución prevé”. Dicho de otro modo, el Poder Ejecutivo no puede legislar salvo que el Congreso no pueda funcionar por razones de fuerza mayor y existan razones impostergables que lo ameriten.

“Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa, que les impone aplicar la norma legal frente a un decreto que la modifica con exceso de facultades constitucionales”, dice el fallo. El tribunal sostuvo, además, que como existe una vinculación intrínseca entre el otorgamiento de la ciudadanía y la adquisición de derechos políticos, las disposiciones del DNU en cuestión regulan aspectos que alteran asuntos de materia electoral: no sólo el Ejecutivo no puede legislar sino que tiene expresamente prohibido dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral bajo pena de nulidad absoluta e insanable”.

“Si bien el decreto 366/2025 regula mayormente cuestiones de naturaleza migratoria, también lo hace sobre aspectos que tienen real incidencia en materia electoral. En particular, al modificar la atribución de los juzgados para decidir aspectos del otorgamiento o no de la ciudadanía argentina, altera el régimen establecido por el legislador para la adquisición de los derechos políticos”, escribieron los camaristas. “Así deviene necesario asociar a la ciudadanía como condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos”, agregaron. Intercalaron, además, citas que incluyen una de Juan Bautista Alberdi, idolatrado por el Presidente: “la ciudadanía envuelve la aptitud para ejercer derechos políticos mientras que el ejercicio de los derechos civiles es común al ciudadano y al extranjero por transeúnte que sea”.

El abanico de cuestiones que incluyó el Gobierno en el DNU es enorme y tenía, además, definiciones selectivas. Para determinados migrantes –los más pobres o con trabajo informal–, obstáculos en la ciudadanía, educación y salud, entre otros aspectos. Para los que traen inversiones, sin importar su tiempo de residencia, preveía la “Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión” como organismo descentralizado del Ministerio de Economía para entregar ciudadanías o pasaportes dorados con múltiples beneficios. Peter Thiel es mencionado como “embajador” de este programa. A decir de la Cámara Electoral, todo el DNU cae por ahora, aunque el Gobierno pueda insistir ante los supremos.

Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó los aspectos del fallo que “relacionan los trámites de ciudadanía con el acceso al proceso electoral, ya que en Argentina los extranjeros están excluidos del proceso electoral federal y la obtención de la ciudadanía garantiza el ejercicio de ese derecho; que remarcan que el Ejecutivo no puede modificar leyes sin acreditar una necesidad y urgencia. Pero, además, el mensaje de la Cámara implica un límite a las definiciones de la política migratoria del gobierno argentino, que asocia a los extranjeros como un tema”.

“La sentencia muestra que hay que separar la cuestión de la ciudadanía de la regularidad migratoria y muestra cómo el DNU se excede en suponer que a través de un trámite administrativo se puede resolver un tema tan importante para la democracia como los derechos políticos de un grupo de población”, señaló Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF). “Este DNU está causando mucho daño –agregó– porque deja sin documentación a gente que estaba en situación regular, bajó el número de radicaciones permanentes, solo pueden acceder quienes puedan acreditar, dice el decreto, ‘medios de vida suficientes’, es decir, un ingreso registrado igual o mayor a una canasta básica total. Para quienes trabajan en el mercado informal no hay forma de sostener la regularidad migratoria. Este fallo puede volver a abrir las puertas a la regularidad migratoria a muchas familias y ni qué decir del acceso a la salud y la educación”.

El Gobierno nacional dejará de actualizar los descuentos en la tarjeta la SUBE con tarifa social a partir de julio. Esto quiere decir que tomará como referencia el último aumento aplicado el 30 de junio pasado y en los próximos aumentos de boletos no aplicará el proporcional del 55 por ciento de descuento que aplicaba a cada pasaje.

La medida hará que el impacto de cada incremento en el pasaje de colectivos y trenes sea cada vez mayor y repercuta peor en el bolsillo de cada jubilado, pensionado, persona con discapacidad, de bajos ingresos, que reciba planes sociales y todo aquel pasajero que pague la tarifa social.

La decisión fue anunciada a través de la Resolución 40/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, que cambia el mecanismo de cálculo del subsidio nacional.

