El presidente Javier Milei buscó este jueves despegar la agenda política de la euforia generada por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial y tomó distancia de la controversia surgida tras los gestos de algunos futbolistas vinculados a las Islas Malvinas luego de la victoria frente a Inglaterra. "Es un partido de fútbol", resumió el mandatario, al insistir en que la disputa por la soberanía debe transitar exclusivamente por la vía diplomática.

Durante una entrevista radial, Milei afirmó que "la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos" y consideró que sería "miserable" intentar capitalizar políticamente un eventual campeonato del seleccionado nacional. En esa línea, sostuvo que una eventual consagración "es de los jugadores y del pueblo argentino", y no de ningún gobierno.

El Presidente reiteró además que la Casa Rosada estará disponible para recibir al plantel si los futbolistas deciden celebrar allí una eventual conquista del título, aunque aclaró que el festejo será exclusivamente de los jugadores y de la ciudadanía. Según explicó, el Gobierno garantizará que no haya protagonismo de dirigentes políticos durante una eventual celebración.

En paralelo, indicó que las distintas áreas del Ejecutivo ya trabajan en el operativo de seguridad para acompañar el regreso del seleccionado y organizar un eventual festejo multitudinario. El objetivo, señaló, es garantizar que la celebración pueda desarrollarse con normalidad y sin inconvenientes.

Consultado por la bandera de las Islas Malvinas que algunos jugadores exhibieron tras el triunfo frente a Inglaterra, Milei sostuvo que se trata de "un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y afirmó que es "perfectamente válido y lícito" que los futbolistas expresen esa posición.

Sin embargo, marcó diferencias entre esa manifestación y la estrategia diplomática del Estado argentino. "Es un partido de fútbol", insistió, y remarcó que la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas "se logrará en el plano diplomático con inteligencia". En ese sentido, destacó las gestiones encabezadas por la Cancillería y sostuvo que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

El mandatario también rechazó las críticas de quienes cuestionaron su postura sobre la causa Malvinas. Según afirmó, responde "con hechos" y aseguró que "nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos" como durante su gestión.

Ante la posibilidad de que el Gobierno británico impulse algún tipo de sanción por los gestos realizados por los futbolistas argentinos, Milei relativizó esa posibilidad y consideró que cualquier eventual consecuencia quedará circunscripta al ámbito deportivo, sin afectar el proceso diplomático que impulsa la Argentina.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente volvió a elogiar el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que la Selección representa el espíritu de un país que "nunca se da por vencido". Además, felicitó al plantel por haber alcanzado una nueva final mundialista.

Respecto del impacto que genera el Mundial sobre la actividad oficial, Milei negó que el Gobierno haya detenido su agenda. Explicó que mientras se disputaba la semifinal mantuvo reuniones de trabajo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar en distintos asuntos de gestión.

Finalmente, el mandatario se refirió a la marcha de la economía y sostuvo que el Ejecutivo continuará concentrado en reducir la inflación, impulsar el crecimiento y disminuir la pobreza. Como muestra de esa evolución, destacó que el índice de inflación del último mes fue de 1,9%, subrayó que la inflación núcleo se ubicó en 1,6% y aseguró que la tendencia seguirá descendiendo.

El presidente Javier Milei salió a respaldar este jueves la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el Mundial de Estados Unidos y rechazó las críticas de la oposición por el viaje del funcionario. Según afirmó, el desplazamiento fue realizado con recursos propios y durante un período de licencia, por lo que descartó cualquier irregularidad.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que Viola "está de licencia, fue con su plata y tiene derecho a hacer lo que quiera en su tiempo libre". Además, cuestionó los cuestionamientos al funcionario y consideró que forman parte de intentos por generar polémicas alrededor del Gobierno en medio de la expectativa por la final que disputará la Selección Argentina.

Mientras millones de argentinos celebraban la clasificación de la Selección a la final del Mundial y los jugadores levantaban una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", otro proceso avanza con mucha menos visibilidad, aunque con implicancias estratégicas de largo alcance. El Atlántico Sur vuelve a ocupar un valor estratégico que trasciende ampliamente la histórica disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres.

Para las principales potencias, las islas empiezan a ocupar un lugar relevante en un escenario marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, el acceso a la Antártida, el desarrollo de nuevos proyectos energéticos y la disputa por recursos marítimos cada vez más escasos.

Ese cambio obliga a formular una pregunta que trasciende el resultado de un partido y que tanto el gobierno de Javier Milei -como quienes lo sucedan- no podrán evitar durante los próximos años: ¿qué estrategia desarrollará la Argentina para un Atlántico Sur que vuelve a convertirse en un espacio central de la geopolítica mundial?

Durante décadas, la cuestión Malvinas fue abordada principalmente como un diferendo bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. La discusión giró en torno a la soberanía, las resoluciones de Naciones Unidas y los reclamos diplomáticos. Esa dimensión continúa vigente, pero ya no alcanza para explicar lo que está ocurriendo.

El cambio comenzó a acelerarse con la decisión de avanzar definitivamente con el proyecto petrolero Sea Lion. Después de años de exploraciones y demoras, el consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum prevé comenzar a extraer petróleo en 2028. Si ese cronograma se cumple, las Malvinas dejarán de ser únicamente un enclave estratégico para convertirse también en un productor de hidrocarburos del Atlántico Sur.

Ese factor se suma a otros procesos que están redefiniendo la región: el creciente interés por la Antártida, la expansión de las flotas pesqueras de aguas distantes, la importancia de las rutas marítimas australes y la rivalidad cada vez más intensa entre Estados Unidos y China.

Esto quiere decir que la presencia británica ya no protege únicamente un territorio cuya soberanía disputa la Argentina. También resguarda futuras instalaciones energéticas, inversiones multimillonarias y una posición privilegiada sobre uno de los espacios marítimos con mayor proyección estratégica del siglo XXI.

En ese contexto debe entenderse el reciente paso del patrullero británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina. Más allá de la controversia diplomática sobre la notificación de su tránsito, el episodio dejó al descubierto una realidad más profunda: el Reino Unido no modificó su estrategia. El buque cumplía exactamente la misión para la que fue desplegado: patrullar las islas, sostener la presencia militar británica y reafirmar el control efectivo sobre una región cuyo valor estratégico no deja de crecer.

Sin embargo, la novedad no proviene solamente de Londres. Durante años, el Atlántico Sur ocupó un lugar secundario dentro de las prioridades estratégicas de Washington. Hoy esa situación comienza a cambiar. La competencia con China ha llevado al país del norte a prestar mayor atención a regiones que hasta hace poco permanecían en un segundo plano.

En ese escenario, el control británico de las Malvinas adquiere para Estados Unidos un valor estratégico creciente. Aunque mantiene una posición de neutralidad formal sobre la soberanía, Washington tiene pocos incentivos para alterar un status quo que consolida la presencia de su principal aliado militar en el Atlántico Sur, precisamente cuando la competencia con China obliga a reforzar la arquitectura de seguridad occidental.

Es precisamente allí donde aparece el desafío para el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la Casa Rosada, redefinió el perfil internacional de la Argentina.

Su política exterior pasó a estructurarse alrededor de un alineamiento estratégico con Estados Unidos, una asociación privilegiada con Israel y una postura mucho más crítica hacia China que la sostenida por administraciones anteriores. Al mismo tiempo, el reclamo de soberanía sobre las Malvinas continúa siendo una política de Estado, respaldada por la Constitución Nacional y sostenida, con distintos matices, por todos los gobiernos desde el retorno de la democracia.

Durante años, esos dos planos convivieron sin mayores tensiones. Pero el nuevo escenario geopolítico obliga a compatibilizarlos de otra manera. El Atlántico Sur ya no es únicamente el escenario de un diferendo bilateral con el Reino Unido. Es también un espacio donde confluyen intereses energéticos, militares y estratégicos de las principales potencias.

El episodio del HMS Medway expuso esa complejidad. Mientras distintos sectores políticos reclamaban una respuesta diplomática más firme, el gobierno optó por mantener un perfil bajo y evitar una escalada con Londres. La decisión puede explicarse desde la prudencia diplomática. Sin embargo, también dejó al descubierto una cuestión de fondo: hasta el momento, la administración de Javier Milei no ha presentado una estrategia específica para el Atlántico Sur acorde con la nueva centralidad geopolítica que está adquiriendo la región.

Esa es, probablemente, la principal diferencia con el Reino Unido. El país británico lleva más de cuatro décadas ejecutando una política consistente sobre las Malvinas, independientemente de los cambios de gobierno. La Argentina, por su parte, ha alternado etapas de mayor confrontación, acercamiento o desinterés según las prioridades de cada administración. En geopolítica, esa falta de continuidad suele traducirse en una pérdida de capacidad para anticipar escenarios y defender intereses de largo plazo.

La bandera que levantaron los jugadores argentinos este miércoles en el estadio de Atlanta expresa uno de los pocos consensos que permanecen intactos en la sociedad. Pero los consensos simbólicos, por profundos que sean, no sustituyen a las estrategias.

