Por: Gonzalo Benito Zamora

El gobierno de Gustavo Melella avanzó en un esquema para privatizar el puerto de Ushuaia. Así lo dejó expuesto el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, quien confirmó que se analizó la creación de una sociedad anónima unipersonal para habilitar la participación privada en la operatoria portuaria.

"Esto se dio en base a una solicitud que le hicimos nosotros al Poder Ejecutivo en razón de que nos encontramos en una situación de que no podíamos vincularnos con sociedades para poder generar inversiones en el puerto", reconoció el funcionario en diálogo con FM Centro.

Aunque intentó evitar el término, la explicación no deja margen para interpretaciones. Murcia afirmó que “el proyecto apuntaba a crear, no privatizar, una sociedad dentro de la dirección provincial de puertos”, pero describió un mecanismo que permitiría al Estado asociarse con privados, tomar deuda y cambiar el funcionamiento del organismo. En los hechos, un proceso de privatización.

El funcionario también confirmó que el objetivo era vincularse con la empresa MIRGOR, que proyecta una terminal portuaria en Río Grande. Según explicó, esa obra implicaría una caída de entre el 55 y el 60 por ciento de los ingresos de la DPP, por lo que la sociedad anónima aparecía como la vía para integrarse al negocio con capital privado.

Murcia sostuvo que la iniciativa buscaba "una herramienta para dar darnos a nosotros como puerto mayor cantidad de herramientas como para generar mayores negocios". La definición es clara: el puerto pensado como unidad de negocios, no como infraestructura estratégica bajo control estatal.

En paralelo, el funcionario evitó dar explicaciones sobre el informe elaborado por la consultora BDO y financiado por el CFI, que advertía un escenario crítico en el puerto de Ushuaia. Ese documento señalaba que la infraestructura se encuentra “al borde de colapsar debido a la multiplicidad de operaciones simultáneas que exceden sus capacidades operativas actuales”, con problemas estructurales en espacio, circulación y seguridad.

Consultado al respecto, Murcia dijo no tener presente ese diagnóstico y sostuvo que el objetivo del estudio "era otro". No explicó por qué un informe que advertía sobre un posible colapso operativo no fue difundido ni discutido públicamente.

El propio documento es aún más contundente. Allí se afirma que "se observa un estado crítico en la infraestructura del muelle comercial, particularmente en los sistemas de defensa y en la carpeta de rodamiento. La falta de inversión sostenida ha llevado a una situación de saturación logística que pone en riesgo la seguridad de las operaciones navales y de la vida humana por un sin número de inconvenientes".

A pesar de ese diagnóstico, el gobierno provincial avanzó en la búsqueda de esquemas de gestión con participación privada. Murcia lo dejó claro: el Estado no cuenta con recursos y la alternativa es abrir el puerto a inversiones privadas, ya sea a través de iniciativas particulares o sociedades mixtas.

La conclusión es directa. Bajo la figura de una sociedad anónima, el gobierno de Melella buscó habilitar la privatización del puerto de Ushuaia. Un cambio de modelo que no fue comunicado con transparencia y que ahora queda expuesto en medio de la crisis.