El texto indica que a partir del 1 de julio, el descuento del 55 por ciento será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar ese porcentaje sobre una “tarifa de referencia”, y no sobre la tarifa vigente que cada provincia o municipio establezca posteriormente.

La tarifa social de referencia que se fijó en cada jurisdicción será la que rige desde el 30 de junio, al menos hasta que la Secretaría de Transporte disponga su actualización. Mientras que para el caso de los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

Los argumentos que expuso el Gobierno para justificar esta quita parcial del beneficio son los de siempre: la culpa la tienen las provincias y los municipios que aplican otras tarifas.

La resolución dice que hay una la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Entonces, al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el porcentaje del 55 por ciento de descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Eso sí, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

Ayer, mientras en la Casa Rosada Diego Santilli asumía como jefe de Gabinete y Adrián Ravier daba su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, la soberanía energética recibía un nuevo golpe. Con una simple notificación a través del sistema de gestión estatal, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) le avisaron a un centenar de trabajadores que habían sido despedidos. Los gremios estiman que podrían llegar a 170 en total porque ese es el número de empleados que tienen contrato hasta el 30 de junio. No se trata de una decisión aislada, al contrario, es la continuidad del desmantelamiento que sufre ese organismo clave del sector nuclear argentino que, en los tres años que Javier Milei lleva en el gobierno, redujo un 45,4 por ciento su presupuesto, destruyó la inversión en bienes de capital y perdió alrededor de 500 trabajadores, entre despidos y migración hacia el sector privado por los bajos salarios. El titular del organismo, Martin Porro, tuvo que salir de la sede central escoltado por la Gendarmería, que reprimió en los pasillos del edificio a quienes hacían un permanencia pacífica.

En silencio, escudado detrás del ruido que genera la causa por corrupción del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobierno de La Libertad Avanza dio un paso más en la destrucción del sistema científico argentino y de la soberanía energética. Despidió a decenas de trabajadores de la CNEA, un organismo que no solo investiga y diseña reactores nucleares, sino que también tiene tiene una papel importantísimo para la salud, con investigaciones sobre medicina nuclear: produce los radioisótopos que se usan en mercado nacional para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. “Tenemos un reactor de investigación, la mayoría de los proyectos que hacemos dentro del centro técnico Bariloche van destinados a tratamientos oncológicos”, explicó Carolina Natalia Ayala, profesional del Centro Atómico Bariloche y delegada de ATE.

Las y los trabajadores se enteraron a través de una notificación del sistema GDE en la que decía que el contrato que finalizaba el 30 de junio no sería renovado. Es decir, se enteraron el miércoles 30 de junio que el jueves 1 de julio ya no podrían ingresar a trabajar. Según informó la Asociación de Trabajadores del Estado, los afectados llegan a 100, pero se estima que el número puede ascender a 170, que es la cantidad de personas que estaban bajo esa modalidad de contratación. Hay profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad.

Durante la tarde, hubo movilizaciones en el Centro Atómico de Bariloche y la Asociación de Trabajadores del Estado hizo una permanencia en la sede central del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con la Gendarmería reprimiendo en los pasillos y haciendo una cadena humana para sacar del lugar al titular de la CNEA, Martín Porro, que se negó a dar explicaciones. Porro asumió en diciembre del año pasado tras la llegada de Federico Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, que a su vez fue uno de los beneficiarios de los jugosos préstamos que el Banco Nación reservó para los funcionarios libertarios. Ramos Nápoli, un abogado de solo 31 años, consiguió un préstamo de 197 millones de pesos.

“En 21 años de trabajo nunca vi algo así, es un desastre. La Gendarmería adentro de la sede central, hubo empujones, compañeros que recibieron golpes y palazos. Un nivel increíble. Había llanto, angustia tristeza. Un desastre”, le contó la delegada Carolina Komar a este diario.

“El acervo intelectual que tiene la CNEA se va a ver mermado en algo que entendemos que es claramente un plan para desmantelar el plan nuclear argentino, una inversión de 76 años que la Argentina ha realizado para dominar la energía nuclear con fines pacíficos”, le dijo a este diario Ignacio Cortés, delegado de ATE y trabajador de la CNEA.