Mientras la Argentina vuelve a mirar las Malvinas desde la memoria, las grandes potencias las observan desde el interés. La soberanía seguirá siendo el núcleo de la posición argentina. Pero, en un Atlántico Sur que vuelve a ocupar un lugar central en la geopolítica mundial, el desafío ya no consiste sólo en sostener un reclamo histórico. Consiste en construir una estrategia capaz de acompañarlo.

El Gobierno del Reino Unido dio una respuesta a la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la Selección argentina tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Desde Downing Street reiteraron el pedido para que la FIFA investigue el episodio y reafirmaron la posición británica sobre el archipiélago.

La portavoz del primer ministro, Keir Starmer, fijó la postura oficial durante la habitual conferencia de prensa con periodistas parlamentarios. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, afirmó. Y agregó: “Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”.

La vocera también sostuvo que el compromiso del Reino Unido con los habitantes del archipiélago “nunca flaqueará”. En ese sentido, recordó la posición histórica del Gobierno británico respecto de las islas, cuya soberanía permanece en disputa con la Argentina.

Durante la conversación con los medios también le consultaron si la FIFA debía intervenir por la exhibición de la bandera. La portavoz respondió que coincidía con las declaraciones formuladas previamente por el ministro de Ciencia, Peter Kyle, y señaló que cualquier decisión corresponde al organismo rector del fútbol mundial.

Horas antes, Kyle calificó el gesto de los futbolistas argentinos como “totalmente inapropiado”. “La política debe mantenerse al margen del fútbol”, sostuvo en declaraciones a la BBC. Además, expresó: “Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, al considerar que la exhibición de un mensaje de contenido político podría contravenir las normas que regulan las competiciones organizadas por la entidad.

La controversia surgió luego del triunfo argentino frente a Inglaterra en Atlanta. Finalizado el encuentro, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero desplegaron una bandera blanca con letras negras que decía “Las Malvinas son argentinas”. Los tres futbolistas la mostraron durante los festejos junto al resto del plantel y frente a los hinchas argentinos presentes en el estadio. Más tarde, Lo Celso también la extendió sobre el césped.

Según trascendió, la bandera se encontraba en una de las tribunas y fue entregada a los jugadores durante la celebración posterior al partido.

En la previa del encuentro, tanto la FIFA como las autoridades de seguridad de Estados Unidos habían prohibido el ingreso al estadio de banderas, carteles o insignias con contenido político, incluidas aquellas vinculadas al reclamo por las Islas Malvinas. Sin embargo, el elemento ingresó al estadio y terminó en manos de los futbolistas al finalizar el encuentro.

La reacción británica también motivó una respuesta del presidente Javier Milei. Durante una entrevista radial, el mandatario afirmó que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos” y sostuvo que sería “miserable” intentar utilizar un eventual título mundial con fines partidarios.

Al referirse específicamente a la bandera exhibida por algunos integrantes del plantel, Milei consideró que se trató de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y afirmó que era “perfectamente válido y lícito” que los jugadores se expresaran de esa manera.

No obstante, el Presidente marcó diferencias entre esa manifestación y el reclamo diplomático por la soberanía de las islas. “La recuperación de las Islas se logrará en el plano diplomático con inteligencia”, expresó. Además, destacó las gestiones realizadas por la Cancillería y aseguró que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno británico impulsara sanciones contra los futbolistas argentinos por el episodio, Milei consideró que cualquier eventual consecuencia quedaría limitada al ámbito deportivo y no afectaría el proceso diplomático entre ambos países. También reiteró que la Casa Rosada permanecerá a disposición de la Selección si el plantel decide celebrar allí una eventual consagración, aunque remarcó que los festejos corresponderán “exclusivamente a los jugadores y a los argentinos”, sin participación de dirigentes políticos.

El Gobierno aprovecha la semana de definición del Mundial para avanzar con la extranjerización de la tierra. El día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la que la administración de Javier Milei convalidó sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros”. “Una barbaridad que se deriva de su malicia o su ignorancia”, dijeron desde el Observatorio de Tierras de la UBA, además de advertir que es una ley a medida del capital norteamericano. El peronismo en el Senado busca bloquear el capítulo de extranjerización de las tierras.

Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno busca habilitar la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional. Se trata del proyecto de Federico Sturzenegger, que ya recibió más de una docena de modificaciones. La versión del dictamen que circula entre los senadores lleva el número 14 y da cuenta de las veces que el archivo fue modificado. “El texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones”, reveló una fuente del interbloque Popular a este diario, que adelantó que “probablemente se propongan los cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba”.

La tarde del martes, el oficialismo y la oposición encabezaron negociaciones frenéticas. Según pudo saber este diario, en el oficialismo los números aún no cerraban y había rumores de levantar una vez más la sesión. El peronismo, en cambio, trabajaba para bloquear el capítulo de extranjerización de la tierra. “Tenemos 35, nos falta un voto”, contó un senador al tanto del poroteo. En efecto, si la sesión transcurre sin ausentes, la oposición necesita 36 votos para bloquear las iniciativas del oficialismo.

Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.

De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno “propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. A su vez, cuestionó la legislación vigente al afirmar que “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros” e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: “Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero”. “Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia”, respondió Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras. Lejos de “criminalizar” la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y únicamente regula la concentración excesiva en manos de capitales extranjeros.

Según Voldkin, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó. En otras palabras, la norma todavía permite incorporar unos 26 millones de hectáreas más al dominio extranjero. El verdadero objetivo de la reforma, sostiene el investigador, es eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico.

“El problema no es que la ley inhiba la compra de tierras, sino que hay departamentos donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas”, advirtió. Con la eliminación de esos topes, podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros áreas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos.

Voldkin también cuestionó la diferenciación planteada por Ravier entre Estados e inversores privados. “Los Estados extranjeros no son quienes más compran tierra en la Argentina; los principales compradores son las personas físicas y jurídicas”, señaló. Por eso, el verdadero objetivo del gobierno es remover los límites que hoy pesan sobre el capital privado extranjero. Se suma la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, una modificación que, según el investigador, “está hecha a medida del capital norteamericano”, principal poseedor de tierras rurales en el país. Un país a medida de los tecnorricos que Milei admira.

“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano”, sostuvo el senador Wado de Pedro. “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, concluyó.

El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.

El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días. En los hechos, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación.

Otro de los ejes de la reforma es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.

La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios provocados. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.

Con la reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años. Deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego.

El intendente Walter Vuoto anunció que la ciudad de Ushuaia se incorporará al Fondo de Acción Climática Juvenil (Youth Climate Action Fund) de Bloomberg Philanthropies. Este programa aporta capital y herramientas de gestión para ayudar a los municipios a movilizar a jóvenes de entre 15 y 24 años en el diseño e implementación de soluciones alineadas con las prioridades de cada ciudad.

Como parte de esta iniciativa, la Municipalidad de Ushuaia abrirá, a partir del mes de agosto, la convocatoria para la presentación de proyectos de innovación impulsados por jóvenes de entre 15 y 24 años. Luego, un comité evaluará las propuestas seleccionando aquellas que accederán a micro subvenciones de entre U$S 1.500 y U$S 5.000, además de asistencia técnica brindada por Bloomberg Philanthropies.

La ejecución del programa estará a cargo de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. En tanto, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas articulará las acciones vinculadas a la implementación de los proyectos, mientras que la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, a través del área de Juventudes, acompañará el desarrollo de la convocatoria y la participación de las y los jóvenes durante las distintas etapas de la iniciativa.

Cabe destacar que los proyectos seleccionados contarán con asistencia técnica por parte del Municipio para acompañar su implementación de principio a fin, ayudando a que las y los jóvenes lideren y concreten sus iniciativas, desde la creación de espacios públicos y el fortalecimiento de la infraestructura hasta la mitigación de desastres y el desarrollo de resiliencia urbana.

Así, Ushuaia se suma a esta iniciativa junto a otras 300 nuevas alcaldías y municipios de todo el mundo, triplicando el alcance del programa desde su lanzamiento en 2024. La iniciativa se basa en los resultados obtenidos en 34 países, donde 98 municipios lograron generar un impacto concreto en la comunidad y el ambiente. Su objetivo es fortalecer el trabajo conjunto entre vecinos y vecinas y el Municipio, promoviendo además que las y los jóvenes impulsen proyectos que contribuyan a mejorar y cuidar el entorno.

“Esta iniciativa global nos aporta el capital y las herramientas clave para potenciar a nuestros jóvenes de entre 15 y 24 años en el diseño e implementación de proyectos ambientales. Esto no solo refuerza su compromiso con la sostenibilidad urbana, sino que se alinea directamente con el trabajo de mitigación y adaptación que venimos impulsando desde nuestro Plan Local de Acción Climática 2030”, destacó el intendente Walter Vuoto.

