Una acción judicial presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande busca detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion —denominado “León Marino” en la demanda— que desarrollan la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogado/as Ambientalistas (AAdeAA). Se trata de una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva contra ambas compañías y contra quienes resulten responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación del emprendimiento.

El planteo pretende que la Justicia ordene a las petroleras abstenerse de iniciar o continuar obras, perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, ensayos y actividades preparatorias, además de impedir el inicio de la extracción de hidrocarburos. La demanda también apunta a cortar los mecanismos financieros que permiten sostener el proyecto.

Ese último punto adquiere particular relevancia por el momento en que se produce la presentación judicial. Apenas días atrás, el 27 de agosto, Rockhopper anunció una nueva captación de capital por aproximadamente US$180 millones, acompañada por una oferta abierta que podría sumar otros US$20 millones. La propia compañía informó que los recursos tendrán como destino sus actividades vinculadas a Sea Lion y otros desarrollos en torno a Malvinas. Entre los objetivos declarados aparecen unos US$100 millones para acelerar una nueva etapa del yacimiento, US$20 millones para exploración y profundización de pozos y otros US$60 millones como contingencia para sus operaciones en las islas.

Por eso, además de la paralización física de las obras, los demandantes solicitaron impedir nuevos contratos de financiación, desembolsos, transferencias, aportes de capital o garantías vinculadas al desarrollo de Sea Lion y que las compañías identifiquen a bancos, fondos, aseguradoras y demás actores que intervienen en su financiamiento. También plantearon que la existencia del proceso sea comunicada a organismos reguladores y mercados financieros internacionales.

El núcleo jurídico de la presentación es definido como una “tutela ambiental soberana”. Los demandantes sostienen que sobre el mismo espacio convergen dos bienes colectivos, el ambiente y la soberanía argentina, y que el avance de un proyecto hidrocarburífero sin intervención de las autoridades nacionales afecta simultáneamente ambos.

Sea Lion se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Según la demanda, sus dos primeras fases contemplan 23 pozos, de los cuales 16 serían productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas. El proyecto incluye además infraestructura submarina, cañerías y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos.

La infraestructura prevista tampoco se limita al mar. El esquema contempla utilizar Puerto Argentino como centro logístico, con instalaciones portuarias, depósitos para combustibles y productos químicos, una base de almacenamiento de equipos y tuberías y estructuras destinadas al transporte del personal hacia las instalaciones offshore.

Un proyecto que ya ingresó en etapa de desarrollo
El contexto externo muestra que Sea Lion dejó hace tiempo de ser solamente una posibilidad de exploración. En diciembre de 2025, Rockhopper y Navitas adoptaron la Decisión Final de Inversión para la primera fase y cerraron posteriormente el esquema financiero del proyecto. Rockhopper informó entonces un requerimiento de fondos de US$1.800 millones hasta la primera producción y US$2.100 millones hasta completar el desarrollo, incluyendo un financiamiento de deuda senior por US$1.000 millones.

Navitas es actualmente el operador y posee una participación del 65%, mientras Rockhopper conserva el 35%. La propia Navitas informa que la primera fase comprenderá 11 pozos submarinos y que una segunda etapa incorporaría otros 12. La empresa proyecta el comienzo de la producción para marzo de 2028 y una explotación superior a los 30 años.

Rockhopper, por su parte, ratificó la semana pasada que mantiene como objetivo comenzar la perforación de desarrollo a comienzos de 2027 y alcanzar el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028. La compañía también está procurando acelerar etapas posteriores de Sea Lion y destinar parte de su nueva captación de capital a esa expansión.

La avanzada empresarial es precisamente uno de los argumentos de urgencia utilizados en la acción judicial. El documento sostiene que las compañías ya contrataron infraestructura y servicios esenciales para la explotación y que las obras de adecuación de equipos se encuentran en marcha.

Las sanciones argentinas contra Rockhopper y Navitas
Las dos compañías demandadas cuentan además con antecedentes de sanciones dictadas por el Estado argentino por sus actividades hidrocarburíferas en torno a Malvinas.

En 2012, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Rockhopper Exploration en la Plataforma Continental Argentina. Un año después, mediante la Resolución 476/2013, la empresa fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en la República Argentina por operar en zonas próximas a las Islas Malvinas sin autorización de la autoridad argentina competente.

Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. La Secretaría de Energía declaró ilegales y clandestinas sus actividades y dispuso una inhabilitación de 20 años para operar en territorio argentino.

El argumento ambiental
La demanda incorpora además un extenso capítulo sobre los posibles impactos del emprendimiento. Los actores sostienen que las empresas no realizaron ante el Estado argentino el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni obtuvieron el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. Esa afirmación se apoya, según el expediente, en respuestas obtenidas durante 2026 mediante pedidos de acceso a la información pública, en los que organismos nacionales informaron que Rockhopper y Navitas no habían iniciado esos trámites ante las autoridades argentinas.

El planteo advierte sobre riesgos de derrames, contaminación química, ruido submarino y alteraciones del hábitat en una región de alta productividad biológica, donde se encuentran poblaciones de ballena franca austral, pingüino de Magallanes, lobos marinos, albatros y petreles. También sostiene que los efectos podrían exceder el área inmediata del yacimiento debido a la conexión ecológica entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y sectores antárticos.

La acción reclama por eso la aplicación de los principios de prevención y precaución y pide el cese del proyecto hasta que se cumplan las exigencias ambientales previstas por la legislación argentina. En palabras de la presentación, se busca evitar daños que podrían resultar “graves, extensos, acumulativos e irreversibles”.

El expediente abre así una nueva vía judicial alrededor de Sea Lion justo cuando Rockhopper y Navitas están acelerando la ejecución material y financiera de la explotación. El debate que deberá abordar la Justicia Federal de Río Grande no se limita al impacto de una operación petrolera offshore, sino que coloca en un mismo litigio la legislación ambiental argentina, la capacidad del Estado para controlar sus recursos naturales y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.