Desde los gremios sostienen que la razón de este desmantelamiento tiene que ver con entregar el desarrollo nuclear a Estados Unidos y el objetivo es convertir a la CNEA en un centro formador de profesionales, que luego se van a trabajar a empresas privadas ante los bajos salarios. Algo que ya está pasando. En Bariloche, por ejemplo, donde vive gran parte de los trabajadores y trabajadores, un alquiler modesto cuesta un millón o un millón y medio de pesos–debido a que es una zona turística–, mientras que los sueldos de un investigador de CNEA en Bariloche, con 10 años de investigación, no llega a los dos millones de pesos. Hay empresas extranjeras, como Meitner Energy, que pagan salarios que son hasta cuatro veces superiores a los del Estado. “Hacen inversiones propias minúsculas, aprovechan inversiones enormes del Estado. La CNEA debería prestar servicios a esas empresas, no entregar sus trabajadores y su conocimiento”, sostienen los investigadores.

A fines de mayo, cuando se cumplieron 76 años de la CNEA, Ramos Nápoli lanzó un documento relanzando el plan nuclear presentado por Javier Milei en diciembre de 2024. Un plan que el mismo Adorni, cuando se presentó en la Cámara de Diputados, admitió que fue “anunciado pero que aún no entró en vigencia”. Sin embargo, lo que sí entró en vigencia desde que Javier Milei asumió como presidente es el desmantelamiento de la CNEA.

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciitci), desde que asumió este gobierno, el presupuesto de la CNEA se redujo un 45,4% y se destruyó su inversión en bienes de capital (descendió un 53,4%). Además, la CNEA ya había perdido casi 500 trabajadores. “Es el organismo rector del sector nuclear argentino y la destrucción de sus capacidades entra en relación directa con las capacidades científicas y estratégicas argentinas, en un contexto geopolítico muy acuciante”, dijo Nicolás Lavagnino, director del Grupo EPC que hizo el informe.

El investigador agregó que esto “no tiene nada que ver con una situación de restricción presupuestaria y va más allá del ajuste económico que plantea el gobierno actual. No se puede entender la situación sin prestar atención al papel que está jugando Argentina en la geopolítica actual y a la lucha global por el poder energético y el relanzamiento del sector nuclear a nivel mundial”.

Efectivamente, si se mira en términos económicos hay dos grandes empresas superavitarias que son controladas por la CNEA. Una es Atucha, que depende de Nucleoeléctrica Argentina, que tuvo números positivos por 90.304 millones de pesos en 2025; y la otra es Dioxitek, que produce pastillas de uranio y generó 19.204 millones, según informó el director de CEPA, Hernán Letcher.

Para contextualizar estos despidos hay que tener en cuenta también lo que pasó en mayo de este año, cuando el Gobierno habilitó a que las empresas privadas nacionales e internacionales puedan recorrer las instalaciones de la CNEA para ver qué si hay activos nucleares que les interesen “para posibles iniciativas privadas”. Parece irreal, pero no lo es. Se trata del Procedimiento de Acceso Preliminar, que ofrece en el menú de la CNEA activos tales como el reactor RA-10 –que quedó casi listo desde la gestión anterior–, y el uranio, un recurso estratégico, bajo la jurisdicción de CNEA, que está en Chubut, Mendoza y Salta, entre otros. “Las empresas pueden pasear por la institución y solicitar información, que es confidencial y sensible, y que es fruto del trabajo de más de 70 años, el know how de la institución”, explicó Ayala.

Para Cortés, se trata de un ataque integral contra las distintas esferas de trabajo: “hoy vinieron por el personal, pero también por el ciclo del combustible nuclear, que tiene al mineral como uno de sus aspectos clave”, porque la CNEA abarca todo el ciclo de la minería de uranio, desde la investigación sobre su ubicación hasta la explotación de una mina, entre otras etapas. “Tiene que ver con la privatización de los recursos naturales de Argentina en favor de empresas extranjeras que quieren venir a explotar el uranio. Nosotros no tenemos uranio en cantidad: hay 33.000 toneladas, que no alcanzan para proveer al país en una proyección de desarrollo. Hay que cuidarlo”, dijo el delegado.

Hasta el mismísimo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, blanqueó el interés meses atrás: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses”. Ayer, el vocero Raiver habló de la reactivación de la minería de uranio en el país y dijo que “es una prioridad absoluta para impulsar la cadena de suministro de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministro global mediante la exportación de este metal”. Un anuncio que se da en el marco de un memorándum de cooperación entre Argentina y Estados Unidos que forma parte de la estrategia norteamericana denominada ‘Alianza para la seguridad de los minerales críticos’.

