Tras las críticas a la marcha que protagonizaron trabajadores de la Municipalidad de Ushuaia y otros sectores para reclamar el envío en tiempo y forma de la coparticipación por parte del Gobierno provincial, y en defensa de la autonomía municipal, el intendente Walter Vuoto expresó que “decidimos acompañar el reclamo” porque “cuando hay un contexto económico adverso los discursos no alcanzan”.

“Se dijo que el reclamo se politizó y sí, la decisión de defender lo que es de Ushuaia es política”, sentenció, y apuntó que “marchamos con nuestros trabajadores porque somos responsables de la gestión, ellos nos piden respuestas y tenemos que dárselas”.

Tras considerar que una parte de la dirigencia política fueguina “está lejos de interpretar el clima social”, contrastó que “nosotros acompañamos a la gente en esta decisión de defender los recursos que son del Municipio y de los vecinos”.

Vuoto lamentó que “muchos dirigentes están pensando en las elecciones que vienen, los veo muy acelerados y metidos en operaciones y chicanas mediáticas en vez de preocuparse por la gente”, mientras que “lo que yo pretendo es llegar al fin de mi mandato ayudando y conteniendo a los vecinos y vecinas”.

“El gran problema de la dirigencia política es que se mira el ombligo, lo que puede ser buena o mala estrategia”, analizó el intendente, y por último sostuvo que “algunos salen todos los días en los medios solo para escucharse, yo salgo cuando tengo algo que decir”.

La excursión de Manuel Adorni junto a su esposa por Nueva York no representó, desde ningún punto de vista, un costo marginal para el Gobierno. Todo lo contrario. La Justicia tiene en su poder un documento que confirma que Jefatura de Gabinete pagó el boleto de 5.000 dólares para que el vocero pudiera regresar a Buenos Aires después que la comitiva oficial. Esa cifra se sumó a otros 5 mil dólares que costó el pasaje de Bettina Angeletti, supuestamente abonado por ella. En total, gastaron 10 mil dólares para disfrutar de dos días más en Estados Unidos y volver a la Argentina en primera clase. Este nuevo elemento desarma aún más el relato de austeridad de Javier Milei y aporta sospechas en un frente judicial para nada auspicioso. En este escenario, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de la pareja para examinar en profundidad su evolución patrimonial desde que llegó a la función pública. Con esas medidas se podrán conocer detalles de los exorbitantes gastos que mantuvieron en el último tiempo, los consumos de sus tarjetas de crédito y débito, las transferencias, sus ahorros y la adquisición de propiedades, que están en la mira por los generosos financiamientos que obtuvieron.

Aunque el capricho le salió caro, Adorni lo mantuvo hasta el final. La “Argentina Week 2026”, el objetivo oficial del viaje a Nueva York, concluyó el jueves 12 de marzo. El vocero y su mujer, sin embargo, decidieron prolograr su estadia unos días más. Se quedaron paseando por Estados Unidos y recién partieron hacia Buenos Aires el sábado a las 22:25 desde el Aeropuerto JFK. El escándalo por haber subido a la mujer al avión presidencial ya había estallado, pero no les importó lo suficiente como para modificar sus planes. Volaron por Delta Airlines en Clase Ejecutiva –la más cara–, se recostaron en los espaciosos asientos 1C y 1G, y llegaron a la Argentina el domingo a las 10:15. El ticket del funcionario costó 4.910 dólares, equivalente a 7.219.215 pesos. La factura, incorporada a la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito, figura a nombre de Jefatura de Gabinete. El otro ticket, el de Bettina Angeletti, salió 5.154 dólares. Según el vocero, lo abonó la profesional del coaching ontológico. Toda esta información se obtuvo a partir de un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, que busca determinar si efectivamente lo pagó ella.

Cualquiera de las dos versiones representan un problema para Adorni. Si el Estado cubrió el pasaje de Angeletti, constituirá otro escándalo político y, de ser necesario, deberá justificarlo en los tribunales. Si lo abonó ella, deberá acreditar que contaba con recursos suficientes. La clave de la investigación judicial apunta a dilucidar si los ingresos y ahorros de la pareja son consistentes con sus gastos. El dato central es que el salario del jefe de Gabinete estuvo congelado durante dos años en tan solo 3 millones y medio de pesos, y que sus ahorros declarados suman 48.700 dólares. Son cifras que, a priori, difícilmente expliquen el estilo de vida que llevan.

En ese entramado de sospechas, el juez Lijo dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti, a pedido de Pollicita. Las medidas permitirán avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales: acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales. Pollicita, además, solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que aporte información sobre ingresos, bienes y movimientos financieros, y llamó a declarar a otros cinco testigos.

El testimonio de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete complicó todavía más al funcionario. “En los 15 años anteriores que usted lo conocía a Adorni, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles?”, le preguntaron a Adriana Nevechenko en Infobae. “Justo ninguna”, respondió con una sonrisa y remató: “Se le vino todo junto”. La aparición mediática de Nevechenko se dio luego de que declarase en Comodoro Py que las jubiladas que vendieron el departamento de Caballito aceptaron diferir el pago por doce meses y sin interés.

Tras esa declaración, Pollicita citó ahora a otros cinco testigos. El 22 de abril deberán presentarse el encargado del edificio de la calle Miró y Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que le vendió esa propiedad. Los otros tres son los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, que concurrirán el 20 de abril; y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa en el country Indio Cuá. Él asistirá el 27 de abril.

Con todas estas disposiciones, el juez y el fiscal buscan cotejar la evolución patrimonial de la familia Adorni y averiguar si hubo enriquecimiento ilícito o no.

Antes de llegar a la Casa Rosada, Adorni enfrentaba otro tipo de problemas. Cortes de electricidad por falta de pago y peleas con la empresa Swift por un paquete de salchichas en aparente mal estado. Todo eso cambió cuando asumió como vocero presidencial. En marzo de 2024, lo primero que hizo, fue comprarse una camioneta Jeep Compass. Meses más tarde, en noviembre, llegaron las operaciones inmobiliarias. El día 15 registró una hipoteca sobre su vivienda en Chacabuco, en la avenida Asamblea, y obtuvo un préstamo por 100.000 dólares a pagar en 24 cuotas con un interés del 11%. El dinero lo habrían aportado una excomisaria de la Policía Federal, Graciela Isabel Molina de Cancio, y otra mujer llamada Victoria María José Cancio. De ese total, el vocero pagó 30.000 dólares. Con esos fondos y en la misma fecha, la familia Adorni adquirió una casa en el exclusivo country Indio Cua Golf Club. Solo para entrar tuvo que abonar 20.000 dólares más 5.000 de la inscripción.

De esta manera, sin contar el nuevo automóvil, el funcionario llegó a fines de 2024 tapado de gastos: como mínimo, 55 mil dólares. La lista de desembolsos, sin embargo, iba a ser extensa en los próximos meses.

Agotado por la gestión y los trámites inmobiliarios, el vocero despidió el 2024 y recibió el 2025 de viaje por el exterior. Turistas argentinos dicen haberlo visto deslomarse, con su esposa y dos hijos, por las paradisíacas playas de Aruba y hospedarse en el Hotel Tamarijn. Se trata de un resort all inclusive que ofrece habitaciones que oscilan entre 800 y 1.000 dólares la noche. El informe que Migraciones le envió a Pollicita confirmó que está registrada una salida a Perú el 29 de diciembre y un regreso desde Ecuador el 10 de enero. Si bien no figura la isla del Caribe, estos puntos podrían ser las escalas de ese destino final. Otro gasto oneroso, entonces, que se suma a las cuentas.