"En las próximas semanas abriremos una convocatoria abierta para que las ideas, iniciativas y desafíos que propone nuestra juventud sean liderados por equipos que ellos mismos conformen. Queremos darles el acompañamiento necesario para que esas propuestas se conviertan en activos concretos que beneficien a toda la sociedad, su futuro y su entorno. Este fondo, sostenido por la Fundación Bloomberg con el soporte de la Universidad Johns Hopkins, es una oportunidad histórica para que la juventud se vincule de forma directa con las políticas que necesitamos para garantizar un crecimiento planificado, cuidado y sustentable en Ushuaia", concluyó el jefe comunal.

"El Fondo de Acción Climática Juvenil está ayudando a los gobiernos locales de todo el mundo a trabajar codo a codo con cientos de miles de jóvenes para enfrentar los desafíos climáticos urbanos y mejorar sus comunidades", señaló Patricia E. Harris, CEO de Bloomberg Philanthropies. "Están demostrando que el Estado local puede ser un socio estratégico en los temas que más les importan a los jóvenes y a los vecinos, construyendo confianza en el camino. Estamos entusiasmados por expandir estos esfuerzos e inspirar a una nueva generación de líderes cívicos".

Acerca de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies invierte en 700 ciudades y 150 países de todo el mundo para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. La organización impulsa cambios duraderos en cinco áreas estratégicas: Artes, Educación, Medio Ambiente, Innovación Gubernamental y Salud Pública. Su labor comprende todas las iniciativas filantrópicas de Michael R. Bloomberg, incluida su fundación, su filantropía corporativa y personal, así como Bloomberg Associates, una consultora que brinda asesoramiento a ciudades de todo el mundo. En 2025, la organización distribuyó 4.300 millones de dólares.

El anuncio formal del Ministerio de Seguridad de la Nación, validando las directivas de la FIFA que prohíben el ingreso de banderas, pancartas y camisetas con alusiones a las Islas Malvinas en la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, trasciende el marco ordinario de los reglamentos deportivos. La declaración explícita de la ministra de seguridad ("Las Malvinas son argentinas es un mensaje político") representa una claudicación jurídica y doctrinaria: la subordinación de una cláusula constitucional permanente a los manuales de gobernanza corporativa de una entidad privada transnacional.

Este desplazamiento normativo resulta como la ejecución material de una auditoría colonial de baja intensidad operada por el Reino Unido. A través de la plataforma institucional de la FIFA, Londres logra censurar la reivindicación soberana argentina, transformando un derecho territorial legítimo y un sentimiento colectivo arraigado en una categoría punible. El cálculo británico es de proyección geopolítica: la semifinal mundialista ofrece visibilidad global ante cientos de millones de espectadores; cancelar la exhibición de las islas en ese partido específico equivale a congelar el conflicto en el plano de la percepción internacional y una simulación flagrante de “buena amistad” fáctica en los papeles de ambos países.

La aceptación pasiva de del gobierno de Javier Milei funciona como un mecanismo de enfriamiento programado de las masas. Al asumir el rol de agentes de control del dispositivo anglo-estadounidense —coordinado previamente en centros policiales internacionales en Virginia junto al FBI y delegaciones británicas—, los funcionarios locales operan como el brazo ejecutor que motiva la desmalvinización territorial hacia los argentinos y argentinas. La justificación de evitar "partidos de alto riesgo" o "enfrentamientos" sirve de cobertura retórica para justificar el repliegue simbólico e identitario. El Estado nacional no solo renuncia a la defensa de su bandera en el espacio público internacional, sino que es colaborador directo en la disciplina activa a sus propios ciudadanos en el afán de evitar cualquier fricción con el orden colonial establecido en el marco de… un partido de fútbol.

La soberanía no se ejerce en el vacío ni se limita a los tratados diplomáticos formales de este tipo; se defiende en la consistencia de los actos estatales en todos los eslabones de la arena internacional donde se dirima el poder simbólico y material; pues al permitir que el Foreign Office determine, por vía interpuesta de la FIFA, qué vestimenta y qué mapas pueden portar los argentinos, el gobierno actual convalida sin disimulo la ocupación y debilita la posición estratégica del país en tanto opinión pública, como menos. El fútbol se instrumentaliza así, como un anestésico a la percepción: una herramienta de entretenimiento popular condicionada bajo la estricta vigilancia de la potencia usurpadora, asegurando que la pasión masiva sea despojada de su carnadura histórica y reducida a un mero consumo corporativo.

El mercado laboral argentino continúa mostrando una aparente paradoja: mientras aumenta la cantidad de personas ocupadas, también se profundiza la precarización del empleo. Detrás de la estabilidad de la tasa de desocupación se esconde un fenómeno que gana peso desde comienzos de 2025: la pérdida de puestos formales está siendo compensada por empleos informales y de menor calidad, una dinámica que refleja las dificultades de los hogares para sostener su poder adquisitivo.

Así lo señala el último Monitor Sociolaboral elaborado por el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), que advierte que el proceso de reconversión del mercado laboral no está generando nuevas oportunidades de empleo formal sino una expansión de ocupaciones más precarias.

Entre principios de 2025 y el primer trimestre de 2026, los puestos de trabajo que crecieron fueron los informales, tanto entre asalariados como entre trabajadores independientes. Como resultado, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 44,2%, uno de los niveles más elevados de los últimos años.

El CETyD advierte que el incremento de la ocupación no refleja una mejora genuina del mercado laboral. Por el contrario, sostiene que el aumento de trabajadores responde a una necesidad económica creciente y que la mayoría de esas nuevas ocupaciones no permite generar ingresos suficientes.

Según el estudio, más del 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para aumentar sus ingresos, pero encuentra dificultades para hacerlo debido a la debilidad del consumo. En el caso de los asalariados, las jornadas disponibles no alcanzan, mientras que los trabajadores independientes enfrentan una demanda insuficiente para ampliar sus ventas. Esta situación se traduce en un incremento de la subocupación.

En este contexto, el informe sostiene que el crecimiento del empleo no constituye un proceso virtuoso, sino la manifestación de un mercado laboral donde más personas necesitan trabajar, aunque los puestos disponibles no garanticen ingresos adecuados.

El informe atribuye este fenómeno al deterioro de los ingresos familiares. Ante la pérdida de poder adquisitivo, cada vez más personas se incorporan al mercado laboral para complementar los ingresos del hogar. Esto explica que la tasa de actividad haya alcanzado el 48,6%, un máximo histórico reciente. Sin embargo, el sector formal no logra absorber esa mayor oferta de trabajadores, por lo que la expansión del empleo se concentra en actividades informales.

El deterioro del mercado laboral también presenta una marcada dimensión territorial. Entre fines de 2023 y 2025, dos tercios de las provincias registraron un aumento de la población desocupada o empleada en los denominados "empleos refugio", categoría que comprende ocupaciones informales de baja calificación, pocas horas trabajadas y bajos ingresos.

El estudio encuentra una relación directa entre la caída del empleo privado formal y el crecimiento de estas formas de inserción laboral precaria.

Santa Cruz y Formosa encabezaron el deterioro, impulsadas por la fuerte retracción de la construcción y, en el caso de la provincia patagónica, por la menor actividad hidrocarburífera en la cuenca del Golfo San Jorge. Chaco también registró una evolución similar como consecuencia de la contracción de la construcción.

La misma dinámica se observó en provincias del norte como Misiones, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero, donde la caída del empleo formal estuvo acompañada por un incremento del desempleo y de las ocupaciones de refugio.

En sentido contrario, Río Negro, Neuquén y Tucumán mostraron un desempeño relativamente más favorable. En los dos primeros casos, el impulso de Vaca Muerta permitió sostener el empleo privado formal y reducir la cantidad de personas desempleadas o insertas en empleos precarios. Tucumán también registró una mejora simultánea del empleo formal y una disminución de la población en situación de vulnerabilidad laboral.

Como conclusión, el CETyD sostiene que el mercado laboral argentino no atraviesa un proceso de "destrucción creativa", donde los empleos perdidos sean reemplazados por otros de mayor productividad o calidad.

Por el contrario, el estudio afirma que existe una relación directa entre la reducción del empleo formal privado y el crecimiento del desempleo y de las ocupaciones más precarias en la mayoría de las provincias. En otras palabras, la contracción del sector formal no está siendo compensada por nuevas oportunidades laborales de calidad, sino por una mayor informalidad y vulnerabilidad ocupacional.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este martes un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En los fundamentos de la norma, el organismo sostuvo que las mipymes constituyen un sector estratégico por su aporte a la generación de empleo, la producción de bienes y servicios y el desarrollo de las economías regionales, mientras que los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro requieren herramientas que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones.

El régimen comprende obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, incluidos sus intereses, además de retenciones y percepciones impositivas y tributos vinculados a operaciones de importación y exportación. También podrán incorporarse multas aplicadas hasta el 30 de junio de 2026, aunque la adhesión no implica la reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni la liberación de las sanciones correspondientes.

En cambio, quedaron excluidos del plan, entre otros conceptos, los anticipos y pagos a cuenta, determinados conceptos del IVA por servicios prestados desde el exterior, los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, las cuotas de ART, los aportes del personal de casas particulares, las cuotas de planes de pago vigentes y distintos tributos específicos previstos por la normativa.