Un centenar de despidos que van mucho más allá de la motosierra libertaria.

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la entrega de 11 títulos de propiedad a familias de la ciudad, en un acto realizado en la sede de Jefatura de Gabinete del edificio municipal Adolfo Cano, en el marco del proceso de regularización dominial que impulsa la gestión del intendente Walter Vuoto.

La actividad contó con la participación de la escribana municipal Pamela Demartin, la jefa de Gabinete Yesica Garay y la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic.

La entrega de estos títulos representa la culminación de un proceso administrativo que permite a las familias acceder a la seguridad jurídica sobre la titularidad de sus viviendas y sus tierras, luego de haber cumplimentado los requisitos y obligaciones establecidos por la normativa vigente.

La escribana municipal Pamela Demartin explicó que "este es un trámite administrativo que comienza con la intervención de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Una vez que las familias cumplen con todos los requisitos y obligaciones, el expediente pasa a la Escribanía Municipal para la obtención del título de propiedad".

Asimismo, destacó que "la entrega del título de propiedad representa la finalización de un proceso muy importante para cada familia, ya que les brinda la tranquilidad y la seguridad jurídica de ser titulares definitivos de sus hogares".

Desde el Municipio remarcaron que la regularización dominial constituye una política pública prioritaria de la gestión del intendente Walter Vuoto, impulsada mediante el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales para agilizar los procedimientos administrativos y garantizar el acceso de más vecinos y vecinas al título de propiedad de sus tierras.

La economía argentina se mantuvo en "modo serrucho" y cayó 1,5% mensual en abril. Aun así, en el acumulado de 2026 permaneció en terreno positivo, respecto del mismo período de 2025.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC no pudo sostener la mejora de marzo, y desde el bimestre agosto-septiembre que no encadena dos incrementos mensuales consecutivos.

"La dinámica del EMAE en los últimos meses refleja: un sube y baja en la serie mensual desestacionalizada, con una leve tendencia alcista, gracias al fuerte empuje de Minería, Energía y la Agroindustria (el resto de los sectores aún no acompañan)", remarcó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.

Por su parte, el director de Outlier, Gabriel Caamaño, señaló que "el EMAE de abril salió en línea con lo esperado o algo peor". "En mayo debería recuperar. Al menos, buena parte. Sigue el serrucho mensual, que implica una dinámica por debajo de lo esperado", acotó.

En términos interanuales, el EMAE se incrementó un 1,6%, aunque según la consultora LCG esto se debió al "arrastre del crecimiento del segundo semestre 2025 (principalmente diciembre)". Los sectores que más aportaron al crecimiento fueron el de petróleo y minería (+17,1%), el agro (+10,9%) y la intermediación financiera (+4,5%).

En el otro extremo, las caídas más relevantes las tuvieron la industria manufacturera (-2,9%) y el comercio (-3,2%). Esto refleja que la disparidad sectorial sigue marcando el compás de la dinámica de la actividad.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, la actividad económica mostró un avance del 2,1% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.

LCG ve que "en el corto plazo el posible derrame de los ganadores hacia el resto será limitado" y que "los beneficios de una macro menos volátil, en tanto esté apalancada en un tipo de cambio estable, pero ubicado en un nivel que atente contra los márgenes de varios sectores mano de obra intensivos, también serán acotados".

"La demanda interna sigue todavía deteriorada con el consumo cayendo al 3% y la inversión al 12%. Un eventual empuje del crédito a partir de la baja del costo difícilmente pueda revertir esta dinámica por sí solo; la tracción de los salarios recuperándose marginalmente por la desaceleración de inflación, tampoco", profundizó la entidad, que proyecta una expansión de la actividad por debajo del 3% en 2026.

Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los referentes de la derecha de ese país. Pocas horas después, la Casa Rosada anunció que el ultraderechista no viajará este martes a la Cumbre del Mercosur, en Paraguay, una decisión que también evita un nuevo encuentro con Luiz Inácio Lula da Silva.

La foto del encuentro fue publicada por el propio Milei en sus redes sociales. “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC”, escribió junto a la imagen.

