El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla espera explicaciones de Manuel Adorni. Esta semana, el jefe de Gabinete –agobiado por las incesantes revelaciones sobre su incremento patrimonial– deberá responder qué piensa hacer el Gobierno de Javier Milei para mantener en funcionamiento al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo que se encarga de hacer los análisis para identificar a los bebés que fueron robados durante la última dictadura.

La situación en el BNDG es crítica. Tan crítica que la directora técnica, Mariana Herrera Piñero, informó el 8 de mayo a distintos juzgados, tribunales y fiscalías que ya no podría seguir tomando muestras biológicas para identificar si una persona es hija de desaparecidos.

Solo se aprobó un 55 por ciento del presupuesto necesario para este año, por lo que ya no hay recursos para garantizar ni la seguridad del edificio, las muestras, la documentación ni los datos almacenados en el sistema. Las autoridades tampoco tienen recursos para garantizar la limpieza ni el mantenimiento. En un instituto científico, estos no son datos cosméticos, ya que ponen en riesgo la conservación de las muestras y la cadena de custodia.

A partir de esta descripción del estado del BNDG, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), que dirige el fiscal Pablo Parenti, y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, que integran el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, pidieron la intervención del Poder Judicial.

El jueves, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina y le ordenó al Gobierno que garantice el correcto funcionamiento del BNDG, una institución modelo creada en 1987 por decisión de Raúl Alfonsín tras un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que entendieron que solo a través de la ciencia podrían identificar a los nietos que les habían robado durante los años del terrorismo de Estado.

Adorni tiene cinco días hábiles para contestar qué piensa hacer para preservar el BNDG. El mismo plazo rige para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para responder cómo podría afectarse el servicio de justicia con la paralización de la búsqueda de los nietos y las nietas.

En La Plata estiman que la respuesta de la Jefatura de Gabinete debería llegar, a más tardar, el viernes próximo, porque fue notificada inmediatamente después de que se dictara la medida cautelar interina. La contestación del Ministerio de Justicia podría demorarse hasta el martes 26 gracias al feriado del 25 de mayo.

En Justicia admiten estar al tanto del tema y dicen que algunos jueces de Comodoro Py y representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) hicieron saber su preocupación sobre el futuro del BNDG. Por el momento, no hay indicios de que la Jefatura de Gabinete o el Ministerio de Economía vayan a disponer una partida presupuestaria para garantizar que siga operando el laboratorio –que es esencial, como consignó Ramos Padilla, para acreditar la identidad de una persona víctima de apropiación ilegal durante el terrorismo de Estado.

Por ahora, el único juez que le ordenó al Gobierno preservar el BNDG es Ramos Padilla. Su colega Ernesto Kreplak le requirió más información a Herrera Piñero. Le preocupan el estado de las muestras y unos análisis que él ordenó en casos de personas cuyos certificados de nacimiento fueron firmados por parteras asociadas al tráfico de niños o a la apropiación durante el terrorismo de Estado. Kreplak también espera esa respuesta para proceder.

Las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron que el Poder Judicial y el Congreso exhorten al Gobierno a sostener una herramienta central para la búsqueda de los bebés robados. “Éste es el tercer intento que hace esta administración por desarmar el BNDG. Primero lo hizo a través de la Ley Bases; después a través del decreto 351/2025 –que implicó una intervención de hecho y tuvo que ser rechazada por ambas cámaras del Congreso– y ahora a través del ahogo presupuestario”, dice Guillermo Pérez Roisinblit, integrante de la comisión directiva de Abuelas.

“Estamos buscando desaparecidos con vida, y el Estado tiene obligaciones frente a esto. El Gobierno no habría podido llegar hasta acá si los controles y contrapesos estuvieran funcionando. Salvo honrosas excepciones, esto no sucede”, agrega Pérez Roisinblit.

“Estamos expectantes para ver qué va a hacer el Gobierno frente a la cautelar que dictó Ramos Padilla. Lamentablemente tenemos el antecedente de fallos a favor del financiamiento universitario que el Gobierno no cumple. En el caso del BNDG, las consecuencias son irreversibles”, afirma Victoria Montenegro, otra de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. “Tenemos que defender el BNDG porque es el único organismo que, a través de sus pericias, hace nacer a la verdadera vida a personas que fuimos apropiadas”.

El diputado nacional Horacio Pietragalla Corti está convocando a una sesión informativa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para tratar la situación del BNDG, que, por ley, es una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos”.

“Es política de este Gobierno no buscar a los nietos que faltan. La apropiación es el delito más sensible de la dictadura y es con el que se hace añicos el relato de los dos demonios. Éramos bebés quienes fuimos víctimas del accionar de los represores que ellos defienden”, dice Pietragalla.

Desde que llegó al poder, La Libertad Avanza (LLA) tomó una serie de medidas tendientes a obstaculizar la búsqueda de los niños apropiados. En primer lugar, tanto Defensa como Seguridad rechazaron enviar documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). En segundo lugar, Milei firmó un decreto para eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Conadi y la habilitaba a acceder a los archivos en poder del Estado.

Las Abuelas fueron víctimas en más de una oportunidad de la campaña de desprestigio oficial. A pesar de todo, ellas siguieron encontrando nietos: tres personas restituyeron su identidad en lo que va de la administración de Milei.