Tampoco podrán acceder al beneficio quienes registren condenas firmes por delitos tributarios, aduaneros o vinculados con el incumplimiento de obligaciones fiscales, así como determinadas personas jurídicas cuyos directivos hayan sido condenados por ese tipo de delitos. También quedaron excluidos los responsables solidarios y los garantes de obligaciones comprendidas por regímenes específicos.

La resolución establece condiciones diferenciadas según el tipo de contribuyente. Las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro podrán financiar las deudas generales en hasta 18 cuotas, mientras que las retenciones y percepciones impositivas podrán regularizarse en hasta nueve cuotas, con un pago a cuenta del 5% y una tasa de financiación mensual del 2,75%.

Por su parte, las medianas empresas -tramos 1 y 2- podrán acceder a planes de hasta 15 cuotas para las obligaciones generales y de hasta siete cuotas para retenciones y percepciones, con un pago a cuenta del 10% y la misma tasa de financiación mensual.

La normativa también fija que el monto mínimo del anticipo y de cada cuota será de $50.000, que no habrá límite para la cantidad de planes que cada contribuyente podrá presentar y que la consolidación de la deuda se producirá una vez abonado el pago a cuenta, momento en el que el plan quedará presentado automáticamente.

Además, se determinó que la caducidad del plan operará de pleno derecho cuando se registren dos cuotas consecutivas o alternadas impagas durante 60 días corridos desde el vencimiento de la segunda, o una cuota impaga durante el mismo plazo contado desde el vencimiento de la última cuota. En esos casos, ARCA podrá iniciar las acciones judiciales para reclamar el cobro del saldo adeudado.

La adhesión al régimen podrá realizarse hasta el 30 de octubre de 2026, a través del servicio web "Mis Facilidades", en la opción "Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026". La resolución entrará en vigencia mañana.

El Gobierno activó su plan para copar la Cámara Federal porteña, que deberá revisar en las próximas semanas la decisión de excluir a las querellas del caso sobre la estafa $LIBRA en la que está involucrado el Presidente. En las últimas horas, Javier Milei envió al Senado los pliegos de sus candidatos para sentarse en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py: Pablo Yadarola –que reemplazará a Leopoldo Bruglia, si consigue el aval de la Cámara Alta– y Pablo Bertuzzi –que se quedará en el puesto al que fue trasladado por Mauricio Macri–.

Milei nombró 70 jueces en poco más de un mes, pero ahora va por su apuesta más fuerte: la Cámara Federal porteña, por donde pasan todos los expedientes que están en trámite en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py.

La Cámara Federal está conformada por dos salas de tres integrantes cada una. En la Sala I están Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –todos llegados al tribunal durante el gobierno de Cambiemos–. En la Sala II están Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

En 2020, la Corte Suprema afirmó que los traslados de Bruglia y Bertuzzi desde un tribunal oral a la Cámara Federal no eran permanentes y que la única forma de acceder a un cargo era a través de un concurso. Sin embargo, los supremos dijeron que deberían quedarse hasta tanto se designaran a sus reemplazantes.

En febrero de 2021, comenzó el concurso para las dos vacantes en la Cámara Federal. Ni Yadarola ni Bertuzzi estuvieron en los seis primeros lugares para integrar las ternas. Bertuzzi, de hecho, había quedado 21º en el orden de mérito, pero consiguió que lo subieran quince lugares para estar en la nómina de los escogidos por el Consejo de la Magistratura.

Apurado por los trámites para llenar los casilleros en el Poder Judicial, Milei firmó el 16 de junio pasado el decreto 467/2026, que reduce la participación ciudadana en la selección de los magistrados y acorta los tiempos para el Poder Ejecutivo. Después de la firma de ese decreto, el Gobierno publicó los nombres de los seis candidatos para la Cámara Federal.

Yadarola conoce bien Comodoro Py, aunque ahora se desempeña como juez en lo penal económico. Fue uno de los que integró la comitiva a Lago Escondido. Bertuzzi, por su parte, tenía el aval de Macri para permanecer en la Cámara Federal.

Con la postulación de Bertuzzi, la Casa Rosada hace un doble movimiento. Por un lado, desarma el reclamo internacional que encabeza Bruglia y, por otro, consolida la tendencia de que no haya mujeres en la Cámara Federal. En las ternas, había dos candidatas. La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, que había quedado en los primeros puestos del concurso, tenía chances de ser elegida.

Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le corrió traslado al Gobierno para que conteste la presentación que hizo Bruglia, quien denuncia que es víctima de un acto de discriminación porque únicamente se hizo el concurso para ocupar el cargo al que él había sido trasladado.

Si consiguen el aval del Senado, Yadarola y Bertuzzi se integrarán a la Sala I con Llorens. Es la Sala que, por ejemplo, revisa lo que sucede con el expediente $LIBRA, donde el juez Marcelo Martínez de Giorgi excluyó a los querellantes y dejó que el ritmo de la investigación quede en manos del fiscal Eduardo Taiano –cuya inacción fue denunciada por los diputados que integraron la comisión que investigó la estafa.

Si le salen las cosas bien, el Gobierno podría quedarse en los próximos días con una tercera vacante en la Cámara Federal: más concretamente en la Sala II, donde se analiza lo relativo al expediente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El 18 de julio, Martín Irurzun cumple 75 años, la edad límite que establece la Constitución para ejercer la judicatura. Como tenía pensado quedarse, le informó de su intención al Poder Ejecutivo para buscar un aval del Senado para permanecer hasta los 80 años.

Al no obtener respuesta del Gobierno, Irurzun presentó una medida cautelar para que no le apliquen el límite de edad que se estableció con la reforma constitucional de 1994. No tuvo éxito. Su pedido fue rechazado por el juez Enrique Alonso Regueira y por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Irurzun ya presentó un recurso extraordinario para llevar la discusión a la Corte Suprema, que aún debe ser resuelto por la Cámara. Esto debería suceder en los próximos días.

La Corte ya tiene jurisprudencia sobre ese tema. A fines de marzo de 2017, los supremos firmaron el fallo Schiffrin, a través del cual establecieron que era constitucional el límite de los 75 años que se había incorporado con la reforma de 1994. El fallo fue adoptado por una mayoría compuesta por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En disidencia se pronunció Carlos Rosenkrantz, quien sostuvo que los constituyentes se habían excedido en sus competencias porque habían reformado un artículo que el Congreso no había habilitado para ser modificado.

En su presentación, Irurzun decía que la mayoría que había adoptado el fallo Schiffrin ya no existía porque Maqueda se había retirado. De hecho, invocó la disidencia de Rosenkrantz para justificar su pretensión de quedarse en la Cámara Federal.

En su recurso extraordinario, Irurzun pide que Rosatti se excuse por haber sido convencional constituyente. Si eso sucediera, solamente quedarían dos cortesanos en condiciones de intervenir: Lorenzetti –de histórico vínculo con Irurzun– y Rosenkrantz.

Lorenzetti no estará esta semana en el Palacio de Talcahuano, confirmaron. Es una buena noticia para Irurzun. Todo indica que deberían ser convocados conjueces para resolver la cuestión de Irurzun.

Hay otros jueces que sí consiguieron el espaldarazo del Gobierno para quedarse más allá de los 75. Tal es el caso de Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral y dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Pesino ya fue a defender su permanencia en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde Patricia Bullrich le dedicó una defensa cerrada.

Pesino está impaciente porque cumple 75 el próximo 27 de julio y teme que el pliego no sea tratado antes por el Senado. En esa línea, presentó una medida cautelar para que el Gobierno se abstenga de notificar al Consejo de la Magistratura que alcanzó la edad límite. Todo indica que su pliego se tratará este jueves, cuando habrá sesión en la Cámara Alta.

Después de destrabar la discusión sobre la Cámara Federal, el Gobierno avanzó con otros pliegos de Comodoro Py.

Milei pidió que designe a Ramiro Velasco y Santiago Schiopetto para el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de Comodoro Py a Valeria Alejandra Rico para el TOF 4, según confirmaron fuentes oficiales a este diario.

La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que, a través del Instituto Municipal de Deportes y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, durante toda la temporada invernal se realizará un control diario del espesor del hielo de la Laguna del Diablo, a fin de determinar si las condiciones son seguras para la práctica del patinaje.

De acuerdo con el resultado de las mediciones, se actualizará la cartelería instalada en el lugar, indicando de manera clara si la laguna se encuentra Apta o No Apta para el desarrollo de la actividad. Esta información también será difundida diariamente a través de las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y del Instituto Municipal de Deportes.

Se solicita a vecinos, vecinas y visitantes prestar especial atención a la señalética ubicada en el predio y respetar las indicaciones establecidas.

La Municipalidad recuerda que el estado del hielo puede variar de un día a otro en función de las condiciones climáticas, por lo que es indispensable consultar la información oficial antes de ingresar a la laguna.

