No es una oficina conocida, pero sus informes son clave para saber cómo gasta el Estado y cuánto cuestan las decisiones del Gobierno. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo técnico que asesora a diputados y senadores, quedó en la mira del oficialismo porque sus datos suelen resultar incómodos para el gobierno de Javier Milei. A pesar de que las autoridades niegan una injerencia, en los hechos, el margen de maniobra de la oficina quedó reducido a su mínima expresión.

Aunque el Gobierno, a través del senador oficialista Agustín Monteverde, niega cualquier intento de intervención, las nuevas resoluciones aprobadas por la comisión que él mismo preside cuentan otra historia. A partir de ahora, la oficina necesitará autorización previa para realizar parte de sus trabajos. Para la oposición y distintos sectores del Congreso, se trata de un nuevo intento de ponerle un freno a un organismo independiente que produce información sensible sobre el manejo de los recursos públicos.

El problema del Gobierno no parece ser la Oficina de Presupuesto del Congreso en sí, sino los informes que produce. Sus análisis sobre cómo se gasta el dinero del Estado y el impacto económico de las medidas oficiales no siempre son favorables para la gestión de Milei y, según distintas fuentes parlamentarias, eso explica la avanzada sobre el organismo.

La estrategia comenzó con la reactivación de la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, que llevaba meses sin reunirse. De un momento a otro, el oficialismo convocó a una sesión, aprobó nuevas resoluciones y puso en marcha una "auditoría integral" sobre la oficina.

También pidió información sobre su funcionamiento y comenzó a revisar sus tareas internas. Como adelantó Página 12, el gobierno busca reducir el margen de acción de la OPC y avanzar en un cambio de autoridades para colocar a una persona cercana al oficialismo, una exintegrante del organismo.

Las nuevas resoluciones incorporan un cambio clave: la Oficina de Presupuesto del Congreso deberá pedir autorización para realizar cualquier trabajo que no esté incluido en su plan anual.

La nueva resolución le da a la comisión bicameral la facultad de decidir qué trabajos se pueden hacer y cuáles no.

La preocupación no surge sólo desde la oposición. Dentro del propio Congreso hay quienes advierten que la medida afecta a un organismo que suele producir información sensible sobre cómo se usan los recursos públicos, cuánto dinero se destina a cada área y cuál es el impacto económico de las políticas impulsadas por el Gobierno.

De hecho, por estos días debía difundirse el informe de mayo sobre la ejecución presupuestaria, un documento que muestra cómo se repartieron los recursos del Estado.

En este contexto, el senador Monteverde defendió las medidas y aseguró que la auditoría es un procedimiento habitual cada vez que se conforma una nueva comisión bicameral. También negó cualquier intento de intervención y sostuvo que la oficina sigue trabajando con normalidad. Milei replicó ese mensaje en sus redes sociales.

Desde La Libertad Avanza agregaron que no buscan cerrar el organismo, ya que fue creado por ley, sino que pretenden que funcione de una manera “más eficiente” y sin valoraciones políticas.

Pero en el Congreso muchos hacen otra lectura. Distintas fuentes parlamentarias sostienen que el objetivo es poner bajo control a una oficina que publica datos incómodos para el Gobierno.

Así, lo que está en juego es quién controla la información sobre cómo se usan los recursos públicos y quién decide qué datos llegan a los diputados, los senadores y, finalmente, a la sociedad.