Once meses después, en noviembre de 2025, el jefe de Gabinete compró el departamento de 200 metros cuadrados en la calle Miro al 500, barrio de Caballito. La escritura se realizó por 230.000 dólares, un valor considerablemente menor al precio de mercado. De esa cifra, Adorni solo pagó 30.000 y los otros 200.000 fueron financiados a un año y sin intereses por las dos jubiladas que le vendieron la propiedad. Así, llegó a fines de 2025 con una jeep, un viaje al Caribe, dos propiedades nuevas y gastos inmobiliarios que alcanzaron por lo menos los 85.000 dólares. Todo muy lejos de los 48.000 dólares ahorrados. Pero eso no es todo.

El 2026 empezó con el convulsionado viaje a Nueva York, el traslado de Angeletti en el avión presidencial y un regreso que costó en total 10.000 dólares. La mitad, pagada por Jefatura de Gabinete. Y siguió con la escapada durante los feriados de carnaval a Punta del Este. El jet privado a Punta del Este costó otros 7.830 dólares. Las facturas dicen que lo abonó Marcelo Grandio, el amigo de Adorni que tiene contratos con la Tv Pública. El vocero asegura que él se los devolvió. En ese caso, habría que sumar casi 8.000 dólares a la lista de desembolsos familiares. De lo contrario, podría considerarse una devolución de favores por las contrataciones de Grandio con el Estado.

Así, Adorni se encuentra atrapado en una marea de gastos desproporcionados a sus ingresos, operaciones inmobiliarias bajo sospecha y una Justicia que avanza sobre los registros de sus cuentas bancarias.

Hay algo incómodo en el hecho de que una ley lleve el nombre de una artista viva; más aún cuando esa artista es Cazzu: una feminista polémica, que irrumpió en el mundo de la música urbana, en ese entonces dominado por varones, sin pedir perdón ni permiso. Cazzu se acostumbró a incomodar: luchó con medio mundo para ganarse su lugar en el mainstream hasta ser respetada por los más grandes del género. Hoy aparece asociada a una discusión que excede largamente el terreno de la música.

Tras una separación en mayo de 2024, la artista denunció en distintas oportunidades que el padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal, se negaba a firmar permisos para que Inti pueda viajar con ella al exterior durante sus giras. Esto la obligó a recurrir reiteradamente a autorizaciones judiciales para poder salir del país: el episodio más reciente ocurrió en abril de 2026, cuando —según su entorno— Nodal habría vuelto a negar el permiso para la gira Latinaje Tour 2026 en Estados Unidos, forzando nuevamente la intervención de la justicia. Cazzu también reclama que el monto que recibe en concepto de alimentos no alcanza para cubrir los gastos de Inti, a quien ella cría sola en Argentina, mientras que Nodal continúa su vida en México con su nueva pareja, la cantante Angela Aguilar. La necesidad de recurrir reiteradamente a la justicia para resolver permisos básicos pone en evidencia una dinámica donde la burocracia termina poniendo límites materiales que obstaculizan el trabajo de cuidado de quienes sí lo sostienen.

Esta modificación del Código Civil surge como análoga de otra “Ley Cazzu” presentada en México, proyecto presentado los días 11 y 12 de marzo de 2026 en el Congreso del Estado de Michoacán, en el marco de las actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en ese Congreso, mediante la presentación formal de una iniciativa que, aunque de alcance estatal, busca promover una reforma constitucional a nivel nacional, modificando el artículo 4° de la Constitución mexicana. Su intención es priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en casos de abandono parental o incumplimiento grave —como la falta de pago de la pensión alimentaria—, permitiendo que el progenitor a cargo pueda realizar trámites como pasaportes, viajes o inscripciones escolares sin necesidad de la autorización del otro. Durante su presentación, Arreola señaló que el caso mediático de Cazzu y Christian Nodal contribuyó a visibilizar una problemática extendida en miles de familias mexicanas, atravesadas por obstáculos legales que persisten incluso cuando uno de los progenitores está ausente. Según el planteo de la diputada, la iniciativa no se encuadra como una ley de género sino como una medida aplicable a cualquier situación de abandono.

El trasfondo estadístico muestra la magnitud del fenómeno: México presenta una de las tasas más altas de hogares monoparentales en América Latina, con un patrón fuertemente feminizado: entre el 80% y el 90% de estos hogares están encabezados por mujeres. Se estima que más de 11 millones de niños crecen sin padre en el hogar, y que 4 de cada 10 hogares carecen de una figura paterna presente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y análisis del IMCO. En ese contexto, solo 2 de cada 10 madres reciben la pensión alimentaria de forma constante, mientras que entre el 58% y el 68% de los padres separados no cumplen o lo hacen de manera irregular. A estas estadísticas se suma la información del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), creado en 2023 a partir de la llamada Ley Sabina y administrado por el Sistema Nacional DIF. El registro concentra a personas con deudas alimentarias y muestra tendencias consistentes: el 96% de los inscriptos son varones. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya se contabilizan más de 1.500 deudores registrados. En conjunto, los datos refuerzan la idea de que el problema no es marginal, sino estructural, y que impacta directamente en las condiciones de vida de millones de niños y de las mujeres que sostienen su crianza. Hasta abril de 2026, el proyecto se encuentra en discusión en comisiones del Congreso de Michoacán y, en caso de avanzar, podría ser elevado al Congreso de la Unión para su tratamiento a nivel nacional.

El problema se repite en nuestro país: en Argentina, según datos recientes de UNICEF, cerca del 70% de los padres obligados a pagar cuota alimentaria no lo hace en tiempo y forma. La cifra no solo habla de incumplimiento, repite el patrón mexicano: en la enorme mayoría de los hogares monoparentales, la carga económica y de cuidados recae casi exclusivamente sobre las mujeres. Y en un contexto de salarios deteriorados, inflación persistente y precarización laboral, ese desequilibrio se traduce rápidamente en empobrecimiento. Los números ayudan a dimensionar la problemática con mayor facilidad: de acuerdo con el INDEC, la canasta de crianza ya supera los 480 mil pesos mensuales y puede escalar por encima de los 600 mil. En ese escenario, la falta de pago de la cuota alimentaria se torna una forma de violencia económica que profundiza desigualdades estructurales en escalas enormes.

En los últimos años se empezó a utilizar un concepto que permite nombrar y visibilizar este fenómeno: la violencia vicaria. El término, acuñado en 2012 por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, refiere a una forma de violencia de género en la que los hijos e hijas son utilizados como medio para perjudicar al otro progenitor. A veces se expresa en obstáculos cotidianos —permisos que no se firman, decisiones que se bloquean—; otras, en maniobras más persistentes: desacreditar a la madre frente a ellos, usarlos como intermediarios o como fuente de presión. También aparece el abandono selectivo: la retirada en lo económico o afectivo, combinada con intervenciones puntuales destinadas a generar conflicto. En los casos más extremos, esa lógica escala hacia amenazas o situaciones de violencia directa. El reconocimiento de esta problemática implicó avances en algunos marcos legales. En España, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incorporó, en 2004, la idea de que los hijos también son víctimas cuando son utilizados para dañar a sus madres. En América Latina, el concepto circula cada vez más, aunque su tipificación específica todavía está en debate.