Cuando a fines de abril la pila de deudas parecía irremontable, Marisa Agis pensó por primera vez en bajar definitivamente la persiana. El Hogar Promover, que ella dirige y le brinda asilo y terapias de rehabilitación a niños con distintas patologías graves, atravesaba su peor momento en 40 años de trayectoria. El programa Incluir Salud --la obra social estatal de las personas con discapacidad y cueva de las coimas de Spagnuolo & Cía-- no les pagaba un sólo peso desde diciembre. Marisa salió a tocar las puertas de los juzgados de menores responsables de los 18 niños que duermen en la institución y de cuanto donante privado se le cruzó. Hasta que, finalmente, el Estado pagó una parte de las prestaciones retrasadas. “Este gobierno nos tiene así: te pone la soga al cuello, te aprieta, te suelta y te vuelve a ahogar. La emergencia parece no terminar nunca”.

El de Marisa no es un caso aislado. El retraso del Incluir Salud (IS) en los pagos a los prestadores llegó a ser de seis meses en algunos casos. Ya en febrero, último dato disponible, la deuda con el sistema era de casi 70 mil millones de pesos, y contando. El impacto es mayor en las instituciones que dependen de la obra social estatal, como sucede con el propio Promover, cuyos pacientes son en su enorme mayoría chicos de bajos recursos que se atienden por IS.

En el interior del país, la proporción del retraso en aún mayor. En Córdoba, por citar otro ejemplo, las organizaciones tuvieron que acudir a la justicia y lograron una medida cautelar para que el Gobierno movilizara los fondos, aunque la situación aún no se regularizó del todo. Incluso hubo marchas para exigir los pagos.

“Recién ahora, en julio, nos pagaron marzo. Antes también había retrasos, pero nunca de esta manera”, dice Marisa. ¿Cómo se hace para sobrevivir? “Apelamos a donaciones, a deudas propias. También recortamos gastos. Hacemos malabares para pagar sueldos y cumplir con nuestros proveedores. No siempre lo logramos“, describe.

Los atrasos en los pagos, sin embargo, no son el único problema del sistema. A un año de la sanción de la Emergencia en Discapacidad en el Congreso, el panorama sombrío se extiende sobre la mayoría de las instituciones y sigue golpeando a las personas con discapacidad y sus familias, que son en última instancia quienes necesitan los apoyos para sostener una vida digna.

Doce meses después de la sanción de la ley --el Senado la aprobó por mayoría abosluta el 10 de julio de 2025-- el Gobierno solo cumple --a regañadientes-- con unos pocos artículos de la norma. Por ahora sólo está vigente la actulización mensual de los aranceles de acuerdo al IPC del INDEC. Pero lo hace sobre la base del ajuste acumulado durante todo 2024 y 2025, cuando el valor de la hora de los profesionales y las terapias estuvo congelado. La ley establecía una admisión de esa deuda y una recomposición rectroactiva, que las organizaciones calculan que es de por lo menos un 40 por ciento. Eso genera que los aumentos, aunque necesarios, resulten insuficientes.

Las consecuencias de ese ajuste de hecho es que las terapias pierden calidad, porque los profesionales renuncian y buscan otros rumbos; las instituciones, además, se endeudan por demás con cualquier ventanilla de préstamo que consigan para seguir a flote, al tiempo que recortan sus prestaciones.

“Los hogares están en una situación calamitosa. Los centros de día no pueden mantener la infraestructura, por lo que muchos cerraron y otros, en vez de atender los cinco días, atienden tres. Para las familias es un descalabro tremendo, porque uno tiene que laburar, intentar seguir con su vida, pero te la hacen imposible. Qué más se puede decir sobre eso de este tipo de insensibilidad a la que nos tiene acostumbrado este gobierno”, resume la situación la actriz y activista Valentina Bassi, una de las voces públicas del colectivo.

Otro de los sectores en crisis es el de los transportistas. A ellos los complica sobre todo otro incumplimiento del Gobierno: la ley establece que la Secretaría de Discapacidad (ex Andis, hoy Senadis) debe realizar un estudio de costos de las prestaciones (comida, viáticos, insumos, etc), más allá de los salarios. Hasta ahora no lo hizo. Y en el caso de las empresas que transportan a las personas con discapacidad, eso se traduce en números que hablan por sí solos: un transportista cobra $865 pesos el kilómetro, cuando el valor de la nafta está por encima de los $2300.

“Nosotros estamos haciendo nuestro propio relevamiento de costos, pero es la Senadis la que tiene que hacerlo y no lo hace”, dice al respecto Pablo Molero, representante de la sociedad civil en el directorio que discute el valor de los aranceles.

Uno de los capítulos clave de la Emergencia fue el referido a las pensiones por discapacidad. La ley choca con los decretos previos de la gestión libertaria que habían repuesto el “modelo médico” de la discapacidad previo a la convención de la ONU, en los años 90s, y que endurecía los requisitos de acceso.

El cálculo de la Oficina de Presupuesto, durante el debate parlamentario, dio como resultado una estimación de por lo menos 400 mil nuevas pensiones en los próximos años. Lejos de eso, el gobierno ya recortó unas 110 mil en dos años y medio.

Pero además, la administración libertaria congeló los trámites y dejó al 95 por ciento de las personas que pidieron acceder al beneficio en un limbo: no las rechazó, sino que directamente no contestó.

De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en base a información oficial, unas 227.354 personas ciegas, sordas o con discapacidad intelectual o motriz todavía esperan una resolución a su pedido de obtener el beneficio. En algunos casos, la espera data de 2020, más de seis años.

De ese total de trámites sin solución, más de 90 mil fueron iniciados durante la gestión actual. La gestión libertaria sólo contestó 10 mil.

En pleno plan motosierra, previo a la sanción de la ley, hubo además unas 500 mil pensiones en riesgo por la propia impericia del Gobierno: casi la mitad de las cartas documento de la audtoría encargada por Spagnuolo tuvieron problemas para llegar a los domicilios de los afectados.

Mientras tanto, el Gobierno sigue hablando de “fraude” e impulsa su propio proyecto para volver al sistema anterior.

Aquel 10 de julio, el colectivo de familias y organizaciones que habían impulsado la ley --y que llenaron la plaza ese día-- creyeron que habían llegado al final del recorrido: habían conseguido, después de tanto pelarla, una norma que les garantizaba recursos para que las instituciones de apoyo no quebraran y que restablecía un piso básico de derechos, a resguardo del plan motosierra. Esa sensación de alivio duró muy poco: a la aprobación en el Congreso le siguió un veto total por parte de Javier Milei, la posterior insistencia parlamentaria por dos tercios y una reglamentación tramposa, sin fondos. En medio, decenas de movilizaciones. No hubo caso: un año después, la ley sigue judicializada.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le dio la razón a un matrimonio con dos hijos con TEA que pidieron la plena implementación de la ley. Dictó una cautelar obligando al gobierno a dotar de fondos a la emergencia, bajo apercibimiento de sanciones económicas para los funcionarios. El Gobierno apeló y desde marzo el expediente duerme en la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.

El Gobierno, además, ya avisó que en paralelo a presentar su propia ley, intentará derogarla en el presupuesto 2027, algo que ya había intentado el año pasado, sin éxito.

En ese marco, organizaciones como REDI, la APDH y otros expresaron su “profunda preocupación por el incumplimiento de la ley y solicitamos que se garantice una respuesta judicial oportuna y efectiva frente a la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los servicios que las acompañan”.

El concejal de Ushuaia por el bloque del Partido Justicialista, Nicolás Pelloli, aseguró que el justicialismo continuará trabajando para consolidarse como una alternativa política tanto en Tierra del Fuego como a nivel nacional, en el marco del proceso de reorganización que atraviesa el espacio con vistas a las próximas elecciones.

En una entrevista concedida al programa “La Mañana de la Tecno”, que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, el edil sostuvo que el Partido Justicialista mantiene una presencia institucional importante en la provincia y continuará fortaleciendo su proyecto político.

Según expresó, el partido se encuentra enfocado actualmente en la gestión cotidiana de quienes ocupan responsabilidades institucionales, mientras avanza el debate interno sobre el escenario electoral.

 Reordenamiento político

Pelloli señaló que el justicialismo atraviesa una etapa de reordenamiento tanto en el ámbito nacional como provincial y consideró que las definiciones sobre candidaturas llegarán más adelante.

En ese contexto destacó el rol del presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego e intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, a quien definió como un dirigente con diálogo permanente con distintos referentes nacionales del peronismo.

A su entender, primero deberán consolidarse los acuerdos políticos nacionales para luego avanzar en las definiciones provinciales.

Defensa de la producción fueguina

Durante la entrevista, el concejal cuestionó distintas políticas impulsadas por el Gobierno nacional al considerar que afectan el empleo, la industria y el desarrollo económico de Tierra del Fuego.

En ese sentido defendió la vigencia del régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640 y sostuvo que resulta necesario impulsar políticas que fortalezcan la producción, el consumo y la generación de puestos de trabajo.

También planteó la necesidad de recuperar herramientas orientadas al acceso al crédito, la construcción de viviendas y el fortalecimiento del mercado interno.

Proyecto político

Pelloli sostuvo que el justicialismo buscará presentarse ante la sociedad con una propuesta basada en la justicia social, el desarrollo económico y la defensa del empleo.

