“Tus dólares, tu decisión”, presumió Manuel Adorni a fines de 2025, cuando festejó la nueva ley de inocencia fiscal que, según dijo, “le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin dar explicaciones a nadie”. Queda claro ahora que era un traje a medida de él y de muchos otros funcionarios. El jefe de gabinete tuvo un crecimiento exponencial de su patrimonio y de su nivel de vida desde que llegó a la función pública y se sigue negando a dar explicaciones. Los inmuebles, las refacciones de lujo, los viajes y los gastos mensuales suman casi un millón de dólares en pocos meses. Su adhesión y la de su esposa, Bettina Angeletti, al régimen simplificado de ganancias como parte del nuevo esquema de blindaje fiscal a lo sumo lo eximirá de tener que brindar detalles ante el fisco, le ahorrará alguna denuncia por evasión y multas, pero no lo va a librar de la investigación penal por enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita ya prepara un requerimiento para que justifique su fiesta patrimonial.

Angeletti, que era monotributista de la categoría más baja (A), fue la primera en tramitar su adhesión al régimen simplificado que permite exteriorizar ingresos y bienes sin detallar consumos personales ni justificar el origen de fondos previamente no declarados, incluyendo criptomonedas. Lo hizo el 31 de mayo último, en plena investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito de su esposo (que derrama sobre ella) y otras ramificaciones de la causa que incluyen pagos por supuestos servicios de la propia Angeletti a contratistas estrella del Estado. Este miércoles a la mañana, el propio Adorni se inscribió en la Agencia de Control de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con el mismo propósito. El jefe de gabinete hizo este movimiento antes de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), algo que prometió Javier Milei hace más de un mes que ocurriría, pero hasta el cierre de esta edición estaba pendiente.

El objetivo publicitado del régimen en cuestión, en términos del ministro de Economía Luis Caputo, era que la gente sacara los dólares que tiene “bajo el colchón”. A escala individual, implicaba la posibilidad de comprar autos u otros bienes costosos sin que el fisco le pida explicar cómo obtuvo el dinero. A mayor escala, con la ley de inocencia venía la promesa de que todo se transformaría en inversiones, algo de lo que no asoman noticias. A diferencia de los blanqueos y normas similares anteriores, en este sistema entra cualquiera, desde personas públicamente expuestas (como el gabinete) y hasta cualquiera de sus familiares.

Uno de los indicadores de que, tarde o temprano, la inocencia fiscal se podría convertir en un búmeran fue la renuncia de Paul Starc a la Unidad de Información Financiera (UIF) tras la aprobación de la ley, ya que le pedían en ese contexto que levantara el sistema de prevención de lavado de activos. Esto podría devolver a la Argentina a la lista negra del organismo internacional antilavado, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). De hecho, explican especialistas, si ARCA actúa como el “sujeto obligado” que es en materia de lavado, debería anoticiar a la UIF ante la aparición de exteriorizaciones que puedan ser sospechosas, en especial si se trata de personas políticamente expuestas con causas en trámite. Los narcos no deberían poder ni hacer un trámite, pero rondan sospechas de que serían beneficiarios de este sistema.

En Comodoro Py hay quienes apuestan a que la adhesión de Adorni al régimen simplificado apuntaría a que, en el momento en que le pidan justificar sus bienes y gastos, alegue que el esquema fiscal vigente no le exige explicar el origen de nada. Sería extraño que prospere un argumento de esas características, ya que las investigaciones por delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de activos —por dar dos ejemplos— perderían razón de ser. También puede darse que eventualmente ARCA rechace el pedido.

Es más, en algunos despachos sostienen que la adhesión a la inocencia fiscal en plena investigación debería empeorar la situación de jefe de ministros.

Por lo pronto, Pollicita —que tiene delegada la investigación penal sobre el patrimonio de Adorn— está en plenos preparativos del requerimiento de justificación, en el que el funcionario deberá explicar lo que se consideran inconsistencias de sus adquisiciones, ingresos y gastos. Es un paso fundamental en una causa de enriquecimiento, previo al llamado a indagatoria. El trámite de este tipo de causas es diferente al de las demás. Cuando se trata de cómo un funcionario hizo su patrimonio, es él/ella quien debe explicarlo.

El documento que elabora Pollicita desarrollará qué bienes tenía Adorni al ingresar a la función pública a fines de 2023 y cómo era su nivel de vida, cómo evolución con posterioridad, incluyendo todas sus adquisiciones y erogaciones: el departamento de Caballito en la calle Miró con refacciones (230.000 dólares más 65.000), la casa en el country Indio Cuá por 120.000 dólares, más 5000 de ingreso y 245.000 dólares de remodelación (con cascada y jacuzzi incluidos), todo esto sin haber vendido otro inmueble, los viajes (Aruba, Llao Llao, Nueva York, entre otros), los gastos con tarjeta por 85 millones de pesos solo en 2025.

También se cuentan a priori unos 80.000 dólares, de piso, en criptomonedas; la cuenta en este rubro podría ser aún mayor, dado que desde Casa Rosada se especula hace semanas con que Adorni intentará justificar su patrimonio con criptos que aparecerían como por arte de magia.

El pedido de Adorni llegó casi sobre la hora de la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, que este miércoles se descontaba que sería “inminente” e incluiría la aparición, por arte de magia, de los fondos equivalentes —presumiblemente en criptomonedas— a su salto patrimonial. El dibujo más esperado del año sería anunciado este miércoles a la noche en un canal oficialista.

Adorni tenía como plazo legal el 31 de julio –fecha límite que corre para todos los funcionarios–, pero que se adelantó ante la aceleración de los tiempos políticos y judiciales. La declaración de Matías Tabar, el contratista de la refacción de la casa del country de Indio Cuá, que lo incineró con el gasto de 250 mil dólares cash; y luego la presión pública de la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, para que “arregle sus papeles de inmediato”, precipitaron los movimientos.

Hace poco más de un mes, Javier Milei aseguró que Adorni presentaría la DDJJ “en pocos días”. Los días se convirtieron en semanas. El jefe de gabinete ganó tiempo para no quedar en offside ante la aparición de nuevos gastos en el expediente judicial, pero se evidenció que hizo malabares para dibujar el escrito que, tal como dijo Bullrich, es “algo muy sencillo de ordenar”. Salvo para Adorni.

En medio del escándalo, Adorni salió a hablar. “Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo”, sostuvo con la mejor cara de piedra en un comunicado de prensa previo a su aparición de este miércoles a la noche en un canal oficialista, donde se esperaba que finalmente le ponga fecha a la presentación de su DDJJ o directamente anuncie que el trámite ya estaba cumplido ante la OA.

“Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de público conocimiento, ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”, dijeron. Y aclararon: “En nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA; el contribuyente la revisa y se presenta”.

Precisamente es esa la búsqueda: “simplificar” datos clave de sus declaraciones juradas ante la ARCA y eludir posibles multas por los bienes que omitieron blanquear hasta el año pasado, de la misma forma que lo hicieron varios otros funcionarios de la gestión libertaria. La “simplificación” que le ofrece el nuevo régimen de ARCA le permite acomodar el dibujo sin tener que dar demasiadas explicaciones, tal como él mismo lo dijo en diciembre pasado.

Cerca del jefe de Gabinete remarcaban esa idea sobre el régimen, al que calificaron como un “mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales”. ”Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema", justificaron.