La propuesta de la “Ley Cazzu” derivó en una plataforma en Change.org que ya reúne más de 37 mil firmas y, sobre todo, miles de relatos. Historias que se repiten con variaciones mínimas: padres que desaparecen pero reaparecen para bloquear decisiones, visitas itinerantes, años sin contacto combinados con aportes económicos irrisorios: “El progenitor de mi hija la vio una vez en su vida y después se borró. Cuando quise viajar, no me firmó los papeles por celos”; “siete años sin contacto y pasando una miseria de plata”; “es injusto para los menores que quieren estar con quienes los cuidan”.

Evidentemente, hizo falta un nombre propio —y una escena mediática— para poner en agenda algo que afecta a millones de mujeres hace años. Fue necesario también que una artista conocida por su música sacará a la luz los asuntos íntimos de su familia para que lo estructural empiece a discutirse. Lo que la ley expone. Es un sistema que todavía tolera —y a veces facilita— la desvinculación paterna, mientras descarga sobre las mujeres el costo material, emocional y cotidiano de sostener la vida. Y eso, a esta altura, ya no puede seguir siendo leído como un problema privado.

Ante el atraso del Gobierno provincial en el envío de los fondos de coparticipación a la Municipalidad de Ushuaia y una deuda acumulada superior a los 12 mil millones de pesos, el intendente Walter Vuoto sostuvo que “estamos administrando con una mano en el corazón y la otra en la calculadora”.

Tras pedir “responsabilidad” a la gestión del gobernador Gustavo Melella para “administrar los recursos de todos los fueguinos”, afirmó que “si la pretensión es que me arrodille no lo van a lograr, van a encontrar a un intendente dispuesto a dar las batallas que tenga que dar para defender lo que le corresponde a Ushuaia”.

“No pedimos nada que no le corresponde a la Municipalidad, queremos previsibilidad porque esos fondos son de los vecinos y las vecinas de Ushuaia”, dijo Vuoto a FM Monumental, advirtió que la demora ya “acumula 40 días” y como consecuencia “hoy por primera vez en 10 años los números de la Municipalidad están en rojo”.

Además, habló de la necesidad de “reglas claras” mediante una ley de goteo ya que los recursos coparticipables que remite la Nación “no le corresponden solo al Gobierno provincial, sino también a los municipios, a los poderes del Estado, a la obra social provincial y a la Caja de Jubilaciones”.

En ese sentido, Vuoto remarcó que su postura “no es nueva ni responde a una coyuntura”, y recordó que “desde mi etapa como concejal defendí la autonomía municipal y los recursos de Ushuaia, incluso con gobiernos diferentes como Fabiana Ríos, Rosana Bertone o el mismo Gustavo Melella”.

Vuoto explicó que en este contexto adverso el Municipio debe continuar con la prestación de servicios básicos a la comunidad como la recolección de residuos, además de garantizar el pago de salarios a sus trabajadores, y hacer frente al incremento de los insumos.

Consultado sobre la relación con la Provincia, el jefe del Ejecutivo capitalino expresó que “cada vez que nos llamaron para dialogar estuvimos, ellos tienen la responsabilidad de convocar y además venimos pidiendo que lo hagan”.

“Si el problema es solo financiero que se sienten con nosotros para buscar un punto de acuerdo, dejarse ayudar y que vayamos juntos a Nación a reclamar”, enfatizó.

Por último, Vuoto sostuvo que “la gente me eligió para defender los intereses de los vecinos y vecinas de Ushuaia y eso estoy haciendo”.

Por Daniel Guzmán / Director de Agenda Malvinas

El pasado lunes 6 de abril de 2026, bajo un cielo plomizo en Buenos Aires, el presidente de Chile, José Antonio Katz, cruzó el umbral de la Casa Rosada para su primera visita oficial al extranjero. En el Salón Blanco, entre apretones de manos y sonrisas de rigor con su par argentino, Javier Milei, se selló una "Declaración Conjunta" donde Kast reiteró el "respaldo de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas".

Sin embargo, para quienes miramos el mapa con la lente de la realidad y no del protocolo, estas palabras son solo un discurso de ocasión, cáscaras vacías de contenido que chocan frontalmente con los hechos que desde Agenda Malvinas venimos denunciando desde hace 8 años.

El RRS Sir David Attenborough: La afrenta en el mar

Uno de los puntos más escandalosos de esta complicidad es la operación del buque científico británico RRS Sir David Attenborough.

Este navío no solo opera en la Antártida, sino que navega impunemente por aguas argentinas y chilenas enarbolando la bandera ilegal de las "Falkland Islands".

Y ahí está la primera paradoja; ¿Cómo explica este Presidente de Chile -y su antecesor-; que dice reconocer la soberanía argentina, que en sus puertos (Punta Arenas) y en sus aguas jurisdiccionales opere un buque con la insignia de la usurpación? Esta permisividad ¿es o no es en la práctica, un reconocimiento de facto a la autoridad colonial británica sobre el archipiélago argentino y sus mares usurpados?

La herencia de 1982: El aliado necesario del invasor

Para entender el presente, es obligatorio mirar el "eje esencial" de esta relación. La colaboración de Chile con el Reino Unido durante la Guerra de Malvinas no fue un hecho aislado, sino una alianza estratégica que salvó vidas británicas a costa de sangre argentina.

Chile puso a disposición del Reino Unido todos sus radares y centros de inteligencia para monitorear cada despegue de la Fuerza Aérea Argentina y cada movimiento de las unidades de Ejército a lo largo de la frontera cordillerana compartida y en la Patagonia. Facilitó el aterrizaje de aviones de la RAF, dio refugio a los comandos británicos (como el incidente del helicóptero Sea King en cercanías de Punta Arenas como consecuencia de la fallida operación Mikado en Río Grande) y proveyó información meteorológica y de inteligencia de señales vital para la flota enviada por Margaret Thatcher.

La impunidad compartida: Thatcher y Pinochet

Esta "deuda de honor" entre el Reino Unido y la dictadura chilena quedó sellada para la historia cuando la justicia del Reino de España intentó alcanzar a Augusto Pinochet.

En 1998, cuando el juez español Baltasar Garzón logró la detención del genocida Pinochet en Londres por crímenes de lesa humanidad, fue Margaret Thatcher quien salió en su defensa pública. La "Dama de Hierro" no solo visitó al dictador en su arresto domiciliario, sino que exigió su liberación argumentando que Pinochet era un "amigo leal" que había ayudado a Gran Bretaña a ganar la guerra en 1982.

Este pacto de impunidad demostró que la relación chileno-británica no se basó ni se basa en el derecho internacional, sino en una cofradía de intereses militares y políticos que desprecian la soberanía argentina.

Logística actual: El puente aéreo militar y científico

Hoy, esa alianza sigue viva. Agenda Malvinas ha registrado la operación permanente de aviones militares de la RAF, como los Airbus A400M Atlas (matrículas ZM413 y ZM418), utilizando bases en Santiago y Punta Arenas.

Lo quiera ver Javier Milei o no, Chile sigue siendo el "portaaviones terrestre" de Gran Bretaña, el que le garantiza desde octubre de 1999 a la fecha, la vía de comunicación de la colonia implantada con el mundo, el arribo de los miembros de las flotas pesqueras, la llegada de los técnicos e ingenieros que pondrán en marcha la explotación petrolera y el movimiento turístico.

Una simulación peligrosa

El presidente Katz dice apoyar a la Argentina porque es políticamente correcto, pero su Estado —sus fuerzas armadas, su dirección antártica y su infraestructura portuaria— sigue trabajando para Londres.

