Por: Agenda Malvinas

La reciente sanción en el Congreso Nacional de la reforma de la Ley de Glaciares no deja lugar a eufemismos: se trata de una decisión política que consagra, sin matices, la subordinación del interés ambiental al negocio extractivo.

En nombre de una supuesta necesidad de inversiones, el Gobierno nacional y los legisladores que acompañaron la iniciativa avanzaron sobre una de las pocas barreras legales que protegían de manera efectiva las reservas estratégicas de agua dulce en Argentina.

Lo que durante años fue presentado como un consenso básico -la intangibilidad de los glaciares y su entorno- hoy aparece debilitado por una reinterpretación que habilitará a las provincias a decidir actividades en zonas hasta ahora vedadas.

La reforma no es un ajuste técnico: es un giro deliberado que abre la puerta a la expansión minera en áreas extremadamente sensibles, con consecuencias que se conocen de antemano.

No se trata solo de permitir más minería. Se trata de aceptar, de manera explícita, que el agua, ese recurso esencial, escaso y cada vez más valioso a nivel global, queda subordinado a la lógica de rentabilidad de proyectos multimillonarios.

En un país que posee uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, la decisión no solo resulta incomprensible, sino profundamente irresponsable.

La cordillera de los Andes no es un territorio vacío ni una frontera disponible para experimentar. Es una fuente vital que alimenta ríos, sostiene economías regionales y garantiza el acceso al agua para millones de personas.

Intervenir sobre glaciares y ambientes periglaciares no es neutro: implica alterar equilibrios delicados y comprometer el futuro. Sin embargo, eso es exactamente lo que habilita esta reforma.

La responsabilidad política es ineludible. El Gobierno impulsó la medida y encontró en el Congreso aliados dispuestos a convalidarla sin asumir el costo de sus implicancias. Lejos de un debate profundo y transparente, lo que se vio fue una aprobación alineada con urgencias económicas de corto plazo y con una preocupante indiferencia hacia las advertencias científicas y sociales.

Más grave aún es el mensaje que se envía hacia adelante: todo puede ser negociado, incluso aquello que debería estar fuera de discusión. Las zonas de frontera, donde se concentran muchos de estos proyectos, quedan expuestas a una dinámica donde los intereses privados, muchas veces de origen extranjero, avanzarán con total libertad sobre recursos estratégicos para el país.

La reforma de la Ley de Glaciares no es, entonces, un hecho aislado. Es la expresión de un modelo que prioriza la explotación intensiva por sobre la preservación, que confunde desarrollo con extractivismo y que parece dispuesto a hipotecar el futuro por ingresos inmediatos. En ese camino, el agua deja de ser un derecho y un bien común para convertirse en una variable más dentro de una ecuación de negocios.

Lo que está en juego no es menor. No es solo el presente de las comunidades cordilleranas ni el impacto ambiental de algunos proyectos. Es la definición misma de qué país se quiere construir y qué lugar ocupa el cuidado de los bienes naturales en esa decisión. Hoy, la respuesta que surge del Congreso es clara, y también profundamente decepcionante.