Finalmente consideró que el principal desafío del espacio será construir una alternativa capaz de responder a la situación económica actual mediante políticas públicas orientadas al crecimiento y al fortalecimiento de la actividad productiva.

La Comisión Especial Investigadora creada por resolución de Cámara Nº 131/26, acordó por unanimidad de sus integrantes la creación de un espacio específico dentro del sitio oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego destinado a la publicación de toda la documentación vinculada a su actuación institucional en el marco de la investigación sobre la instalación del radar de Leolabs en Tolhuin.

La medida fue adoptada por consenso con el objetivo de garantizar la transparencia de la labor de la Comisión, fortalecer la publicidad de los actos públicos y facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la información pública correspondiente.

El nuevo apartado, disponible en la página oficial de la Legislatura bajo el título “Comisión Especial Investigadora – Resolución de Cámara Nº 131/26”, reunirá de manera progresiva las actuaciones, informes, convocatorias, comunicaciones, documentación y demás material que la Comisión disponga para su publicación.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en que el acceso a la información constituye un principio esencial del funcionamiento institucional y una herramienta indispensable para fortalecer la confianza pública, por lo que se resolvió centralizar en un único espacio toda la documentación oficial relacionada con la investigación.

Asimismo, señalaron que esta iniciativa busca promover una mayor participación ciudadana y permitir que cualquier persona pueda realizar un seguimiento permanente del trabajo que lleva adelante la Comisión Especial Investigadora.

En ese sentido, destacaron que la investigación reviste una especial trascendencia institucional y que su desarrollo debe estar acompañado por mecanismos que garanticen la máxima transparencia posible, el acceso a la información pública y la publicidad de las actuaciones que legalmente puedan ser difundidas.

El repositorio documental será actualizado de manera permanente y concentrará toda la información oficial vinculada a la Comisión Especial Investigadora.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Cruz condenó hoy a tres años de prisión condicional al excapitán de navío destituido de la Armada Argentina Claudio Javier Villamide por su responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

En el mismo veredicto, el tribunal absolvió al contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66), al capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y al capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57), quienes también habían llegado a juicio acusados por esos hechos.

Por mayoría, el TOF de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, condenó a Villamide (62), quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos, como autor penalmente responsable de los delitos de incumpliendo de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

Además de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, le impusieron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena y reglas de conducta durante tres años, entre ellas la obligación de fijar domicilio y mantener actualizado un número telefónico.

En el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por un equipo de fiscales conformado por Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzan —designados por el procurador general interino mediante la Resolución MP 267/2025— quienes anticiparon que, luego de que el 21 de agosto se difundan los fundamentos, analizarán la posibilidad de recurrir el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En su alegato del 22 de junio pasado, los representantes del MPF habían solicitado que López Mazzeo y Villamide fueran condenados a cinco años de prisión, Alonso a cuatro años y Correa a tres años y seis meses, además de la imposición de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Para la fiscalía, los cuatro eran autores penalmente responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de las 44 víctimas, en concurso ideal.

El veredicto

La audiencia comenzó esta mañana con las últimas palabras de los cuatro imputados, quienes se declararon inocentes y cuestionaron la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. Tras un cuarto intermedio, el tribunal dio a conocer el veredicto al mediodía.

En primer término, el tribunal rechazó, por mayoría, los planteos de nulidad formulados por la defensa respecto de la acusación fiscal. Luego, anunció la condena para Villamide, en su rol de Comandante de la Fuerza de Submarinos, y las absoluciones para López Mazzeo, en su rol de Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y de Alonso y Correa, integrantes de la plana mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Asimismo, declaró improcedente el pedido vinculado con la aplicación de la Resolución PGN 58/2024  de la Procuración General de la Nación que instruye a los fiscales federales y nacionales a promover medidas cautelares sobre activos para garantizar su decomiso o el pago de multas y/o indemnizaciones.

Por último, rechazaron por improcedente el pedido del MPF de levantar la suspensión de la actuación administrativa REAAM -Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares- iniciada el 22 de noviembre del 2017 por el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad y suspendida el 1° de diciembre del 2017, a los efectos de determinar el costo de reposición de la perdida material del submarino ARA San Juan, sin perjuicio de lo cual dispusieron librar oficio a la Armada sobre el asunto a los fines que estimen corresponder.

El juicio

El debate oral comenzó el 3 de marzo  y se extendió durante cuatro meses. A lo largo de las audiencias declararon especialistas, familiares de los 44 submarinistas fallecidos y exintegrantes de la Armada.

También se incorporó abundante prueba documental e informes técnicos de especialistas, incluida una inspección ocular realizada sobre el submarino ARA Santa Cruz, en las instalaciones de Tandanor, que permitió observar la estructura y el funcionamiento de una nave gemela del ARA San Juan.
 

La navegación del patrullero oceánico británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina sin comunicación previa a las autoridades nacionales volvió a poner bajo tensión un aspecto sensible de la relación bilateral con el Reino Unido: el cumplimiento de los mecanismos de confianza militar establecidos tras la posguerra de Malvinas y el creciente entramado logístico que sostiene la presencia militar británica en el Atlántico Sur.

Fuentes oficiales confirmaron que la Armada Argentina detectó entre el jueves y el viernes el desplazamiento del buque de guerra británico navegando en dirección al Estrecho de Magallanes luego de zarpar desde las Islas Malvinas. El patrullero ingresó en aguas de jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin que existiera comunicación alguna por parte de las autoridades militares británicas.

El episodio llegó rápidamente a la Cancillería, donde se analizaba la posibilidad de presentar una protesta diplomática por canales reservados debido al incumplimiento de los procedimientos previstos en el denominado Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para evitar incidentes militares entre ambos países.

La situación ocurre mientras la administración de Javier Milei profundiza su alineamiento estratégico con Estados Unidos y procura consolidar una agenda de acercamiento con el Reino Unido, dejando en un segundo plano la confrontación diplomática que caracterizó etapas anteriores respecto de la cuestión Malvinas.

En ese contexto, el tránsito del HMS Medway sin previo aviso obliga a la Cancillería a administrar un delicado equilibrio. Una protesta diplomática demasiado enérgica tensionaría un vínculo político que el Gobierno busca preservar. El silencio, en cambio, podría interpretarse como una aceptación tácita del incumplimiento de compromisos bilaterales que durante más de tres décadas constituyeron uno de los pocos instrumentos de confianza mutua construidos entre Buenos Aires y Londres.

El denominado Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (un anexo del Madrid II) fue diseñado después de la normalización de relaciones diplomáticas para garantizar que Londres y Buenos Aires notificaran previamente los movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental.

El protocolo estableció comunicaciones permanentes entre las autoridades navales y aéreas de ambos países, pruebas periódicas de los sistemas de enlace y avisos anticipados cuando un medio militar operara en zonas sensibles. Nada de eso ocurrió durante el tránsito del HMS Medway.

Ni el comandante de las Fuerzas Británicas asentadas en Malvinas, brigadier Charlie Harmer ni la comandante del patrullero, la capitán de corbeta Lucía Ramsay, utilizaron los canales de comunicación previstos en el acuerdo para informar el desplazamiento del buque.

Los sensores electrónicos desplegados en el litoral austral detectaron la derrota del buque británico y activaron el seguimiento operativo. Una aeronave Beechcraft B-200M "Cormorán" del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10 incorporado mediante programas de cooperación bilateral con Estados Unidos. El monitoreo fue coordinado por el Área Naval Austral bajo la conducción del contraalmirante Guillermo Prada.

Paradójicamente, la capacidad tecnológica empleada para seguir al buque británico proviene de la cooperación militar con Washington, principal aliado estratégico de Londres en el Atlántico Norte y uno de los actores con mayor influencia sobre la arquitectura de seguridad del Atlántico Sur.

En el ámbito militar consideran que la omisión trasciende una simple falta de cortesía diplomática. Los mecanismos de confianza creados hacen más de tres décadas buscan reducir la posibilidad de errores de cálculo, evitar incidentes operacionales y mantener abiertos canales de comunicación permanentes entre fuerzas que continúan desarrollando actividades en una de las zonas geopolíticas más sensibles del hemisferio.

Su incumplimiento erosiona uno de los pocos instrumentos de diálogo militar que sobrevivieron desde la firma de los Acuerdos de Madrid. Para el Gobierno, el desafío ya no consiste únicamente en decidir si presenta una protesta diplomática por la transgresión.

La cuestión de fondo será definir si el reclamo de soberanía continúa siendo un componente activo de la política exterior o si queda subordinado al nuevo esquema de alineamientos internacionales que impulsa la Casa Rosada.

Tras atravesar el extremo austral, el HMS Medway recaló el domingo en Punta Arenas (Chile), donde permanecería hasta el 8 de julio realizando tareas de reaprovisionamiento. La escala vuelve a colocar bajo análisis el papel que desempeña Chile dentro del esquema logístico británico en el Atlántico Sur.