Por respeto a nuestros héroes muertos y por nosotros mismos, los argentinos y argentinas no debemos creerle al presidente de Chile. Porque un país que permite que buques con bandera del usurpador naveguen sus aguas y operen en sus puertos, que protege la memoria de la traición y la colaboración bélica de 1982 y que nunca pidió perdón al Pueblo de la Nación Argentina, que mantiene una creciente relación militar y que convive y se beneficia del puente logístico con el usurpador, no es un aliado: es el socio estratégico que permite que el colonialismo siga creciendo en el Atlántico Sur. La realidad es una sola: hoy, como en el 82, Chile sigue jugando para Londres.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzaron este martes un cese de actividades por el inminente despido de más de 200 trabajadores. El Gobierno busca recortar organismo esencial, el cual tendrá como consecuencia inmediata la desaparición del sistema de alertas, un método sumamente importante a la hora de detectar a tiempo desastres climáticos como inundaciones.

En este sentido, la trabajadora del SMN, Silvina Romano, señaló que ayer martes precisamente se anunció “la lista de despedidos contiene 240 nombres de trabajadores de todo el país”.

Según la trabajadora del organismo, los nombres serán anunciados el viernes de esta semana.

“Somos todos contratados, salimos cero pesos porque no tenemos indemnización y ayer en Asamblea se votó por el cese de actividades sede central”, sostuvo.

Asimismo, informó que dicho cese de actividades se extenderá hasta el viernes 10 de abril “y será extensivo al resto del país”.

Romano recordó que en el año 2024 hubo ya un ajuste en el personal del SMN con 47 despidos. Con esta nueva tanda de trabajadores que ya no formarán parte, el organismo estará por debajo de la planta óptima.

“En este momento somos 787 civiles en todo el país y quieren recortar más del 30%. Literalmente cierran el servicio porque van a cerrar 40 estaciones meteorológicas en todo el país, van a desguazar todas las funciones clave y no vamos a tener gente para poder trabajar”, advirtió.

Por último, las consecuencias más graves de este ajuste por parte del Gobierno nacional serán la falta de datos para pronosticar no solo el clima, sino posibles desastres naturales.

“El pronóstico se debilita, el sistema de alertas se debilita. El pronóstico de los aviones se debilita, porque no vamos a tener datos con los que trabajar. Realmente es horrible. Mañana sabremos si podremos revertir la situación”, concluyó.

Desde la Municipalidad de Ushuaia reiteraron el reclamo al Gobierno provincial para que regularice de manera urgente el envío de fondos de coparticipación y avance en la cancelación de la deuda acumulada, que ya supera los 12 mil millones de pesos.

Advirtieron que esta situación compromete seriamente la prestación de servicios esenciales y el pago de salarios a los trabajadores municipales, afectando directamente a toda la comunidad.

La jefa de Gabinete del Municipio, Yesica Garay, sostuvo que “hay una decisión política de no enviar los fondos” y remarcó que, hasta el momento, “no hubo ningún tipo de respuesta a los reclamos, ni formales ni informales”.

En ese sentido, afirmó que el Municipio “va a agotar todas las instancias necesarias para defender su autonomía y los recursos que pertenecen a los vecinos y vecinas de Ushuaia”.

Además, subrayó la voluntad de diálogo por parte de la gestión municipal: “Estamos abiertos a una mesa técnica para abordar la situación de la coparticipación y otras problemáticas, pero no hubo ninguna iniciativa del Gobierno provincial en ese sentido”.

Garay también señaló que “pretender despolitizar esta discusión es desconocer que se trata de recursos públicos que impactan directamente en la vida de la gente”, y agregó: “Exigimos respuestas porque en el medio están las necesidades de la comunidad”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, cuestionó la falta de interlocución institucional: “No hubo ningún tipo de contacto por parte del Gobierno provincial. Vamos a sostener el reclamo para poner fin a la discrecionalidad en el manejo de los recursos”.

“Que el Gobierno utilice fondos que no le corresponden al Municipio responde a una decisión política. Meter mano en recursos ajenos es una irresponsabilidad enorme”, afirmó.

Iriarte también advirtió que la actitud del Ejecutivo provincial “no contribuye al diálogo político” y cuestionó que “ningún funcionario haya recibido el petitorio presentado en Casa de Gobierno durante la movilización de los trabajadores municipales, ni se haya dispuesto un espacio mínimo de diálogo”.

No obstante, reiteró la predisposición del Municipio: “Siempre vamos a estar disponibles para dialogar, pero necesitamos definiciones concretas que permitan normalizar una situación que ya es crítica”.

En relación al contexto económico, expresó: “Entendemos que hay una caída de recursos producto del modelo económico nacional y que las provincias deben dar respuestas, pero de ninguna manera eso puede implicar apropiarse de fondos que pertenecen al Municipio”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, señaló que “seguimos esperando una reacción del Gobierno provincial que permita transferir los fondos adeudados y garantizar el funcionamiento del Municipio”.

Además, remarcó que “no hubo respuestas por parte del Ejecutivo fueguino para evitar la judicialización del conflicto”, y advirtió que “es momento de cumplir con las obligaciones”.

Finalmente, sostuvo que “mientras el Municipio cumple con un enorme esfuerzo con todas sus responsabilidades —sin deudas con la obra social, la caja de jubilaciones ni con los trabajadores—, resulta incomprensible una lógica que parece orientada a asfixiar financieramente a la ciudad”.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Córdoba, advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales en la provincia y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno ante los reclamos sindicales. En una entrevista realizada desde el puerto, donde se desarrollaba una asamblea, el dirigente describió un escenario de preocupación creciente entre los trabajadores estatales.

En relación al conflicto portuario, Córdoba explicó que los trabajadores continúan percibiendo sus salarios, aunque sin adicionales ni horas extras, lo que redujo significativamente sus ingresos. “El salario pelado a fin de mes es lo que están cobrando actualmente”, señaló, al tiempo que remarcó que el principal problema es la falta de actividad laboral.

Desde su mirada, la intervención del puerto responde a una disputa política que no debería afectar a los trabajadores. “Los trabajadores no tienen nada que ver”, sostuvo, y agregó que la situación genera frustración en quienes solo buscan cumplir con su tarea diaria.

El dirigente también apuntó contra la falta de convocatoria a paritarias y cuestionó la ausencia de una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Consideró que el Gobierno debería convocar a sindicatos y sectores políticos para explicar la situación económica de la provincia y construir respuestas conjuntas. En ese sentido, planteó que hoy se repite una lógica en la que se reconocen los problemas, pero no se avanza en soluciones concretas.

En cuanto a los salarios, Córdoba afirmó que el ingreso más bajo en la administración pública ronda los 790.000 pesos de bolsillo y alertó sobre casos de mayor precarización. “Tenemos chicos esclavizados por 400 lucas”, afirmó, en referencia a trabajadores del área de educación que cumplen funciones esenciales bajo contratos inestables.

Según detalló, existen más de 600 trabajadores en esa condición, con contratos que se renuevan periódicamente y sin acceso a estabilidad laboral. Muchos de ellos, indicó, llevan años desempeñándose en tareas de mantenimiento en escuelas y otras dependencias estatales, cubriendo vacantes estructurales.

El titular de ATE también se refirió a la situación de la obra social estatal y adelantó que impulsan una campaña de recolección de firmas para revertir acuerdos vinculados a deudas. En ese marco, propuso cambios en la conducción del organismo y planteó que la administración debería quedar en manos de los trabajadores.

En paralelo, advirtió sobre un posible agravamiento del escenario previsional y señaló que la caja podría enfrentar problemas de financiamiento en el corto plazo. Para Córdoba, se trata de un problema estructural que se repite y que no encuentra respuestas de fondo.

