Las universidades iniciarán una nueva jornada de 24 horas de paro ante una nueva provocación del Gobierno de Javier Milei, que se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). La administración libertaria convocó a los gremios y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una reunión a la que llevó una propuesta irrisoria: un aumento del 3 por ciento para los salarios de septiembre. El encuentro tuvo lugar horas después de que el juez federal Martín Cormick rechazara un pedido del Poder Ejecutivo de levantar la medida cautelar que ordena pagar lo adeudado en salarios, becas y funcionamiento de las casas de altos estudios. El juez, por el contrario, intimó al Ministerio de Capital Humano a informar en un plazo de tres días qué cumplimiento había dado a lo dispuesto en diciembre pasado antes de ejecutar la cautelar.

Minutos antes de la medianoche del lunes, Cormick rechazó un pedido que había hecho el Gobierno para levantar la cautelar que el magistrado había concedido a pedido de las universidades. La decisión fue inicialmente confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y el 25 de junio pasado ratificada por la Corte Suprema.

El máximo tribunal, fiel a su estilo, había dilatado las definiciones sobre la medida cautelar que obliga a cumplir con la LFEU. Finalmente, decidió firmar el fallo dos semanas después de una reunión en la que hubo un principio de acercamiento entre los gremios, las universidades y la administración libertaria.

El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, que maneja Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el Gobierno iba a transferir 24,33 por ciento a las universidades para el pago de salarios –21 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre–, iba a actualizar en un 20 por ciento los gastos de funcionamiento y que iba a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el Gobierno presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y dijo que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invoca el Gobierno es que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del Gobierno no convenció al juez, que rechazó la pretensión de la administración libertaria. Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar iba a regir hasta en tanto dicte una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del Gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.

Cormick dejó en claro que, a su entender, el incumplimiento persistía. “Se vislumbra que el Estado nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente que refiere habrían alcanzado los acuerdos en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior, ni que hubiere brindado una definición efectiva y final en lo atinente al deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado”, escribió.

“Atendiendo al escenario descripto por los accionantes y la persistencia de la problemática, mal puede considerarse superado el peligro en la demora, por lo que corresponde desestimar lo peticionado atento no existir razones que avalen –en este estado de situación– el levantamiento de la medida otorgada”, añadió el juez.

En otras palabras, para el juzgado estaba claro que el Gobierno busca dilatar para seguir desfinanciando a las universidades. En otro fallo, Cormick también reconoció un reclamo que había hecho la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, en línea con lo que había sostenido en el expediente que impulsa el CIN, concedió una medida cautelar.

“La resolución del juez es un paso muy importante que valoramos en el marco de la causa y que pone otra vez en evidencia que el Estado Nacional debe cumplir la cautelar sin más dilaciones, sin más excusas. Por lo demás, esperamos ahora una rápida resolución sobre la cuestión de fondo que aún está pendiente”,  dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN.

En el plazo de tres días, el Gobierno le tiene que informar a Cormick qué hizo para cumplir con la cautelar que él dictó a finales del año pasado. A partir de este informe, el juez decidirá cómo continuará con la ejecución de la cautelar.

En ese acta que el Gobierno invocaba ante Cormick como prueba irrefutable de su compromiso con el financiamiento de las universidades, había quedado plasmado que el Ejecutivo debía convocar a una nueva reunión en el plazo de tres meses. La fecha límite para la convocatoria era el 15 de septiembre. Uno de los puntos que había quedado establecido es que en el nuevo encuentro debería discutirse el “desfasaje” que se había producido en 2024.

El encuentro se realizó este martes y fue un fracaso estrepitoso. La propuesta oficial fue un 3 por ciento de aumento para septiembre. Desde el Ministerio de Capital Humano, presentaron el ofrecimiento como de un 6 por ciento –3 por ciento para el mes próximo y otro 3 por ciento para octubre–. Sin embargo, el incremento de octubre ya estaba acordado desde la reunión de junio.

Desde el frente universitario, contestaron que la oferta estaba lejos del 31,2 por ciento que se estaba reclamando. A ese porcentaje, los gremios sostienen que debe computarse la inflación que se registró en junio, julio y agosto.

“El escenario, ante el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno, es muy complejo”, continúa Bartolacci. “En pocas semanas más estaremos discutiendo en el Congreso el presupuesto 2027. La situación que atraviesa el sistema universitario es muy delicada. Este viernes tenemos plenario del CIN en la Universidad Nacional de Río Negro. Allí evaluaremos, con las autoridades de todas las universidades públicas en la reunión del CIN y con todas las representaciones gremiales en un encuentro ya previsto, los pasos a seguir”.