Aunque Londres sostiene su principal dispositivo militar desde la base de Monte Agradable en Malvinas, la continuidad operacional también depende de una red regional integrada por puertos, aeropuertos y servicios de apoyo distribuidos sobre el extremo sur del continente.

Durante la década pasada los países de la Unasur y del Mercosur habían acordado acompañar la estrategia impulsada por Argentina para impedir que buques militares británicos procedentes de Malvinas utilizaran puertos regionales como escala logística.

Ese consenso regional comenzó a diluirse con los cambios políticos en América del Sur. De hecho, en 2022 el gobierno de Gabriel Boric impidió el ingreso del HMS Forth (gemelo del HMS Medway) a Punta Arenas para abastecerse antes de participar de la feria Exponaval en Valparaíso, decisión que entonces fue interpretada como un gesto de respaldo hacia la posición argentina.

La escala actual del HMS Medway muestra que aquella política regional dejó de aplicarse de manera uniforme y que Chile volvió a convertirse en un nodo relevante dentro del sistema logístico británico.

El HMS Medway reemplazó a comienzos de 2026 al HMS Forth como patrullero permanente asignado al dispositivo naval británico en torno a las Islas Malvinas. Ambos pertenecen a la clase River Batch 2, buques concebidos para vigilancia oceánica, control marítimo y presencia permanente.

Equipados con un cañón automático Oerlikon de 30 milímetros y capacidad para operar helicópteros Merlin, constituyen una pieza estable del despliegue militar británico en el Atlántico Sur.

Su misión excede la vigilancia de las Islas. También cumplen tareas de presencia naval, patrullaje sobre amplias áreas oceánicas, asistencia a territorios británicos de ultramar y protección de rutas marítimas consideradas estratégicas por Londres.

En términos geopolíticos, el episodio vuelve a exhibir una realidad que trasciende el diferendo bilateral por Malvinas: la presencia británica en el Atlántico Sur no descansa únicamente sobre la base militar instalada en las islas, sino sobre una infraestructura regional que involucra puertos, corredores marítimos y apoyos logísticos distribuidos en el Cono Sur.

Mientras Argentina mantiene limitadas capacidades navales y continúa demorando la recuperación integral de sus medios de superficie, el Reino Unido consolida un esquema de presencia permanente apoyado en una red que asegura movilidad, abastecimiento y continuidad operacional.

El tránsito sin notificación previa del HMS Medway terminó exponiendo algo más profundo que un incumplimiento administrativo: dejó nuevamente al descubierto la asimetría estratégica existente en el Atlántico Sur y la fragilidad de los mecanismos diplomáticos destinados a administrar una disputa de soberanía que, cuarenta y cuatro años después de la guerra, continúa condicionando el equilibrio geopolítico de la región.

Este lunes en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismos y referentes de derechos humanos acompañaron la presentación judicial de un grupo de defensorías públicas en la búsqueda de que se declare la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que entre otros aspectos habilita la prisión para jóvenes desde los 14 años de edad. Además de la CPM participaron la APDH, la CTA Autónoma, el Instituto Gino Germani de la UBA, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Foro por los Derechos de la Niñez, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh), el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh), el SERPAJ, Defensa de los Niños Internacional (DNI), SUTEBA y otras.

La jornada estuvo encabezada por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina–Autónoma, Hugo Godoy, junto a organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos, con el objetivo común conseguir la declaración de la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil.

“Nos juntamos para tratar de frenar esta idea tan descabellada que es la baja de la edad de punibilidad y la reforma del régimen penal juvenil”, expresó Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, al abrir la presentación.

Ricardo Berenguer, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata y miembro del Foro, planteó que la reforma que impulsó el gobierno libertario que entrará en vigencia el 5 de septiembre va “contra la Constitución y contra la Convención de los Derechos del Niño”. Además, “incluye como sancionables un montón de delitos menores que la ley vigente no los contemplaba” y “prioriza la pena de prisión para los pibes”.

Luego tomó la palabra Pérez Esquivel, quién apeló a su idea de la rebeldía de conciencias. “El desguace del país perjudica a los más débiles, que son los niños y las niñas, llevamos 40 años trabajando con ellos con afecto y escuchando lo que tienen que decir, porque no siquiera les permiten la palabra”, dijo el premio Nobel. Y propuso “unir las fuerzas para resistir esta ley que es inconstitucional y afecta la vida, porque los niños no son un peligro, están en peligro de manera permanente”. Antes de cerrar su discurso, el referente propició “mucha fuerza y esperanza hasta la nulidad de esta ley inmoral e injusta”.

A continuación, Dora Barrancos agradeció “los esfuerzos que se han sumado para oponernos a esta nueva calamidad que se nos viene en este ciclo doloroso de regresión de derechos humanos”. A su criterio, el gobierno se “anima a plantear esta ley por la atmósfera que ha creado, tiene el oxígeno de los tiempos que corren”. Barrancos aludió a “ese sentido común berreta” según el cual “un estado punitivista puede resolver todas las problemáticas sociales”.

En tanto, Alcira Daroqui, miembro de la CPM e integrante del Gespydh, recordó que llevan décadas resistiendo intentos de sancionar leyes como la que ahora denuncian como inconstitucional. “Incluso cierto sector de la progresía llegó a decir que bajar la edad de punibilidad era dar garantías”, mencionó. “Esto es como un poder ilimitado, aunque no sabemos si van a salir a capturar niños y niñas, sí queda claro que dejan la vara alta para el punitivismo en el poder judicial y el poder de las policías en los territorios”, expresó. “Hay que voltear esta ley para frenar el avance de los sectores dominantes sobre los sectores desposeídos”, sintetizó.

Desde el Observatorio de Prisiones, el escribano Antonio Cartaña envió un mensaje de apoyo a la iniciativa y agregó: “Debemos hacer de este apoyo una cruzada nacional”.

Los participantes coincidieron en denunciar la “violación a los principios de progresividad-no regresividad, de culpabilidad y proporcionalidad de las penas y al derecho a la no autoincriminación”, en pedir la suspensión de la Ley, y en advertir que el sistema de encierro va a ‘colapsar’”. Siempre la política de mano dura acusa a niños, niñas y adolescentes de la inseguridad, cuando su incidencia en el delito nunca supera el 3%. Si este tipo de iniciativas no prospera, todo será peor para ellos y ellas.

En dos años, el gobierno de Milei logró un record en materia educativa: hizo que el presupuesto destinado a esta área a nivel nacional se redujera casi a la mitad. Es la grave conclusión que saca el informe “El futuro del financiamiento educativo en debate”, elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

A contramano de la promesa de Milei al presentar la ley de presupuesto 2026, todo indica que, además, lejos de cumplirse con el incremento “de un 8 por ciento” que el gobierno pronosticaba, a menos que ocurra algún milagro como deflación o asignación sorpresa de recursos, se sumará un 13 por ciento más a esta ya abrupta caída.

“La combinación más letal de motosierra y licuadora que trajo este gobierno le cayó al sistema educativo, también a la ciencia y la tecnología”, resume Javier Curci, investigador del IIEP y director del Departamento de Economía de la facultad.

El informe revela además que el financiamiento para educación y cultura sufrió un ajuste mayor al del gasto nacional general. Esto es, perdió participación en el PBI y dentro del presupuesto total.

El trabajo de los economistas de la UBA se publica también, advierte Curci, en un momento en que el gobierno vuelve a intentar poner en el debate público su Proyecto de Ley de Libertad Educativa, como ocurrió en una reciente presentación auspiciada en la Fundación Faro. Este proyecto viene a plasmar una ambición que el gobierno nacional parece estar llevando a cabo en los hechos, según reflejan los datos comparativos y las conclusiones a las que arriba este estudio: transferir en la mayor medida posible las erogaciones de educación a las provincias y jurisdicciones. Y concentrar los mayores recursos, según muestra el informe, en el Plan Nacional de Alfabetización, de todos modos también “licuado”, por la inflación acumulada.

 “La función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PIB en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales”, puntualiza el trabajo.

Y resalta que, aunque esto se da en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional -ya conocido y sufrido en distintas pareas- “la contracción educativa fue más profunda en términos relativos”.

“En 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con una nueva caída real de 7,9% respecto del ejercicio previo”, indican los números.

¿Dónde se concentra el ajuste, dentro de la gran área educativa? En particular en las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias.

“Las transferencias destinadas al financiamiento universitario -a través del programa Desarrollo de la Educación Superior- registraron una caída real de 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5% en términos reales”, se describe.

Hubo una excepción a esta regla de recorte: el Plan Nacional de Alfabetización, “que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría”. El ajuste, entonces, no fue homogéneo entre programas ni áreas educativas. Si la universidad fue la más afectada, el Plan Nacional de Alfabetización parece ser la apuesta en la que concentra esfuerzos el gobierno.

“Ya es un hecho que, de cada 2 pesos que ingresaron al sistema educativo en diciembre de 2023, hoy ese mismo sistema tiene uno. 2026 todavía es incierto, porque el año y el presupuesto no cerraron, pero todo indica que el ajuste se va a profundizar”, marca Curcio.