Sobre el clima social, consideró que existe una actitud de resignación en parte de la población, lo que dificulta la construcción de respuestas colectivas. No obstante, aseguró que el sindicato evalúa avanzar con medidas de fuerza a nivel provincial.

“Tenemos que seguir luchando”, expresó, y remarcó que las acciones sindicales deben sostenerse con compromiso para defender los puestos de trabajo y el ingreso de los trabajadores.

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevó adelante la propuesta “Pascuas en la Plaza” en la Plaza Luis Piedrabuena, donde más de 500 vecinos y vecinas participaron de una jornada recreativa pensada para toda la familia.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “vivimos una hermosa jornada, con un clima muy familiar, con muchos niños y niñas disfrutando de los juegos y actividades propuestas”. En ese sentido, valoró la amplia participación de la comunidad en las distintas propuestas recreativas, entre ellas la kermesse municipal “La vida es una sonrisa”, la búsqueda de huevos y sorpresas de Pascua, y los espacios lúdicos pensados para todas las edades.

Durante la tarde, las familias también pudieron disfrutar de un espacio temático para fotografías con una escenografía especialmente diseñada con materiales reciclados, elaborada por los equipos de Barrios y Centros Comunitarios. Además, la calesita de la plaza estuvo en funcionamiento, sumando una de las propuestas más elegidas por los más chicos y chicas.

Asimismo, se compartió chocolate caliente entre los presentes, y se contó con la colaboración de la chocolatería Smechen, que realizó la donación de huevos de Pascua, vales para productos y visitas al establecimiento.

En ese marco, Maestro subrayó “la importancia de la articulación público-privada en este tipo de eventos”, al tiempo que remarcó que “en un contexto social y económico desafiante, es fundamental seguir generando espacios de encuentro, fortaleciendo los vínculos y lazos de solidaridad en la comunidad”.

Desde el Municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de una política sostenida de cercanía, promoviendo el uso del espacio público y generando propuestas inclusivas que fortalecen el entramado social en los distintos barrios de la ciudad.

Manuel Adorni, cada vez más jaqueado en la Justicia por sus viajes y propiedades sin declarar, este lunes encabezará una reunión de gabinete en su despacho de la Casa Rosada. Los hermanos Milei, por ahora, lo siguen ratificando en el cargo, pero las causas judiciales avanzan día a día: El lunes la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita impulsará nuevas medidas de prueba para saber detalles de los viajes que el jefe de Gabinete realizó desde 2023 hasta la fecha. Allí, entre oficiales y no oficiales, habría cerca de 19. El fiscal quiere saber el destino final de cada uno y también estudian viajes a Europa de su pareja. Buscan definir si el matrimonio podía pagarlos o si se trata de enriquecimiento ilícito. Al jefe de Gabinete le toca explicar lo que todavía no pudo: el origen de los recursos que aumentaron tanto su patrimonio.

El miércoles, en tanto, también habrá novedades. Ese día se presentará a declarar ante la fiscalía Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en la compra que Adorni y su esposa, Betina Ageletti, hicieron de dos propiedades que no aparecen en sus declaraciones juradas. Allí figuran la casa del country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, cuya transacción fue en el año 2024, con un valor de mercado que oscila entre USD 129.000 y USD 249.000, y el departamento de Caballito, que compraron en 2025, que cuesta alrededor de 500.000 dólares, y figura escriturado a 200.000 y con un crédito más que dudoso de dos mujeres.

Según publicó el diario Clarín este domingo, el documento oficial de la Dirección de Migraciones al que accedió la fiscalía de Pollicita menciona un total de 15 a 19 viajes al exterior de Adorni, entre los que se incluyen idas y vueltas.

Si bien durante los últimos días se rumoreó sobre un viaje al caribe que habrían realizado Adorni y su esposa, eso aún no fue confirmado. Sucede que muchos de los viajes registrados no serían el destino final y por eso puede no haber un registro certero de los mismos.

Además, en la lista también figurarían viajes que Adorni hizo con Milei como parte de su comitiva oficial. También figurarían otros que solo realizó a Europa su esposa. El fiscal deberá averiguar si los viajes que no fueron por formar parte de las comitivas oficiales fueron pagados por Adorni y, en tal caso, con qué dinero.

El primer viaje que desató la investigación es el que el jefe de Gabinete hizo con su familia a Punta del Este en un avión privado el fin de semana largo de carnaval. Allí viajó con su amigo, el periodista Marcelo Grandío, que es quien habría pagado los pasajes.

Mientras el escándalo de Adorni no da respiro al Gobierno, durante los últimos días también estuvieron en el centro de la agenda los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a distintos dirigentes y funcionarios del gobierno.

La decisión de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello de apartar del cargo a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que su nombre apareciera en la lista de los beneficiados por los créditos hipotecarios, beneficiado con uno de los montos más altos, de casi 420 millones de pesos.

Durante los últimos días también se conoció otra novedad: asediado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y dádivas, el jefe de Gabinete contrató a Matías Ledesma para que sea su abogado. Se trata de un penalista que integra un estudio jurídico que defendió a los empresarios Alfredo Yabrán y Antonini Wilson.

Como contó este diario, en la cartera de clientes de Ledesma también figura Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema. Representó, entre otros, al empresario Claudio Glazman del grupo Roggio, procesado por cohecho, en la causa de los Cuadernos.

Entre las cosas que Adorni deberá explicar ante la justicia es cómo efectuó la compra del departamento de Caballito. En el Registro de la Propiedad Inmueble figura que la plata para comprar ese departamento la pareja Adorni la consiguió mediante un préstamo no bancario que le hicieron dos jubiladas: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ante la consulta del diario La Nación, dijeron no conocer “nada de eso”.

Después de cancelar la conferencia de prensa que iba a brindar el miércoles de la semana pasada, ese mismo día Adorni se reunió con Javier Milei en la Quinta de Olivos. Luego, el jueves, los hermanos Milei le dieron su apoyo en público con un abrazo en el acto por el homenaje a los caídos en la guerra de las Malvinas.

Este lunes, en tanto, desde el gobierno adelantaron que habrá una reunión de gabinete encabezada por el propio Adorni. También anunciaron que en los próximos días habrá encuentros mano a mano de Adorni con distintos ministros.

Dijeron que el 6 de abril a las 14 Adorni se reunirá con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el 7 a la misma hora con el ministro de Salud Mario Lugones y el 8 a las 10 con el ministro de Defensa Carlos Presti.

El objetivo de la Casa Rosada es pasar de página e intentar instalar agenda, pero esa será una tarea difícil. Adorni está involucrado en tres causas judiciales. La primera busca investigar el viaje que Adorni y su familia realizó a Punta del Este con Marcelo Grandio en un avión privado.

La segunda busca investigar sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y se basa en la sospecha de un supuesto enriquecimiento ilícito. Ambas están a cargo del juez federal Ariel Lijo. La tercera es por la inclusión de Betina Angeletti en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York que hizo Milei a principios de marzo.

El principal problema en el que se encuentra el gobierno es que no tiene con quién reemplazar a Manuel Adorni si las causas avanzan y lo encuentran culpable.

A la vez, desde el oficialismo están en una encerrona porque, por más que Adorni se quede en el cargo, el jefe de Gabinete --que a la vez oficia de vocero presidencial-- tiene la palabra devaluada y, cada vez que quiere instalar agenda, vuelve a ponerse sobre el tapete su doble discurso y las causas por supuestos hechos de corrupción que lo envuelven.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su presencia en la provincia de Tierra del Fuego, donde se llevará a cabo la tradicional vigilia en homenaje a los soldados caídos en la guerra de Malvinas. El evento, que se realiza el 1° de abril por la noche, reúne a veteranos, familiares, autoridades y vecinos en el Monumento a los Caídos y la histórica Carpa de la Dignidad.