El mensaje fue leído como un apoyo abierto al dirigente brasileño, que buscará llegar a la Presidencia en las elecciones de octubre.

Desde el Gobierno explicaron que Milei decidió quedarse en Buenos Aires para trabajar con el nuevo jefe de Gabinete y el resto de los ministros, además de preparar la jura de Diego Santilli. En su lugar viajará el canciller Pablo Quirno, que ya participa de las reuniones previas en Asunción.

Pero la suspensión del viaje también tiene un costado político. La cumbre del Mercosur iba a ser una nueva oportunidad para que Milei y Lula compartieran una mesa, algo que finalmente no ocurrirá.

Después de suspender su viaje al Mercosur, Milei volverá a mostrarse este lunes por la noche junto a Flavio Bolsonaro. Ambos participarán de la Cumbre de los Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel, un encuentro que reunirá a dirigentes de distintos países para expresar su respaldo al Estado de Israel y debatir nuevas formas de cooperación.

La decisión de no asistir al Mercosur y, al mismo tiempo, compartir un acto con uno de los principales referentes de la derecha brasileña vuelve a marcar cuál es la prioridad del Gobierno en materia internacional. Mientras el bloque regional se reúne en Paraguay, Milei elige reforzar sus alianzas políticas con dirigentes que comparten su mirada ideológica, incluso si eso vuelve a tensar la relación con Brasil, el principal socio comercial de Argentina.

El Gobernador Gustavo Melella, y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvieron un encuentro de trabajo en el que analizaron la situación política, económica e institucional de la provincia, coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo entre los distintos niveles del Estado y reafirmaron el compromiso de defender los recursos fueguinos frente al complejo contexto nacional.

Durante la reunión, ambos dirigentes repasaron la coyuntura provincial, marcada por la caída de los ingresos provenientes del Gobierno nacional, el impacto sobre las finanzas públicas y la necesidad de garantizar el funcionamiento de las administraciones provinciales y municipales, preservando los servicios esenciales para la comunidad.

En ese sentido, coincidieron en la importancia de sostener una política de distribución equitativa de los recursos, con el objetivo de evitar que tanto la Provincia como los municipios se vean perjudicados por la disminución de las transferencias nacionales y puedan continuar llevando adelante obras, programas y políticas públicas.

Asimismo, los Mandatarios compartieron sus visiones respecto de los anuncios de nuevas inversiones en Tierra del Fuego, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo acuícola, entendiendo que representan una oportunidad para continuar diversificando la matriz productiva provincial en un contexto de retracción de la actividad industrial y de creciente preocupación por la pérdida de puestos de trabajo.

Otro de los temas centrales del encuentro fue el nuevo escenario que se abre para la actividad hidrocarburífera en la provincia tras la salida de YPF de las áreas que operaba en la isla. Ambos coincidieron en que este proceso plantea importantes desafíos, pero también oportunidades para fortalecer la participación provincial en el desarrollo de un sector estratégico para la economía fueguina.

Durante la reunión, que se realizó en Casa de Gobierno, también se analizó la necesidad de continuar promoviendo políticas que generen previsibilidad para la inversión privada, el sostenimiento del empleo y el crecimiento de nuevos sectores productivos que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo económico de Tierra del Fuego.

El Gobernador Melella destacó que "los tiempos que atravesamos requieren de una enorme responsabilidad institucional. Más allá de las diferencias que puedan existir, quienes tenemos responsabilidades de gobierno debemos priorizar el diálogo, construir consensos y defender los intereses de Tierra del Fuego frente a un contexto nacional que exige unidad y firmeza para cuidar a nuestra gente".

Por su parte, el intendente Vuoto sostuvo que "es fundamental fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios. La defensa de los recursos fueguinos, del empleo y de la producción debe estar por encima de cualquier diferencia política. La sociedad espera que actuemos con responsabilidad, articulando políticas públicas que permitan atravesar este escenario complejo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia".

Finalmente, ambos coincidieron en la importancia de sostener una agenda común de trabajo entre los distintos niveles del Estado, promoviendo el diálogo institucional permanente como herramienta para afrontar los desafíos que presenta la actual situación económica y consolidar un proyecto de desarrollo que permita fortalecer la producción, el empleo y la calidad de vida de todos los fueguinos.