Una denuncia penal presentada por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia solicita investigar la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad en el marco de una obra ubicada en la calle Maipú al 700. La presentación fue realizada por la funcionaria Carolina Yutrovic y apunta contra el arquitecto a cargo, Ramiro Ceballos Arenas, en su calidad de director técnico de la obra, y la firma Mateo Karelovic e Hijos SRL, propietaria y explotadora del predio.

El documento al que tuvo acceso el delivery indica que la denuncia se formula por la ejecución de trabajos “sin autorización municipal y en violación reiterada y sistemática de órdenes administrativas de paralización” . Según se detalla, las intervenciones incluyeron tareas de demolición y ampliación sin contar con planos aprobados ni permisos de obra.

El expediente describe un patrón de incumplimientos que se fue registrando a lo largo de distintas inspecciones. En enero de 2026 se constató la realización de demoliciones sin autorización, lo que motivó una orden de paralización inmediata. Sin embargo, en controles posteriores se verificó la continuidad de los trabajos. En marzo, por ejemplo, se detectó la ejecución de estructuras metálicas y techos “sin planos aprobados ni permiso municipal”, lo que derivó en nuevas actas de infracción .

La situación se repitió en distintas oportunidades. El documento señala que en una inspección posterior “se constató violación de paralización anterior”, mientras que en abril se volvió a encontrar personal trabajando en el lugar sin cumplir las intimaciones previas. A esto se suma un elemento que agrava el cuadro, ya que las tareas se realizaban en un predio con expendio de combustible.

En ese sentido, la presentación advierte que la conducta no solo implica un incumplimiento administrativo, sino que también genera un riesgo más amplio. Se menciona que “la comunidad de Ushuaia también resulta afectada, dado el riesgo social generado por la obra en un predio con expendio de combustible” .

A partir de los informes técnicos y las actuaciones administrativas, el documento sostiene que hubo una “resistencia sistemática a la autoridad”, lo que refuerza la calificación penal del caso. También se indica que las órdenes de paralización fueron “legítimas, expresas y notificadas”, pero aun así no fueron acatadas.

Además, la denuncia remarca que los incumplimientos no fueron aislados sino persistentes. Los informes elevados al Juzgado Administrativo de Faltas dan cuenta de múltiples verificaciones donde se constató la continuidad de los trabajos pese a las prohibiciones vigentes, consolidando un patrón de desobediencia.

En paralelo, según pudo saber este medio, durante el proceso administrativo la empresa habría intentado avanzar en la obra utilizando parámetros urbanísticos que no correspondían al predio en cuestión. De acuerdo a esa información, al no contar con indicadores propios habilitantes, se habrían presentado referencias del sector ubicado frente a la estación de servicio sobre calle Maipú. De no haber sido detectada esta maniobra, el desarrollo podría haber escalado hacia intervenciones de mayor envergadura en el área lindante al expendio de combustible, donde actualmente funcionan locales comerciales, incluyendo la posibilidad de un emprendimiento de gran escala.

A partir de estos elementos, la Municipalidad solicita que se tenga por presentada la denuncia penal y que se inicien las actuaciones correspondientes para investigar los hechos. También se pide que se garantice el cumplimiento de las disposiciones administrativas y la seguridad pública, en función de los riesgos detectados en el predio.

El documento deja planteado un escenario en el que el conflicto trasciende lo técnico o administrativo. La reiteración de infracciones, la continuidad de las obras sin autorización y la localización en un área sensible configuran un caso que ahora queda en manos de la Justicia para determinar eventuales responsabilidades.