“Tengo previsto ir a Tierra del Fuego a la vigilia de una fecha tan importante que obviamente tiene que ver con recuperar las Islas Malvinas”, confirmó este lunes el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada en La Plata. Será el primer viaje de este año a otra provincia fuera de Buenos Aires, en el marco de su construcción política.

Lo planteó el propio mandatario. Además de darle la relevancia de una fecha histórica —al cumplirse 44 años del conflicto bélico y conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas—, su presencia será significativa en términos políticos. Este lunes volvió a confrontar con Javier Milei y planteó que “el Gobierno nacional le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional”, ejemplificando con el voto en rechazo a la resolución de la ONU que calificó a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”. Se trató de una propuesta realizada por Ghana y que contó con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra: el de Argentina, Estados Unidos e Israel.

“Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo y no la puede explicar en ningún lado", cuestionó.

La vigilia comienza en la noche previa al 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y se extiende hasta la medianoche, cuando se entonan las estrofas del himno nacional y se realiza un minuto de silencio en memoria de los 649 argentinos caídos en el conflicto. Además, durante la jornada se programan actividades culturales, artísticas y religiosas.

La Carpa de la Dignidad, instalada desde hace más de dos décadas, actúa como punto de encuentro y memoria. Allí, los veteranos de guerra comparten testimonios, se proyectan documentales y se desarrollan actividades educativas para las nuevas generaciones. El acompañamiento masivo de la comunidad ha convertido la vigilia en un símbolo de reconocimiento y compromiso social con la memoria de los excombatientes.

Este año, el evento contará con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales. Esto ratifica la proyección federal de la causa Malvinas.

En tanto que la presencia del gobernador bonaerense en la provincia de Tierra del Fuego también forma parte de la construcción política planteada de cara a las elecciones del año que viene. Está previsto que en la provincia patagónica mantenga un encuentro con el gobernador fueguino, Gustavo Melella. Irá a la vigilia en Río Grande y al otro día mantendrá actividades en Ushuaia.

Si bien este lunes enfatizó que no es un año de candidaturas, sí aseguró que “lo más importante es generar una fuerza política y una propuesta electoral que nos permita que el gobierno de Milei termine en 2027″. En eso trabajan distintos armadores de Kicillof.

El intendente de La Plata, Julio Alak, es uno de los que están activos en este tema. La semana pasada reunió a la vieja guardia del peronismo bonaerense para un homenaje al exgobernador y expresidente Eduardo Duhalde. Fue una cena que reunió a varios ex intendentes de la provincia como Julio Pereyra (Florencio Varela), Baldomero Álvarez (Avellaneda), Raúl Othacehé (Merlo), Alfredo Tati Meckievi (Dolores), Jorge Villaverde (Almirante Brown), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Luis Acuña (Hurlingham), entre otros. El encuentro también fue una tracción de fuerza propia de Alak en la carrera por la sucesión de Kicillof. Pereyra junto con el exjefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, son dos de los encargados de llevar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a otras provincias. Días atrás estuvieron en Corrientes plantando la bandera del kicillofismo. En tanto que el vínculo con los gobernadores opositores al gobierno nacional lo lleva directamente Kicillof.

Su presencia, de carácter federal, en la vigilia por Malvinas se suma a su reciente visita a Montevideo, Uruguay. El viernes fue a la capital del país oriental para cerrar el IV encuentro de Red Futuro. Antes, compartió una reunión el saliente ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad y luego un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Durante marzo se registró un fuerte incremento en los precios de los combustibles, con subas significativas en todas las variantes. Sin embargo, el dato más relevante es el de la nafta súper, que encabezó los aumentos del mes.

De acuerdo a los valores observados entre el 3 y el 31 de marzo, la nafta súper pasó de $1397 a $1655, lo que representa un aumento de $258 en el mes, marcando un fuerte impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

En el resto de los combustibles también se evidenciaron incrementos importantes. La Infinia subió de $1588 a $1833 (unos $245 más), mientras que el Diesel 500 pasó de $1600 a $1912, con un aumento de $312. Por su parte, la Infinia Diesel aumentó de $1755 a $2021, es decir, $266 más.

Estos ajustes se dan en el marco de actualizaciones mensuales que continúan presionando sobre el costo del transporte y la economía diaria. El salto de $258 en la nafta súper se posiciona como uno de los incrementos más sensibles del período, dado que es el combustible más utilizado por los usuarios.
 

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó su preocupación por el atraso en la transferencia de fondos de coparticipación, que actualmente alcanza los 35 días, y señaló que la deuda acumulada asciende a 12 mil millones de pesos, lo que equivale a “cuatro meses de masa salarial”.

“Son números que para nosotros son límites”, afirmó el funcionario, quien adelantó que el Ejecutivo municipal evalúa avanzar con una presentación judicial ante la falta de pago. Motivo por el cual aclaró que “el intendente lo va a definir en los próximos días porque ya se acabó la paciencia y vamos a ver cómo sigue esta situación”.

En ese marco, Iriarte remarcó la necesidad de avanzar en una Ley de Goteo como herramienta para evitar este tipo de situaciones, donde “vemos que es la opción para no volver a atravesar estos escenarios y garantizar la distribución automática de los recursos”.

En tanto, “la Ley de Goteo debería garantizar que todos los entes reciban el porcentaje que les corresponde y evitar que se utilicen fondos que no les pertenecen, como los de los jubilados, la obra social o los municipios. Eso es un acto de irresponsabilidad y si el municipio recupera ese dinero, automáticamente pasa a tener un superávit, que es por la buena administración que hemos tenido donde hasta el momento no mantenemos deuda con ningún organismo, pero esta situación se vuelve casi insostenible”.

Por esa razón, insistió que “más que diálogo, hoy necesitamos hechos concretos de transferencia”, y agregó que “se trata de recursos que pertenecen a los ciudadanos de Ushuaia, que permiten sostener servicios básicos”.

En esa misma sintonía Iriarte advirtió también sobre el impacto que esta situación puede generar en la prestación de servicios esenciales. “Ya hay sectores, como el de recolección de residuos, que están en alerta. Con este nivel de pérdida de recursos, contratos clave como Agrotécnica Fueguina, y también el transporte público de pasajeros, corren riesgo”, concluyó.

Lo que en 2021 fue celebrado como un hito ambiental mundial —la prohibición de la cría de salmones en cautiverio en Tierra del Fuego— se ha transformado hoy en un campo de batalla legal y político. La sanción de la Ley Provincial 1601, que desanda aquel camino para permitir la industria bajo el argumento de "ampliar la matriz productiva", enfrenta ahora una demanda de inconstitucionalidad que pone en duda la validez misma de su nacimiento.

La Contradicción de Melella: Del "Hito Ambiental" al "Negocio de Poder"

La gestión de Gustavo Melella protagoniza una contradicción flagrante. Tras haber impulsado y promulgado la prohibición original, el Ejecutivo dio marcha atrás mediante el Asunto 247/25, argumentando la necesidad de desarrollo económico. Sin embargo, los sectores sociales advierten que se trata de un beneficio para grupos concentrados de poder, con una industria que genera escaso empleo y un altísimo impacto ambiental.