En el informe queda claro que gran parte de la reducción se explica por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que reforzaba salarios docentes en las provincias: una de las primeras medidas educativas del gobierno de Milei, fue de hecho cerrarlo por completo.

“El Fonid representraba entre un 5 y 15 pr ciento del salario docente. Fue uno de los temas que el gobierno central ‘tiró’ a las provincias. Hoy hay un par de provincias que pueden compensar con partidas propias, como Neuquén o Corrientes. Pero en el resto, la pérdida fue absoluta", observa Curcio.

El informe marca, finalmente, que “en los últimos años, la discusión no se ha centrado únicamente en el nivel de gasto destinado al sector, sino también en los mecanismos de asignación de recursos, la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias, el rol del sector privado y los mecanismos de evaluación del sistema educativo”.

“El futuro del financiamiento educativo argentino se encuentra en debate porque están cambiando simultáneamente el volumen de recursos, los actores responsables de sostenerlos, las reglas de asignación y los instrumentos de coordinación federal”, advierte la investigación.

“La pregunta central es qué modelo de financiamiento se configura: uno con mayor capacidad nacional de compensación, planificación y garantía de pisos comunes, u otro más descentralizado, con mayor peso de las provincias, las familias, las instituciones y los mecanismos de demanda. La calidad y la equidad del sistema educativo dependerán de cómo se resuelva esa tensión”, concluye.

Cuatro meses de denuncias, una investigación judicial y un respaldo político que Javier Milei sostuvo hasta último momento no alcanzaron para contener el impacto del caso Manuel Adorni. Según el informe mensual de Ad Hoc, el escándalo fue el tema que más castigó la imagen digital del ultraderechista durante junio y confirmó una tendencia que preocupa al Gobierno: por quinto mes consecutivo predominan las menciones negativas y baja el interés por la figura presidencial.

Según reveló el informe de Ad Hoc, el problema no fue solo la investigación contra Adorni, sino también cómo reaccionó el Gobierno. Mientras se acumulaban las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y crecían las dudas sobre compras millonarias y gastos bajo investigación judicial, Milei eligió respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. Esa decisión hizo que el caso siguiera dominando la agenda durante meses.

El estudio muestra que la conversación negativa sobre Milei volvió a imponerse durante junio. Es el quinto mes consecutivo en que las menciones críticas superan a las positivas y, al mismo tiempo, el volumen total de conversaciones sobre el Presidente continúa cayendo.

Uno de los datos que más preocupa al oficialismo es justamente esa pérdida de centralidad.

Las menciones a Milei disminuyeron un 32 por ciento respecto del pico registrado en octubre del año pasado. Para la consultora, cuando baja el interés por la figura presidencial, también empieza a debilitarse la capacidad del Gobierno para instalar temas, ordenar el debate público y marcar la agenda política.

El informe de Ad Hoc identifica al caso Adorni como el principal factor detrás del deterioro de la imagen digital de Milei durante junio. Pero el desgaste no se explica solo por las denuncias contra el exjefe de Gabinete. Según el relevamiento, la estrategia que eligió el Gobierno para defenderlo terminó prolongando una crisis que ya llevaba meses abierta.

Cinco entrevistas de Adorni, una conferencia de prensa y las reiteradas muestras de respaldo del ultraderechista y de todo el gabinete parecen haber incentivado la conversación en los momentos en los que el escándalo parecía perder fuerza.

El resultado fue que el oficialismo casi no encontró margen para cambiar el eje de la discusión. De acuerdo con el informe, la comunidad libertaria solo consiguió generar conversaciones mayormente positivas cuando habló de la baja de la inflación y del triunfo del dirigente colombiano Abelardo de la Espriella. Todo lo demás -con el caso Adorni como principal protagonista- quedó asociado a menciones negativas sobre Milei.

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de Centro Municipal de Salud Abierto, que se llevará adelante el próximo sábado 11 de julio, de 10 a 15 horas, en el Centro de Salud Municipal, ubicado en 12 de Octubre 951.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a distintos controles y prestaciones, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención primaria de la salud y promover hábitos de cuidado y prevención.

Entre las prestaciones previstas se encuentran controles de agudeza visual y atención en Enfermería, Pediatría y Medicina General. Además, a partir de las 12.30 horas se realizará una jornada de vacunación con aplicación de las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación para niños, niñas y personas adultas.

La iniciativa busca acercar los servicios de salud a la comunidad, facilitando el acceso a controles preventivos y promoviendo el cuidado integral de las personas.

La actividad es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.

El diputado nacional Juan Marino, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat, radicó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Se los acusa de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y, de manera subsidiaria, Traición a la Patria, tras haber salteado por completo la intervención del Congreso de la Nación en los recientes ejercicios militares con los Estados Unidos.

La presentación judicial, que recayó en el Juzgado Federal 10 bajo el expediente 3303/2026, denuncia que el Poder Ejecutivo dictó de manera irregular el DNU 264/2026 para autorizar el ingreso de medios, tecnología y personal del Pentágono. El objetivo fue realizar los ejercicios "DAGA ATLÁNTICA" y las maniobras de patrullaje PASSEX en la Zona Económica Exclusiva, un mecanismo que —según la acusación— sirvió como pantalla para transferir secretos militares y realizar un mapeo de recursos estratégicos clave a espaldas del Poder Legislativo.

El bypass constitucional y el secreto militar

La Constitución Nacional es taxativa: el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la Nación es una atribución exclusiva del Congreso (Artículo 75, inciso 28). Al forzar un DNU para habilitar el despliegue de la Cuarta Flota en nuestras aguas, el Gobierno no cometió un error administrativo; ejecutó una maniobra para ocultar la "letra chica" de los compromisos asumidos con Washington.

El texto de la denuncia penal desarma de manera quirúrgica las consecuencias de esta capitulación: “El adiestramiento de fuerzas especiales extranjeras bajo doctrina, estándares y certificación de la estructura militar estadounidense y de la OTAN en territorio nacional; la integración de oficiales argentinos a un Estado Mayor Multinacional bajo mando de la Cuarta Flota; y la habilitación de una arquitectura de vigilancia del Atlántico Sur con posible acceso extranjero a datos estratégicos son actos objetivamente idóneos para transferir parcelas de la soberanía militar argentina a una nación extranjera”.

Este párrafo de la acusación judicial confirma punto por punto lo denunciado por Agenda Malvinas: las donaciones de sensores ISR (como el sistema WESCAM MX-10) y los aviones Textron B-360ER no vienen a fortalecer la soberanía, sino a integrar a la Armada Argentina como un "sensor remoto" subordinado al procesamiento de datos e inteligencia del Pentágono.

La denuncia penal coincide temporalmente con un escenario de desmantelamiento estructural y asfixia presupuestaria planificada de las Fuerzas Armadas. Como advirtió el dirigente Claudio Lozano al sumarse al reclamo de un juicio político, existe un "creciente proceso de ocupación" que abarca desde el Atlántico Sur hasta la injerencia del Comando Sur en la vía troncal del Río Paraná.

Al conectar las piezas, el diseño de la indefensión nacional queda al descubierto:

1.    Asfixia y Humillación: El Ejecutivo les aplica un recorte de $59.000 millones de pesos a las fuerzas y licúa el salario militar un 80% frente a la inflación, obligando por decreto a oficiales y suboficiales altamente capacitados a trabajar como choferes de Uber o repartidores para subsistir.

2.    Desmantelamiento Institucional: Se alimentan reformas dirigidas por Federico Sturzenegger para disolver y fusionar la Armada con la Prefectura, reduciendo la capacidad de defensa militar estratégica a tareas de comisaría marítima.

3.    Endeudamiento Multidimensional: Mientras no hay combustible para patrullar el mar ni pagar la luz de los cuarteles, el Gobierno compromete $400 millones de dólares con el contratista Raytheon para comprar misiles AMRAAM condicionados y controlados por el software de Washington; el mismo misil que EE.UU. le provee al usurpador británico en las Islas Malvinas.

El cerrojo legal a favor de Gran Bretaña

Al anexar el Mar Argentino a la doctrina de seguridad nacional estadounidense bajo el rótulo de "Protección de los Bienes Comunes Globales" (Protecting Global Commons), el Gobierno nacional ha otorgado a una potencia extranjera la supervisión operativa de nuestras aguas.

La consecuencia jurídica y geopolítica de este acto es devastadora para el reclamo histórico por Malvinas. Si el Atlántico Sur pasa a ser considerado un "bien común global" administrado conjuntamente por la Cuarta Flota y una Armada Argentina degradada a fuerza auxiliar, la base militar de la OTAN en Monte Agradable y el saqueo pesquero británico dejan de ser una ocupación colonial ilegal para convertirse en un componente más de la "gestión compartida" del espacio marítimo.

La causa que hoy tramita en Comodoro Py no solo juzga la violación formal de una ley de ingreso de tropas; juzga la entrega planificada del mar, el cielo y el suelo argentino a la estrategia global de Washington, en un modelo de protectorado que amarra el futuro de la soberanía nacional.

Fuente:

El Destape