En dos años, el gobierno de Milei logró un record en materia educativa: hizo que el presupuesto destinado a esta área a nivel nacional se redujera casi a la mitad. Es la grave conclusión que saca el informe “El futuro del financiamiento educativo en debate”, elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

A contramano de la promesa de Milei al presentar la ley de presupuesto 2026, todo indica que, además, lejos de cumplirse con el incremento “de un 8 por ciento” que el gobierno pronosticaba, a menos que ocurra algún milagro como deflación o asignación sorpresa de recursos, se sumará un 13 por ciento más a esta ya abrupta caída.

“La combinación más letal de motosierra y licuadora que trajo este gobierno le cayó al sistema educativo, también a la ciencia y la tecnología”, resume Javier Curci, investigador del IIEP y director del Departamento de Economía de la facultad.

El informe revela además que el financiamiento para educación y cultura sufrió un ajuste mayor al del gasto nacional general. Esto es, perdió participación en el PBI y dentro del presupuesto total.

El trabajo de los economistas de la UBA se publica también, advierte Curci, en un momento en que el gobierno vuelve a intentar poner en el debate público su Proyecto de Ley de Libertad Educativa, como ocurrió en una reciente presentación auspiciada en la Fundación Faro. Este proyecto viene a plasmar una ambición que el gobierno nacional parece estar llevando a cabo en los hechos, según reflejan los datos comparativos y las conclusiones a las que arriba este estudio: transferir en la mayor medida posible las erogaciones de educación a las provincias y jurisdicciones. Y concentrar los mayores recursos, según muestra el informe, en el Plan Nacional de Alfabetización, de todos modos también “licuado”, por la inflación acumulada.

 “La función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PIB en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales”, puntualiza el trabajo.

Y resalta que, aunque esto se da en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional -ya conocido y sufrido en distintas pareas- “la contracción educativa fue más profunda en términos relativos”.

“En 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con una nueva caída real de 7,9% respecto del ejercicio previo”, indican los números.

¿Dónde se concentra el ajuste, dentro de la gran área educativa? En particular en las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias.

“Las transferencias destinadas al financiamiento universitario -a través del programa Desarrollo de la Educación Superior- registraron una caída real de 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5% en términos reales”, se describe.

Hubo una excepción a esta regla de recorte: el Plan Nacional de Alfabetización, “que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría”. El ajuste, entonces, no fue homogéneo entre programas ni áreas educativas. Si la universidad fue la más afectada, el Plan Nacional de Alfabetización parece ser la apuesta en la que concentra esfuerzos el gobierno.

“Ya es un hecho que, de cada 2 pesos que ingresaron al sistema educativo en diciembre de 2023, hoy ese mismo sistema tiene uno. 2026 todavía es incierto, porque el año y el presupuesto no cerraron, pero todo indica que el ajuste se va a profundizar”, marca Curcio.

En el informe queda claro que gran parte de la reducción se explica por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que reforzaba salarios docentes en las provincias: una de las primeras medidas educativas del gobierno de Milei, fue de hecho cerrarlo por completo.

“El Fonid representraba entre un 5 y 15 pr ciento del salario docente. Fue uno de los temas que el gobierno central ‘tiró’ a las provincias. Hoy hay un par de provincias que pueden compensar con partidas propias, como Neuquén o Corrientes. Pero en el resto, la pérdida fue absoluta", observa Curcio.

El informe marca, finalmente, que “en los últimos años, la discusión no se ha centrado únicamente en el nivel de gasto destinado al sector, sino también en los mecanismos de asignación de recursos, la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias, el rol del sector privado y los mecanismos de evaluación del sistema educativo”.

“El futuro del financiamiento educativo argentino se encuentra en debate porque están cambiando simultáneamente el volumen de recursos, los actores responsables de sostenerlos, las reglas de asignación y los instrumentos de coordinación federal”, advierte la investigación.

“La pregunta central es qué modelo de financiamiento se configura: uno con mayor capacidad nacional de compensación, planificación y garantía de pisos comunes, u otro más descentralizado, con mayor peso de las provincias, las familias, las instituciones y los mecanismos de demanda. La calidad y la equidad del sistema educativo dependerán de cómo se resuelva esa tensión”, concluye.