El "Cuarto Intermedio" de la Discordia

La denuncia presentada por el legislador Pablo Villegas (MPF) no ataca solo el contenido, sino la "ilegalidad y arbitrariedad" del procedimiento. El foco está puesto en lo ocurrido el 8 de agosto de 2025 en Río Grande, durante una reunión conjunta de las Comisiones 1 y 3.

Según el documento judicial:

La Maniobra: Tras un cuarto intermedio votado a las 16:48 para continuar el debate en una fecha futura, un grupo minoritario de legisladores realizó una "autoconvocatoria" intempestiva cerca de las 22:00 horas.
Sin Autoridad ni Quórum: La reunión fue retomada por la vicepresidenta de la Comisión 3, Myriam Martínez; sin convocatoria formal de la presidencia y con la ausencia de 7 de los 11 legisladores presentes originalmente.
Votación Irregular: El dictamen que permitió llevar la ley al recinto fue firmado por solo 4 legisladores, cuando el quórum mínimo exigido para un plenario de estas comisiones (10 miembros cada una) era de 11 legisladores.
"Gravedad Institucional" y Violación del Debido Proceso

Villegas sostiene que este accionar constituye un "precedente gravísimo" y una violación a la soberanía popular. El legislador afirma que no se trata de una simple formalidad, sino de una garantía republicana: "La falta de observancia de las reglas que habilitan el funcionamiento regular de las comisiones impide que los representantes puedan ejercer plenamente las facultades inherentes a su mandato".

Puntos clave de la demanda:

1.   Nulidad Absoluta: Se solicita que la Ley 1601 sea declarada nula por haber sido sancionada con violación sustancial del procedimiento constitucional.

2.   Inexistencia del Dictamen: Al no haber quórum ni plenario válido, el dictamen es un "acto preparatorio inexistente" que vicia todo el proceso posterior en el recinto.

3.   Tutela Judicial: Se invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos para garantizar que el proceso de formación de leyes sea transparente y plural.

El Futuro en Manos del Superior Tribunal

La demanda ahora yace en el Superior Tribunal de Justicia, bajo la figura de acción declarativa de inconstitucionalidad. Mientras tanto, la indignación social crece ante lo que se percibe como una entrega de los recursos naturales mediante mecanismos que Villegas describe como una "ruptura de las reglas de juego democráticas". La justicia fueguina tiene la última palabra.

El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo que suspendió este lunes la aplicación de más de 80 artículos de la Ley de reforma laboral, al dar lugar a un recurso cautelar presentado por la CGT. Allí, se pide declarar la “inconstitucionalidad” de más de 80 artículos de la norma sancionada por el Congreso el pasado 26 de febrero.

La decisión fue emitida por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dijeron fuentes de Casa Rosada, al tiempo que recalcaron la legitimidad parlamentaria de la normativa.

El encargado de presentar la apelación del Gobierno será el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En un comunicado difundido este lunes, la cartera que conduce Sandra Petovello “reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores”.

Según señala en el mismo comunicado, “se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno".

Y agrega que “rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”.

El juez Jorge Ojefa, del fuero laboral resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la vigencia de distintos artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión tiene carácter provisorio y regirá mientras se tramita el proceso principal en el que la central obrera pide la declaración de invalidez constitucional de esos cambios.

El fallo señala que la CGT como entidad colectiva en representación de todos los trabajadores, cuestiona numerosos artículos de la reforma por entender que introducen cambios que afectarían derechos laborales y sindicales, además de modificar distintos aspectos del régimen vigente y que vulneran principios constitucionales vinculados con la protección del trabajo y la libertad sindical.

El planteo sindical sostiene que la ley implica cambios que reducen niveles de protección en distintos institutos del derecho laboral y alteran reglas que regulan las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

En la resolución el juzgado Laboral remarca que el dictado de la cautelar busca evitar efectos que podrían resultar difíciles de revertir si la ley comenzara a aplicarse plenamente antes de que exista un fallo definitivo.

El juez Ojeda sostuvo que la suspensión provisoria puede prevenir daños jurídicos o materiales de difícil reparación para los trabajadores, mientras continúa el proceso.

De la mano de la Municipalidad de Ushuaia, el Club Atlético River Plate llevará adelante jornadas de captación de fútbol formativo destinadas a jóvenes de las categorías 2012 a 2019, generando una gran oportunidad para que futbolistas fueguinos puedan mostrar su talento.

Las actividades se desarrollarán el jueves 2 de abril en Ushuaia, en las instalaciones del Club CAEF, mientras que el viernes 3 de abril se realizarán en la ciudad de Río Grande, en el Club San Martín. Las jornadas contarán con la presencia de los captadores Cristian Servera y Mariano Tedesco, integrantes del Departamento de Captación de la institución.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó que “para nosotros es muy importante generar este tipo de oportunidades, donde las y los jóvenes puedan ser observados por instituciones de primer nivel del fútbol argentino”.

En esa línea, subrayó que “la llegada de River a nuestra ciudad refleja el compromiso de seguir fortaleciendo el deporte local y acompañar a quienes sueñan con desarrollarse en esta disciplina”.

Además, Gavilán remarcó que “desde el Municipio trabajamos para que el deporte sea una herramienta de inclusión, formación y crecimiento, y estas instancias permiten abrir nuevas puertas para nuestros chicos y chicas”.

Las inscripciones se realizan a través del teléfono 2901 611697, y se invita a las familias a acompañar a las y los jóvenes en esta experiencia que representa un paso importante en su camino deportivo.

La familia de la cantante argentina Mercedes Sosa pidió la renuncia del coordinador de la Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, Enzo Ferreira, luego de que se viralizaran publicaciones suyas en la red social “X” donde aludía a la artista como “gorda comunista” y “cáncer”.

“Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”, planteó la familia de Sosa en una carta pública.

Los tuits de Ferreira, referente de La Libertad Avanza en la provincia, se viralizaron en las últimas horas pero fueron publicados en febrero, cuando Bad Bunny recordó en el Super Bowl 2026 que América es todo un continente y no solo Estados Unidos.

"Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada. Los anti Trump de la NFL lo contrataron para plantar banderas en contra del país donde vive a pesar de su orgullo latino. Su ‘revolución’, sería imposible sin el capitalismo. Me entristece que haya mentes tan limitadas para dejarse llevar por la pasión de ver a un tipo saltando con 50 bailarines pagados en dólares y haciéndose el malo con el país que le da de comer y digan ‘ME REPRESENTA’“, escribió Ferreira al repostear un tuit sobre el show de Bad Bunny.

Ante las primeras críticas que recibió su publicación, Ferreira se excusó argumentando que con su tuit “solo hizo una descripción física e ideológica” de la artista tucumana, y hasta redobló la apuesta y republicó el mensaje de otro usuario que decía “esta gorda fue un cáncer”.

El Ente Cultural de Tucumán no dejó pasar de largo lo ocurrido y difundió un comunicado donde señaló como "inadmisible" que “discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales”.

La entidad añadió que estos ataques no solo afectan la memoria de la cantante, sino a toda la comunidad, para la cual Sosa es “referente indiscutida” de identidad y patrimonio.

En las cuentas oficiales de la Radio Nacional, en cambio, no hubo pronunciamiento alguno al respecto.

La familia de Mercedes Sosa, en tanto, publicó una carta exigiendo la renuncia del libertario a la coordinación de la Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.

“Ante las recientes expresiones de odio y descalificación que han circulado en plataformas digitales hacia la figura de Mercedes Sosa, como familia, deseamos compartir una breve reflexión”, comienza la misiva.

