Tras no recibir ofertas, el Ministerio de Economía declaró formalmente desierta la licitación pública para privatizar la empresa Intercargo, encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos.

Mediante la Resolución 1148/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó que el proceso de selección para desprenderse del 100% del paquete accionario de la compañía no recibió ninguna oferta.

El final vacante de la operación, que tenía un precio base de 45 millones de dólares, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta por parte de inversores nacionales o internacionales.

Ante este escenario, la Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc” recomendó dar por finalizado el procedimiento actual sin éxito.

Según la plataforma oficial Contrat.Ar, cinco empresas habían manifestado interés en el proceso, pero ninguna presentó la documentación requerida ni acreditó las condiciones económicas y técnicas exigidas para quedarse con la compañía.

El intento de privatización estaba encuadrado en la Ley Bases, que declaró a Intercargo como una de las empresas “sujetas a privatización”, para lo que luego se facultó a la cartera económica a adoptar las medidas necesarias a fin de concretar la venta de acciones.

El esquema propuesto para la privatización preveía mantener a Intercargo como unidad operativa, con continuidad de contratos y licencias en los aeropuertos donde presta servicio.

Tras declarar “desierta” la licitación pública, el Gobierno nacional deberá ahora evaluar los pasos a seguir respecto al futuro de la firma que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas. En lo que va de gestión de Javier Milei, se autorizó la operación de varias empresas que ofrecen el mismo servicio, tras la desregulación del sector.

Por el momento, dado el resultado negativo en el proceso licitatorio, la empresa seguirá en manos del Estado. Sin embargo, el marco legal vigente bajo los decretos 695/2024 y 198/2025 mantiene la autorización para que Economía continúe buscando los mecanismos operativos para concretar la transformación o venta de la empresa en el futuro.

Durante décadas, recordó Gabriel Mocho Rodríguez, exsecretario de Aviación Civil (2009-2025) de la ITF (Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte) y consultor aeronáutico internacional, Intercargo operó como una red integrada de servicios aeroportuarios donde las terminales rentables de los grandes centros urbanos financiaban la viabilidad de las plazas más pequeñas en el interior del país.

“Las empresas de handling aeroportuario como Intercargo son fundamentales para las líneas aéreas, ya que prestan los servicios de carga y descarga de pasajeros, equipaje, correo, etc., en los aeropuertos donde a la aerolínea no le conviene contratar personal y tener maquinaria pesada dedicada. Los aeropuertos con pocas frecuencias de vuelos (como los de la mayoría de nuestras provincias) necesitan un proveedor local de esos servicios”, explicó el experto en la nota, donde reflexiona sobre el fracaso del intento privatizador.

Además, “el esquema de Intercargo no era un monopolio arbitrario: era la única forma de garantizar que aeropuertos con menor tráfico —pero esenciales para la conectividad federal— mantuvieran servicios de rampa, equipaje y asistencia operativa". Las aerolíneas, indicó Mocho Rodríguez, “pagaban tarifas que, en conjunto, permitían sostener operaciones en lugares donde una lógica puramente comercial nunca hubiera justificado la inversión”.

Cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, abrió el mercado del handling, permitió que aerolíneas y competidores privados ingresaran a competir en las terminales más atractivas. “El resultado fue previsible: las rentas de Ezeiza, Aeroparque y Bariloche quedaron expuestas a la competencia directa, mientras que la responsabilidad de sostener las plazas del interior permanecía sobre una empresa estatal debilitada”, señaló el experto, al remarcar que “la desregulación no creó competencia en toda la red” sino que “desarmó el mecanismo de subsidio cruzado que hacía viable el sistema completo”.

Para cuando el gobierno fijó un precio base de 45 millones de dólares, Intercargo ya había perdido la exclusividad en mangas y pasarelas en sus terminales más rentables. “Ninguna firma privada quiso asumir el negocio completo porque el mercado solo veía valor en los aeropuertos con alto tráfico, no en la red integrada que garantizaba conectividad nacional, pero que había sido desmembrada”, resumió el especialista, quien consideró que “el Estado se encontró en una paradoja: había desarmado la lógica económica del activo antes de ponerlo en venta, y luego nadie quiso comprar lo que quedaba”.