Mario Benedetti se preguntaba “por qué cantamos” en 1979 cuando las dictaduras oscurecían el horizonte en casi todos los países de América Latina. En épocas duras sobreviene siempre el interrogante sobre el sentido de una lucha penosa y cruel.

En la Argentina actual se plantean cuestiones similares ante la falta de perspectivas favorables. En este sentido, desde la asunción del gobierno de Milei, los docentes sufrieron la poda de más de un tercio del salario, los gastos de funcionamiento fueron severamente recortados, las obras de infraestructura frenadas, los hospitales no pudieron comprar insumos básicos y las nuevas instituciones no obtuvieron recursos para designar docentes. Sin excepciones, se desfinanciaron todas las universidades y sus diferentes funciones.

El recorte presupuestario adquirió tal magnitud que no alcanzó para morigerar sus efectos la apelación al esfuerzo personal, las búsquedas de mayor eficiencia en la gestión ni la adopción de alternativas creativas. Incluso distintas provincias y municipios, pese a sus evidentes debilidades fiscales y no ser su responsabilidad primaria, han aportado fondos para paliar situaciones extremas de restricciones de infraestructura.

Estos elementos pueden compensar o morigerar una disminución pequeña de recursos, pero resultan inútiles cuando los docentes renuncian en forma masiva, los investigadores se alejan en busca de otros trabajos u otros empleadores, los profesores deben apelar a un pluriempleo dañino para la salud y los jóvenes talentosos no se ven atraídos por cargos tan mal pagos.

La promesa electoral referida a que se bajarían impuestos y el costo lo pagaría la casta se mostró falaz y quedó claro que detrás de esa propuesta atractiva que prometía obtener los mismos beneficios sin pagarlos estaba el deterioro de todas las prestaciones estatales, con rutas, hospitales, colegios y universidades cada vez en peor estado.

Un país puede tener un esquema más liberal con impuestos y servicios menores o uno más intervencionista con impuestos y servicios mayores, pero los bajos impuestos y altos servicios son un esquema Ponzi, una estafa electoral que dura lo que la inercia de la situación previa permita hasta que el deterioro se hace intolerable, como en las universidades al día de hoy.

Debe admitirse que la universidad no es el único sector martirizado por el actual gobierno. Desde su inicio, e incluso antes en la campaña electoral, el presidente Milei lanzó una diatriba constante contra los empleados públicos y contra todas las actividades llevadas a cabo por el Estado, al punto de calificarlo como una asociación ilícita y autopercibirse como un topo que venía a destruirlo.

En estos más de dos años de gestión se pasó de la retórica a la práctica, se redujo en más del 26% el gasto público y han visto disminuido su valor no solo los salarios universitarios sino también los de los docentes de otros niveles, los médicos, policías, demás empleados públicos y jubilados. Además, se paralizó la obra pública y se redujeron diferentes transferencias sociales como los subsidios por discapacidad.

Más allá del sesgo general antiestatista, el gobierno de Milei ha tenido un encono especial con la educación, que se expresó desde su arranque con la degradación del Ministerio a Secretaría, algo sin antecedentes desde el retorno democrático, y la eliminación de casi todos los programas para la educación básica (como el FONID, la entrega de computadoras o la construcción de escuelas), entendiendo que ésta no le concernía a pesar de los mandatos legales. Asimismo, en el discurso de asunción y en los de apertura anual del Congreso omitió los temas educativos y fijó como prioridades a la defensa y la seguridad.

En lo estrictamente concerniente a la universidad, el gobierno tuvo una hostilidad manifiesta al asumir con el nombramiento de un Subsecretario de Políticas Universitarias sin antecedentes meritorios y con un discurso agresivo contra las casas de estudios y sus autoridades, a las que luego se tildó, sin ninguna prueba, de poco transparentes.

El desfinanciamiento en el primer año de gobierno fue extremo (-30%) y persistió en el período posterior. Más aún, el principal componente del presupuesto, el salarial, tuvo aumentos inferiores a la inflación en todos los meses en el último año y no hay ningún compromiso formal de recomposición o, al menos, de no detener la merma, algo compatible con el slogan de la “motosierra eterna”.

En los últimos 60 años, hubo cuatro ajustes al presupuesto universitario de gran magnitud: en el año 1976 al asumir la dictadura militar, en 1982 durante la guerra de las Malvinas, en 1989 con el episodio hiperinflacionario y en el 2001 con el colapso del Plan de Convertibilidad. En todos los casos los gobiernos apelaron a su imposibilidad de transferir más recursos, pero en este caso hay una voluntad expresa, es más un “no quiero que un no puedo”.

¿Por qué marchamos?

El Poder Legislativo aprobó una ley de financiamiento universitario que fue revalidada con una mayoría agravada luego del veto presidencial. Su incumplimiento resulta inaceptable y la Justicia ya se ha expedido en ese sentido. Los argumentos jurídicos del gobierno van de lo pueril a lo ridículo, incluyendo criterios tales como que una ley no puede derogar a otra ley o que una erogación que representa un 0,23% del PBI desbalancea el equilibrio fiscal e impide el apoyo federal para el control policial en la ciudad de Rosario mientras, simultáneamente, el propio Milei indica que redujo el 15% el gasto público y la economía creció el 10% en dos años. Con solo usar algo menos de una sesentava parte del ajuste fiscal o una cuarentava parte del aumento del PBI se podría erogar el costo de la cautelar de la ley.

Marchamos, en consecuencia, para que las universidades no se continúen degradando.
Marchamos para que los salarios no condenen a la pobreza a la mayoría de los docentes.
Marchamos para que la investigación tenga las condiciones dignas para su desarrollo y no expulse al exterior a nuestras mentes más brillantes.
Marchamos para que los alumnos puedan estudiar sin depender de la lotería de nivel económico de su familia de origen.
Marchamos, además, para que el Estado recupere su rol de garante de la educación en todos los niveles, de la salud, la vivienda y el trabajo digno como establece nuestra Constitución Nacional.
Marchamos para que el Estado de derecho sea algo asegurado y no se pueda cuestionar el cumplimiento de las leyes.
 

En síntesis, y parafraseando a Mario Benedetti,

Marchamos porque el grito no es bastante. Y no es bastante el llanto ni la bronca. Marchamos porque creemos en la gente. Y porque venceremos la derrota.

 

Juan Doberti y Gabriela Gabay son docentes e investigadores UBA y UNLAM.