“Mercedes Sosa no fue solo una cantora; fue la voz de un continente que encontró en su canto un refugio en tiempos de silencio. Su compromiso permanente fue con los derechos humanos, la justicia social y la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos. Su arte, reconocido mundialmente, es hoy parte del patrimonio emocional de millones de personas, más allá de cualquier frontera o pensamiento político".

“Su memoria no necesita defensa. Como familia, trabajamos permanentemente en la difusión de su obra y elegimos no responder al odio con más odio, porque como Mercedes nos enseñó, la mejor respuesta es la construcción cultural", agrega la carta.

En ese sentido, la familia aclaró que seguirá “trabajando en la protección de su legado que es de todos y todas, y para todos y todas” y que “es por eso también que pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa", dice el texto.

"Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar. Como venimos diciendo, la dimensión de Mercedes trasciende todo intento de agresión", señala el documento.

Sobre el final de la carta, la familia invita a “quienes se sientan interpelados por estas manifestaciones de intolerancia a reencontrarse con su obra, con su mensaje de paz y con la dignidad con la que representó a nuestro país en los escenarios más importantes del mundo”.

“El ruido de las redes es pasajero; la voz de Mercedes, como nuestra tierra, es eterna”, concluye la carta.

Tras la misiva, Ferreira publicó un insólito descargo, en el que luego de pedir disculpas reitera que sus palabras fueron “descriptivas”.

“Teniendo en cuenta el revuelo generado por mis posteos en mi cuenta personal de X sobre Mercedes Sosa, quiero pedir mis sinceras disculpas a la familia y allegados de la emblemática cantante. Aclaro que nunca puse en duda su talento e importancia para la cultura tucumana. Si bien acepto que parte del texto fue ofensiva, también fue descriptiva“, dijo Ferreira.

En el Glaciar Martial, instalaron una nueva estación para monitorear el agua y anticipar escenarios
Se trata de una estación nivométrica, que permite medir cuánta nieve se acumula y cuánta agua contiene esa nieve. Esta información es clave porque la nieve que se acumula en la montaña es la principal fuente de agua que alimenta ríos y arroyos durante el año.

El equipamiento incluye un dispositivo conocido como “colchón de nieve” o snow pillow, que funciona como una balanza: registra el peso de la nieve acumulada para calcular cuánta agua representa. A esto se suma un sensor que mide la altura de la nieve. En conjunto, estos instrumentos permiten conocer con mayor precisión cuánta agua aportará el deshielo a la cuenca del arroyo Buena Esperanza y en qué momento del año estará disponible.

El director general de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Gerardo Noir, destacó que “este tipo de tecnología nos permite entender mejor cómo se comporta el recurso hídrico en la provincia y anticiparnos a escenarios futuros, tanto para la planificación como para la prevención de riesgos”.

Por su parte, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, señaló que “contar con información precisa sobre la nieve y el agua es fundamental para la toma de decisiones. Nos permite planificar obras, garantizar el abastecimiento y adaptarnos a los efectos del cambio climático”.

La nueva estación se suma a la red hidrológica provincial, que cuenta con equipos distribuidos estratégicamente en todo el territorio para medir variables como caudales de ríos, precipitaciones y condiciones climáticas. Estos datos también permiten analizar cómo evoluciona la relación entre nieve y lluvia en el contexto del cambio climático, y son esenciales para planificar el uso del agua, prevenir inundaciones y cuidar un recurso clave para el desarrollo de Tierra del Fuego.

Con una amplia participación de escaladores, entrenadores, familias y autoridades, quedó inaugurada la primera palestra municipal de Ushuaia en el Microestadio Cochocho Vargas, marcando un hito en el desarrollo de la disciplina en la ciudad.

La infraestructura fue construida a partir del trabajo articulado entre el Instituto Municipal de Deportes (IMD), los profesores de la Escuela Municipal de Escalada, las familias y la comunidad escaladora. El nuevo espacio cuenta con las condiciones técnicas necesarias para la realización de competencias y encuentros de nivel local y regional.

En el marco de la inauguración se llevó adelante un festiboulder que reunió a más de 85 participantes entre niñas, niños y adultos, consolidando una jornada de encuentro, deporte y comunidad.

Durante el acto, la presidenta del IMD, Liliana Gavilán, destacó el origen colectivo del proyecto y señaló que “este espacio nace en un momento complejo, cuando finalizó un convenio con un privado y la actividad quedaba sin lugar. Lejos de resignarnos, decidimos organizarnos, planificar y trabajar para construir una alternativa propia”.

En esa línea, subrayó que “hoy Ushuaia cuenta con una palestra 100% municipal, lo que garantiza el acceso y se convierte en un motor para el crecimiento de la escalada, con una política deportiva que pone en el centro a la comunidad”.

Asimismo, remarcó el compromiso de todos los sectores involucrados: “Fue un enorme esfuerzo de la Municipalidad, que invirtió en los insumos, y también de las familias, los profesores y el equipo de Mantenimiento del IMD, que llevaron adelante el proyecto desde cero”.

“Este espacio tiene un valor que va más allá de lo deportivo. Podemos decir con orgullo que Deportes creó comunidad, porque toda la familia de la escalada fue parte de este logro”, concluyó.

Por su parte, la profesora de la Escuela Municipal de Escalada, Yanina Moccagatta, agradeció al IMD, a las familias y a la comunidad escaladora “por el acompañamiento permanente, ya que sin ese compromiso no hubiera sido posible concretar este proyecto”.

Desde la organización destacaron que la palestra funcionará como un espacio abierto a toda la comunidad, acompañando el crecimiento de la disciplina y promoviendo el desarrollo deportivo en un entorno seguro, accesible y con identidad local.

La discusión por la modificación de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de tensión. La física y extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Adriana Serquis confirmó que, junto a diputados y diputadas, presentaron una impugnación formal contra la audiencia pública realizada en el Congreso, a la que calificó directamente como “una farsa”.

“Estamos presentando una impugnación que se presentó al presidente antes de comenzar la audiencia”, explicó Serquis, en diálogo con Víctor Hugo Morales en Radio 750.

Según detalló, uno de los principales cuestionamientos es la falta de participación real: “No sabemos ni siquiera hasta el día de hoy cómo se seleccionaron quienes pudieron participar. Vemos que es el 0,3% de la cantidad de personas inscriptas”, denunció.

Para la extitular de la CNEA, la audiencia tampoco cumplió con criterios esenciales como la transparencia y el carácter deliberativo. “Está restringiendo la oralidad y el debate. No garantiza la participación efectiva ni la razonabilidad del proceso”, sostuvo, y enumeró una serie de “vicios” que, a su entender, invalidan completamente la instancia.

En ese sentido, también advirtió que se están vulnerando principios fundamentales en materia ambiental. “No se está garantizando el principio de no regresión, que debería asegurar que no haya retrocesos en la protección del ambiente”, señaló.

Serquis subrayó además el carácter no vinculante de las audiencias públicas, lo que limita su impacto real en la toma de decisiones. Sin embargo, apeló a la responsabilidad política de los legisladores: “Esperamos que quienes vayan a votar puedan tener algo de vergüenza y que el esfuerzo de la población por hacerse escuchar influya al momento de decidir”, señaló.

La científica fue más allá y planteó una preocupación de fondo sobre el funcionamiento institucional. “Estamos perdiendo gran parte de la democracia. En un lugar donde debería celebrarse un acto democrático se está haciendo todo lo contrario”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo inmediato es visibilizar lo que consideran un proceso irregular: “Nuestra función es hacer lo más claro posible qué es lo que nos está ocurriendo. Por eso lo estamos denunciando”, concluyó.